Edición semanal lunes 18 de septiembre de 2017

La descertificación y otros demonios

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Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump junto al Presidente Juan Manuel Santos.

Angelica DuranEl aumento indudable de los cultivos ha ocasionado esta amenaza de Trump. ¿Pero qué implica la amenaza, y qué tan cierto es que la causa de ese aumento haya sido la suspensión de las fumigaciones o el Acuerdo con las FARC?   

Angélica Durán Martínez*

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La crisis de la justicia y el tribunal de aforados

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Corte Suprema de Justicia.

Farid SamirEl escándalo de corrupción en la Corte Suprema ha revivido la idea de un tribunal especial para juzgar a los altos funcionarios, pero esta solución resulta ser absurda y contraproducente por donde se la mire. 

Farid Benavides Vanegas*

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Candidatos por firmas y sistema de partidos

(Tiempo estimado: 6 - 12 minutos)

Miembros de los partidos: Centro Democrático, Liberal, de la U, y Cambio Radical.

Monica PachonManuela MunozLos 27 candidatos a la presidencia que buscan firmas para inscribirse son la prueba palpable de la debilidad de los partidos. Y sin embargo en las elecciones para cuerpos colegiados esos mismos partidos se muestran fuertes y cohesionados. ¿Cálculos maquiavélicos o mal diseño del sistema electoral?

Mónica Pachón* - Manuela Muñoz**

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Ecuador: triunfos que imponen retos

(Tiempo estimado: 9 - 18 minutos)

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socorro_ramirezUn análisis de la transición compleja y delicada que vivirá Ecuador a raíz de la Constitución que acaba de adoptarse por voto popular, hace la experta internacionalista del IEPRI.

Socorro Ramírez

La Constitución ecuatoriana fue aprobada con una mayoría tan amplia que sobrepasó a los votos de sus opositores por más del doble (63,93% contra 28,10%) y logró la alta meta que se había impuesto el gobierno cuando convocó la Asamblea Constituyente: que el SI superara a la suma de los NO, los votos nulos (7,23%) y los votos en blanco (0,75%). Ese amplísimo apoyo consolida un nuevo momento en la historia ecuatoriana, lleno de expectativas, de oportunidades y de riesgos.

La nueva constitución abre un período de transición que se confía a una comisión legislativa especial o "Congresillo". La Comisión debe acabar de redactar algunas normas que había esbozado la Asamblea Constituyente y debe adoptar leyes fundamentales para poner en marcha el nuevo marco constitucional. Al mismo tiempo continuará la agitación electoral con miras a febrero de 2009, cuando los ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente, alcaldes y prefectos locales.

En estos seis meses de transición y de campaña, lo más difícil para el gobierno de Correa no será ganar las elecciones de febrero - pues ya lleva ventaja-  sino hacerle frente al debate político en torno al régimen de transición que puede concentrar el poder en el Ejecutivo. Y la real prueba de fuego vendrá después, cuando concluyan los dos años de campaña electoral y la nueva constitución tenga que ser aplicada.

Jornada aceptada y campaña cuestionada

Los observadores internacionales y distintos sectores ecuatorianos han calificado  las votaciones del pasado 28 de septiembre como una jornada tranquila, bien organizada y con resultados transparentes. La voluntad cívica se expresó en forma pacífica, las juntas receptoras del voto ayudaron a los electores, y se ofrecieron facilidades tanto a las personas con algún tipo de discapacidad como a los residentes en el exterior.

La transparencia de la jornada electoral se garantizó mediante un sistema de escaneo y digitación de actas en todo el país, más el acompañamiento de 70 observadores internacionales, entre quienes estaban miembros de de la OEA, de la Unión Europea, de la Fundación Carter, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y de Participación Ciudadana, además de los delegados de 14 países.

Varios analistas y observadores internacionales formularon, sin embargo, diversas anotaciones críticas tanto a la Asamblea Constituyente como a la campaña electoral. La Unión Europea, por ejemplo, señaló que, aunque el referendum estuvo "bien administrado en términos generales", los ocho meses para elaborar la Constitución "parecieron insuficientes", los partidarios -tanto del SI como del NO- irrespetaron el período de silencio tras el cierre de la campaña, hubo favorecimiento a la opción del SI desde el gobierno central y desde algunos gobiernos locales, faltó imparcialidad en los medios de comunicación estatales y no se cumplió la prohibición de usar recursos o publicidad oficial durante la campaña.

