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Reservas de recursos naturales: ¿freno o compás de espera?

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Alvaro-PardoUn decreto reciente excluyó por dos años la actividad minera sobre 21 millones de hectáreas: respu

Álvaro Pardo *

Álvaro Pardo Freno locomotoras mineras parque Chiribiquete reserva natural

Foto: MinAmbiente 

Respuesta a un clamor

La exclusión temporal de la actividad minera en 21 millones de hectáreas de las Reservas de Recursos Naturales es un paso alentador para evitar que la locomotora minera continúe arrasando el territorio y su biodiversidad, pero es una medida improvisada, de difícil cumplimiento y apenas sí contribuye a recuperar la gobernanza de este sector para los colombianos.

El modelo extractivista de la actividad minera ya recibe el rechazo del 55 por ciento de los colombianos, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que se presenta más adelante. Los movimientos sociales se levantan para protestar contra la arrogancia centralista y la presencia de grandes compañías mineras en su territorio, y las instituciones locales se levantan contra el centralismo y reclaman en defensa de su autonomía.      

De manera que la restricción a la actividad minera parece una respuesta frente a ese clamor generalizado: el gobierno expidió el decreto 1374 del 27 de junio, que establece las Reservas de Recursos Naturales (RRN).[1]

Pero esto sucedió poco antes de que la autoridad minera reabriera — el pasado 2 de julio — la ventanilla siniestra para tramitar solicitudes mineras, desoyendo múltiples llamados para que declarara una moratoria minera indefinida.

Para sorpresa de muchos, el decreto que ordenaba al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) identificar dichas RRN  — y remitirlas a su par de Minas para que fueran excluidas del proceso de titulación minera que arrancó el 2 de julio — fue firmado por ambos ministros.

Esta decisión es muy valiosa: al limitar la entrega de títulos mineros en zonas de importancia ambiental, el gobierno intervino para evitar que los 78.387 bloques que conforman estas zonas se entreguen en concesión sin que existan garantías de cumplimiento de las obligaciones ambientales que establecen la Constitución, la ley y algunos tratados internacionales.  

Durante años los ambientalistas, científicos y académicos reclamaron la coordinación de estas autoridades para proteger la diversidad del ambiente, conservar las áreas de interés ecológico, planificar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y reducir el deterioro ambiental. El decreto es un avance en este sentido, pero es tardío e improvisado, como veremos más adelante.

Utilidad pública e interés nacional… en contravía

 

 
Álvaro Pardo Freno locomotoras mineras Cerrejón carbón minería cielo abierto

Foto: Tanenhaus 
 

Uno de los aspectos más importantes del decreto 1374 es la manera de resolver un conflicto, hasta ahora insalvable, entre dos sectores que se consideran de utilidad pública e interés nacional:

· El ambiente fue declarado como tal en el artículo primero del Código de los Recursos Naturales.

· El artículo 13 de la ley 685 de 2001 (Código de Minas vigente) también declara a la minería y a todas sus ramas y fases de utilidad pública e interés social.

Aunque hoy es bien dudoso que un negocio que favorece a particulares sea de interés social, esta categorización se presta para obtener absurdos privilegios, como que el Estado pueda expropiar a colombianos que no ceden sus predios para facilitar el avance de la minería.

El conflicto se resolvió en este caso a favor del ambiente, al confirmar  que por encima del interés privado están los derechos fundamentales de los colombianos y que el principio de precaución de la Declaración de Río  - consagrado en las leyes  99 de 1993 y 1333 de 2009- es un instrumento eficaz para resguardarlos.

“Cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.  

No hay que hacerse muchas ilusiones sobre la aplicación de este principio — pues tiene muchos enemigos entre la minería a gran escala y el  coro gremial minero — pero en este caso fue usado para evitar, al menos temporalmente, que la locomotora minera irrumpiera por entre 21 millones de hectáreas del territorio nacional donde los ecosistemas deben ser protegidos.

¿Para qué reabrieron la ventanilla?

Pero los hechos son tozudos:

· En primer lugar, en el plazo máximo de dos años que fija el decreto 1374 es probable que no se alcance a delimitar las zonas excluibles de minería, especialmente cuando aún no existen estudios y porque la autoridad ambiental apenas cuenta sí con recursos para funcionar.

· En segundo lugar, estas zonas deben delimitarse con la colaboración del Ministerio de Minas; pero sí el grado de colaboración de esta entidad se parece al que hubo para delimitar el Parque Regional de Santurbán o para emitir concepto sobre la Estrella Fluvial del Inírida — que consistió en defender los títulos ya otorgados — … entonces, no habrá avances.

· En tercer lugar hay interrogantes como el de qué va a pasar con los títulos y las solicitudes formuladas antes de la creación de las zonas de RRN. Como es ya tradición, se dirá que un título minero es un "derecho" adquirido que debe respetarse y que por tanto los concesionarios pueden explotar minerales hasta el fin del contrato.

