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Uribe y la justicia transicional: del apoyo a la oposición

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Reunión de los miembros del partido Centro Democrático como opositores a los acuerdos sobre el proceso de paz en el país.

Juan David VelascoA lo largo de su carrera como senador, presidente y jefe de la oposición, Uribe ha tenido distintas posiciones sobre este asunto que hoy vuelve a ser decisivo. ¿Habría margen para un acuerdo con Santos y con las FARC?

Juan David Velasco*

Tres momentos

Aunque Álvaro Uribe es visto como un político duro e intransigente en materia de seguridad, sus tesis y sus debates en torno a la justicia transicional muestran ciertas variaciones o matices significativos.

En tres momentos sucesivos de su carrera política - como senador del Partido Liberal, como presidente de la República y como líder de la oposición- Uribe ha sabido capitalizar las discusiones sobre el tratamiento jurídico-penal de los actores del conflicto armado, ya sea para ganar visibilidad mediática o para redefinir el tamaño de las coaliciones políticas que lo apoyan. Veamos por qué:

Uribe senador y el re-indulto al M-19

Paso por la presidencia en el periodo de 2002-2006.
Paso por la presidencia en el periodo de 2002-2006. 
Foto: Wikimedia Commons

La primera vez que Uribe intervino en un debate nacional sobre justicia transicional fue en mayo de 1992, cuando le propuso a sus compañeros del Congreso que convocaran a sesiones extraordinarias para elaborar un proyecto de ley que les diera garantías jurídicas a los líderes del M-19 quienes, tras haberse reincorporado a la vida civil, fueron mandados a arrestar por un “juez sin rostro” que los responsabilizó penalmente por la toma del Palacio de Justicia.

Presentó un proyecto de ley ante el Congreso que concedía penas alternativas.

A partir de ese momento Uribe se destacó como senador del Partido Liberal. Los principales medios de comunicación resaltaron su labor como coautor de la ley de re-indulto al M-19 y elogiaron su propuesta de crear un Ministerio de la Paz para darle músculo organizativo a las políticas del gobierno en materia de desarme, desmovilización y reintegración de antiguos integrantes de grupos armados ilegales.

Más allá del cubrimiento mediático, Uribe capitalizó políticamente su apuesta por “re-indultar” a la plana mayor del M-19, ya que se perfiló como uno de los líderes más prominentes del Partido Liberal, al lado de Humberto de la Calle (en ese entonces ministro de Gobierno) y Horacio Serpa (Consejero de Paz del presidente César Gaviria), quienes también participaron activamente en la elaboración de dicho proyecto de ley.

Una vez aprobado el re-indulto, Uribe logró convertirse en el jefe del liberalismo en Antioquia cuando su disidencia llamada “Sector Democrático”, entabló nuevas alianzas con diferentes grupos políticos, lo que le permitió derrotar al oficialismo encarnado por el senador Bernardo Guerra Serna. Dos años después Uribe fue elegido gobernador del departamento.

Uribe presidente y la alternatividad penal

La segunda gran intervención de Álvaro Uribe en materia de justicia transicional tuvo lugar en agosto de 2003 cuando, como presidente de la República, presentó un proyecto de ley ante el Congreso que concedía penas alternativas de “restricción geográfica de la libertad” para los cabecillas y mandos medios de grupos armados irregulares que se desmovilizaran y se reincorporaran a la vida civil. Esta ley de alternatividad penal fue muy criticada porque se les estaban otorgando tratos favorables o muy blandos a criminales de guerra:

  • Se les imponían penas de 5 a 8 años que no se pagaban en cárceles (sino en granjas y huertas penales),
  • No se les exigía la confesión total de los hechos delictivos en los que participaron o de los cuales tenían conocimiento, y
  • No se les obligaba a que aportaran información sobre el paradero de las personas desaparecidas.  

A cambio de la suspensión de la pena ordinaria, el gobierno de Uribe les pidió a los criminales que entregaran armas, que no reincidieran en los delitos por los cuales iban a ser condenados, que entregaran bienes de la organización ilegal para resarcir a las víctimas y que sacrificaran su derecho a ser funcionarios públicos o a presentarse en elecciones populares.

