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Las FARC: de las armas a la política

(Tiempo estimado: 6 - 12 minutos)

Pablo Ortega RazonPublicaLa existencia de un partido post-guerrillero plantea serios problemas cuando se trata de comunidades que tuvieron distintos tipos de relación con las FARC. Ahora las FARC tendrán que aprender el arte de la política no violenta.

Pablo Ortega*

Propuesta generosa, pero inconveniente

El pasado 11 de junio se inició la discusión del segundo punto de la agenda de La Habana. En materia de participación política, la única “zanahoria” que el gobierno puede ofrecer a las FARC — a mi juicio — es la oportunidad de competir en franca lid en el sistema electoral.

Comienzo por referirme a la propuesta del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) que pese a sus alcances ha pasado desapercibida; el Centro planteó lo siguiente:

http://www.youtube.com/watch?v=hnwhjR3CgN0

  • Para que las FARC puedan hacer el tránsito a la política se necesitan mecanismos para compartir o distribuir el poder político local y regional.
  • En las regiones donde “las FARC han logrado construir poder de facto y han demostrado la capacidad de gestionar asuntos públicos incluso de una manera más eficiente que el Estado”, deberían existir gobiernos de coalición con ex guerrilleros.
  • Los acuerdos deben permitir que la guerrilla se adapte paulatinamente al ejercicio de la política, sostenga una interacción civilizada con sus antagonistas y construya poder reputaciona --un activo central para las elecciones y para proyectarse como movimiento político nacional.

La propuesta del CINEP se resume en una frase: los acuerdos serían una vía para refrendar la regulación social, política y económica que el grupo guerrillero ha ejercido en muchas regiones del país.

http://www.youtube.com/watch?v=MGqKxsYy1VA

Aunque innovadora, generosa y valiente, la idea del CINEP quizá no sea la más apropiada para el tránsito de las FARC a la política. Tampoco ayudaría a una paz estable y duradera, debido a tres razones:

  • Legitimaría órdenes sociales construidos y sostenidos principalmente mediante la violencia. Si bien la guerrilla utiliza distintas estrategias para la construcción de poder, posiblemente las armas hayan sido su mecanismo más efectivo y más usado.
  • Desconocería la existencia de formas distintas y cambiantes de interacción entre las comunidades y la guerrilla. La presencia de las FARC en un territorio no necesariamente le han asegurado influencia sobre la comunidad.
  • Negaría a las FARC la oportunidad de aprender el arte de la política no violenta. Ese es un camino que debe transitar el movimiento político posguerrillero.

Órdenes sociales y grupos guerrilleros

 

 

Pablo Ortega  participación política de las FARC Humberto de la Calle diálogos HabanaFoto: Telesur  

 

Las ciencias sociales vienen estudiando las relaciones entre la población civil y los grupos guerrilleros, los modelos y el alcance de los mecanismos que usan estos grupos para regir la vida de los habitantes locales, y la forma como las acciones de personas desarmadas restringen o facilitan el ejercicio de autoridad de las guerrillas.

Ana Arjona[1] (2010) propone abordar este asunto de la construcción y sostenimiento de órdenes sociales en regiones en guerra como resultante de la interacción entre grupos armados y comunidades. Arjona define los órdenes sociales como la existencia (o carencia) de reglas de juego entre los combatientes y los civiles para moldear sus comportamientos. Existen, según ella, tres modelos de órdenes sociales:

  • Rebelocracia: donde los grupos guerrilleros actúan como figuras de autoridad en el territorio, imponiendo normas y directrices, por incapacidad para ejercer resistencia por parte de la comunidad o por coincidencias ideológicas entre las partes. Los combatientes regulan la mayoría de aspectos de la vida de los habitantes: la seguridad, la política, la economía. Considero que este ha sido el modelo de las zonas de colonización campesina del país.
  • Vigilancia: donde los grupos actúan como incómodos actores políticos frente a los cuales las autoridades — formales o no — tienen que ceder poder. Allí, los combatientes imponen normas de carácter exclusivamente militar, pues reconocen que los civiles tienen la habilidad y la disposición de resistirse mediante acciones colectivas. Considero que este es el modelo de las comunidades de paz y de resistencia civil.
  • Desorden: donde hay varios grupos en conflicto que simultáneamente ejercen control y violencia en un mismo territorio. Las comunidades resisten a la presencia y las exigencias de los grupos o sucumben (se doblegan o se desplazan) ante la violencia. Este es el modelo de las regiones de expansión paramilitar en los noventa, y de disputa de los territorios a las guerrillas por parte de la fuerza pública.

Aunque los modelos no son necesariamente excluyentes, cabe resaltar que la capacidad de influencia y de “gobierno” de las FARC ha variado enormemente en la geografía y en la historia nacional.

En ese orden de ideas — por lo menos en lo que respecta a los dos últimos modelos — no es posible siquiera imaginar que en La Habana se acuerde dar participación política “directa” (sin competencia electoral) a quienes han intentado imponer sus intereses por la vía de las armas.

¿Qué poder político se refrendaría a las FARC en regiones como el norte del Cauca, donde   no han ejercido autoridad o, si lo han hecho, ha sido apenas de manera  restringida?

De ‘actores hegemónicos’ a ‘vecinos incómodos’

Es mucho más factible la propuesta del CINEP en el primer modelo que nos presenta Arjona. En regiones como El Caguán, Arauca, El Catatumbo — entre otros territorios— al parecer el control y la influencia de la guerrilla han sido incuestionados.

Sin embargo, también en estos territorios ha cambiado la posición política y militar de las FARC. La política de seguridad del gobierno anterior y su continuidad relativa bajo el actual han llevado a las guerrillas hacia zonas periféricas, incluso en las regiones mencionadas: la fuerza pública logró instalarse en los cascos urbanos y obligó a la guerrilla a replegarse a lo más alto de las montañas y a lo más profundo de las selvas. Esto ha reducido la influencia de las FARC sobre las comunidades.

