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Sapos morales y populismo legal: el caso de la violencia sexual contra menores

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Los magistrados de la JEP reciben informes sobre violencia sexual.

Roberto SolarteLa oposición a la JEP resulta en mucho de la resistencia a aceptar un tratamiento penal favorable de este tipo de delitos. ¿Por qué estos delitos y no otros? ¿Qué dicen al respecto el derecho, la política y la ética?

Roberto Solarte Rodríguez*

Contra el fallo de la Corte

El presidente Duque propuso reformar el Acto Legislativo 01 de 2017 para excluir de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes aunque ellos hubieran sido cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

Según dijo el primer mandatario, estos crímenes son del todo injustificables porque agreden a “los más vulnerables de la sociedad”.

Con esto el presidente se opuso al concepto de la Corte Constitucional que había avalado el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP. La Corte había concluido que, en su mayor parte, esta Ley se ajustaba a la Constitución, aunque modificó las normas que pretendían excluir los crímenes de lesa humanidad.

La Corte consideró “loable” la intención del proyecto de Ley —y la que ahora reitera el presidente Duque— de que se aplique la justicia ordinaria a los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, porque corresponde al Estado actuar “con la mayor diligencia en su investigación, juzgamiento y sanción”. Sin embargo, la misma Corte concluyó que esta norma resultaba contraria al Acto Legislativo 01 de 2017, que determinó el ámbito de competencia de la JEP y las sanciones aplicables por dicha jurisdicción.

Aclaró la Corte que la competencia de la JEP se refiere a los delitos sexuales “cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”. En este caso el tratamiento penal favorable exige que los victimarios aporten verdad plena, lo cual “significa relatar (…) de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”.

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Justicia unilateral

Magistrados de la JEP.
Magistrados de la JEP. 
Foto: Justicia Especial para la Paz

La propuesta del presidente llega un mes después de que la JEP recibiera el informe “Infancia transgredida: niñas, niños y adolescentes en la guerra”, elaborado por la Coalición contra la Vinculación de Menores al Conflicto Armado en Colombia.

Y esta propuesta llega unos días después de que la JEP abriera el caso 007, sobre el reclutamiento de menores dentro del conflicto armado (la mayoría de casos de violencia sexual tuvo o tiene lugar en el contexto del reclutamiento forzado).

La violencia sexual es sin duda uno de los temas más polémicos del proceso de paz. Es un asunto sobre el cual podrían ponerse de acuerdo todos los grupos políticos; de hecho, así lo hicieron cuando se tramitó en la Cámara un proyecto de ley en este sentido. También están de acuerdo en esto las ONG de izquierda y los grupos religiosos de derecha. La defensa de los derechos de los menores es un asunto que puede y debe convocar a todos los colombianos.

Pero sostener que los crímenes sexuales no ocurren como parte del conflicto armado y pedir penas en la justicia ordinaria es una jugada populista para movilizar a la opinión pública contra uno solo de los actores armados.  

Sostener que los crímenes sexuales no ocurren como parte del conflicto armado y pedir penas en la justicia ordinaria es una jugada populista. 

El acuerdo con las FARC es el primer proceso de amnistía en Colombia en el que se reconoce la existencia de violencia sexual contra menores de edad. Esta no apareció en los acuerdos anteriores con otras guerrillas o con los paramilitares.

En el caso de los paramilitares solo existe una condena relativa a violencia sexual. Y, sin embargo, tiempo después de que se produjera la desmovilización y amnistía para las AUC, los medios de comunicación han encontrado que todos los actores armados del conflicto han cometido delitos sexuales, incluyendo aquellos contra menores de edad.

Junto con las amenazas, la violencia sexual ha sido un medio o ha tenido el resultado de inducir el desplazamiento forzado de campesinos cuyas tierras pasaron a engrosar el patrimonio de empresarios de macroproyectos legales e ilegales. Muchas de las masacres y desapariciones parecen incluir actos de violencia sexual como demostración de dominio sobre los cuerpos lacerados y como ejercicio de destrucción del enemigo.

