Justicia transicional: ¿se justifican los temores?

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

El Presidente Santos en la mesa de los diálogos de Paz en La Habana, Cuba.

carlo NasiUna lectura sosegada y realista del acuerdo entre el gobierno y la FARC, que pone en perspectiva los temores sobre impunidad, sobre la no cárcel para grandes criminales y sobre el incentivo para que haya más violencia. ¿Tienen razón los críticos del acuerdo? 

Carlo Nasi*

Un acto de malabarismo

El acuerdo alcanzado entre el gobierno y las FARC sobre justicia transicional es trascendental porque destrabó las negociaciones y permitió que el proceso de paz entrara en su recta final.

No puede decirse que el gobierno “haya capitulado ante las FARC” (como sostiene el “uribe-ordoñismo”), porque el acuerdo tuvo en cuenta las normas internacionales sobre verdad, justicia, reparación y no repetición. Lo que vimos fue un acto de equilibrismo: se trataba de hallar un complicado balance entre los intereses parcialmente contradictorios del gobierno, de la guerrillea y de las víctimas.

Hoy en día son inaceptables las amnistías por crímenes de guerra y de lesa humanidad. De ahí que las partes en La Habana diseñaran un acuerdo que busca evitar la intromisión de los tribunales internacionales en Colombia. A juzgar por las numerosas señales de aprobación, el resultado fue bastante exitoso: lo pactado fue aplaudido por el papa Francisco, por el gobierno de Estados Unidos y por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, lo cual confirma la importancia del acuerdo, a pesar de sus imperfecciones. 

Además, todo parece indicar que la Corte Constitucional colombiana y la Corte Penal Internacional no pondrán palos en las ruedas de lo pactado.

Pero a pesar de todo lo anterior, el acuerdo ha despertado temor entre muchos colombianos, y los detractores de costumbre se han dedicado a denunciarlo porque conlleva la impunidad y porque el causaría más violencia. A esto se suman encuestas recientes según las cuales el 81 por ciento de los ciudadanos quiere que haya cárcel para los jefes de las FARC. ¿Qué tan bien fundados están estos temores y polémicas?  

Justicia imperfecta

El senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe.
El senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe.
Foto: Politécnico Grancolombiano Departamento de Comunicaciones

El hecho de que la mayoría de los ciudadanos prefiera que los líderes guerrilleros paguen cárcel no significa necesariamente que se opongan a los acuerdos de paz. Sin embargo, existe el riesgo de que la supuesta impunidad sirva como caballito de batalla para ampliar el frente de oposición a la paz negociada en las elecciones de octubre.

Varios dirigentes del Centro Democrático ya están machacando el tema en sus campañas, y si logran aglutinar a quienes rechazan los acuerdos con las FARC, tal vez en marzo de 2016 no repiquen campanas de paz sino tambores de guerra.

Se trataba de hallar un complicado balance entre los intereses parcialmente contradictorios del gobierno, de la guerrillea y de las víctimas. 

Por eso urge sembrar expectativas realistas entre los colombianos. Debe enviarse  el mensaje de que no se puede imponer una justicia de vencedores a una guerrilla que no fue derrotada en el campo de batalla. Colombia no es Perú, donde el Estado venció a Sendero Luminoso, y la cúpula guerrillera acabó por pagar largas condenas de prisión. El de Colombia es un conflicto armado sin vencedores ni vencidos, y para estas situaciones existe la justicia transicional: una forma de justicia que facilita la transición de la guerra a la paz.

Los colombianos debemos entender que las dos alternativas no consisten en la justica transicional imperfecta o la justicia perfecta (supuestamente sin impunidad) que promete el uribismo. Las únicas alternativas reales para Colombia son la justicia transicional o la continuación de la guerra.

Hay cárcel

Tampoco es correcto afirmar que los acuerdos llevan a la impunidad total. Una cosa es que “no haya castigo” (impunidad) y otra muy distinta que los líderes guerrilleros “no reciban el castigo que merecen” (una desproporción entre la gravedad del crimen y la severidad de la sanción). La justicia transicional incluye sanciones que seguramente no se corresponden con la gravedad de los crímenes, pero que al fin y al cabo son castigos.

Lo que ha angustiado a muchos es la primera parte del punto 7 del acuerdo (o para ser precisos, del comunicado conjunto del gobierno y las FARC), según el cual quienes confiesen oportunamente sus delitos pagarán de 5 a 8 años de “restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”.

Aunque la definición clásica de cárcel es “un lugar donde a los reos se les restringe la libertad en condiciones especiales”, la opinión pública no estará tranquila hasta que no se aclare cómo serán esas condiciones o si implicarán privilegios y comodidades que desvirtúen la noción de castigo.

