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¿Estrategias o ilusiones para acabar la coca en Colombia?

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Cultivo de coca.

Sergio UribeEl gobierno se propone cifras de erradicación que parecen imposibles y anuncia triunfos que no se corresponden con la realidad. ¿Cuál es la dimensión verdadera  del problema y qué se puede hacer para enfrentarlo?

Sergio Uribe R.*

De nuevo el glifosato

En 2016 el Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó el uso experimental del glifosato para la fumigación manual de cultivos de coca. El trabajo piloto se realizó en Chocó y se limitó a 800 hectáreas. En diciembre pasado el Consejo declaró exitoso el experimento y autorizó su uso como parte integral de la estrategia de erradicación manual en el país.

La erradicación manual que antes se usaba se limitaba a arrancar las matas, pero como ciertas variedades de la coca se reproducen con fácil, los campesinos recuperaban las semillas que quedan a la mano y volvían a sembrarlas. Verdad que a veces se quemaban las matas, pero la mayor parte de las veces esto era muy difícil por motivos de seguridad y consideraciones ambientales.

Con la nueva autorización el glifosato se aplicará directamente sobre el cultivo, lo cual hará más eficaz la erradicación y, en teoría al menos, evitará la resiembra. El Ministerio de Justicia manifestó que aspira a que entre 2017 y 2018 esta autorización contribuya a destruir 50.000 hectáreas. Simultáneamente, el Ministerio de Defensa declaró que usando esta estrategia estará en capacidad de erradicar 20.000 hectáreas en 2017.

Promesas imposibles

Debate por control político frente al cultivo de coca.
Debate por control político frente al cultivo de coca.  
Foto: Congreso de la República

Pero parece que al comenzar 2017 pasó algo y el gobierno de Santos entró en pánico. Tal vez se dio cuenta de que Daniel Rico tenía razón cuando dijo que la estrategia del gobierno para combatir la coca era como recetar aspirina a un enfermo de cáncer. MinDefensa salió con nuevos números y para 2017 comprometió a la administración a erradicar 100.000 hectáreas: 50.000 mediante erradicación manual y 50.000 con programas de sustitución o desarrollo alternativo.

El problema de estas cifras radica en que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) aún no ha publicado los resultados de su trabajo para 2016. Estos números se publicarán entre mayo y junio, pero el gobierno ya parece haberle ordenado al SIMCI reportar al menos 130.000 hectáreas de coca.

Es curioso que entre el 13 de diciembre y el 7 de enero MinDefensa encontrara los recursos y el personal necesarios para pasar de 20 a 50 mil hectáreas que erradicarán manualmente. Como sacando un conejo del sombrero, el Ministerio sacó de la nada 50.000 hectáreas que pueden ser recuperadas mediante el desarrollo alternativo, una actividad que no ejecuta, ni diseña ni conoce.  

Con el desarrollo alternativo la administración Santos piensa que es viable erradicar 50.000 ha de coca en un solo año. Esta es una promesa falsa o ilusoria que sirve solo para llenar titulares. El país donde más éxito ha tenido el desarrollo alternativo, Perú, ha trazado su Estrategia Nacional de Lucha Contra la Drogas (ENLCD) con una vigencia de 5 años. Y en la última ENLCD (2011-2016) propuso intervenir hasta 25.000 hectáreas por año, más la reforestación de otras 4.000, y todo esto con un aparato descentralizado con nutrida presencia regional.

Lo anterior obliga a preguntarnos quién se inventa estos números inalcanzables en Colombia, pues desde el inicio de la sustitución de cultivos (1988-89) hasta la fecha difícilmente se puede decir que el país ha logrado la reconversión de 50.000 hectáreas gracias al desarrollo alternativo. ¿Cómo se va a cumplir la erradicación de 50.000 hectáreas en un año con actividades de desarrollo alternativo en el 2017? 

¿Qué puede hacer el Estado?

Laboratorio de coca en medio de la selva.
Laboratorio de coca en medio de la selva. 
Foto: We_free (archivo de razón pública

La presencia del Estado en estas regiones es frágil y requiere de inversiones (carreteras, puestos de salud, mejoras en infraestructura educativa, titulación de tierras, etc.) que son difíciles de ejecutar en corto plazo. Además, tanto la productividad de la tierra como la oferta agrícola proveniente de estas zonas es limitada y casi siempre se debe a cultivos perennes como el cacao, el café, el caucho, el palmito o la palma africana.

Las estadísticas que fundamentan la formulación de políticas contra las drogas en el país tienen problemas.