Finalmente, el Congreso modificó el proyecto inicial y promulgó la Ley 975 de 2005. Sin embargo la Corte Constitucional declaró inexequible algunos artículos y ajustó otros. Por ejemplo, en la Sentencia C-370/06 se estableció que los beneficiarios de la pena alternativa no podían ocultar ningún delito que conocieran, se amplió el sentido de la reincidencia en actividades criminales, se obligó a que informaran sobre el paradero de los desaparecidos y se aumentó la exigencia en la entrega de bienes materiales para la reparación a las víctimas (donde se incorporaba a los testaferros).   

Durante las discusiones del proyecto de alternatividad penal, Uribe logró redefinir el tamaño de la coalición política que lo apoyaba en el Congreso tras los desalineamientos que se produjeron con la derrota en el referendo convocado en 2002. Así aglutinó a diversas fuerzas políticas (muchas de ellas disidentes del bipartidismo tradicional) alrededor de su gobierno: Equipo Colombia, Colombia Democrática, Colombia Viva, etc.

Con esta coalición logró impulsar un discurso nacionalista y patriótico que le permitió ganar popularidad y aceptación ciudadana (aquí debo notar que los nuevos partidos y movimientos políticos que lo respaldaron mayoritariamente en el Congreso se auto-bautizaron haciendo uso de la palabra “Colombia”).   

Uribe opositor y los acuerdos con las FARC

Memoria histórica de la participación política de Álvaro Uribe Vélez.
Memoria histórica de la participación política de Álvaro Uribe Vélez.  
Foto: Wikimedia Commons

La tercera intervención protagónica de Uribe en este campo se dio en el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno Santos y las FARC. En su calidad de senador por el Centro Democrático, planteó su desacuerdo con que:

  • Se les diera elegibilidad política a los responsables de delitos atroces;
  • No se contemplaran penas privativas a la libertad para los miembros del Secretariado de las FARC;
  • No se establecieran compromisos concretos para que la guerrilla entregara bienes materiales para la reparación a las víctimas;
  • Se equipará el tratamiento jurídico-penal de los integrantes de la Fuerza Pública con el de los guerrilleros; y
  • Se creara un Tribunal de Justicia por fuera del régimen constitucional vigente.

A partir de las críticas enérgicas al modelo de justicia transicional pactado en La Habana, Uribe logró posicionarse como “jefe de la oposición” y, a partir de allí, pudo movilizar mayorías que acabaron por derrotar al Sí en el plebiscito del 2 de octubre.

Es muy posible que el hoy senador Uribe no pierda la oportunidad de pasar a la historia como quien hizo un mejor acuerdo con las FARC.

Las críticas de Uribe en materia de justicia transicional le sirvieron para que en la actualidad esté redefiniendo el tamaño de su coalición política de cara a las presidenciales de 2018. Su cercanía con Andrés Pastrana, Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez (que le abre nuevamente las puertas a una alianza con el Partido Conservador en pleno) y su coincidencia ideológica con Germán Vargas Lleras y las Altas Cortes (especialmente, en el rechazo del modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz), lo perfilan como el jugador de veto más importante en la actual coyuntura.

Lo que sigue

Las discusiones que ha dado Uribe sobre la justicia transicional como congresista, presidente y líder de la oposición le han permitido adquirir altos niveles de popularidad y conformar coaliciones que le dan un papel protagónico en las decisiones más importantes para Colombia.

Teniendo en cuenta este “patrón de comportamiento” del expresidente Uribe, es previsible que, una vez haya logrado redefinir el alcance de la coalición política que lo apoya, aceptará hacer concesiones importantes a las FARC, como que no vayan a la cárcel, que no sean extraditados, que se les indulte el delito de narcotráfico, que se les respeten las diez curules en el Congreso y que una vez hayan pagado sus penas alternativas, puedan participar en política electoral.

Por esa razón, es apresurado afirmar que sus posiciones inflexibles sobre la justicia transicional serán la causa de la ruptura definitiva del Acuerdo de La Habana pues, conociendo sus antecedentes, es muy posible que el hoy senador Uribe no pierda la oportunidad de pasar a la historia como quien hizo un mejor acuerdo con las FARC (así como cuando en su época de congresista por el Partido Liberal, fue reconocido por salvar a los dirigentes del M-19 de ir a la cárcel).  

 

* Politólogo y maestro en Estudios Políticos, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y miembro del grupo de investigación Estado, conflicto y paz. El autor agradece la colaboración del estudiante de Ciencia Política, Oscar Cortés.

 

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