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Pensar el problema de las drogas junto a la paz

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Ahora que se discuten los escenarios de la paz y del posconflicto en Colombia es indispensable incluir el problema de la persecución a las drogas ilícitas dentro del debate. ¿Desde qué perspectivas abordarlo y cómo no caer en los errores del pasado?

Rodrigo Uprimny* - Diana Guzmán**

 

El alimento del conflicto

El tráfico de drogas y la violencia asociada con el mismo han jugado un papel central en el conflicto armado colombiano. Por ello no es extraño que hoy uno de los puntos de la agenda de negociación entre el Gobierno y las FARC sea la “solución al problema de las drogas ilícitas”.

La pregunta es entonces cómo las partes habrían de abordar el debate y hasta dónde podrían llegar en este asunto. Dado que el tema es jurídica y políticamente complejo, es importante empezar a aclarar el panorama. Como un intento de contribución, en este artículo identificamos cinco tesis básicas que serían premisas para el debate, y luego las aterrizamos en cinco propuestas para la agenda futura.

Foto: we_free
Laboratorio clandestino de coca en medio de la selva.

Presupuestos del debate

1. En primer lugar, las negociaciones no podrían desconocer que el prohibicionismo ha fracasado. Las políticas de drogas desarrolladas por los Estados, y sustentadas en un régimen de fiscalización internacional que le apuesta a la prohibición de la producción, distribución y tráfico de estupefacientes han mostrado ser ineficaces y altamente costosas en términos de derechos humanos.

Así, por ejemplo, aunque las medidas y acciones punitivas han venido en aumento, las redes de tráfico siguen funcionando y quienes acaban por pagar largas sentencias en las cárceles alrededor del mundo son los eslabones débiles de las cadenas de comercialización.

El fracaso de estas políticas es estructural y, de hecho, no podría ser de otra forma, pues están afectadas por el “efecto globo”, ya que un éxito geográficamente localizado frente a las redes de producción y distribución solo implica el desplazamiento de la misma a otra zona del mundo, pero no su eliminación.

El objetivo de tener un mundo libre de drogas es irrealizable y solo ha generado enormes costos para las democracias modernas, pues ha implicado violaciones graves de los derechos humanos.

El objetivo de tener un mundo libre de drogas es irrealizable y solo ha generado enormes costos para las democracias modernas, pues ha implicado violaciones graves de los derechos humanos.

2. Las partes en la negociación deberían reconocer los enormes costos que ha tenido que pagar Colombia por las políticas prohibicionistas que ha adoptado en materia de drogas de uso ilícito.

La lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, ha conllevado enormes costos económicos y democráticos para Colombia, pues ha justificado la limitación de garantías procesales y la adopción de penas desproporcionadas.

3. El tercer presupuesto es metodológico y se funda en la distinción propuesta por  Ethan Nadelman y Louk Hulsman  entre problemas primarios y secundarios de las drogas de uso ilícito. Mientras que los primeros resultan directamente del consumo de dichas sustancias, los segundos surgen de las políticas adoptadas por los Estados para controlarlas.

Al tomarse en serio la distinción, se hace evidente una paradoja, pues el narcotráfico, lejos de ser un problema primario de las drogas de uso ilícito, es un problema secundario, pues se deriva de las políticas prohibicionistas, ya que son estas las que crean un mercado lucrativo y los incentivos para participar en el mismo.

Colombia debería apostarle a la adopción de estrategias diferentes, que pasen, como lo está haciendo Uruguay, y como se ha hecho frente al tabaco, por hacer el consumo legal y regular la distribución. 

Metodológicamente, entonces, una política sensata debería reconocer esta distinción y adoptar medidas que enfrenten los problemas primarios, sin causar o minimizando los problemas secundarios.  

4. Frente a las constataciones anteriores, las negociaciones deberían apostarle a la adopción de políticas alternativas. Si el prohibicionismo ha fracasado porque no ha logrado acabar con las drogas de uso ilícito, y por el contrario ha propiciado el surgimiento del narcotráfico y ha contribuido a crear espacios de violencia, acarreando enormes costos en términos de derechos humanos, ¿para qué insistir con la prohibición y sus medidas?

Colombia debería apostarle a la adopción de estrategias diferentes, que pasen, como lo está haciendo Uruguay, y como se ha hecho frente al tabaco, por hacer el consumo legal y regular la distribución. Hoy por hoy, con la abrumadora evidencia empírica del fracaso del prohibicionismo, no existen razones para persistir en él.

