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La verdad en guerra: amenazas contra medios y periodistas

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Jimena Dussan periodista colombiana de la Revista Semana.

Mario MoralesMás que las eternas represalias por el trabajo de algunos periodistas, hoy estamos asistiendo a una cruzada para imponer una cierta lectura del conflicto como versión oficial de la historia.   

Mario Morales*

Fabricando la opinión

Este año se han registrado cientos de amenazas contra periodistas, líderes de opinión y medios de comunicación. La zozobra es permanente porque, a pesar de las  denuncias, aún no se conocen resultados de las investigaciones prometidas por las instituciones del Estado.

A diferencia de lo que solía ocurrir, esta vez las amenazas no son para acallar investigaciones o denuncias por corrupción u otros delitos. Los nuevos objetivos son:

  • Amedrentar a individuos o grupos específicos, a modo de advertencias para sus colegas;
  • Crear confusión al intimidar a comunicadores de distintas corrientes políticas para ocultar de donde vienen la amenazas;
  • Acallar las voces independientes manipulando lo que dicen o piensan, acosándolas judicialmente o conminándolas a autocensurarse en un momento crucial para la concreción de la paz y la reconciliación.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quienes amenazan atacan los proyectos o intentos de investigación, así como las interpretaciones u opiniones críticas sobre los temas sensibles para el país. Y estos ataques afectan tanto a los periodistas  y  medios masivos de comunicación como a quienes se expresan a través de las redes  sociales.

Con lo anterior se busca producir lo que el periodista Walter Lippman llamó un “consenso manufacturado”. Noam Chomsky retomó este concepto para explicar cómo y por qué la formación de opinión pública no es un proceso espontáneo o inocente sino un “fenómeno corporativo y emergente”.

Sólo que ahora en Colombia se le está agregando la manipulación desde las sombras y el anonimato.

Narrativas de la paz

Periodismo en Colombia.
Periodismo en Colombia.
Foto: Emisora cultural del Huila

Como en la novela 1984, algunos medios de comunicación se han empeñado en una narrativa acerca del proceso de paz que pretende ocultar, disipar o confundir una verdad recuperada a partir de documentos y trabajo periodístico.

A esa verdad se anteponen los prejuicios para exacerbar las emociones y creencias de los ciudadanos y hacer creer, como decía Orwell, que la guerra es paz y la paz es guerra; que la ignorancia –entendida como ausencia de verdad– es fuerza.

Quienes amenazan atacan los proyectos o intentos de investigación, así como las interpretaciones u opiniones críticas sobre los temas sensibles para el país. 

En el fondo, parecen estar en disputa dos versiones distintas sobre lo ocurrido –y lo que está sucediendo– en relación con el conflicto armado colombiano en los últimos años. Así lo demuestra la sensibilidad de algunos sectores cuando la Comisión de la Verdad solicitó acceso a los informes de inteligencia del conflicto.

Consecuencias nefastas

Las amenazas proferidas por grupos de extrema derecha surgen en un momento crítico de fanatismo contra el desarrollo del Acuerdo de paz. La Comisión de la Verdad ha sido un tema particularmente sensible- y tanto así que sus directivas han sido objeto de videos manipulados y señalamientos plagados de improperios-.

Casi todos los periodistas amenazados están relacionados de una otra manera con el proceso de paz, el pluralismo, la inclusión y el trabajo periodístico para dar visibilidad a las víctimas. Esto los pone en una situación de indefensión y riesgo similar a la de los líderes sociales que trabajan por los derechos humanos y las libertades individuales y sociales.

Algunas de las violaciones a la libertad de expresión que siguen sin esclarecerse son:

  • Las amenazas en Internet contra María Jimena Duzán, columnista de Semana y declarada defensora de la paz;
  • Las amenazas contra Jineth Bedoya, defensora de los derechos de las mujeres;
  • Las amenazas contra La Silla Vacía, medio independiente que investiga el poder;
  • Las amenazas contra Jorge Espinosa, Juan Pablo Latorre y Yolanda Ruiz –comunicadores de RCN pertenecientes a un equipo serio y probo en el cubrimiento de la actualidad nacional– cuando se referían a las intimidaciones a sus colegas;
  • Las más de diez amenazas contra el periodista y activista Ricardo Ruidíaz, quien ha denunciado la trata de menores, así como las amenazas y asesinatos de líderes sociales en el Magdalena Medio;
  • Las amenazas contra la periodista Catalina Vásquez por sus denuncias de violación de derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín;
  • Las amenazas contra Laura Montoya, quien ha venido publicando acerca de los crímenes contra líderes sociales en Mocoa, Putumayo;
  • Las amenazas contra Fernando Londoño, director del programa “La hora de la verdad”, y Luis Carlos Vélez de la emisora La FM.
  • Las agresiones verbales y el decomiso de celulares a Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista y colaborador de varios medios hablados y escritos del país;
  • Las amenazas contra Januaria Gómez, quien tuvo que irse de Segovia, Antioquia por sus reportajes acerca de irregularidades en la minería y de daños al medio ambiente;
  • Las advertencias de atentado contra los diarios La opinión y Q’Hubo por sus denuncias de bandas delincuenciales en Cúcuta, y
  • El veto impuesto a los reporteros de Frontera Estéreo, una emisora en Maicao, para hablar del alcalde, de aspirantes a cargos públicos o de entidades estatales.

