Zonas de ubicación y dejación de armas: los puntos pendientes

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Eduardo AlvarezLa paz entre el gobierno y las FARC no se firmó el 23 de marzo porque falta uno de los asuntos más importantes – y difíciles- del proceso: la concentración de la guerrilla y la dejación de armas. ¿Cuáles son los desacuerdos en este punto? 

Eduardo Álvarez Vanegas*

El Presidente Santos junto al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

Anuncios incompletos

El 23 de septiembre de 2015, cuando el gobierno y las FARC anunciaron haber llegado a un acuerdo sobre justicia transicional, el presidente Santos declaró que “esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado: será el 23 de marzo de 2016”.

Pero las dudas no se hicieron esperar, pues el acuerdo sobre justicia no fue dado a conocer ese mismo día y las palabras del presidente se interpretaron como una forma de reservarse para el discurso que había de pronunciar ante la Asamblea General de  Naciones Unidas. Y por su lado la fijación de un plazo podía ser parte de la estrategia para sacar del marasmo la negociación que venía estancada desde hacía varios meses.  

Quizás las partes sentadas en la mesa querían dar una imagen de trabajo duro y de avances  concretos, como en efecto vino a ser el acuerdo sobre justicia transicional que finalmente hicieron público el 15 de diciembre. Pero la fecha del 23 de marzo se convirtió en un fetiche para muchos colombianos. Esta fecha pasó a ser un acto de fe, una ilusión por-venir que mantuvo al país en vilo durante seis meses.

Un costo de esa ilusión fue no haber visto o no haber valorado los avances en asuntos de  importancia indudable y de carácter histórico- como decir la Comisión de la Verdad-. Y la desilusión tiende a acentuarse porque faltaban o faltan otras discusiones, “puramente mecánicas” o apenas “técnicas y operativas”, como la del tercer punto de la agenda: el “fin del conflicto”.

El Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, y el Jefe de la Delegación de Paz Humberto de la Calle.

El Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, y el Jefe de la Delegación de Paz Humberto de la Calle.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Un tema decisivo

Si bien el acuerdo sobre justicia fue uno de los más difíciles de este proceso, el punto sobre fin de conflicto también ha demostrado serlo. De este asunto dependen los primeros resultados tangibles del proceso de La Habana, y mientras no se resuelva no va ser posible suscribir el acuerdo final.

Para las FARC las armas deben ser dejadas de manera gradual, y se deben almacenar en contenedores sin ser destruidas.

Para citar apenas un aspecto. El manejo correcto del tema de las armas y unos sistemas adecuados de rendición de cuentas sobre el día a día en las zonas de concentración y sus alrededores garantizarán los mínimos de confianza sin los cuales no habrá acuerdo ni habrá fin a las hostilidades. De ellos también dependen la percepción y la reacción de la opinión pública ante la realidad del acuerdo, especialmente en las regiones y las comunidades donde se espera la reinserción de las FARC.

Los desacuerdos

La reforma a la Ley de Orden Público (418 de 1997) que el Congreso aprobó por unanimidad el pasado 8 de marzo, da facultades al presidente Santos para definir:

  1. El objetivo de las zonas de concentración o ubicación de las FARC -procesos de dejación de armas, desmovilización, y reinserción a la vida civil-;
  2. Los aspectos procedimentales y su marco general -suspensión de órdenes de captura, ubicación y duración de las zonas, delimitación geográfica, papel de las instancias nacionales e internacionales; y
  3. La gestión del armamento y la participación de expertos internacionales en su recepción, registro, almacenamiento y disposición final.

Este avance normativo – necesario e importante- no obsta para que entre el gobierno y las FARC se registren discrepancias. Para empezar, Humberto de la Calle declaró el 23 de marzo que no se llegaría “a acuerdos de cualquier manera”. También dejó entrever que no se ha llegado a un consenso sobre la dejación de armas, y advirtió enfáticamente que el gobierno reclama “un acuerdo que ponga orden en un proceso de dejación de armas. Con plazos fijos. Sin zonas grises. Sin mezcla de armas y política”.

