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Celulares: entre riesgos, delitos y denuncias

(Tiempo estimado: 7 - 13 minutos)

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hugo_aceroA raíz de un caso destacado por los medios, un análisis sobre las causas y extensión de este delito donde se conjugan el alto sub–registro, la desidia de las autoridades y la falta de cultura ciudadana. Pero el gobierno está adoptando una estrategia integral y novedosa, que reclama el concurso de las compañías y de los ciudadanos.

Hugo Acero Velásquez

Contravención o delito

Hasta hace muy poco las autoridades de seguridad y justicia consideraban el robo de celulares como una “contravención” -o una falta menor- y en muchos casos no recibían las denuncias, pues el alto volumen de robos deterioraba los indicadores de seguridad; en otros casos, solo recibían las denuncias si se presentaban como pérdidas y no como robos.

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No se sabe a ciencia cierta cuántos ciudadanos han sido lesionados o muertos por robarles un celular. Juan Guillermo Gómez la más reciente víctima visible.
Foto: magufos.com

Esta falta de información y la poca confiabilidad en las cifras han hecho más difícil el control de un delito que pone en riesgo la vida y la integridad de los usuarios de este servicio, hoy fundamental en nuestra vida cotidiana: no se sabe a ciencia cierta cuántos ciudadanos han sido lesionados o muertos por robarles un celular.

De acuerdo con reportes periodísticos, muy conservadores, en Colombia se roban tres celulares cada minuto, 194 cada hora y 140 mil al mes, es decir más de millón y medio al año.

Cifras de un delito que —lejos de ser una contravención— se ha constituido en una línea de negocio del crimen organizado a escala continental, a juzgar por el volumen de celulares robados y comercializados abiertamente en el mercado legal en todos los países latinoamericanos, sin que hasta ahora las empresas comercializadoras y las compañías telefónicas hayan hecho algo serio para evitarlo.

Frente a esta realidad cabe preguntarse qué podemos hacer para enfrentar de veras este delito y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que corren riesgo por portar un celular, y en fin, de acuerdo con el alto índice de robos, cómo se están registrando las denuncias y atendiendo a las víctimas.

Sí se puede

Se habla de corresponsabilidad cuando dos a más instituciones comparten una obligación o un compromiso. Frente al robo de celulares, la corresponsabilidad recae sobre las autoridades de seguridad y justicia –de orden nacional y local– así como sobre las empresas comercializadoras de estos aparatos, sobre las operadoras del servicio de telefonía móvil y desde luego, sobre los propios usuarios, cuyo comportamiento aumenta o disminuye los riesgos y quienes mediante la denuncia oportuna pueden colaborar con las autoridades en su lucha contra los delincuentes.

Debo reconocer que algo ha cambiado en el caso de las autoridades de seguridad y justicia: tras no prestar atención a este delito durante la pasada administración, desde mediados del 2011 la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana viene trabajando en una estrategia integral al respecto, un esfuerzo sin antecedentes en el país y en el continente, cuyo objetivo central es “evitar que se sigan perdiendo vidas por el hurto de celulares en Colombia”.

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De acuerdo con reportes periodísticos, muy conservadores, en Colombia se roban tres celulares cada minuto, 194 cada hora y 140 mil al mes.
Foto: Wikipedia.com

La estrategia gubernamental está encaminada a desincentivar el robo de equipos desmantelando el negocio trasnacional que gira en torno al hurto de celulares, evitando que los equipos hurtados puedan ser utilizados dentro y fuera de Colombia y educando a la ciudadanía para que no compre celulares hurtados, pues ese es el principal incentivo que tienen los criminales.

La estrategia hace énfasis en la defensa de la vida e integridad de los ciudadanos, en un país donde todavía muchos criminales están dispuestos a matar por un celular y donde unos pocos están dispuestos a hacerse matar por sus propiedades con la frase “primero me matan, antes que robarme”.

La estrategia del gobierno

Mientras el Gobierno Nacional ha puesto todo el empeño desde mediados del año 2011 para diseñar y poner en ejecución una estrategia integral para enfrentar el contrabando de celulares, el robo y su comercialización, las empresas comercializadoras de celulares y las de telefonía móvil “a paso de tortuga” apenas lo acompañan, sobreponiendo su interés económico y rentabilidad sobre la seguridad de los ciudadanos usuarios de este servicio.