La consecuencia directa de estas amenazas para los comunicadores y sus audiencias, especialmente en las regiones, es la sensación de caos y peligro que deviene en miedo a expresarse y en temor a actuar por falta de garantías.

Los efectos colaterales son la parálisis o la autocensura en el proceso de encontrar y decir la verdad sobre el presente y el pasado reciente en los medios masivos – e inclusive en las redes sociales-  

El miedo aumenta ante la falta de resultados de las pesquisas oficiales, pues las  autoridades tienden a investigar ataques consumados pero no a prevenirlos, y muestran negligencia a la hora de garantizar el ejercicio profesional en situaciones de riesgo. Precisamente por eso, las autoridades han contribuido a naturalizar una prensa escoltada, que no favorece el ejercicio de un periodismo libre e independiente.

La responsabilidad del periodismo

La excitación excesiva frente al futuro inmediato del país está tocando a los medios que han caído en la trampa incendiaria de la sectarización, que se manifiesta en debates virulentos y efectistas, como los que se han venido dando especialmente en la radio.

El disenso y la vehemencia nada tienen que ver con la grosería o las descalificaciones ad hominem. De allí a las amenazas hay solo un paso. 

Esta agitación alcanzó un punto deplorable en la confrontación verbal entre el litigante Abelardo de la Espriella y el analista Ariel Ávila, quien acusó a su oponente de maltrato verbal y de decomiso de los teléfonos celulares con los que grababa lo que decía el abogado.

Los medios, que tienen el poder de legitimar lo que dicen y piensan sus audiencias, no pueden seguirle el juego a los insultos y las estigmatizaciones en los debates sobre temas importantes solo por aumentar la sintonía. El disenso y la vehemencia nada tienen que ver con la grosería o las descalificaciones ad hominem. De allí a las amenazas hay solo un paso.

La autorregulación que deben practicar los panelistas tiene que comenzar con el ejemplo desde la producción y realización de los espacios periodísticos, cuyo propósito ha de ser el esclarecimiento de situaciones coyunturales mediante la exposición bien argumentada de ideas diversas.

La construcción de la verdad no se puede comprender como una lucha entre visiones radicalmente opuestas o como una guerra entre enemigos al cabo de la cual tiene que haber vencedores y vencidos.

Cifras alarmantes

Proceso de paz.
Proceso de paz.
Foto: Presidencia de la República

Para acabar de nublar el panorama del ejercicio periodístico, a esta altura del año ya son casi 300 las víctimas de violaciones a la libertad de expresión, según el seguimiento que hace la FLIP. De esas violaciones:

  • 55 son en Bogotá;
  • 22 en Antioquia;
  • 22 en Huila, y
  • 10 en Magdalena.

Hasta el momento, de estas violaciones:

  • 124 corresponden a amenazas;
  • 32 a acoso judicial;
  • 26 a obstrucción del trabajo periodístico;
  • 19 a hostigamiento;
  • 19 a estigmatización;
  • 17 a agresión.

El estado de cosas es tan preocupante que 19 entidades, cinco de ellas embajadas en Bogotá, ONGS y la oficina del Alto o Comisionado para los Derechos Humanos elevaron su voz pidiendo garantías para los periodistas. Por ahora hay una tímida respuesta de la Fiscalía que anunció avances en dos casos, pero necesitamos medidas eficaces, más allá de las investigaciones post factum o de las escoltas engorrosas que han sido sugeridas.

Frente a este panorama desolador es necesario salvaguardar a la prensa, eje de la democracia. El Estado debe dar resultados en la búsqueda de los victimarios; los gobiernos de Santos y Duque deben condenar estas violaciones y tomar medidas, ojalá de manera conjunta, con el apoyo de los organismos de protección. Finalmente, los medios y periodistas deben actuar como un solo cuerpo y los ciudadanos unirse a esta defensa de la libertad de expresión, que es la suya representada en sus comunicadores.

No es poco lo que hay en juego. Más que de mejorar en las lúgubres estadísticas que nos ubican como uno de los países más inseguros de la región y del mundo para el ejercicio periodístico, se trata de defender la vida, honra y bienes de los reporteros y la independencia de los medios.

Pero, sobre todo, se trata de no perder la posibilidad de construir un relato fidedigno de nuestros acontecimientos para impedir que fuerzas oscuras nos arrebaten la verdad.

* Analista, columnista y profesor asociado de la Universidad Javeriana. @marioemorales y www.mariomorales.info

 

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Comentarios  

Hernán
0 # SrHernán 30-07-2018 09:38
Si las instituciones del estado son manejadas por personas con sesgo político o son nombradas para servir a intereses particulares, no vamos a tener paz real en nuestro país
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