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​ Plebiscito por la paz: particularidades y posibilidades

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

José Gregorio HernándezTras descartar la constituyente y el referendo, el gobierno se ha decantado por un plebiscito para ratificar el acuerdo de La Habana. ¿En qué consiste este mecanismo de participación ciudadana, hasta dónde serviría, y cuáles riesgos tendría?

José Gregorio Hernández Galindo*


 

El Presidente Santos con el Jefe Negociador Humberto de la Calle y el Mindefensa Luis Carlos Villegas.

Dos temas distintos

Con el propósito de legitimar, legalizar y solemnizar el acuerdo que pondría fin al conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano, desde el comienzo del proceso de La Habana se ha venido pensando en dos asuntos distintos:

  • El de los mecanismos para que el pueblo soberano  pueda aprobar o improbar los acuerdos a que lleguen las partes, y
  • El del procedimiento constitucional apropiado para convertir en normas jurídicas  lo que convengan el gobierno y las FARC.

En lo que hace al primer asunto, las posiciones y propuestas han recorrido todo el espectro de las posibilidades jurídicas y políticas, desde la de convocar una asamblea constituyente (idea donde paradójicamente han coincidido las FARC y el ex presidente Uribe), pasando por la de un referendo o una consulta popular, hasta llegar a la fórmula más reciente, un plebiscito que haga más expedita la verificación de la voluntad popular.

No han faltado quienes consideren que la convocatoria al pueblo no es necesaria porque, como dice Ramiro Bejarano, “si lo que se quería era darle un toque democrático a los acuerdos, habría bastado el mandato por la paz que recibió Santos al lograr la segunda reelección”. Pero el Gobierno considera que, si bien no sería indispensable la consulta al pueblo por cualquiera de las vías existentes, conviene hacerlo para darle legitimidad a lo acordado.

La mesa de negociaciones no es una asamblea constituyente, ni puede sustituir al Congreso o al pueblo. 

En cuanto al segundo asunto, este semana la plenaria del Senado aprobó en segundo debate (de los ocho requeridos), el acto legislativo que establecería un procedimiento especial para el trámite de las normas que deban desarrollar o “implementar” los acuerdos de La Habana, incluyendo una comisión legislativa para dar primer debate a los proyectos correspondientes y las facultades extraordinarias al Presidente de la República.

Un paso necesario

Mediante el plebiscito se busca que los ciudadanos aprueben o desaprueben una decisión.
Mediante el plebiscito se busca que los ciudadanos aprueben o desaprueben una
decisión.
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Si  el gobierno y las FARC llegan a un acuerdo final, éste tendrá que plasmarse en una serie de normas jurídicas porque Colombia es un Estado de Derecho y los acuerdos por sí solos no tendrían fuerza para modificar la ley, menos aún la Constitución. La mesa de negociaciones no es una asamblea constituyente, ni puede sustituir al Congreso o al pueblo.

Eso sí, al suscribir el acuerdo el gobierno asumiría el compromiso de formular las respectivas propuestas de cambios en las normas jurídicas a los órganos competentes o al pueblo, pues de otra manera estaría incumpliendo su palabra y lo acordado con las FARC sería letra muerta.

Pero parece que el gobierno no está seguro y por eso vacila acerca de cuál sería el mecanismo más idóneo para someter a consideración del pueblo los acuerdos de La Habana:

  • En un principio el presidente descartó la opción de la asamblea constituyente, por ser un trámite complicado, demorado y muy riesgoso para la subsistencia de la actual Constitución y del proceso de paz mismo.
  • Tampoco quiere referendo, en el cual había pensado inicialmente, porque ahora le  parece “un suicidio” –son palabras del propio Santos- por la obligación de cumplir con el umbral exigido (al menos la cuarta parte de los ciudadanos que integran el censo electoral).
  • Para salir del embrollo algunos congresistas, tras reunirse en La Habana con los negociadores de las FARC, han propuesto convocar a un plebiscito, sin umbral, que se podría votar durante varios días. Para hacerlo tendría que modificarse la ley estatutaria sobre mecanismos de participación (Ley 134 de 1994), que el Congreso ya había modificado con miras al referendo.

¿Referendo o plebiscito?

