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La inteligencia policial en Colombia: una rueda suelta, cada vez más poderosa

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Juan-Carlos-Ruiz-VasquezUn repaso autorizado de la historia y los problemas de la inteligencia policial en el mundo y en Colombia, y de las dudas que plantea el nuevo sistema de interceptación de la Policía, conocido como PUMA. 

Juan Carlos Ruiz *

Juan Ruiz Inteligencia PUMA

La inteligencia de la fuerza pública en Colombia ha sido una rueda suelta y no parece haber quién la controle.   
Foto: Papacol.org / NoticiasUNO.com

Quién controla a los agentes secretos

La inteligencia de la fuerza pública en Colombia ha sido una rueda suelta y no parece haber quién la controle.

En Estados Unidos, el Congreso tiene un ojo avizor sobre el aparato de inteligencia mediante un comité en el Senado, lo que tampoco ha impedido que las diferentes agencias de inteligencia actúen de manera autónoma, muchas veces sin rendir cuentas.

Así lo reseñó la profesora Amy Zegart en su muy interesante libro Flawed by Design. The Evolution of the CIA, JCS and NSC, donde señala cómo diferentes gobiernos han  tomado decisiones de seguridad nacional muchas veces a ciegas, por cuenta de un sistema de inteligencia disfuncional y poco fiable, plagada de celos entre la CIA y las demás agencias, y difícil de coordinar desde el paraguas interagencial del Homeland Security.

Si esto sucede en Estados Unidos, en Colombia el aparato de inteligencia no ha sido ajeno a abusos que han llevado a la destitución de sus directivas o aun a su desmantelamiento definitivo.

Algunos de nuestros grandes escándalos políticos han sido develados gracias a interceptaciones, cuya transcripción ha sido acogida con entusiasmo por los periodistas sin preguntar quién las realizó, si existía orden judicial previa y con qué propósito se hicieron.

Vale la pena recordar algunos escándalos que incluían la interceptación de conversaciones: los narco-casetes del proceso 8000, el miti-miti, el carrusel de la contratación, o el propio escándalo de las “chuzadas”.

El aparato de inteligencia de Colombia se desarrolló y profesionalizó significativamente durante la era Uribe, gracias a un mayor presupuesto, una mejor coordinación y una mejor asesoría extranjera.  

De Gilibert a Uribe

Cuando el comisario francés, Marcelino Gilibert, fundó la Policía colombiana en 1891, rápidamente montó dos oficinas de investigaciones: una dedicada a desmantelar conspiraciones de liberales radicales — la “especializada” — y otra encargada de vigilar desmanes y preservar la moralidad: la de “costumbres”.

Ese afán por organizar  una policía de Estado al mejor estilo francés prevaleció por años e hizo de la colombiana un instrumento de represión de los opositores de los gobiernos de turno hasta el Frente Nacional. Las oficinas de detectives y de inteligencia fueron desmanteladas varias veces, tras el estallido de escándalos, hasta cuando el tristemente célebre F2 fue reemplazado por la DIPOL a mediados de los años 90.

En los años 90, la inteligencia colombiana fue objeto de críticas por su inoperancia. Por ello, en 1994 los candidatos presidenciales proponían crear una central única de inteligencia que permitiera obtener una información fiable y no fragmentada. Sin embargo, los anuncios nunca se cumplieron.

En opinión del profesor Frédéric Lemieux — quien estudió el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) — en otros países ese tipo de pulpos han acumuladoun poder excesivo, al punto de que una filtración puede hacer colapsar el sistema de inteligencia y amenazar la seguridad nacional.

Por el contrario, varias agencias paralelas  pueden coordinarse con dificultad, pero dado que cada una recaba y analiza su propia información, al haber una filtración en una, las demás pueden subsistir sin mayor dificultad. A fin de cuentas, esta es también una manera inteligente para un gobierno de mantenerlas en cintura.

El aparato de inteligencia de Colombia se desarrolló y profesionalizó significativamente durante la era Uribe, gracias a un mayor presupuesto, una mejor coordinación y una mejor asesoría extranjera.

Al ser más fuerte y protagónico, el aparato de inteligencia influyó significativamente sobre la toma de decisionesde la política exterior colombiana. Por ejemplo: en  el caso Granda, en la filtración de archivos de los computadores de Raúl Reyes,en la ubicación de campamentos de las FARC en Venezuela, en el bombardeo al reducto de Reyes en Angostura,  o en interceptar las conversaciones del presidente Correa en Ecuador, son solo algunos ejemplos en donde acciones encubiertas e informes de inteligencia puntuaron la política exterior, llevando por momentos a Colombia a enfrentar algunas de las peores crisis diplomáticas en su historia republicana.

