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Nuestras costas y zonas marinas descuidadas

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Turismo en las playas colombianas.

ana amayagerman rivillasluis oterooscar alvarezTurismo adocenado, apropiaciones privadas y explotación de recursos en vez de manejo integral y proyección hacia el siglo XXI. Además de ser escasas, dispersas e insuficientes, las normas sobre estas zonas a menudo perjudican al ambiente sano y a las comunidades. ¿Qué hacer?*

Ana Lucía Maya** Luis Otero Díaz*** Germán Rivillas Ospina**** Oscar Álvarez Silva*****

Nos falta un marco jurídico

Colombia es un país privilegiado con 3.000 kilómetros de costa sobre los dos océanos más grandes del mundo, pero la protección de los ecosistemas en zonas marino-costeras no ha sido prioridad de nuestros legisladores. Infortunadamente, para nuestros gobernantes las costas y los mares sirven solo para hacer turismo insostenible, para construir viviendas y para explotar recursos naturales.

Colombia no cuenta con un marco legal unificado para la protección y el manejo de los ecosistemas marinos y costeros. Las normas al respecto se dispersan entre asuntos como la seguridad nacional, el transporte, la pesca y el turismo.

Verdad que en los últimos años se han presentado en el Congreso varios proyectos de ley de costas; pero algunos de estos proyectos han sido retirados por los congresistas y otros han sido archivados por vencimiento de los términos para ser tramitados.

Asunto intersectorial

Hoy por hoy hay dos proyectos en curso:

  • El proyecto 097 de 2016C de la Cámara, “por medio de la cual se dictan normas sobre la ordenación integrada de las zonas marinas, costeras e insulares del territorio colombiano, se promueve su preservación y uso sustentable”, y
  • El proyecto de ley 013 de 2017 del Senado, “por el cual se establecen medidas de protección y uso de las playas marinas y terrenos de bajamar y se dictan otras disposiciones, ley de costas”.

Pese a contener algunos aspectos positivos —como las medidas de educación ambiental—ninguno de los dos proyectos asegura la necesaria coordinación entre los sectores involucrados en la gestión y protección de las zonas marino-costeras, como el ambiental, el de seguridad nacional y el de gestión de desastres.

Colombia no cuenta con un marco legal que regule de forma unificada la protección y el manejo de los ecosistemas marinos y costeros.

Los asuntos marino-costeros no solo involucran temas ambientales, sino de soberanía y defensa del territorio, además de factores de riesgo para los pobladores, como la erosión costera, las inundaciones, la destrucción de los arrecifes de coral, la reducción de las especies marinas y el aumento del nivel del mar, que pueden llegar a causar el desplazamiento ambiental masivo de comunidades.

Competencias y recursos

Zonas costeras de Colombia
Zonas costeras de Colombia
Foto: Ministerio de Ambiente

Los proyectos tampoco atienden bien los problemas históricos de competencia en cuanto a la delimitación, recuperación y protección de las playas. 

  • Según el proyecto que cursa en el Senado, la delimitación estaría a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Pero esta competencia va más allá del apoyo en la cartografía básica que este instituto está capacitado para prestar, porque la delimitación no depende solo de consideraciones geográficas sino político-administrativas y de una visión integral que proteja los ecosistemas.
  • El proyecto que cursa en la Cámara señala de manera genérica que el Departamento Nacional de Planeación debe formular una política nacional donde se determinen las competencias, los alcances y los mecanismos de articulación de las entidades públicas.

Dice también que el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales “ejercerán las acciones¨ para establecer y reforzar los arreglos institucionales, administrativos, financieros y legales necesarios para desarrollar una gestión integrada de los ecosistemas marinos y costeros. Pero, ¿cuáles son los arreglos necesarios? No se sabe.

Para abordar el tema financiero, el proyecto de ley del Senado dispone crear el Fondo para la Recuperación y Mantenimiento de las Playas Marinas y Terrenos de Bajamar. Señala también que los recursos serán distribuidos entre los distintos municipios y distritos ubicados en el territorio costero, así como en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Pero a menudo los problemas de las zonas costeras son comunes a varios departamentos, distritos y municipios. Por lo tanto se necesitan soluciones e inversiones nacionales, que lógicamente deben ser administradas y ejecutadas por una autoridad nacional y no por entes territoriales.

Apropiaciones privadas

Además de la escasa actividad legislativa, los intentos por regular la propiedad de las zonas costeras siguen la desafortunada tendencia de otros países latinoamericanos: permitir actividades de explotación de alto riesgo ambiental y reducir la extensión de las playas públicas.

Un ejemplo es el proyecto de ley  072 de 2017C “por la cual se desafectan algunos terrenos de bajamar y se ordena la titulación por primera y única vez de los predios ubicados en dichas zonas.”

El proyecto pretendía que los territorios de bajamar perdieran su calidad de bienes de uso público para ser destinados a vivienda y comercio, reduciendo a su mínima expresión los requisitos para la concesión de empresas privadas no portuarias.

