La Dirección de Estupefacientes: ¿Parque de diversiones o la cueva de Ali Babá?

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

marcela_anzola Francisco_ThoumiLa gestión de más de 70.000 bienes incautados ha sido demasiada tentación: funcionarios corruptos, terceros ventajosos y congresistas ladrones se han partido ese botín. El remedio no es otra reforma administrativa sino voluntad política, selección rigurosa y mecanismos efectivos de control.

Marcela Anzola* - Francisco Thoumi *

Culpa del sofá

Enfrentar los problemas de corrupción mediante la creación, supresión o reforma de entidades públicas se ha convertido en una práctica común en Colombia. Para la muestra las reformas que se están adelantando o proponiendo frente a escándalos como el del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) o el de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Sin embargo una solución de este tipo produce dudas porque supone asociar la corrupción con el diseño de las entidades y no con las conductas de los agentes implicados en ella. En la práctica, el resultado de tales medidas podría ser nulo, ya que no ataca las verdaderas raíces de la corrupción.

Una pésima gestión

En el caso concreto de la DNE, las reformas realizadas hasta ahora no han surtido los efectos esperados, pese a cambios en las leyes de extinción del dominio y de haber modificado su estructura administrativa.

En efecto, desde su creación en 1990 [1], la DNE ha sido criticada por su incapacidad para cumplir sus funciones: desde la expedición de la ley sobre extinción de dominio se ha incautado un número monumental de bienes, pero su administración ha sido muy deficiente y los casos de corrupcion rampante han ido más allá de sus "justas proporciones"

A enero 4 de 2011, el número de bienes administrados por la DNE era de 73.324 (ver Cuadro 1). Sin embargo, muchos de estos bienes presentan problemas:

  • En algunos casos es difícil identificar su registro (bienes inmuebles rurales y urbanos, automóviles y aeronaves).
  • Tampoco se conoce su valor de mercado.
  • En muchos casos se trata de bienes que han estado incautados durante varias décadas, sin que se resolviera su situación jurídica.
  • En el caso de bienes perecederos o de animales, esto conlleva la pérdida de los mismos.

 

Cuadro 1

Bienes Administrados por la DNE a Enero 4 de 2011 

Tipo de Bien

Total

Porcentaje

 Aeronaves

346

0.47

 Arte

382

0.52

 Consumibles

157

0.21

 Dineros

5.913

8.06

 Motonaves

747

1.02

 Predios Rurales

3.180

4.34

 Semovientes

227

0.31

 Sociedades

3.555

4.85

 Sustancias

11.099

15.14

 Predios Urbanos

17.871

24.37

 Vehículos 10.043 13.70
 Otros 19.804   27.01
 TOTAL 73.324 100

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes

 

 

Terceros avivatos

La última reforma de la estructura administrativa para manejar estos bienes se llevó a cabo en julio del 2009, cuando el gobierno creó la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad mixta entre el Estado y el sector privado, cuyo objeto es administrar y comercializar bienes inmuebles sobre los cuales se hubieren decretado medidas de incautación, extinción de dominio, comiso o decomiso por autoridad competente.

Una vez creada la SAE, el gobierno ordenó a la DNE entregarle todos los bienes inmuebles que tenía a su cargo. No obstante, la DNE había delegado la administración de estos bienes en terceros, un grupo de personas naturales en el caso de bienes rurales y en las lonjas de propiedad raíz en el caso de inmuebles urbanos [2]. Sin embargo muchos de los depositarios se negaron a entregar los bienes a la SAE.

Según la revista Dinero (25 de enero de 2011), en el caso de los bienes rurales, se trataba de fincas excelentes que se arrendaron a precios muy bajos. Por ejemplo la Hacienda El Japón, en el Magdalena Medio, fue arrendada por 1.700.000 pesos mensuales, mediante un contrato a 5 años renovado en mayo del 2010, cuando el valor comercial del arriendo estaría entre 15 y 30 millones mensuales. 

El artículo destaca también que la DNE encontró que algunos depositarios de bienes rurales en Puerto López (Meta) y en Villanueva y Yopal (Casanare) eran choferes particulares que, una vez recibían el bien, procedian a entregárselo en arriendo a sus patronos.

Directores sospechosos

Los escándalos, sin embargo, no se limitan al manejo de los bienes: desde el 2002 los directores de la DNE con frecuencia han estado involucrados en controversias.