La inteligencia de la Policía es hoy quizás la más avanzada de las que existen en el país. Su trabajo cercano con la DEA desde la década de los 90 y su posterior inclusión en la política de seguridad democrática con el auspicio del Plan Colombia han llevado a que, por ejemplo, grandes operaciones militares hayan sido antecedidas por un trabajo de inteligencia muy fino de la Policía.  Basta citar los bombardeos a los campamentos de Raúl Reyes en Angostura, el Mono Jojoy en la Macarena y Alfonso Cano en Suárez, Cauca.

Juan Ruiz inteligencia PUMA pantalla
En el caso de PUMA, nadie puede asegurar que cada interceptación obedezca a una orden judicial.   
Foto: Papacol.org / NoticiasUNO.com

La era Naranjo

El antiguo director de la policía, Oscar Naranjo, era un convencido de la necesidad de fortalecer la inteligencia. Fue el gestor de la nueva inteligencia en 1995. Su inclinación hacia esta especialización —  por haber pertenecido a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) e incluso en una época al DAS — lo llevaron a darle prevalencia dentro de las estrategias de la Policía, una vez fue su director. No es de extrañar que fungiera como vocero de la administración Uribe, dando a conocer a cuenta gotas la información de los computadores del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes.

La inteligencia durante la gestión de Naranjo demostró ser altamente eficiente para desmantelar grandes bandas de narcotraficantes o para planear operaciones especiales contra la guerrilla.

Sin embargo, la inteligencia para combatir el crimen organizado en las urbes resultó siempre precaria. Para Naranjo la prioridad nunca fue combatir bandas de apartamenteros, extorsionistas, ladrones de automóviles o celulares, o el mismo microtráfico.

Su interés consistía sobre todo en la “gran” inteligencia que le prodigaba una cercanía cada vez mayor con el gobierno de Estados Unidos, como lo mostraron en su momento los wikileaks y lo alinderaba lealmente con los objetivos de seguridad y defensa nacionales de la administración Uribe, expresados en su política de seguridad democrática.

Por ello durante su gestión, la policía comunitaria, que fuera un modelo citado como exitoso en América Latina, prontamente fue asimilada al programa de informantes del presidente Uribe, lo que la vació de su filosofía para posteriormente ser desmantelada.

Definitivamente la prioridad de Naranjo no era el combate al bandidaje en las ciudades, sino convertir la Policía Nacional en una suerte de cuarta fuerza armada, fundamental en el combate contra el terrorismo y el crimen internacional organizado.

La inteligencia durante la gestión de Naranjo demostró ser altamente eficiente para desmantelar grandes bandas de narcotraficantes o para planear operaciones especiales contra la guerrilla.  

Inteligencia para la seguridad ciudadana

El nuevo director de la policía, general León Riaño, ha buscado atacar la criminalidad que más afecta al ciudadano de a pie en los centros urbanos. Para ello adoptó el nuevo sistema de interceptaciones PUMA que ya ha sido criticado, a pesar de no haber entrado en operación.

El sistema puede interceptar un número importante tanto de llamadas como de comunicaciones vía internet. Por su impresionante capacidad de rastreo  —  más de 20 mil comunicaciones al mismo tiempo — ya despierta suspicacias sobre si pueden existir tal número de órdenes judiciales previas que permitan la interceptación de manera legal.

Voceros de la izquierda y de organizaciones defensoras de derechos humanos parecen ver con aprehensión este nuevo sistema, dados los escándalos recientes que ya han sacudido a la policía por interceptaciones ilegales.

Recordemos que en 2007, el gobierno llamó al retiro a once generales de la policía y que su director, Jorge Daniel Castro, debió renunciar a raíz del escándalo sobre interceptaciones ilegales a más de 200 políticos, periodistas y funcionarios públicos. Interceptaciones que fueron descubiertas cuando se divulgaron las conversaciones de paramilitares que, habiéndose acogido a la Ley de Justicia y Paz, seguían delinquiendo.

El condenado general Santoyo — cuando era coronel y director del Gaula en Antioquia — fue acusado de interceptar ilegalmente a ONGs y organizaciones defensoras de derechos humanos, con  el propósito de suministrar información sensible y confidencial a grupos paramilitares, como se ha llegado a saber hoy.

Lo que parece el propósito fundamental de la Policía Nacional — desmantelar redes criminales que afectan al ciudadano del común en las ciudades — puede dar como resultado la creación de un sistema de inteligencia sin dios ni ley.