Los asuntos marino-costeros no solo involucran temas ambientales, sino de soberanía y defensa del territorio colombiano y factores de riesgo para la población.

El proyecto también se proponía titular los terrenos de bajamar a comunidades étnicas y a personas particulares. Si bien es fundamental reconocer la titularidad de los territorios colectivos que han sido ocupados ancestralmente por las comunidades étnicas, la solución no puede ser la titulación para construcción de vivienda en zonas de bajamar, dado que estas tienen un alto riesgo asociado con fenómenos naturales como tsunamis, eventos hidrometeorológicos extremos, erosión costera y los efectos del cambio climático.

Además, a renglón seguido del reconocimiento de las comunidades étnicas, se menciona también a los particulares como beneficiarios de la titulación para que los terrenos de bajamar pudieran ser destinados a vivienda y comercio. Nada más grave para la protección de las zonas costeras que la construcción de infraestructura que restrinja el acceso público y afecte los ecosistemas. El impacto del oleaje durante una marea de tormenta, el paso de un huracán o situaciones de erosión costera intensa, pueden poner a la población en una situación de riesgo.

Un proyecto de tal naturaleza contraría la Constitución colombiana y la legislación, que buscan proteger el uso y disfrute de los bienes de uso público y su naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable. Afortunadamente, el proyecto fue archivado en el Congreso

Qué hacer

Congreso de la República de Colombia.
Congreso de la República de Colombia.  
Foto: Ministerio de Interior

Este es un momento crucial para regular la protección y el manejo integrado de las zonas marino-costeras.

En materia institucional, Colombia necesita una autoridad nacional, como una Dirección Nacional para el Manejo Integrado de Zonas Costeras, que pertenezca al sector ambiental y oriente a todas las instituciones involucradas, supervise y controle las intervenciones en los ecosistemas marinos y costeros.

También se requiere un Sistema de Información Marina y Costera, que permita el acceso y la descarga libre de información de carácter cualitativo y cuantitativo sobre los océanos, sus amenazas, vulnerabilidad y uso de las zonas costeras.

El conocimiento científico, socio-ambiental y legal debe ser considerado en el proceso legislativo y la toma de decisiones de la administración pública.

El sistema debe recoger la información recolectada por la red instrumental de las instituciones públicas de Colombia. Una herramienta de esta naturaleza facilitaría la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, serviría de base para las acciones de protección ambiental y alimentaría los procesos de investigación técnico-científica de las instituciones del Estado y de las instituciones académicas.

Debe ordenarse la adopción obligatoria de un Plan Nacional de Manejo Integrado de Zonas Costeras, así como de todos los planes departamentales y locales que no han sido adoptados en Colombia. Estos planes deben abarcar a las diversas entidades y dependencias involucradas en el manejo de las zonas y asegurar la participación de las comunidades étnicas y locales, las universidades y las organizaciones civiles, además de ser objeto obligatorio de la consulta previa con las comunidades étnicas.

Los planes de manejo integrado de zonas costeras y las políticas para proteger los ecosistemas marino costeros deben estar articulados con los planes y programas de mitigación y adaptación al cambio climático. Adicionalmente proponemos que el informe sobre formulación, ejecución y evaluación de los mismos sea incluido en las Contribuciones Nacionales Determinadas del Acuerdo de París sobre cambio climático y los reportes de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo 13 sobre cambio climático y el objetivo 14 sobre protección de la biodiversidad marina y costera.

La legislación colombiana sobre protección de las zonas marino-costeras debe incluir los principios de desarrollo sostenible. En particular una norma específica sobre el principio de precaución, según la cual el Estado se abstendrá de conceder licencias, concesiones, autorizaciones y permisos para el desarrollo de un proyecto, una obra o una actividad ejecutada por el Estado o los particulares, ante la falta de certeza científica sobre los potenciales daños a los ecosistemas marinos y costeros.

Para cerrar este artículo hacemos un llamado para que el conocimiento científico, socio-ambiental y legal, tanto de los institutos de investigación especializados del Estado como de las universidades, sea considerado en el proceso legislativo y la toma de decisiones de la administración pública.

Colombia está en mora de aprovechar el enorme potencial de las contribuciones de la academia para la protección los ecosistemas marinos y costeros.

 

*Basado en la intervención ante el Senado del Grupo de Litigio de Interés Público —Clínica de Derecho Ambiental (CDA) del Grupo de Investigación en Geociencias (GEO4) y el Instituto de Desarrollo Sostenible (IDS) de la Universidad del Norte de Barranquilla.

** Profesora de derecho y coordinadora de la CDA, directora para América Latina de la Red Global para el Estudio de los Derechos Humanos y el Ambiente.

*** Oceanógrafo Físico, doctor en Ciencias y Tecnologías Marinas, profesor del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte.

**** Director del IDS, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte.  

**** Ingeniero civil y Doctor en Ciencias del Mar, profesor del Departamento de Física y Geociencias y coordinador del Área de Geociencias de la Universidad del Norte.

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