El recrudecimiento de la guerra y el aumento de la violencia de ambas partes contra los civiles han producido un  cierto agotamiento en las organizaciones campesinas de zonas como El Caguán. Las guerrillas han dejado de ser actores hegemónicos para los campesinos y se han convertido en un obstáculo para el avance de sus proyectos políticos.

En las zonas de colonización campesina se viene dando un “proceso de distanciamiento” de los sectores organizados frente a los grupos del conflicto. Las expresiones incipientes de neutralidad y de resistencia civil emergen ante los desmanes de la fuerza pública (que los señala como auxiliadores de las FARC) y de la guerrilla (que los presiona por una obediencia que ya no pueden brindar las comunidades).

Cabe resaltar algunos ejemplos de protestas contra los actores del conflicto y en especial contra las FARC en la región de El Caguán, que parecían impensables en la época del despeje [2]:

  • 26 de mayo de 2005: al menos tres mil personas salieron a protestar contra la masacre perpetrada por las FARC en Puerto Rico que dejó cinco personas muertas, entre ellas tres concejales. Los líderes de la marcha — entre quienes se incluía el alcalde municipal—  rechazaron las acciones de la guerrilla, pero a la vez le pidieron al Gobierno que cambiara la política de seguridad en sus territorios, dando prioridad a la inversión pública sobre la presencia militar del Estado[3].
  • 9 de marzo de 2006 y 8 de diciembre de 2008: miles de sanvicentunos marcharon en contra de acciones militares de las FARC que dejaron varias víctimas civiles; en el primero de esos días, por la explosión de una casa que dejó cuatro personas muertas y once heridas, y en el segundo caso, por el ataque a una misión médica donde murieron dos personas y quedaron tres heridos[4].

 Las organizaciones que con esfuerzo se han ido desmarcando de la guerrilla son la semilla de nuevas formas de expresión política campesina. Son la apuesta por una participación política civilista, frente a la cual el movimiento político posguerrillero deberá negociar y persuadir para conseguir su apoyo en las urnas.

Entonces, ¿cómo se justificaría retroceder en el tiempo y otorgar poder político directo a un grupo que paulatinamente ha dejado de ejercer como autoridad en estos territorios?

Las FARC y el arte de la política no violenta

 

 

Pablo Ortgea Participación Política de las Farc  Roy-Chaderton-y-FARC-EP 
Foto: www.radiomundial.com.ve  

 

Pero la pregunta sigue sin resolver: ¿qué puede negociar el gobierno en cuanto a la participación política de la guerrilla en un escenario de posconflicto?

Dado que la construcción de una paz estable y duradera pasa por la transformación del enemigo armado en un rival político, los equipos negociadores en La Habana podrían explorar tres perspectivas:

  • Un programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) orientado no sólo a la recolección de armas, la desmovilización y la reintegración de los combatientes, sino también a la prevención — o mitigación al máximo — de una nueva ola de violencia,   mediante la ruptura de vínculos entre los desmovilizados y las organizaciones armadas disidentes del proceso de paz u otros grupos armados o criminales (como los narcotraficantes).
  • Un sistema de seguridad de los simpatizantes, militantes y líderes del partido político posguerrillero. El sistema podría hacer parte de la Unidad de Protección y activarse de forma expedita (como se hace para proteger líderes de tierras). Sería preferible que el equipo que prestara este servicio de seguridad no hiciera parte de las fuerzas armadas. Las partes deberán prevenir el ejercicio de violencia por “saboteadores” del proceso dentro de la fuerza pública. Prevenir la violencia contra los políticos posguerrilleros es una condición necesaria para evitar la reactivación del conflicto armado.
  • Un estatuto de oposición que establezca mecanismos de discriminación positiva a favor del partido posguerrillero. Así como en otros países (ver PNUD, 2011[5]), la oposición podría tener garantías como:
    • participación en las mesas directivas de los órganos legislativos donde el partido tenga curules (Congreso, Asambleas o Concejos);
    • capacidad de solicitar audiencias de control político a los diferentes niveles de gobierno;
    • espacios exclusivos de debate en las discusiones legislativas;
    • financiación estatal de las campañas electorales.

Además, en los primeros comicios, podría establecerse que el partido no tenga que superar el umbral contemplado en la reforma electoral para mantener su personería jurídica.

En fin, la sostenibilidad del proyecto político del partido que surja de la desmovilización de las FARC podría tener un efecto positivo para la democracia colombiana: ampliaría el espectro ideológico y permitiría la expresión de formas posiblemente radicales pero civilistas de oposición política.

Politólogo, con énfasis en Participación Política, de la Universidad Javeriana, becario del Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores de Colciencias e Investigador del CERAC. 

twitter1-1@PabloAlbertoOrt

[1] Arjona, Ana. (2010). “Social Order in Civil War”, [tesis doctoral], New Heaven, Yale University, Faculty of the Graduate School of Yale University in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy. 

[2] La región de El Caguán está ubicada en el departamento del Caquetá, entre los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Puerto Rico. 

[3] La Nación. (Domingo, 27 de mayo de 2005). “Hoy, gran marcha contra la violencia en Caquetá”. Pág. 3. 

[4] La Nación. (Viernes, 10 de marzo de 2006). “San Vicente marchó por la paz”. Página 19. 

[5] PNUD. (2011). “Oposición política en Colombia: debate inconcluso”. 

 

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Comentarios  

Hoover Suarez Villa
+1 # Hoover Suarez Villa 17-06-2013 16:44
La pregunta es: ¿Cómo puede hacerse "politica no violenta" portando armas?.
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