Cierto es que hoy en día la Policía todavía presenta grandes debilidades, por ejemplo, en algo tan simple como identificar criminales que han sido grabados por sistemas cerrados de televisión de buena definición cometiendo robos y homicidios en tiendas de barrio y comercios.

Esta incapacidad no se debe solamente, como aducen los policías, a falta de cooperación de la ciudadanía o a la inexistencia de una cultura de la delación, sino también a la falta de una inteligencia sofisticada que se encargue de la criminalidad cotidiana, cuadra por cuadra, con un conocimiento profundo de las  redes delincuenciales a escala del barrio.

Difíciles de controlar

Como quiera que las agencias de inteligencia en el mundo entero llevan a cabo una labor secreta, son en el fondo cajas negras dentro de las cuales es difícil saber qué está sucediendo y, por ende, resultan difíciles de controlar desde afuera.

En el caso de PUMA, nadie puede asegurar que cada interceptación obedezca a una orden judicial. Es un poco ingenuo pensar que la actividad de inteligencia, que por siglos ha sido esencialmente una labor ilegal de espionaje y conspiración — incluso creando situaciones de facto para derrocar gobiernos y eliminar opositores — vaya a ceñirse a controles legales de la noche a la mañana. Tampoco parece existir en Colombia una agencia capaz de ejercer un control que implicaría supervisión las 24 horas del día sobre cada uno de los funcionarios.

No es solo que un sistema de inteligencia mal usado sirva de aparato de represión  contra los opositores del gobierno de turno. Puede ser incluso un instrumento para favorecer intereses más mundanos e igualmente ilegales, como extorsionar ciudadanos del común por asuntos de su vida privada, como la infidelidad, sus orientaciones sexuales o sus secretos más íntimos.

En instituciones con grados más o menos importantes de corrupción cualquier deriva es posible, como lo ilustra el reciente caso del general Santoyo.

 

* Profesor asociado y director de la Maestría en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, Ph.D. de la Universidad de Oxford, máster en Administración Pública de la E.N.A. (Francia), máster en administración de empresas de la Universidad Lava (Canadá), máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

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Comentarios  

July Obando
0 # July Obando 12-03-2013 22:05
Al leer la columna, más que opinión propositiva, de claridad normativa y actualización a los lectores de un asunto tan complejo y apasionante como lo es la inteligencia, me referiré a algunos puntos de su escrito, para quienes lean este comentario, tengan claridad objetiva, frente a imprecisiones de fondo que sería nocivo dejarlas así en el pensamiento de los lectores de este medio:

En primer lugar, es necesario enfatizar sobre el fondo de la naturaleza jurídica, competencias y consecuentes diferencias entre las funciones de Policía Judicial e inteligencia. Es evidente en su escrito, la ausencia de capacidad para identificarlas. Con sustancial desconocimiento se asocian las actividades reactivas del Estado hacia el delito, de las meramente preventivas y anticipativas para el mantenimiento de la seguridad publica, la soberanía, los intereses de los ciudadanos y la defensa de los derechos humanos, y como es lógico, la prevención del delito. Esa actividad preventiva que menciono, se denomina inteligencia, que no es más sino el producto de un proceso de recolección, producción y comunicación de información para asesorar la toma de decisiones, en cumplimiento del artículo 2 constitucional.
En segundo lugar, preocupa la ausencia de rigor técnico de la columna, al mencionar que el nuevo sistema de comunicaciones conocido como “PUMA”, será utilizado por los organismos de inteligencia como una máquina para “chuzar”, hacer “conspiraciones ” y atacar a las personas de cierta condición o estirpe. Al respecto, resulta absurdo plantear y mucho mas sensible a lectores que no conocen en profundidad el tema, que los servicios de inteligencia realizan interceptacione s de comunicaciones, es necesario generar claridad insisto, ya que en Colombia los organismos de inteligencia no cumplen funciones de policía judicial. Le recuerdo que esas prácticas son ordenadas por las autoridades judiciales (fiscales) y no por la inteligencia.

Es también claro, que han existido extralimitacion es de algunos funcionarios (en casos particulares) no como política de los organismos de inteligencia, que son de discernimiento público, sin embargo, la historia indica que podría tratarse de una confusión de competencias (policía judicial e inteligencia), o de ciertos funcionarios como lo sucedido en el DAS.