Las principales líneas de la estrategia desarrollada por el Gobierno son:

  1. Mayor control a la importación de equipos: Se dispondrá de un registro de los equipos que ingresan legalmente al país, para que en el momento de la venta y de la activación pueda hacerse seguimiento a cada equipo. Se espera impedir así la activación de los equipos que ingresan de contrabando o sean reprogramados los celulares hurtados.
  2. Mayor control a la comercialización de celulares: Sólo podrán vender equipos celulares quienes cumplan una serie de requisitos fijados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (MinTIC). Esto permitirá que la Policía identifique mejor a quienes están autorizados y verifique que los equipos en venta sean legales, además de formalizar la venta de celulares. Será preciso prevenir la corrupción a la hora de expedir autorizaciones.
  3. Mayor control a la activación de los celulares por parte de las compañías: A partir del 1º de octubre de 2012, las operadoras tendrán la obligación de verificar, antes de activar un equipo, si este está en la base de datos de los equipos reportados como robados y si está en la base de datos de los equipos que ingresaron al país de manera legal.
  4. Control y sanción penal a la reprogramación de equipos celulares: El bloqueo de los equipos hurtados a menudo se hace mediante la reprogramación de su número de identificación (IMEI). La base de datos de equipos legales impedirá activar equipos con numeración repetida o que no esté registrada previamente. La Ley de Seguridad Ciudadana estableció como delito la reprogramación de equipos.
  5. Especialización y focalización de la acción policial: La Policía Nacional busca enfrentar de mejor manera este delito mediante 43 grupos especiales contra el hurto de celulares, que tienen la misión investigar y desarticular las organizaciones criminales. Aquí se requiere la participación decidida de la Fiscalía General de la Nación como parte de las acciones de inteligencia y de investigación criminal, un trabajo en equipo bajo la dirección de fiscales especializados.
  6. Prohibición de importación y exportación de equipos y partes de segunda.
  7. Intercambio de bases de datos entre países de la región y del mundo: Dado que este delito es hoy una línea de negocios para el crimen trasnacional, Colombia propuso y logró el consenso de los Estados miembros del Comité Consultivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), organismo de la OEA, para adoptar medidas contra el hurto de celulares, dentro de las cuales se encuentra la conexión a la base de datos de la Asociación Mundial de los Operadores GSM (GSMA) para compartir las bases de datos negativas o de equipos hurtados en otros países.

En esta línea el MinTIC está gestionando la firma de acuerdos bilaterales. Pero se requiere la participación decidida de las multinacionales de las telecomunicaciones y de los operadores, para conectarse y compartir sus bases de datos negativas a través de la base de datos que para tal fin ya ofrece la GSMA sin costo.

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La estrategia gubernamental está encaminadaa desincentivar el robo de equipos desmantelando el negocio trasnacional que gira en torno al hurto de celulares.
Foto: Urna de Cristal.

En resumen, parece una buena estrategia que deberá ser complementada con un programa de cultura ciudadana para que moral y culturalmente todos los ciudadanos rechacemos la venta, compra y uso de celulares robados.

No basta con las propagandas de TV que se trasmiten en la actualidad: hay que adelantar otras acciones que involucren la sanción cultural y económica para las compañías que siguen activando celulares sin importar su origen y para los ciudadanos que compran celulares en el “mercado negro”.

Con esta estrategia, en términos de corresponsabilidad, el Estado ha tomado la iniciativa, pero hace falta que las compañías y los ciudadanos hagamos lo que nos corresponde.

Las empresas de telefonía móvil, además de contribuir de manera diligente en la ejecución de esta estrategia, pueden hacer mucho más para garantizar la seguridad de los ciudadanos, como quedó demostrado hace poco en un país centroamericano donde fue secuestrado un directivo de una empresa de telefonía y en poco tiempo, en coordinación con las autoridades, dieron con el paradero del celular del secuestrado, hicieron seguimiento telefónico a los posibles secuestradores, los ubicaron y las autoridades hicieron lo propio liberando al directivo y deteniendo a los secuestradores. Un trabajo en equipo que da resultados.

