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Ser Pilo Paga no debería ser política de Estado

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Programa Ser Pilo Paga.

Adolfo AtehortuaEl programa bandera del gobierno Santos no aumenta la equidad, la cobertura, ni la calidad de la educación superior. Así lo muestra esta mirada concisa y objetiva sobre las cifras y las realidades del programa. ¿Qué hacer en cambio?

Adolfo León Atehortúa Cruz*

La propuesta

El Gobierno Nacional ha propuesto que el Programa Ser Pilo Paga (PSPP) sea política de Estado.

En este artículo intento demostrar la inconveniencia de una política que:

  1. No resuelve la inequidad en el acceso a la educación superior
  2. No amplia la cobertura del sistema universitario
  3. No necesariamente promueve una educación de calidad
  4. Perjudica financieramente a las universidades públicas

Educación para unos pocos

Financiamiento de la Universidad Pública.
Financiamiento de la Universidad Pública.  Financiamiento de la Universidad Pública.  
Foto: Colciencias

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Así lo ha señalado la Cepal en su “Panorama Social de América Latina” de 2015 y 2016 y el PSPP no apunta a superar dicha situación. Cada año obtienen el título de bachiller cerca de 500 mil jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, y 50 mil más presentan la Prueba Saber 11 para acceder a la educación superior.

Apoyar con créditos condonables a 10 mil de ellos —aproximadamente el 2 por ciento— no resulta significativo y no garantiza el derecho a la educación que consagra el Artículo 67 de la Constitución de 1991.

El PSPP beneficia a un porcentaje reducido del total de bachilleres que aspiran a la educación superior

El modelo de Ser Pilo Paga financia la demanda y beneficia a un grupo exclusivo de universidades privadas que reciben una especie de subsidio directo del Estado para solventar sus gastos operacionales, costear inversiones o apalancar su crecimiento. La banca, los constructores y otros sectores del capital se favorecen por vía indirecta en los recorridos que realizan esos dineros

Con una inversión similar para financiar la oferta de las Instituciones Públicas de Educación Superior se beneficiaría a un mayor número de bachilleres, garantizando la calidad de su formación, aunque el flujo de los recursos sería más simple y directo.

Apostándole a un porcentaje tan reducido del total de bachilleres que aspiran a la educación superior, el PSPP profundiza la inequidad social en Colombia.

Más estudiantes y los mismos cupos

Según el Ministerio de Educación Nacional, por cada 100 estudiantes graduados anualmente en secundaria, solo 38 ingresaron a la universidad.  Por lo tanto, cerca de 400 mil bachilleres no acceden a la educación superior y una de las razones fundamentales es la falta de cupos.

Para los 10 mil estudiantes del PSPP, el Gobierno Nacional no abrió nuevos cupos, ni amplió la cobertura significativamente. En las instituciones estatales, los estudiantes del Programa han competido por los cupos ya existentes, y varias universidades no oficiales han dispuesto de los cupos vacantes sin crear otros nuevos.

En el caso de las universidades de alto costo, el PSPP ha resuelto en parte la falta de  estudiantes suficientes, sin que ello se traduzca en reducciones en el costo de las matrículas o el valor de sus servicios. Por el contrario, las matrículas en estas universidades han sido aumentadas dramáticamente, al punto de provocar manifestaciones de rechazo por parte de sus estudiantes, propiciando su migración hacia las instituciones públicas o a otras del exterior.

¿Calidad para todos?

Suele decirse que los estudiantes del PSPP prefieren a las universidades privadas sobre las estatales porque tienen más calidad educativa.

Esto no es más que un prejuicio sin fundamento. Desde luego no se trata de negar la calidad de muchas universidades privadas. Sin embargo, autores como Jaime Yañez Canal han señalado que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y el mismo Ministerio de Educción Nacional otorgan mayores períodos de acreditación para las universidades estatales porque tienen mayor confianza en su calidad educativa.

Además, indicadores recientes de Colciencias (convocatorias 768 y 781) muestran que las tablas de revistas indexadas están encabezadas por las universidades públicas y que los grupos de investigación mejor reconocidos pertenecen a ellas.

Ampliar los recursos para las IES públicas sería invertir a largo plazo en la cobertura y el desarrollo de una formación de calidad para la mayoría

Julián de Zubiría Samper señaló con razón que las universidades estatales ofrecen mayor calidad a sus estudiantes en competencias como lectura crítica y razonamiento matemático. La Universidad Pedagógica Nacional, la de Antioquia, la Nacional, la del Valle y la Industrial de Santander sobresalen en estos ámbitos sin discusión.

La libertad de elección que tienen los estudiantes se ve truncada entonces por percepciones equivocadas y por sofismas. Por ejemplo, la calidad de la infraestructura de las universidades privadas y la movilidad social que pueden ofrecer tienden a inclinar la balanza.

 Las finanzas de las universidades públicas

Estudiantes de educación superior
Estudiantes de educación superior
Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Esta es una verdad irrefutable: el PSPP no da recursos a las universidades estatales.

Por eso algunas universidades públicas se han negado reiteradamente a abrir cohortes especiales con pruebas de admisión diferenciadas. El Programa les ha exigido a las instituciones estatales la adquisición de más recursos que el Estado no provee.