Igualmente es importante recordar que en el Estado Social de Derecho, existen controles como los realizados por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Así mismo, están los controles judicial y político (Congreso de la República). No creo que los servicios de inteligencia colombianos, se rehusen a ser controlados por citados organismos. Lo invito también, a dar un vistazo sobre el nuevo proyecto de ley, que fue declarado exequible por la Corte Constitucional (que por cierto ha realizado múltiples análisis sobre la actividad de inteligencia del Estado), en el que se fortalece el marco jurídico de los organismos de inteligencia y contrainteligencia.
Finalmente, se ignoran por completo las actividades que realiza la inteligencia en Colombia, tanto en sus resultados y sus éxitos, como de sus competencias. Me pregunto: cuántas veces los colombianos nos hemos acostado tranquilos, sin que sepamos que la inteligencia a través de su labor se hubiera anticipado y prevenido a la destrucción de nuestros bienes o salvado nuestras vidas y las de millones de colombianos por la acción de los grupos armados ilegales. Por lo anterior insisto en replantear y/o aclarar, sobre todo para un lector del común, desprovisto de la profundidad jurídica y normativa, el enfoque acertado de la columna.
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Yuli obando
0 # Yuli obando 12-03-2013 22:40
Al leer la columna, más que opinión propositiva, de claridad normativa y actualización a los lectores de un asunto tan complejo y apasionante como lo es la inteligencia, me referiré a algunos puntos de su escrito, para quienes lean este comentario, tengan claridad objetiva, frente a imprecisiones de fondo que sería nocivo dejarlas así en el pensamiento de los lectores de este medio:

En primer lugar, es necesario enfatizar sobre el fondo de la naturaleza jurídica, competencias y consecuentes diferencias entre las funciones de Policía Judicial e inteligencia. Es evidente en su escrito, la ausencia de capacidad para identificarlas. Con sustancial desconocimiento se asocian las actividades reactivas del Estado hacia el delito, de las meramente preventivas y anticipativas para el mantenimiento de la seguridad publica, la soberanía, los intereses de los ciudadanos y la defensa de los derechos humanos, y como es lógico, la prevención del delito. Esa actividad preventiva que menciono, se denomina inteligencia, que no es más sino el producto de un proceso de recolección, producción y comunicación de información para asesorar la toma de decisiones, en cumplimiento del artículo 2 constitucional.

En segundo lugar, preocupa la ausencia de rigor técnico de la columna, al mencionar que el nuevo sistema de comunicaciones conocido como “PUMA”, será utilizado por los organismos de inteligencia como una máquina para “chuzar”, hacer “conspiraciones ” y atacar a las personas de cierta condición o estirpe. Al respecto, resulta absurdo plantear y mucho mas sensible a lectores que no conocen en profundidad el tema, que los servicios de inteligencia realizan interceptacione s de comunicaciones, es necesario generar claridad insisto, ya que en Colombia los organismos de inteligencia no cumplen funciones de policía judicial. Le recuerdo que esas prácticas son ordenadas por las autoridades judiciales (fiscales) y no por la inteligencia.

Es también claro, que han existido extralimitacion es de algunos funcionarios (en casos particulares) no como política de los organismos de inteligencia, que son de discernimiento público, sin embargo, la historia indica que podría tratarse de una confusión de competencias (policía judicial e inteligencia), o de ciertos funcionarios como lo sucedido en el DAS.

Igualmente es importante recordar que en el Estado Social de Derecho, existen controles como los realizados por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Así mismo, están los controles judicial y político (Congreso de la República). No creo que los servicios de inteligencia colombianos, se rehusen a ser controlados por citados organismos. Lo invito también, a dar un vistazo sobre el nuevo proyecto de ley, que fue declarado exequible por la Corte Constitucional (que por cierto ha realizado múltiples análisis sobre la actividad de inteligencia del Estado), en el que se fortalece el marco jurídico de los organismos de inteligencia y contrainteligencia.

Finalmente, se ignoran por completo las actividades que realiza la inteligencia en Colombia, tanto en sus resultados y sus éxitos, como de sus competencias. Me pregunto: cuántas veces los colombianos nos hemos acostado tranquilos, sin que sepamos que la inteligencia a través de su labor se hubiera anticipado y prevenido a la destrucción de nuestros bienes o salvado nuestras vidas y las de millones de colombianos por la acción de los grupos armados ilegales. Por lo anterior insisto en replantear y/o aclarar, sobre todo para un lector del común, desprovisto de la profundidad juridica y normativa, el enfoque acertado de la columna.
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Juan Guevara
0 # ObservacionesJuan Guevara 26-11-2016 21:47
Dejar a la Policía la función de preservación y restablecimient o del orden público y a la Fiscalía la función acusatoria. El problema de Colombia en este sentido es que no tiene una política criminal definida y coherente como tampoco unas instituciones capaces de ejecutar eficientemente dichas políticas, su accionar es improvisado y coyuntural.
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