Los empresarios y la paz: ¿el abrazo del oso?

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

El Presidente Santos reunido con el Consejo Gremial Nacional en la Casa de Nariño.

Medófilo MedinaAunque algunos dirigentes del sector privado dicen apoyar el proceso de La Habana, sus palabras precisas y su comunicado conjunto de hace pocos día dejan ver un gran escepticismo y serias resistencias a lo que implicaría la construcción de paz.

Medófilo Medina*

Foto de familia

Todos o casi todos los representantes de los gremios empresariales estuvieron en la foto de su encuentro con el presidente Santos el 19 de octubre. Estaban adustos, formales, 18 hombres y una mujer (se ve que las pautas machistas también campean en el mundo empresarial). En esa ocasión el Consejo Gremial Nacional le había llevado al mandatario un documento titulado Reflexiones del Consejo Gremial sobre el proceso de negociación con las FARC en La Habana.

La aceleración de las negociaciones durante los últimos meses ha contribuido a que los empresarios colombianos se muestren cada vez más dispuestos a hablar sobre lo que pasa en La Habana.

¿Qué han dicho los empresarios?

Primero fue una mesa redonda coordinada por María Jimena Dussán entre Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Carlos Enrique Cavalieri, presidente de Alquería, Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y José Alberto Vélez, presidente del Grupo Argos, divulgada en abril por un video de la revista Semana. En esa ocasión, se dieron tanto expresiones convencionales de apoyo al proceso como opiniones críticas al mismo.  Por ejemplo:

  • José Alberto Vélez sostuvo  que las negociaciones no avanzarían mientras el gobierno no lograra incorporar al senador Uribe y al Centro Democrático, sugerencia que equivale a la intención de acomodar en el tren de la paz a los saboteadores de la búsqueda de acuerdos.
  • El mismo empresario se manifestó contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras porque esta habría sido utilizada por campesinos y colonos para impugnar la compra de 2.000 hectáreas que fueron “reforestadas” y sembradas de teca por Argos después de ser “bien compradas” a sus presuntos propietarios en San Onofre en los Montes de María. Sin embargo, en 2005 no podía tener lugar en esa región (escenario de masivo despojo) una operación trasparente de compra de tierras.

En mayo de este mismo año Semana divulgó una entrevista - reportaje con otros cuatro líderes empresariales sobre el tema de la paz. En esta ocasión opinaron José Alejandro Cortés, Fundador del Grupo Bolívar, David Bojanini, presidente del Grupo Sura, Cesar Caicedo, presidente de Colombina y Antonio Celia, presidente de Promigas.

¿Acaso los líderes del sector privado están pidiendo fueros especiales   que los dejen por fuera de posibles investigaciones y juicios tocantes a los nexos entre la violencia y la economía?
  • Esta vez fue Bojanini quien se pronunció en favor de atraer a la paz al uribismo, haciendo eco de las razones de su pugnacidad contra las negociaciones: “Hay muchas personas que creen que sí les van a cambiar las reglas del juego y que están negociando el modelo económico. Y que creen que van a imponer lo que digan las FARC”.
  • José Alejandro Cortés habló de “la financiación del posconflicto que debería estar orientada al empleo en el campo, trabajo digno, inversión social y carga tributaria razonable para poder competir”. Aquí aludió el empresario  a lo que más conmueve  su corazón de hombre de negocios: “Con el Estatuto Tributario que acaba de pasar, muchas empresas decidieron no hacer inversiones en Colombia por el impuesto al patrimonio y a la renta”.

Desde luego, los empresarios siempre insisten en las condiciones de “seguridad jurídica, fiscal y laboral” para atraer la inversión. Solamente que aquello que para los empresarios es la seguridad laboral se convierte con frecuencia en precarización de las condiciones de trabajo.

  • Antonio Celia señaló con franqueza que los empresarios no saben cómo pueden participar en el posconflicto: “Estamos hablando demasiado del posconflicto cuando todavía no hemos cerrado la negociación. No sabemos qué significa realmente esa etapa, cómo puede ser nuestra participación, hasta dónde podemos llegar y cuál es el papel de la empresa privada, entendiendo que estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible”.
David Bojanini, Presidente del Grupo Sura.

David Bojanini, Presidente del Grupo Sura.
Foto: Universidad EAFIT

“Advertencias” y “preocupaciones”

Pero la carga en profundidad de los empresarios vino con el documento del 19 de octubre.  Si bien desde hace varios meses se había previsto un pronunciamiento conjunto sobre el proceso de paz, la redacción de la carta y la reunión con Santos fueron precipitadas por el anuncio del 23 de septiembre del acuerdo entre el gobierno y las FARC para crear un “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”

Esta circunstancia le dio el tono político y estilístico a la versión final, que se expresa en los términos de “advertencia” y “preocupación”. Una curiosa combinación de mezquindad económica y miopía corporativa. ¿Qué preocupaciones les quitan el sueño a los empresarios, y cuáles cosas en el modelo de justicia transicional los lleva a lanzar los dardos de las advertencias? No hace falta especular al respecto y basta citar o aludir a los fragmentos más significativos en su discurso. Por ejemplo:           

-“La negociación debe transcurrir dentro de la Constitución y no por fuera de sus preceptos”. En la mesa de La Habana se han ido sembrando mojones con los acuerdos alcanzados; pero entonces, ¿qué necesidad había de acudir a giros sibilinos si ya podrían  señalarse los elementos que resultan contrarios a la Constitución?