Los Estados cuentan con un margen de acción, y es posible hacer cambios en las políticas nacionales en el corto plazo. 

5. Pero la regularización plena puede enfrentar restricciones jurídicas, derivadas del régimen internacional. Sin embargo, y esto nos lleva a un quinto presupuesto, los Estados cuentan con un margen de acción, y es posible hacer cambios en las políticas nacionales en el corto plazo.

Las negociaciones abren un espacio interesante para, por un lado, reafirmar las críticas del  país a las políticas existentes y fortalecer el compromiso del Estado con el debate internacional sobre la necesidad de modificar el régimen internacional; y por el otro, discutir cómo, reconociendo los límites que los acuerdos nacionales puedan tener en este tema, el Estado puede avanzar hacia políticas que permitan enfrentar mejor los problemas asociadas con la demanda y oferta de drogas de uso ilícito, mientras se dan los cambios en el plano internacional.

Foto: Coast Guard News
Cargamento de cocaína y marihuana incautada 
en la costa de Miami.

Las políticas alternativas en el marco de la prohibición

Aunque el régimen internacional de fiscalización de drogas de uso ilícito ha sido aplicado en el marco de un entendimiento extremo de la prohibición, y por tanto ha implicado  adoptar políticas altamente represivas, punitivas y estigmatizadoras de los consumidores, no es tan rígido como lo ha querido presentar la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

El régimen ofrece espacios para la interpretación de los Estados y, en todo caso, debería ser interpretado en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En este sentido, el camino para las políticas alternativas puede abrirse a partir de una reinterpretación de las obligaciones internacionales en materia de drogas, en clave de derechos humanos.

Esta sería posible al reconocer que las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos están llamadas a prevalecer sobre las de la persecución a las drogas. De acuerdo con el derecho internacional, esta prevalencia se explica al menos por dos razones:

  • Primero, porque muchas de esas obligaciones de derechos humanos se derivan de normas del ius cogens, normas que tienen una mayor jerarquía normativa y en consecuencia son prevalentes.
  • Segundo, porque los tratados de derechos humanos son una expresión de la Carta de Naciones Unidas, y las obligaciones derivadas de esta tienen prevalencia sobre cualquir otra obligación de derecho internacional (Artículo 103).

Con una interpretación de las obligaciones de drogas en clave de derechos humanos se abren márgenes de maniobra para adoptar políticas más razonables. Veamos algunas de estas políticas posibles.

Las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos están llamadas a prevalecer sobre las de la persecución a las drogas. 

En materia de oferta

En primer lugar, acabar con la fumigación aérea de cultivos. Como lo han mostrado diversas investigaciones esta política, además de una eficacia casi nula, ha tenido importantes repercusiones negativas para el medio ambiente y para las comunidades que viven cerca de las zonas fumigadas.

En segundo lugar, es importante repensar la política criminal en materia de delitos relacionados con drogas de uso ilícito. Así, deben promoverse una investigación y una judicialización estratégicas, que se enfoquen en la criminalidad organizada, y no en acabar con la oferta, pues eso es imposible. Para hacerlo, por ejemplo, debería evitarse la judicialización de los pequeños cultivadores, pues esta no enfrenta globalmente el fenómeno.

En sentido similar, sería más razonable enfocar la persecución policial en los distribuidores que ejerzan violencia y en aquellos que expendan a niños y niñas, y no en todas las personas que porten drogas de uso ilícito.  

Aunque todo esto se puede hacer en el marco de la autonomía interna, Colombia debería seguir liderando la discusión internacional.

Una intervención inteligente de Policía y Fiscalía, con prioridades adecuadas, evitaría que las personas que constituyen los eslabones débiles de las cadenas de tráfico, sean quienes acaben pagando sentencias desproporcionadas, y podría ser más eficiente para desarticular las redes de tráfico existentes. Aunque esto no evite el efecto globo que acompaña al tráfico, al menos implicaría menos costos en términos de derechos humanos.

En materia de demanda

Las políticas del Estado deberían fortalecer la idea de la despenalización del porte para consumo y ofrecer mejores garantías para los usuarios de drogas de uso ilícito. Aunque en Colombia el porte para consumo de dosis personal está despenalizado desde 1994, la persecución policial de la sustancia hace que algunos consumidores acaben privados de la libertad, pagando penas equivalentes a las que recibiría un distribuidor, o incluso un traficante. Esto es indeseable, pues limita de manera desproporcionada sus derechos, y aumenta el estigma que recae sobre ellos.

