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Ocho años de “Justicia y Paz”: un balance con más sombras que luces

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Aunque muestre resultados positivos, este proceso ha sido una operación de impunidad limitada por las víctimas y  las ONG de derechos humanos. Ad portas  de la liberación de procesados –y de un nuevo proceso de paz- hay que enmendar los errores y la Fiscalía debe ser más eficiente.

Gustavo Gallón Giraldo*

Logros a medias

Transcurridos ocho años desde el inicio del proceso de “Justicia y Paz” bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) cabe destacar algunos resultados positivos y sin embargo limitados en su alcance.

- En primer lugar, sin duda es importante que destacados jefes paramilitares ya no estén actuando libremente, y que haya desaparecido su organización nacional, conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pero no por ello ha desparecido el paramilitarismo en el país, y hay muchas preguntas acerca del proceso que condujo al cese parcial de  actividades.

Permanecen intactos los componentes económicos, políticos y sociales del paramilitarismo, y parte de sus unidades militares.

- En segundo lugar también es importante que hoy haya menos paramilitares que antes. Pero su número es materia de discusión: según el Ministerio de Defensa, había 12.000 paramilitares en agosto de 2002; sin embargo, según el propio gobierno, se habían desmovilizado 36.000. Si estas cifras son ciertas, los paramilitares se habrían  reproducido durante la negociación. Y si no son ciertas, estaríamos ante un gran engaño. Las dos hipótesis son graves. 

 - En tercer lugar, las muertes, desapariciones y otras violaciones atribuidas a paramilitares han disminuido, pero no han cesado. Según un reciente informe del programa Somos Defensores, en el 2013 se registraron 78 asesinatos y una desaparición forzada de defensoras y defensores de derechos humanos, además de 39 atentados, 209 amenazas y 22 detenciones arbitrarias. 15 de los asesinatos fueron atribuidos a paramilitares, 8 a grupos guerrilleros, 50 a desconocidos y 5 a fuerza pública.

- En cuarto lugar, de manera parcial, el proceso con los paramilitares permitió conocer algunos aspectos de su organización y funcionamiento, lo cual es valioso para impedir su reproducción, aunque no basta para erradicar totalmente el paramilitarismo.

- En quinto lugar, los procesos penales contra parapolíticos se nutrieron, en algunos aspectos, de las revelaciones efectuadas por paramilitares en sus confesiones bajo la Ley 975 de 2005, aunque no se iniciaron como consecuencia de las negociaciones del gobierno con los grupos paramilitares. Estos procesos tuvieron su origen en una denuncia  formulada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por la doctora Clara López Obregón.

- Al verse afectadas por la negociación con los paramilitares, muchas personas y organizaciones de víctimas tomaron conciencia de sus derechos y se apropiaron de los avances internacionales al respecto. La sociedad colombiana, en general, y el sistema judicial en particular, tuvieron logros importantes en ese sentido. Este es un sexto aspecto positivo del proceso “de justicia y paz”.


Jardín de la Memoria en el municipio de San Carlos,
en el oriente antioqueño.
Foto: Agencia Prensa Rural

Pese a lo anterior, no es un proceso de paz

Ante todo, porque no se desmanteló la organización mafiosa, sino tan solo parte de su componente militar: permanecen intactos los componentes económicos, políticos y sociales del paramilitarismo, y parte de sus unidades militares.

Además, la desmovilización parcial de los paramilitares no ha significado el fin de sus abusos. La Comisión Colombiana de Juristas ha registrado más de 4.500 personas  muertas o desaparecidas por obra de los paramilitares desde cuando el Presidente de la República anunció, el 1 de diciembre de 2002, que había iniciado formalmente las negociaciones con las AUC, y que ellas estarían condicionadas a que no hubiera ni un muerto más. El Alto Comisionado Gubernamental para la Paz, Luis Carlos Restrepo, declaró cínicamente que “el cese del fuego [era] una metáfora que se debe [ría] manejar con mucha flexibilidad”.

Desde mayo de 2008 el gobierno decidió extraditar a Estados Unidos a cerca de treinta jefes paramilitares. Tales extradiciones constituyen la principal evidencia de que esta negociación con los paramilitares no ha sido un proceso de paz.

Ni tampoco de  justicia

En 2006 el gobierno presentó a la Fiscalía un listado de 3.600 jefes paramilitares que deberían ser procesados bajo la ley 975 de 2005. De ellos menos de mil han comparecido ante fiscales. Eso significa que hay 2.600 jefes paramilitares en libertad –prófugos- sin que exista ninguna política o estrategia para perseguirlos.