El acuerdo también menciona penas de prisión ordinaria de 5 a 8 años para quienes confiesen sus delitos tardíamente, y de hasta 20 años para quienes no los confiesen y sean hallados culpables por la justicia. ¿Querían cárcel? Ahí está.  

Además, ¿quién dijo que todos los comandantes guerrilleros van a confesar oportunamente los delitos cometidos? Así tengan el incentivo de confesar, muchos no van a hacerlo, bien sea porque al cabo de cincuenta años de guerra ni se acordarán de cada atrocidad o porque opten por seguir negando su responsabilidad en todos estos crímenes.

El auto-incriminarse de manera pública conlleva además un estigma social de por vida (e incluso el riesgo de procesos penales por fuera de la justicia transicional) y este es un incentivo poderoso para callar o para negar responsabilidades.

Y así, aunque algunos comandantes se beneficien con la versión más blanda de la justicia transicional por confesar todos sus crímenes de manera oportuna, puede esperarse que un alto porcentaje de los guerrilleros acabará en la cárcel.

Fuente de nueva violencia

Delegación de Paz de las FARC en La Habana, Cuba.
Delegación de Paz de las FARC en La Habana, Cuba.
Foto: FARC-EPaz

Existe igualmente el temor de que una justicia transicional excesivamente blanda engendre más violencia, por dos razones distintas:

  • Porque, dada la “falta de justica”, las personas agraviadas (las víctimas de las FARC) busquen vengarse por su propia mano;
  • Porque si las FARC reciben un castigo demasiado blando, otros grupos recibirán el mensaje de que la violencia sí paga en Colombia.

El primer riesgo es pequeño porque la mayoría de las víctimas están hastiadas de la violencia y no quieren que otros padezcan el mismo infierno. Además, las manifestaciones de arrepentimiento de los victimarios, así como los actos de reparación y restitución previstos en el acuerdo, suelen romper eficazmente los ciclos de retribución. En cuanto al segundo riesgo es importante subrayar que la violencia se reproduce por muchísimos factores y no solo por la falta de castigos severos.

Colombia no es Perú, donde el Estado venció a Sendero Luminoso, y la cúpula guerrillera acabó por pagar largas condenas de prisión.

Aunque es genuina la preocupación de que la justicia transicional con las FARC dé un mal ejemplo, esto no necesariamente significa que el acuerdo engendre más violencia.   Consideremos el caso español. Se estima que la represión de la dictadura franquista produjo cerca de 200 mil muertes que quedaron en la impunidad total, pero esto no ha sido obstáculo para que la sociedad española se desarrolle pacíficamente después de la muerte de Franco (y aquí no estoy justificando la impunidad, simplemente examino la tesis según la cual la impunidad siempre genera violencia). 

Justicia a largo plazo

Es comprensible que una justicia blanda produzca escepticismos y temores. Pero, ¿tenemos conciencia sobre las muchas ganancias que implicaría un acuerdo de paz para Colombia, que tome en cuenta a la justicia en sentido amplio? Entre estas ventajas se encuentran:

  • Se acabaría la guerra, que es la madre de todas las injusticias. ¿O alguien desea que sigan abultándose las cifras de muertos y desplazados por la confrontación armada?
  • Se crearían mejores condiciones para extender la presencia del Estado en las zonas apartadas. Si queremos que el Estado de Derecho se materialice y que la ley se aplique en todo el territorio nacional, es del todo necesario que cada vez haya menos territorios en manos de grupos armados. Dondequiera que manden las mafias, las guerrillas o los grupos paramilitares, la ley existe solo en el papel y los tribunales son inoperantes.
  • Mejoraría la justicia social. Por cuenta de la guerra Colombia invierte anualmente más del 5 por ciento del PIB en gastos de seguridad y defensa (en contraste con el 1,6 por ciento del PIB que se invierte en América Latina).

No es poca cosa

Quienes atizan el odio y el revanchismo hacia las FARC con el pregón de que el acuerdo “premia a los terroristas” no entienden lo que se ha pactado o lo distorsionan para favorecer una agenda política poco transparente. Con esta actitud nos encadenan al pasado y nos impiden dar vuelta a una página sangrienta de nuestra historia.

Nadie espera que de la noche a la mañana los colombianos se pongan a pintar palomas de la paz abrazados con los guerrilleros. Hay razones para seguir indignados y para no alegrarse de que se aplique una justicia blanda a los autores de crímenes atroces.

Pero que la indignación no nos haga perder el norte. Así sea apretando los dientes y maldiciendo en voz baja, es imperativo apoyar el proceso de paz. Y no porque “premie a los terroristas” sino porque con un acuerdo exitoso mejorarán sustancialmente nuestras posibilidades de profundizar la democracia, alcanzar el Estado de Derecho y crecer económicamente. Y eso es mucho.

 

* Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.

 

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