Por otro lado, la violencia sexual contra los menores se da como parte del reclutamiento armado, una práctica que el Estado ha tenido siempre el deber de impedir y sobre la cual ahora parece esquivar la responsabilidad —desviando la mirada hacia chivos expiatorios odiados por las masas—. Sabemos que todos los actores armados han cometido esta clase de delitos.

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Jugada populista

Marchas en contra de la inclusión de los delitos sexuales en contra de niños y niñas en la JEP.
Marchas en contra de la inclusión de los delitos sexuales en contra de niños y niñas en la JEP.  
Foto: Concejo de Bogotá

Desplazar, masacrar y desaparecer son crímenes de lesa humanidad, igual de graves que la violencia sexual contra los menores. Por eso no se entiende por qué nuestra sociedad no está escandalizada ante toda la terrible violencia que ha vivido y le apuesta a que un rechazo selectivo contra unos criminales específicos sea la solución a sus problemas.

Sabemos que el sistema penal ordinario es tremendamente ineficaz en lo que se refiere a los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Hay varias razones para que esto sea así, muchas de ellas culturales y sociales. Poco se denuncia, poco se sanciona y se trata de crímenes que ocurren en su mayoría en los hogares y son perpetrados por familiares o personas de “confianza”.

Entre los 4.219 procesos que ha adelantado la Fiscalía por reclutamiento de menores, solo se han producido diez sentencias condenatorias. La apuesta del Acuerdo de Paz consistió en que los incentivos de la JEP facilitaran la confesión de los crímenes y permitieran avanzar en la restitución y reparación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes violentados.

El debate moral

Los crímenes contra menores de edad resultan hoy moralmente inaceptables, pero no ha sido siempre así. Esto es algo reciente en la historia de la humanidad.

La Biblia, por ejemplo, tiene una larga lista de condenas a los reyes de Israel por sacrificar a los primogénitos ante los dioses, esperando una retribución equivalente. El último recurso de los cartagineses para evitar su derrota contra Roma fue el sacrificio ritual de todos sus niños y niñas.

Hace poco se encontró un entierro de la cultura chimú en Huanchaquito-Las Llamas, en el Perú, que contiene cadáveres de menores sacrificados en ceremonias rituales en el siglo XV. Y las fábricas del naciente capitalismo de los siglos XVII y XIX funcionaban con niños, niñas, adolescentes y mujeres trabajando en condiciones precarias, que hoy llamaríamos de esclavitud.

Tuvimos que esperar al desarrollo de la sensibilidad liberal del siglo XIX para que emergiera la noción burguesa de infancia, que hemos heredado y que se ha ido extendiendo y sofisticando. Gracias a ella hoy no hay ninguna posibilidad de legitimar ninguna clase de crímenes contra los menores.

Los medios de comunicación han encontrado que todos los actores armados del conflicto han cometido delitos sexuales, incluyendo aquellos contra menores de edad.

Pero hemos ganado una sensibilidad contradictoria: por una parte, hemos empezado a comprender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho que deben ser respetados por todos. Pero por otra parte la secularización nos impone la pérdida de sentido de lo sagrado, lo que implica que los cuerpos de las otras personas ya no son sagrados, de modo que no contamos con muchos motivos efectivos para respetarlos. Entonces, tenemos un doble imperativo: respetar al otro en su existencia concreta como sujeto de derechos, pero acercarnos demasiado, sobrepasando los límites del respeto.

Para salir de esta ambivalencia moral, tendríamos que aventurarnos en el camino de reconocer que cualquier otro ser humano merece nuestro respeto, pues ante su cuerpo estamos en la presencia de lo santo.

Para aprender a vivir en esta paradoja y salir de la polarización entre creer que las leyes más duras los resuelven todo —como pide el populismo gobernante— y el escándalo moral de quienes aceptan lo inaceptable —tragarse los sapos de que crímenes de lesa humanidad entren en la justicia transicional— podríamos comenzar por reflexionar con calma y distancia crítica sobre los argumentos que se han usado en las últimas semanas acerca de este dilema.

* Pontificia Universidad Javeriana.

 

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