La palabra plebiscito proviene de latín plebiscitum (llamado, apelación al pueblo, o convocatoria a la plebe para que resuelva algo). Esta figura se consagró y utilizó en el derecho romano y, bajo otro nombre, también en las ciudades-estado griegas donde la  asamblea de todos los ciudadanos adoptaba directamente las decisiones de mayor importancia. Para algunos teóricos de la política, como Rousseau, esta modalidad de democracia directa es la más auténtica porque los ciudadanos no son sustituidos o suplantados por sus (supuestos)  representantes.

Según Paolo Biscaretti di Ruffia, el plebiscito debe usarse para que el pueblo se   pronuncie sobre un hecho, un acto político o una medida concreta del  gobierno; el “referéndum” en cambio debe versar sobre normas jurídicas es decir, sobre proyectos de reforma de las leyes o de la Constitución.

Karl Loewenstein, en su Teoría de la Constitución, señala que el “plebiscito” ha de “quedar reservado a cuestiones no constitucionales y no legislativas”, como es el caso de los asuntos territoriales, la modificación de fronteras y similares.

En Colombia, el artículo 7 de la Ley 134 de 1994 define el plebiscito como “el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo”. Según el artículo 78, en ningún caso el plebiscito puede versar sobre la duración del período del mandato presidencial, ni pude modificar la Constitución política.

Por su parte el referendo se refiere siempre a un determinado proyecto de norma jurídica. En el nivel nacional puede haber referendo sobre reformas constitucionales o sobre leyes, y en el de los departamentos, distritos o municipios, sobre un proyecto de ordenanza, de acuerdo o de resolución local.

Desde otro punto de vista, el referendo puede ser aprobatorio o derogatorio (también llamado abrogatorio), como el que contempla el artículo 377 de la Constitución. Este mecanismo también es usado para la derogación de leyes.

El plebiscito que viene

Las delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y las FARC en La Habana, Cuba.
Las delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y las FARC en La Habana, Cuba.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

Hoy por hoy el referendo está descartado por el gobierno, tanto para la aprobación de normas (para lo cual fue concebido en la Constitución del 91) como para ratificar los acuerdos de paz. En esto tiene razón el Ejecutivo, pues los referendos no tienen esta segunda función.

La aceptación del proceso de paz y la aprobación de las normas constitucionales o legales consiguientes. Son dos asuntos distintos.

Por otro lado si se escoge el plebiscito – como bien podría hacerse bajo las normas vigentes- sería posible garantizar una participación significativa, que otorgue mayor legitimidad al proceso de La Habana. Pero, de hacerse sin umbral, este sistema podría prestarse para distorsionar la voluntad popular debido al manejo publicitario, un procedimiento que ha dado buen resultado a algunos dictadores, como a Pinochet en Chile.

Esta opción traería otro problema: para realizarlo tendrán que ser divulgados con antelación y en su totalidad los acuerdos de La Habana. Estos serían cinco textos bastante complicados, y no me imagino a las amas de casa o a los ciudadanos del común leyéndolos y escrutándolos en toda su complejidad. De modo que lo probable es que para publicitarlos se impulse una sutil manipulación mediática que identifique el contenido de los acuerdos con el objetivo de la paz.

No obstante es muy importante hacer la distinción entre los dos posibles objetos de manifestación popular: la aceptación del proceso de paz y la aprobación de las normas constitucionales o legales consiguientes. Estos son dos asuntos distintos.

Sobre la base del cabal conocimiento del pueblo acerca de la materia sobre la cual recae su decisión, todo depende de la manera como se formule la pregunta. Puede ser válido  obtener la aprobación del proceso adelantado en su conjunto, siempre y cuando haya transparencia, no se engañe a los votantes, les sean suministrados los elementos esenciales de la decisión en juego y estén enterados de aquello sobre lo cual votarán.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

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Comentarios  

Isaias Vargas
0 # ciudadano comunIsaias Vargas 17-11-2015 00:18
Para que el pueblo colombiano entienda estas normas el gobierno tendría que dar mucha cartilla en primer lugar, en segundo lugar quien nos garantiza que no va a ver un fraude como esta acostumbrado de hacerlo en las elecciones, el montaje y propaganda sucia que ha ocurrido por parte de los corruptos politiqueros y mas aun el mismo método que el actual gobierno utilizo para ser reelegido.
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