-En otro punto aseguran los empresarios que “Los acuerdos en materia de Desarrollo Rural Integral deben ser consistentes y consecuentes con el respeto a la propiedad privada, la garantía de la seguridad jurídica y la economía de mercado”. Pues bien: las FARC han mostrado cabalmente que hoy por hoy están dispuestas a aceptar la economía de mercado, mientras que los negociadores del Gobierno han actuado como representantes leales de un presidente neoliberal.

Por su parte, la Misión Rural les ha recordado a los empresarios que las garantías del Estado a la propiedad privada de la tierra son para “las propiedades legítimamente adquiridas”. Este es un detalle que pasa por alto el documento de los empresarios, acostumbrados a los análisis políticos de línea gruesa sobre la propiedad sin tener en cuenta que se trata de un país donde los despojados y los desplazados han dejado tras de sí siete millones de hectáreas.

Los prejuicios

Entre tanto José Félix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos, prejuzga a la Misión Rural como “muy inclinada” hacia los pequeños productores. En su carta conjunta los empresarios abogan por el modelo de ampliación de “la oferta de bienes públicos en el campo (…) promoviendo decididamente la empresarización y la asociatividad (sic) como instrumentos de competitividad y articulación a los mercados”.

Dice el documento que  “Los instrumentos de política pública para la protección y apoyo de los pequeños productores del campo deben evitar una mayor segregación y aislamiento en zonas de reserva campesina y, por el contrario, asegurar su adecuada integración a los mercados y a los beneficios del desarrollo”. Con esto desconocen que las reservas campesinas son una figura jurídica plenamente establecida por la ley desde 1994, y que han tenido resultados económicos y sociales satisfactorios para los campesinos y colonos asociados en ellas.

Refiriéndose al Tribunal previsto por la justicia transicional los empresarios vierten sus preocupaciones diciendo “que la jurisdicción de paz es universal; no reconoce inmunidades ni fueros”. Pero se sabe bien que en diversas ramas de actividad económica se han producido alianzas entre empresarios y organizaciones paramilitares frente a las cuales ha actuado la justicia. ¿Acaso los líderes del sector privado están pidiendo fueros especiales   que los dejen por fuera de posibles investigaciones y juicios tocantes a los nexos entre la violencia y la economía?

Los empresarios están llamados a desempeñar un papel indispensable si queremos un proceso sano y robusto de posconflicto.

Pero los empresarios van más allá: “Un grado tal de generalidad conduciría, además, a que puedan ser llamados por el tribunal personas de cualquier nacionalidad distinta a (sic) la colombiana, que podrían, de una u otra manera haber estado involucrados en el conflicto colombiano”.  ¿Se han olvidado los dirigentes gremiales del historial de denuncias que durante años se ha desarrollado en el caso de la Drummond, la carbonera norteamericana, por la muerte de dirigentes sindicales colombianos a manos de paramilitares? Y eso sin contar la investigación por el vertimiento al mar de cientos de toneladas de carbón.

En una especie de balance histórico señalan los empresarios: “Durante todo el horizonte temporal del conflicto se ha mantenido la continuidad democrática del Estado. Por lo tanto, un debate retrospectivo sobre sus instituciones podría conducir a un injusto deterioro de su legitimidad”.

La anterior afirmación parece fruto de una lógica aberrante, que lleva a garantizar el silencio frente a la prolongada violación de los derechos humanos por parte de entidades o agentes del Estado.  Según esta visión, las comisiones de la verdad no tendrían lugar sino con relación a aquellos países que atravesaron por dictaduras militares-tecnocráticas. Pero, ¿acaso puede alguien ignorar, por ejemplo que hubo “falsos positivos” en medio de la continuidad democrática en Colombia?

Plantón por la memoria de los desaparecidos en el Museo Casa de la Memoria de Medellín.

Plantón por la memoria de los desaparecidos en el Museo Casa de la Memoria de Medellín.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

Los empresarios y la paz

Las anotaciones anteriores se inspiran en mi convicción de que los empresarios están llamados a desempeñar un papel indispensable si queremos un proceso sano y robusto de posconflicto.

Más allá de los pronunciamientos desde la más alta tribuna corporativa, no puede ocultarse el papel que ya cumplen no pocos empresarios en la construcción de la paz, particularmente en entornos rurales. Sería un error pensar, por ejemplo, que la visión de José Félix Lafaurie representa a todo el espectro de los ganaderos colombianos.

El profesor Rafael Grasa, de la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha ocupado de estudiar las posibilidades de la contribución de los empresarios a la construcción de la paz en Colombia y la irremplazable necesidad de que la asuman. Destaca Grasa cinco retos que se les plantean a los empresarios en este campo, e identifica las maneras como esa construcción de paz los afecta. Enfoques y estudios de esa índole contribuyen a encontrar caminos para que los dirigentes empresariales encuentren alternativas verdaderamente propositivas de relación con el proceso de paz.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

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