Es decir, nada garantiza que no habrá minería dentro de las zonas ambientales recién establecidas. Podrán rechazarse las solicitudes represadas, pero una jauría de abogados mineros estará listo para reclamar por los “derechos” de sus clientes, así sean derechos imperfectos.  

La Agencia Nacional de Minería (ANM) presentó el siguiente balance sobre el Plan de Descongestión de Solicitudes Mineras:

  • de las 19.629 solicitudes represadas hasta fines de 2011, habían sido resueltas 12.728, es decir, el 64 por ciento.
  • de las restantes, 5.648 fueron respondidas pero se encuentran en trámite, pues contra ellas se interpusieron recursos de reposición.
  • las otras 1.253 estaban pendientes de respuesta.   

Responder 5.648 recursos de reposición no es cosa de poca monta: implicará una enorme carga administrativa para atender a empresarios que se batirán con los mejores abogados para hacerse al control de los minerales, en un país donde se ofrecen a precio de ganga y en lamentables condiciones tributarias y sociales para el país. Desde luego, estas áreas deberán permanecer congeladas hasta que los recursos sean resueltos.

Tras la reapertura de la ventanilla siniestra el pasado dos de julio, se presentaron otras 3.000 nuevas solicitudes mineras.  Un número aún sin precisar le apuntaron a títulos en las reservas ambientales recién declaradas. Estas solicitudes deberán archivarse por ahora y existe la posibilidad de que sean rechazadas en dos años, sí las áreas solicitadas se encuentran dentro de reservas definitivas.

Y entonces, ¿para qué reabrieron la ventanilla?

¿Qué obliga al país a entregar con sospechosa prisa y bajo principios coloniales nuestros recursos naturales no renovables?

¿No habría sido más sensato consolidar primero la nueva institucionalidad minera, ampliar su presencia más allá de Bogotá, avanzar en la fiscalización de los títulos mineros, plantear nuevas condiciones para la extracción minera que reflejen el interés general de los titulares primarios de estos recursos e introducir cambios radicales al actual modelo extractivista?

La Contraloría General de la Nación, en su libro Fundamentos para Superar el Modelo Extractivista, formuló más de 40 propuestas para corregir el rumbo de la locomotora minera, pero a la fecha la única respuesta de la autoridad minera, en cabeza del ministro Federico Renjifo, fue: “Hacerle gavilla a la minería es un mal negocio para el país” [2].

La locomotora avanza mal

La autoridad minera mantiene un discurso que dista de la realidad. Las instituciones siguen siendo precarias, su presencia es limitada, la fiscalización no alcanzará las metas planteadas para agosto próximo y no se observan avances en el programa de formalización minera.

Entre tanto, la población se moviliza:

· los pequeños y medianos mineros anuncian un paro nacional para el próximo 17 de julio;

· la comunidad de Piedras (Tolima) realizará un referendo para decidir sobre la presencia de AngloGold Ashanti en su territorio;

· el Comité Prodefensa del Páramo de Santurbán logró que el Banco Mundial revise su  inversión en el proyecto minero de EcoOro;

· la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) negó la ampliación de la licencia ambiental a Cerro Matoso, pues esta se apoyó en una licencia ambiental inexistente. A propósito, ¿cómo pudo operar Cerro Matoso sin licencia ambiental todos estos años y aún así la Agencia Nacional de Minería le prorrogó el contrato hasta la extracción del último gramo de níquel del país?

· La Secretaria Distrital de Ambiente entabló demanda de inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado contra el decreto 934 de 2013  que limita el derecho de las entidades territoriales a decidir asuntos mineros dentro de su territorio. La decisión del Consejo de Estado será fundamental para el futuro de la extracción minera en el país.

Pero mientras avanza el debate y se producen nuevos hechos jurídicos, las empresas mineras y sus gremios insisten en mantener sus privilegios.   Según Semana, los empresarios del sector ya se reunieron para planear cómo “tumban” el decreto 1374.

Alvaro pardo

Y sin embargo el 55 por ciento de los colombianos señalaron en la mencionada encuesta del Centro Nacional de Consultoría — y divulgada por CM& — que la locomotora minera va mal: recibe la peor calificación. 

Fuente:  Imagen Presidente Santos.  Julio de 2013.  Centro Nacional de Consultoría.

*    Director de Colombia Punto Medio. 

[1]  Mapa de Reservas Recursos Naturales. https://www.anm.gov.co/sites/default/files
/mapazonasexclusion_minambiente_junio29.pdf

[2]  Diario del Huila. 11 de mayo de 2013. 

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Comentarios  

Ligia Núñez -Bueno
0 # Ligia Núñez -Bueno 16-07-2013 16:17
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