Estos cultivos tienen un período de crecimiento  de entre 5 y 8 años antes de su primera cosecha, durante estos años  el productor debe mantenerlos con actividades culturales (desyerbe, fertilización y control de plagas) para garantizar su crecimiento. Y durante este período deben garantizarse algunos ingresos a los productores.

El año pasado estimé que, para 2015, cada familia campesina tenía en promedio unas 1,29 hectáreas de coca, que le producían unos 18 millones de pesos al año, sin contar otros ingresos por trabajos fuera de la unidad familiar. Y estamos hablando de unas 39.000 familias cultivadoras con las 50.000 hectáreas  en las que hay que intervenir.

El desarrollo alternativo significa que a estas familias se les garantice no solo la infraestructura física y social para una existencia digna, sino las inversiones para instalar   nuevos cultivos, desde los semilleros hasta un sistema de comercialización.

Paralelamente, al intervenir en regiones que antes vivían de la coca será necesario que el Estado, mediante subsidios directos e indirectos, garantice un ingreso básico (al menos dos salarios mínimos por familia) que, con prestaciones, suman 2.137.500 o 833.000 millones de pesos en subsidios directos a los 39.000 excultivadores de coca, solo en el 2017.

Está claro que en las regiones de cultivos ilícitos la única fuente alterna de ingresos son los servicios que proporciona el Estado y que no hay otras fuentes de empleo no asociadas con las actividades lícitas. El discurso de la administración Santos debe decirnos cómo va a financiar los casi 2.900 millones de dólares que costará la estrategia de desarrollo alternativo este año y los años subsiguientes.

Todo lo anterior sin entrar a discutir la competencia que representará para las inversiones estatales la presencia de las bandas criminales, las disidencias de las FARC (que desde ya se marginan del proceso en Caquetá, Guaviare y Meta), el EPL, el ELN y los nuevos grupos que se esconderán tras una bandera revolucionaria para seguir traficando (recordemos que el narcotráfico es un delito conexo con el de rebelión).  

Cifras para incautos

Por otra parte  el Ministro de Defensa ha dicho que las incautaciones de cocaína han aumentado en un 45 por ciento durante la última década. Pero Semana mostró cómo se trata de una estadística engañosa porque no hay relación entre estos números y los de laboratorios destruidos y el número de hectáreas erradicadas. 

Han pasado siete años desde la llegada al poder del presidente Santos,  las estadísticas nos muestran que la erradicación forzosa ha sido abandonada y que la fumigación masiva fue suspendida a partir de 2015. Pero desde antes se limitaron los recursos del SIMCI y se redujeron los sobrevuelos de verificación en aéreas de las FARC para “no enrarecer el ambiente de las conversaciones de La Habana”. Estas dos decisiones se tomaron, nos dijeron, en nombre de la paz.

En las regiones de cultivos ilícitos la única fuente alterna de ingresos son los servicios que proporciona el Estado.

Las incautaciones se relacionan directamente con la cantidad de coca disponible en el mercado y es un error medir la efectividad de las fumigaciones tan solo por el número de hectáreas “destruidas”. Quienes han visitado el campo, recorriendo los cultivos, hablado con los campesinos y no se han quedado sentados en Bogotá o en Washington saben que el efecto más visible de la erradicación aérea se ve en la disminución de la productividad de los cultivos.

La densidad de las siembras varía con los departamentos, pero se puede decir que a escala nacional es de alrededor de 12.000 matas por hectárea. Aunque la fumigación no destruya la totalidad del cultivo, la densidad de la siembra sí se ve afectada. Por otra parte, cuando se fumigaba y los niveles de resiembra se reducían; el lote había sido detectado y el riesgo de ser revisitado era muy alto.

El impacto de las fumigaciones sobre la productividad puede apreciarse con los datos del SIMCI: en el año 2010 se estimaba que una hectárea de coca producía unos 5 kilos de coca año y para 2015 la misma medición había llegado a casi 7 k/año/ha es decir, un aumento del 40 por ciento en la productividad como consecuencia de las políticas para “no enrarecer el ambiente de las conversaciones de La Habana”.

Basado en lo anterior está claro que las estadísticas que fundamentan la formulación de políticas contra las drogas en el país tienen problemas. Más que nunca la estadística se ha convertido en un instrumento para salvaguardar intereses políticos.

Somos nosotros los ciudadanos quienes debemos decidir si queremos continuar siendo los mayores y más prolíferos exportadores de drogas del mundo, pues llevamos 40 años en esto (desde la bonanza marimbera de los 70). ¿Queremos que nos sigan viendo como narcos cuando llegamos a un aeropuerto de otro país? ¿Queremos que sigan identificando a nuestro país solo por la coca?  

 

* Licenciado en Ciencia Política de la Universidad los Andes, Master en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. 

twitter1-1@suribe52

 

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