El jefe de la misión de observación de la OEA dijo que la confrontación durante la campaña del referendo y la descalificación de los adversarios desplazaron la discusión y la reflexión sobre el proyecto de constitución, lo que no contribuye a construir los consensos necesarios para darle una real vigencia a la Carta. Agregó que sería necesario aplicar límites al gasto electoral, y vedas a la publicidad del Estado y de los municipios.

En cuanto a la denuncia sobre la presunta alteración del texto constitucional que fue aprobado por la Asamblea Constituyente el 24 de julio y que no correspondería con el que fue sometido a referendo, la Misión Carter considera que ésta debe ser procesada de manera pronta y transparente por las instituciones locales correspondientes, aunque anota que el texto votado es el mismo que fue publicado en la Gaceta Constituyente y entregado al Tribunal Supremo Electoral, órgano que lo distribuyó masivamente a la ciudadanía. 

Por estas y otras razones, la oposición afirma que, así la jornada electoral fuera tranquila, bien organizada y transparente, la campaña estuvo viciada dado que diferentes ámbitos gubernamentales usaron recursos públicos, hicieron publicidad y se dedicaron a promover el SI. Señalan, además, que la comisión de redacción de la Constitución no sólo ajustó el texto para mejorar la redacción y eliminar las repeticiones, como dijo el gobierno, sino también para mutilar artículos e incluir otros nuevos o que no habían sido discutidos. Agregan que, si los asambleístas no dispusieron del tiempo suficiente para revisar y comprender el Proyecto de Constitución, mucho menos lo tuvo la población, que habría votado seducida por la oferta gubernamental de bonos, préstamos y subsidios.

Triunfo contra la partidocracia, el neoliberalismo y los "infiltrados"

El triunfo enorme de Correa se explica no sólo por la práctica tradicional de usar recursos del Estado con fines electorales - como sostiene la oposición- sino, entre otras cosas, porque el Presidente ha dado mayores muestras de  coherencia que sus antecesores, quienes también llegaron al poder montados en discursos contra la política y los políticos y con proclamas antineoliberales, pero una vez en el gobierno actuaron de manera completamente distinta.

Correa ha obtenido logros importantes. Con gran habilidad ha demostrado que puede enterrar la "partidocracia" y el "neoliberalismo" que ocasionaron graves daños sociales e institucionales, ha obtenido mayores ingresos petroleros no sólo por los altos precios del crudo sino por la reversión de antiguos contratos, y acaba de anunciar que pagará la deuda externa si las condiciones del país lo permiten, pero que, si se produce una crisis económica, la variable de ajuste será la deuda externa y no la deuda social - y que en todo caso la parte "ilegítima" del pasivo podría quedar sin pago.

Con esas banderas y como líder carismático con gran capacidad de sintonizarse con la opinión, Correa ha superado lo que el analista Simón Pachano llama "la maldición de los gobernantes ecuatorianos" de las últimas décadas, que no terminaron su mandato y cuyos partidos sólo ganaron la elección que los llevó al poder. Luego de esa secuencia de presidentes débiles y sin margen de maniobra, Correa ha triunfado en cinco elecciones realizadas en menos de dos años -las dos vueltas de la presidencial, la consulta sobre Constituyente, la escogencia de asambleístas, la aprobación del Proyecto de Constitución- y ahora se lanza triunfante a elecciones generales que incluyen hasta su propio mandato.

A diferencia de sus antecesores, Correa ha amenazado varias veces con su renuncia para presionar algunas decisiones, y la población ha concurrido a las urnas para apoyarlo. Así sucedió en los referendos para convocar la Asamblea Constituyente y para ratificar la nueva Constitución. En un sentido similar, ha planteado las últimas campañas como un referendo sobre su gestión. Por eso había dicho que si ganaba el SI no sería necesario ratificar su mandato, pero en realidad la nueva Carta le permite volver a comenzar su periodo y tener ocho años por delante, gracias a la opción de  reelección inmediata por una sola vez.

El contundente triunfo electoral le da a Correa una ventaja en la disputa interna de Alianza País, frente a un sector importante tanto en número (izquierda y movimientos indígenas) como en liderazgo (de ese sector hace parte Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y tradicional dirigente de la izquierda ecuatoriana). Y Correa, que requiere el apoyo unificado de su movimiento para las elecciones que se avecinan, necesita evitar a toda costa que en su interior surja una oposición radical conformada por quienes lo acusaron de "traición" y a quienes Correa, entre muchos epítetos, calificó de "infiltrados". Por eso, a primera hora del día de las votaciones, el Presidente visitó a Acosta, quien se mostró partidario de que el movimiento someta a elecciones primarias las nominaciones para las candidaturas, con excepción de la Presidencia, la cual, dijo, "está definida, porque Correa es el líder indiscutible, no solo en Acuerdo País sino en el país entero".