La alusión a “plazos fijos” y “sin zonas grises” implica que para el gobierno la dejación de las armas debe hacerse completamente –incluyendo su destrucción– y bajo la verificación de la misión política de la ONU. Para las FARC en cambio las armas deben ser dejadas de manera gradual, al mismo tiempo que se avanza en la implementación de los acuerdos, y se deben almacenar en contenedores sin ser destruidas. De manera que estamos ante un desacuerdo capital:

  • Para el gobierno, sin dejación y disposición final total y verificable de las armas no habrá transición a movimiento político para la guerrilla.
  • Pero para las FARC las condiciones de seguridad no están dadas, pues el paramilitarismo no se ha desmontado. Joaquín Gómez había anticipado este problema en una entrevista: “Es que esa [el desmote paramilitar] es una de las condiciones de la negociación porque uno no puede ser tan estúpido de entregar las armas para que lo maten en la calle después desarmado”. Estas palabras adquieren hoy más sentido para las FARC después del exitoso paro armado promovido por el Clan Úsuga y las crecientes amenazas, asesinatos y desapariciones de líderes sociales.
Guerrilleros del Frente 33 de las FARC en el Magdalena Medio.

Guerrilleros del Frente 33 de las FARC en el Magdalena Medio.
Foto: Facebook Delegación de Paz FARC-EP

Planear las zonas

De la Calle también ha rechazado la relación entre armas y política, quizá con la experiencia de Conejo (Guajira) en mente.

Mientras que para el gobierno nacional, basado en la Ley de Orden Público, las zonas de ubicación –que no deben pasar de 12– deben estar alejadas de centros poblados, para las FARC, que parecen seguir demandando una por cada frente (64 en total), es esencial que  se ubiquen en sus zonas de influencia histórica. A esta tensión entre el “deber ser” y las realidad socio-política del conflicto se suma el que los habitantes de estas zonas prefieren que las zonas se instalen en territorios habitados para que el “Estado los voltee a mirar.”

En todo caso las zonas de ubicación o centros de acantonamiento son un requisito fundamental para garantizar un proceso eficaz de desarme, desmovilización y reinserción, que incluya una ruta de transición temprana a la vida civil y entornos favorables y seguros mientras los exguerrilleros permanezcan en dichas zonas.

Para el gobierno el levantamiento de las órdenes de captura solo debe darse en las zonas de ubicación.

Por esto no es conveniente caer en anacronismos y falacias, al comparar la discusión actual con las experiencias de Santafé de Ralito o El Caguán. En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hemos venido llamando la atención sobre la conveniencia de crear estas zonas y comprender sus objetivos a la luz de otras experiencias nacionales e internacionales. De hecho, mientras se esperaba la firma del 23 de marzo quedó al descubierto que no hay un diseño de los protocolos de seguridad y locomoción de los integrantes de las FARC que operarían en estas zonas.

Para las FARC, los observadores no armados de la misión política de la ONU serían una especie de policía interna en “cárceles a cielo abierto”, que además verificarían que solo excepcionalmente puedan salir voceros para actividades autorizadas por el Estado.

A esto se suma que para el gobierno el levantamiento de las órdenes de captura solo debe darse en las zonas de ubicación, mientras que para las FARC esto debe ser efectivo en todo el territorio nacional. Esta diferencia plantea serias preguntas sobre los espacios de seguridad que serán exclusivos de las FARC o del Estado colombiano y aquellos que serán compartidos por ambas partes y por la misión de verificación de la ONU.

Una manera de resolver este problema sería pensar tres tipos de anillos de seguridad y patrullaje.

  • Uno externo, bajo responsabilidad exclusiva del Estado colombiano y de sus Fuerzas Militares.
  • Uno intermedio, de acceso a las zonas, compartido por observadores no armados de la ONU y el CELAC, miembros no armados de las FARC y representantes civiles del Estado colombiano, en compañía de miembros del Ejército y la Policía Nacional.
  • Y uno interno que se encargue de la seguridad de toda la tropa, mandos medios y comandantes, con acceso irrestricto de la ONU y el CELAC, así como de observadores nacionales y locales previamente aprobados por las partes.

Un último aspecto clave cuando se acuerden, se creen y entren en operación estas zonas consistirá en los mecanismos de rendición de cuentas periódicas con validación por parte  de las comunidades – y no apenas del mecanismo tripartido de monitoreo y verificación-. Esto evitará en gran medida la desconfianza y el miedo a repetir El Caguán o Ralito.

Pero al final de cuentas la discusión sobre las zonas de ubicación ha avanzado bastante. De otra forma no se estarían dando todas estas discusiones.

Coordinador del área de dinámicas de conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz. Magister en antropología socio-cultural de la Universidad de Columbia y politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana.

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