Por qué no se denuncia

Cuántas veces hemos escuchado decir a las autoridades que no pueden hacer nada, porque los ciudadanos no denuncian los delitos. Y en la mayoría de los casos, los ciudadanos no denuncian porque no tienen confianza en las autoridades.

Las encuestas en las nueve ciudades del programa Cómo Vamos muestran que el 70 por ciento de quienes dicen haber sido víctimas de un delito no lo denuncian y cerca del 50 por ciento no lo hace porque no confían en las autoridades. Es decir que más de la mitad de los delitos se quedan escondidos, en un círculo vicioso donde los únicos beneficiados son los delincuentes.

Además de esta circunstancia, los ciudadanos argumentan que no denuncian por las dificultades a la hora de hacerlo o por la mala atención a las víctimas, todo lo que denota una baja cultura de la denuncia... entre las propias autoridades. Otros ciudadanos no lo hacen porque consideran que “no le pasó nada o que no fue mucho lo que le robaron”, entre otros problemas.

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Las empresas comercializadoras de celulares y de telefonía móvil “a paso de tortuga” apenas acompañan el esfuerzo gubernamental.
Foto: abc-economia.com

Este alto sub–registro de hechos delincuenciales no solamente dificulta conocer mejor los problemas reales de violencia y delincuencia, sino que aleja aún más la aplicación de correctivos para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

De acuerdo con el alcalde encargado de Bogotá, Miguel Asprilla, “de 43 hurtos diarios que se denuncian, 27 corresponden a celulares”, una cifra poco real para la capital de un país con más de 40 millones de celulares activados, según los operadores. Esa cifra acaso corresponderá a los hurtos de celulares en el sistema Transmilenio en una “hora pico”.

El alto sub–registro de robos a celulares es un caso más que se repite con la mayoría de los delitos: algunos trabajos de investigación lo sitúan entre noventa y setenta por ciento, es decir, de cada cien delitos cometidos solo se denuncian diez, veinte o máximo 30.

Sin entrar a discriminar cada uno de ellos —algunos pocos tienen un alto porcentaje de denuncia o conocimiento como es el caso de los homicidios y de los hurtos de vehículos y de motos— es necesario no solamente llamar la atención sobre los registros que lleva la Policía Nacional, sino también sobre los indicadores de otros operadores de seguridad y justicia, que no nos muestran los verdaderos índices de impunidad que existe en el país

Propuestas concretas

  1. Reconocer que no se está registrando el problema real de violencia y de delincuencia que existe en el país.
  2. Facilitar la denuncia de los ciudadanos con atención profesional y humana a las víctimas, incrementar y mejorar las instalaciones de recepción de denuncias con equipos, tecnologías y personal profesional.
  3. Utilizar otras herramientas, como lo va a hacer el Gobierno Nacional con la aplicación nacional de una encuesta de victimización, percepción de seguridad y confianza en las instituciones de seguridad y justicia.
  4. Fortalecer los observatorios públicos y privados de violencia y delincuencia y facilitar la información a estas instituciones “haciéndola transparente”.
  5. Animar a las instituciones de seguridad y justicia a trabajar en equipo para mejorar los indicadores.
  6. Abrir las puertas para que instituciones independientes manejen, en el mejor sentido de la palabra, las cifras de violencia y delincuencia, las analicen, propongan soluciones y presenten los resultados de manera pública y periódica.

En fin, este conjunto de acciones debería inducir mayor confianza de parte de los ciudadanos con respecto a las autoridades, que dispondrían de mejores herramientas para elevar de veras la seguridad de los ciudadanos.

Hoy los ciudadanos portadores de celulares están en alto riesgo, pero si las autoridades, las empresas y cada ciudadano hacen lo que les corresponde, se podría vivir mayor con tranquilidad y disfrutando de los desarrollos que ofrece la tecnología. Las empresas deben pensar más en la vida de sus usuarios que en sus ingresos.

* Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.

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Comentarios  

Wiilliam C Cruz
0 # Wiilliam C Cruz 01-07-2012 11:08
Me encuentro en Estados Unidos y en diciembre regresare a Colombia, planeo llevar 3 celulares nuevos como regalo para mi familia. Me sera permitido ingresar estos equipos al pais?
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