Derrota de la oposición

El NO fue significativo sólo en tres de las 24 provincias ecuatorianas. En Napo el triunfo opositor fue contundente (NO 55,43%, SI 38,79%) en buena medida por acción del expresidente Lucio Gutiérrez. En Orellana el resultado fue ajustado (SI 46,73%, NO 45,87%) debido a una controvertida acción del gobierno contra la ex prefecta, maltratada cuando fue detenida y cuya liberación, luego de ser absuelta, tardó en ejecutarse inexplicablemente. En Guayas la administración provincial, desgastada luego de muchos años en el poder, resultó derrotada (SI 51,02%, NO 41,21%) pero en su capital, Guayaquil, el NO ganó por un estrecho margen (46,97 contra 45,67%).

El caso de Guayaquil es el más significativo, pues se trata del municipio más grande del país y de un puerto con gran dinamismo económico, a diferencia de Quito, donde el Estado y el gobierno son el motor de todas las actividades. Es en Guayaquil donde, desde la conformación de la república en el siglo XIX, se ha expresado un fuerte regionalismo en disputa con la capital. A ello se añade que, en las últimas décadas, se ha producido una fuerte identificación entre la comunidad y el alcalde Jaime Nebot, quien es percibido como la segunda figura después del Presidente y, como tal, expresa posiciones nacionales y no sólo regionales.

Por esas razones y porque se trata del único referente opositor con fuerza política significativa, el alcalde Nebot, del Partido Social Cristiano, se consagró como cabeza visible y como principal bastión de la oposición. Además, desde el comienzo de su gobierno, Correa lanzó una ofensiva para derrumbar las bases del regionalismo guayaquileño, convirtiendo así a Nebot en su mayor contrincante.

El estrecho margen de diferencia en las encuestas entre los partidarios del SI y los del NO llevó a Nebot a advertir que si triunfaba el SI en Guayaquil no seguiría al frente de la alcaldía pues "si la ciudad no me dio el aval cívico, les deseo la mejor suerte a Ecuador y a Guayaquil. Pero no puedo pasar de una vida exitosa a ser una persona maniatada. No habrá la fuerza moral, cívica y democrática para hacer respetar nuestro modelo de desarrollo".

Así, hasta en Guayaquil, pese al triunfo del NO, los antiguos partidos políticos quedaron mal parados o sepultados. Y fuera de allí, la oposición no contó con liderazgo, organización, estrategia, estructuración ni alternativas. A veces se sintió más la oposición de la Iglesia Católica y de los medios de comunicación que la de los partidos tradicionales. Algunos quisieron suplir esas deficiencias con los "Consejos de Jóvenes" - venezolanos opositores- que fueron invitados al Ecuador. Pero la derrota de la oposición equivale al entierro de la partidocracia.

El amplio alcance de lo aprobado

El triunfo del SI no es sólo la aceptación del texto abigarrado y reglamentarista de más de 500 artículos (444 del cuerpo principal, mas 30 transitorios, mas 30 adicionales del régimen de transición). Es, además, la validación de muchas decisiones que la Asamblea Constituyente tomó por  mayoría, algunas de las cuales, según la oposición, estarían por fuera del mandato otorgado en la consulta.

El triunfo del 28 de Septiembre también le despeja el camino al proyecto político de Correa, quien ha dicho que su país requiere de un cambio "profundo, radical y rápido", basado en una "revolución ciudadana" que, presenta como "la última oportunidad pacífica" para cambiar una historia de injusticia y desigualdad.

La Constitución provee un nuevo marco jurídico-político para reestructurar el Estado ecuatoriano. El Ejecutivo resulta claramente fortalecido, puesto que recibe más funciones y capacidad de gestión que las demás ramas del Estado, al poder intervenir el Banco Central, la Corte Suprema o los órganos de control, y al poder nominar a los responsables de los organismos de control, desde el constitucional hasta el de cuentas. Se cambia entonces el sistema corporativo de la Constitución de 1998, pero se mantiene la injerencia política en dichos órganos.

El texto ha sido calificado como centralizador y estatista, pues otorga al Presidente facultades e instrumentos legales que, según teme la oposición, podrían permitirle un rápido y fuerte control institucional y de los poderes del Estado. De hecho, el Congresillo puede elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, de los organismos electorales y del consejo de "participación ciudadana y control social", además del contralor, el defensor del pueblo, el fiscal general, el procurador y los superintendentes de empresas, telecomunicaciones y seguros.