La apreciación de la mayoría de la gente sobre la aplicación de justicia para crímenes cometidos por paramilitares en Colombia se concentra en esos mil procesados, es decir, menos del 3 por ciento de los paramilitares supuestamente desmovilizados (o el 9 por ciento de los 12.000 paramilitares que había en 2002). El restante 97 o 91 por ciento está en total impunidad, sin investigación judicial ninguna, por decisión del gobierno, a través de una política de hechos cumplidos.


Funeral de víctimas asesinadas por paramilitares 
en Arauca 

Foto: Alcaldía de Arauca 

Ni  de verdad, ni de reparación

Se ha conseguido una verdad limitada, mediante confesiones de algunos de estos mil paramilitares. Gracias a ellas se ha podido conocer la forma como se cometieron algunos delitos, encontrar cadáveres de personas desaparecidas, y saber algo acerca de las organizaciones paramilitares y de sus cómplices.

Pero ha sido notoria la pasividad de la Fiscalía para investigar, sobre la base de la escasa verdad revelada, a los innumerables cómplices en los más altos niveles del gobierno o de los organismos de seguridad, así como de notables empresarios nacionales e internacionales.

Además, la reforma de la ley 975 mediante la ley 1592 de 2012 eliminó el incidente de reparación integral. Este era uno de los pocos elementos rescatables de la ley 975, pues permitía que las víctimas intervinieran en el proceso para exigir reparación por los daños. Esa posibilidad desapareció, y las víctimas tendrán que conformarse con reclamar ante la Unidad de Atención a Víctimas, que es una dependencia gubernamental, una reparación cuyo monto máximo es de aproximadamente 24 millones de pesos.

Qué hacer ahora

A partir de agosto empezarán a quedar en libertad varios de los mil paramilitares procesados. Estas liberaciones se darán porque se cumplen  ocho años desde cuando  fueron privados de su libertad en 2006, pues ese es el período máximo de cárcel aplicable en virtud de la reducción de la pena autorizada por la ley 975.

No todos las personas que serán liberadas desde agosto, ni la mayoría de ellas, tendrán sentencia condenatoria y reducción de pena para entonces. La Fiscalía está trabajando en la imputación de cargos para obtener sentencias en relación con 13 jefes paramilitares (y tres casos de guerrilla), a los cuales ha asignado prioridad.

La Fiscalía debería esclarecer por lo menos quiénes conformaban la junta directiva de las AUC, y cuáles eran los funcionarios y los empresarios que los apoyaban.

La Fiscalía reconoce que los procesados que serán dejados en libertad no han sido objeto de programas de resocialización, a diferencia de los paramilitares que están por fuera de la ley 975, quienes han recibido atención cuidadosa por parte de la Alta Consejería para la Reintegración, en cumplimiento de la Ley 1424 de 2010, que regula la situación de los paramilitares que supuestamente no hayan cometido crímenes graves.

En los pocos meses que quedan para agosto, urge entonces poner en práctica programas de resocialización para estas personas, de tal forma que puedan reintegrarse sin riesgo para ellos, ni para quienes hayan sido sus víctimas, ni para terceros. Si es jurídicamente inevitable que recuperen su libertad, el Estado debería por lo menos hacer lo necesario para impedir que ello cause cualquier daño.

Cuando se reformó la ley 975 a través de la Ley 1592 de 2012 se habría podido evitar este desenlace si se hubieran separado la sentencia plena y la sentencia de reducción de pena, en vez de dictarlas en un solo momento. Pero se prefirió eliminar el incidente de reparación, con el falso argumento de que ese incidente estaba demorando los procesos. Se prohibió a las víctimas entonces reclamar reparación judicialmente a los paramilitares procesados por la ley 975 para conformarse con la reparación administrativa, lo cual es abiertamente inconstitucional. Es de esperar que la Corte Constitucional así lo declare.

Como sería de esperar también que la Fiscalía asigne prioridad, además de los 16 casos mencionados, al cumplimiento de la orden de investigación impartida por la Sala de Justicia y Paz de Medellín el 4 de septiembre de 2013 por graves hechos atribuidos a Álvaro Uribe Vélez, anteriores a su desempeño como presidente. Urge también resocialización en ese caso.

Y además la Fiscalía debería esclarecer por lo menos quiénes conformaban la junta directiva de las AUC, y cuáles eran los funcionarios y los empresarios que los apoyaban, para neutralizarlos y desmantelar de verdad el paramilitarismo. Ese sería el mejor aprovechamiento posible de la ley 975 para que efectivamente mereciera el nombre de “ley de justicia y paz”.

 

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas

 

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