  • En la primera versión del Programa se canceló a las universidades públicas la matrícula mínima de los estudiantes admitidos. Solo a partir de la cuarta versión se ha prometido un tipo de liquidación diferente y realista, que compense los costos operacionales de cada estudiante.

En las versiones 1 y 2, las Instituciones de Educación Superior no oficiales recibieron 22.147 jóvenes, es decir, el 98.4 por ciento del presupuesto del Programa. Las públicas matricularon solo a 3.555 y recibieron apenas el 1.6 por ciento de sus recursos.

Según el Observatorio de la Universidad Colombiana, cinco universidades se llevaron el 51,51 por ciento de los recursos totales, con 7.918 estudiantes. Cada estudiante de estas cinco universidades le costó al Estado casi 15 veces el valor promedio de lo que paga un estudiante en las catorce universidades públicas acreditadas. Eso sin tener en cuenta gastos de manutención y sin descontar el aporte que hacen las IES públicas al Programa.

  • A partir de la segunda versión, el Ministerio de Educación decidió entregar a las universidades estatales un monto determinado por cada estudiante, calculado a partir de la matrícula promedio de sus estudiantes de pregrado y las transferencias del Estado a la universidad.

Pero el pago desconoce el esfuerzo de las universidades estatales por suplir con recursos propios, consultorías, asesorías y extensión, los costos misionales que el Estado no aporta. Por lo tanto las universidades estatales no reciben lo que en realidad les cuesta cada estudiante, sino que deben aportar al PSPP con su escaso presupuesto.

El PSPP lleva en su seno un número importante de potenciales deudores del Estado con la tasa de matrículas más alta del continente.

Lo anterior agrava la des-financiación a la que están sometidas las instituciones públicas: en gruesa parte de las universidades estatales, la partida del Estado alcanza un valor cercano al 50 por ciento de sus presupuestos, obligándolas a buscar el 50  por ciento restante con recursos propios.

  • Para la tercera versión, aunque aumentó la cantidad de estudiantes del Programa en algunas universidades públicas, la proporción de los ingresos para las instituciones privadas siguió siendo altísima: 94 por ciento del total.

Nada asegura que el treinta por ciento de los cupos del Programa sean para las universidades estatales, como lo anunció el Gobierno en el momento de lanzar la cuarta versión. En todo caso, esto no lograría trastocar una tendencia estructural de su concepción original.

El costo de los 40 mil estudiantes previstos para el PSPP puede llegar a superar los 3,5 billones de pesos, incluidos los subsidios de sostenimiento, sin considerar los costos adicionales de la deserción. Esta suma -¡para solo 40 mil estudiantes!- es semejante a la girada por la Nación a las universidades públicas para la atención de 600 mil estudiantes en un año.

Conclusiones

Universidad del Valle
Universidad del Valle
Foto: Alcaldía de Santiago de Cali

Con el PSPP se beneficia individualmente a un reducido número de estudiantes. En cambio, ampliar los recursos para las IES públicas sería invertir a largo plazo en la cobertura y el desarrollo de una formación de calidad para la mayoría, pues sus recursos se destinan a

  • Infraestructura
  • Dotación
  • Sistemas bibliotecarios
  • Bases de datos
  • Laboratorios
  • Ampliación de la planta docente
  • Mejores condiciones de contratación para los docentes
  • Fomento de la investigación
  • Oportunidades de internacionalización
  • Bienestar universitario

El PSPP es ineficiente desde el punto de vista financiero; no aumenta la cobertura educativa con calidad, ni ayuda a reducir la inequidad social. Por el contrario, profundiza la tendencia privatizadora de la educación superior.

El Programa no solo no aporta financieramente a las universidades estatales, sino que les quita  recursos tan cuantiosos como los recaudos por el antiguo Impuesto para la Equidad (CREE) —hoy: Impuesto sobre la renta y complementarios— y las somete a cofinanciar la matrícula de los estudiantes que reciben del PSPP.

Además, dado que el PSPP no ofrece becas sino créditos condonables, lleva en su seno un número importante de potenciales deudores del Estado con la tasa de matrículas más alta del continente. Las consecuencias de esta regresión anunciada no son visibles todavía, pero golpearán en su momento a familias empobrecidas. Un índice preocupante que, sin duda, deberá ser socorrido por el Estado.

En contra de lo que tanto se ha repetido, el PSPP no ha mejorado los resultados de las Pruebas Saber 11. Los progresos iniciales durante los años 2015 y 2016 han sido marginales, y diversos ejercicios econométricos no infieren diferencias significativas en los resultados obtenidos por beneficiarios y no beneficiarios del Programa. Recientemente Julián De Zubiría se preguntó cómo explicaría entonces el Ministerio de Educación la nueva caída de 0,6 puntos en el promedio del ICFES para el año 2017.

Las críticas al PSPP se dirigen a su concepción, diseño y carácter. No plantean una especie de “guerra del centavo” entre universidades públicas y privadas,  y no buscan perjudicar a sus beneficiarios. A estos estudiantes el Estado debe garantizarles su formación en las condiciones que escogieron.

Estas críticas quieren invitar a la reflexión para evitar que un programa inconveniente para la sociedad se convierta en política de Estado para beneficio de unos pocos. La educación es un derecho fundamental, no una mercancía.

* Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, historiador, doctor en Sociología,  autor de varios libros sobre conflictos en Colombia, entre las cuales sobresale “El poder y la sangre. Las historias de Trujillo, Valle”.

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