Por eso, las políticas de drogas deberían fortalecer las garantías que se ofrecen a los usuarios, mediante estrategias de reducción de riesgos y daños, y disminuir los componentes represivos y punitivos de las mismas.

En materia de discusión internacional

Aunque todo esto se puede hacer en el marco de la autonomía interna, Colombia debería seguir liderando la discusión internacional, con el fin de promover la transformación del régimen internacional de fiscalización de estupefacientes.

El reto para las negociaciones es entonces enfrentar el fracaso estructural y los costos enormes del prohibicionismo, apostándole a adoptar políticas alternativas. Aunque las políticas de drogas podrían no ser modificadas radicalmente en lo nacional, debido a las restricciones internacionacionales, hay márgenes de actuación que Colombia, hasta ahora, no ha aprovechado.

Aunque el desafío es enorme, resulta fundamental que el país transforme sus políticas en la materia y adopte medidas más razonables.

* Director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. 

**Investigadora Principal de Dejusticia y profesora de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

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Comentarios  

Gart Valenc
+1 # Matar al tigre sin asustarse con la pielGart Valenc 04-11-2013 15:20
Me deja algo confundido el salto que dan los autores entre análisis y recomendaciones . Luego de matar al tigre (fracaso de la prohibición, enormes costos para de la guerra contra las drogas, ejemplo de Uruguay, preeminencia de unas leyes internacionales sobre otras, primacía del interés nacional, etc.) en lugar de llevar el análisis a su conclusión lógica y recomendar la legalización regulada de la oferta, los autores se asustan con la piel y recomiendan una version 2.0 de la prohibición y la guerra contra las drogas.

En lugar de insistir en versiones "mas refinadas" de lo mismo, los colombianos en particular y los latinoamericano s en general, deberían concentrar sus esfuerzos en el desarrollo y aplicación de esquemas de legalización regulada que ataquen de una vez por todas el problema de fondo: el control de la oferta por parte de organizaciones criminales.

En el caso colombiano es evidente que aún si el proceso de paz llega a tener éxito y las FARC renuncian al negocio de las drogas, el problema continuará en tanto la oferta siga siendo ilegal y la actividad siga siendo tan lucrativa como lo ha sido hasta ahora. Los actores podrán ser distintos pero el problema es el mismo.

Una cosa me parece clara, Colombia debe reconocer, como lo ha hecho Uruguay, que, de lejos, el problema más agudo no es el consumo sino la oferta en manos del crimen organizado. Por eso, propuestas que buscan descriminalizar la demanda de drogas, y al mismo tiempo recomiendan continuar criminalizando la oferta, representan el peor de los dos mundos para paises productores como Colombia. Comentario continúa aqui: bit.ly/19GlBR3

Gart Valenc
Twitter: @gartvalenc
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william
0 # La droga no puede ser un negociowilliam 06-11-2013 10:39
Por todas las razones que aducen los autores es muy importante despenalizar la producción, y distribución de las drogas. pero lo más importante es que éstas como paso con tabaco y alcohol no se le entregue a empresas comerciales a cambio de altos impuestos, pues de esa manera habrá que permitir que se fomente su uso. la producción y distribución debe ser regulado por el estado y entregado a precio de costo a sus usuarios para que nadie se enriquezca con la desgracias de sus consumidores y abusadores.
es muy importante que el estado y la sociedad regulen el consumo de cualquier sustancia alucinógena, alcohólica, etc. dónde se consume por ejemplo. se debe buscar mejor un control social y no policial para evitar el uso y el abuso de sustancias. dedicar mucho a prevenir es la clave.
el estado colombiano debe denunciar los pactos internacionales firmados, referente a las drogas y anunciar en un plazo razonable el desmonte de la lucha antidrogas, sin renunciar a castigar todos los delitos conexos, como son enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir, porte de armas y demás, perseguir las fortunas que se obtuvieron con el negocio ilícito.
y prepararse para atacar otros delitos que serán el reemplazo del narcotráfico.
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Gart Valenc
0 # La mejor estrategia es informarse bienGart Valenc 06-11-2013 12:16
A todos los interesados en la reforma de los esquemas actuales del mercado de las drogas les recomiendo este documento publicado por Transform, una de las organizaciones más serias y mejor informadas sobre el tema:

Después de la guerra contra las drogas. Una propuesta para la regulación

tdpf.org.uk/.../...

Igualmente, en la sección Key Research Papers de mi página web (www.stopthewarondrugs.org) podrán descargar, fácil y gratutitamente, cerca de 300 documentos en inglés y español.

Gart Valenc
Twitter: @gartvalenc
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