 

Cuadro 2

Directores de la Dirección Nacional de Estupefacientes

Fecha Nombre
1991-1995 Gabriel de Vega Pinzón
1996- 1997 Joaquín Polo Montalvo
1997- 1999 Ivonne Alcalá Arévalo
1999- 2002 Gabriel Merchán Benavides
2002-2004 Coronel Luis Alfonso Plazas Vega
2005-2006 Juan Carlos Vives Menotti
2006- 2009 Carlos Albornoz
2009- 2010 Omar Adolfo Figueroa Reyes
2010- Juan Carlos Restrepo Piedrahita

















 

 

El primero en ser cuestionado fue el coronel en retiro Edgar Plazas Vega, capacitado como abogado y con buena experiencia en gestión, quien resultó investigado por presuntas violaciones de los derechos humanos en los sucesos del Palacio de Justicia en 1985. Recientemente fue condenado en primera instancia a pagar 40 años de prisión por la desaparición de 10 civiles y una guerrillera del M-19.

La situación se agrava a partir del 2005, cuando los directores son vinculados directamente a diversos escándalos de corrupción:

  • En noviembre del 2010, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Carlos Albornoz (2006- 2009) por presuntas irregularidades relacionadas con la designación del depositario de los bienes de la Sociedad Cispatá Promotora Hotelera. La Procuraduría también vinculó a la investigación a Omar Adolfo Figueroa Reyes (2009-2010), quien para la fecha se desempeñaba como subdirector de bienes. Como director, Figueroa Reyes también enfrentó escándalos por manejo de bienes y su propio padre fue denunciado por estar negociando con bienes de la DNE.
  • En diciembre de 2010, la Procuraduría formuló cargos a Juan Carlos Vives Menotti (2004-2005), junto a los exsecretarios generales de la entidad, Gonzalo Martín Gutiérrez Díaz-Granados y Alejandro Vélez Múnera, por irregularidades en un contrato para implementar el sistema de registro de bienes -sistema Faro- (la base de datos que almacena la información sobre activos del narcotráfico que la entidad recibe). Vives Menotti también había sido investigado en Panamá en 2007 por presunto lavado de dinero en un caso relacionado con su hermano Patricio Vives, condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas en 2001.

Festín de los congresistas

La situación es tal que el actual director se ha referido a la DNE como "el parque de diversiones de la mafia y de la corrupción[3]. En consecuencia, en noviembre de 2010 la Procuraduría abrió investigación preliminar con el objeto de establecer las irregularidades administrativas, malos manejos y corrupción dentro de la entidad, luego de que los medios informaran sobre la existencia de "tres carteles" dentro de la entidad, que entregaban grandes sumas de dinero a empleados a cambio de ‘confiarles' bienes incautados a la mafia o a sus testaferros.

Cuatro días después de abrirse la investigación, los medios informaron que se habían encontrado pruebas suficientes para procesar a trece miembros del Congreso, incluyendo a tres ex presidentes del Congreso, que se habían beneficiado de los contratos para administrar las propiedades incautadas.

Esta investigación se basa en los informes de los miembros de la Policía Judicial (DIJIN), los documentos y los testimonios prestados por el personal DNE actuales y anteriores y de los perjudicados por las decisiones de la DNE. Una de ellas afirma que las propiedades fueron asignadas como pago a cambio de respaldo parlamentario.

Sobre la base de estos testimonios, la Corte ordenó la revisión de los patrimonios de Humberto Gómez, Hernán Andrade, Javier Cáceres, Eduardo Enríquez Maya, Miguel Pinedo, Omar Yepes, Lucero Cortés, Myriam Paredes, Cristóbal Rufino Córdoba, Héctor Avilés, Álvaro Asthon, Óscar Bravo, Enrique Caballero y Jaime Yepes (eltiempo).

Voluntad e instrumentos

Esta situacion muestra que los problemas de corrupcion e ineficiencia de la DNE trascienden el diseño de la entidad. El problema no se resuelve promulgando leyes o reformando entidades.

La DNE es una muestra de falta de gobernabilidad. Su estructura administrativa sigue el patrón tradicional de las organizaciones del gobierno. No obstante, sus funciones -y de manera especial, su papel en la lucha contra el narcotráfico- la convierten en un blanco perfecto para los delincuentes

Por su propia naturaleza, esta entidad tiene muchos riesgos de corrupción. Por eso mismo -e independientemente de la estructura administrativa- una agencia de gobierno como la DNE no solo necesita contar con el personal idóneo y rigurosamente seleccionado, sino además con los mecanismos que le permitan blindarse frente a las presiones externas.

Lo cual implica mucha más voluntad política y recursos suficientes. Mientras esto no se logre, la situación no tiene por qué cambiar.

*Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL.M. Universidad de Heidelberg, Lic.oec.int Universidad de Konstanz, se desempeña como consultora en las áreas de comercio internacional, inversión extranjera y anticorrupción.

twitter1-1@marcelaanzola

** El perfil del autor lo encuentra en este link.

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Comentarios  

Jorge Quintero Sagre
+2 # Jorge Quintero Sagre 07-06-2011 09:18
Estoy de acuerdo. Buen articulo.Lo unico es que parece redundante decir congresista ladron como aparece. Lo mismo sucede con la restructuracion de las CAR a raiz del invierno. Lo que hay que hacer es despolitizarlas .
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