Los apartes constitucionales que más consenso generan son los referidos a los derechos individuales y sociales, así como el énfasis en la protección del ambiente, que se convierte en sujeto de derechos - los cuales pueden ser demandados por cualquier ciudadano y tutelados por los jueces-. Además, el desarrollo sostenible se plantea como base de los derechos colectivos, ante todo, de los pueblos ancestrales y las nacionalidades indígenas.

La nueva Constitución asigna la custodia y respeto de las soberanías nacionales a los pueblos, de manera indelegable. Establece, además, que la economía no tiene por objetivo el crecimiento sino el buen vivir, que debe ser conseguido con la soberanía alimentaria y económica, con la regulación del sistema financiero o el endeudamiento público, con la propiedad o el trabajo para hacer efectivos los derechos sociales. También coloca al ser humano y al trabajo como soportes de la construcción del desarrollo, de la economía, de los tres cuerpos legales, y como centro de la actividad del Estado; y a la justicia y la redistribución de la riqueza como ejes de la gestión pública.

No obstante ese consenso, algunos opositores reducen esas definiciones a la profundización de la injerencia del Estado en la vida del individuo. Además, destacan como ambiguas las partes que se refieren a la descentralización y al desarrollo económico, que -según ellos- podrían suscitar distintas interpretaciones y manejos particularistas.

Otro tema controversial se refiere al poder denominado "de transparencia y control social", que constituye a los ciudadanos en garantes y fiscalizadores de todos los actos de la administración estatal, con representación de la sociedad civil organizada. La crítica se refiere al "consejo de participación ciudadana y control social", que, sin ser elegido, asume muchas facultades parlamentarias, y podría terminar en ampliación del poder gubernamental.

Los retos por venir

Una vez pasen los dos años de transición y campaña electoral y una vez  Correa sea ratificado, cuenta con todos los instrumentos legales, con el  apoyo popular y con la posibilidad de gobernar hasta 2017, para mantener la unidad nacional y aplicar la nueva Constitución. Entonces tendrá que cumplir y mostrar resultados, pues el pasado ya no servirá para explicar los problemas. Será evaluado por su competencia y tendrá que responder por sus actos y omisiones.

Correa está obligado a resolver los problemas más acuciantes del país - y más ahora que ronda la incertidumbre económica-. La inversión extranjera se ha paralizado y en los dos años que lleva de gobierno la generación de empleo ha sido mínima. La inflación aumenta y el crecimiento de la economía es lento, mientras el ya abultado gasto público podría incrementarse por los compromisos impuestos por la Constitución. Hasta ahora, el Presidente ha sorteado la situación gracias a los altos precios del crudo. Pero a los problemas fiscales y productivos, ahora se le suman la crisis financiera mundial y los vaivenes energéticos, que obligan a políticas austeras en contravía de las grandes expectativas y elevadas metas que el gobierno ha prometido.

Comienza, además, un período de desafíos en la construcción de un Estado que mantenga la separación de poderes, y que tome en consideración la advertencia sobre una peligrosa incubación de riesgos autoritarios y de concentración de poder. Son retos mayores que le exigen al Presidente actuar con ponderación y concertación para evitar la polarización. Tensar la cuerda hasta los extremos solo llevaría a rupturas dramáticas, que impedirían las transformaciones más perdurables hacia una sociedad justa y armónica.

Un tercio de la población no aprobó la Constitución y otro 25% se abstuvo de votar el pasado 28 de Septiembre. Mantener la confrontación total con el alcalde de Guayaquil puede acentuar las tensiones tradicionales entre la costa y la sierra.  Esto  por supuesto no depende tan sólo de Correa. Nebot aceptó el triunfo del sí, manifestó que está abierto al diálogo y que no pretende convertir a Guayaquil en una trinchera contra el gobierno, aunque advirtió que defenderá la autonomía, que resistirá cualquier intento totalitario y que se opondrá al modelo de desarrollo del "socialismo del siglo XXI". El alcalde de Guayquil también tendrá la responsabilidad de servir de contrapeso al poder ejecutivo y de contribuir a mantener la democracia, evitando profundizar la polarización y la ruptura. Sin embargo, el alcance y la duración del mandato gubernamental y de la nueva Constitución dependerán de la capacidad de diálogo del gobierno, pues este es indispensable para lograr grandes acuerdos nacionales que permitan construir una institucionalidad sólida, y fortalecer la democracia y la lucha contra la pobreza, la inequidad y la exclusión social.

 

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