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“Ollas” criminales: del simplismo a la integralidad

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

hugo acero

No hay problemas complejos con soluciones simples. Pero sí hay soluciones. Por qué no basta con espantar a los maleantes, como ahora, y cómo en cambio se puede reducir la delincuencia en las ciudades.

Hugo Acero Velásquez*

Lo que se está haciendo

La mayoría de las intervenciones del Estado en las “ollas” criminales de distintas ciudades han sido predominantemente policiales y de control del territorio, con escasa participación y poca coordinación de las instituciones de desarrollo social y de servicios.

La mayoría de las intervenciones del Estado en las “ollas” criminales de distintas ciudades  han sido predominantemente policiales y de control del territorio, con escasa participación y poca coordinación de las instituciones de desarrollo social y de servicios (bienestar social, salud, ICBF, servicios domiciliarios, prevención y atención de emergencias, renovación urbana, etcétera).

Estos son las entidades cuya atención necesita la población vulnerable que vive o que frecuenta aquellas zonas, como decir los habitantes de la calle, los adictos, los niños, niñas y adultos mayores en abandono. Se trata de mejorar la calidad de su vida personal y de su entorno,  de iluminar, de recoger basuras, de hacer más vivible y con-vivible la ciudad. En pocas palabras: es un proceso integral de intervención social y urbana.

Otro rasgo común a las intervenciones consiste en que, después de la “foto” al entregar los resultados iniciales, la Policía y unas pocos funcionarios de instituciones sociales - verdaderos apóstoles- se van quedando solos sin saber hacia dónde va el proceso, con riesgos altos para su seguridad y altas posibilidades de corrupción, porque los distribuidores de droga tienen todavía gran parte de sus clientes en esos sectores y se resisten a perderlos. El asesinato en Bogotá del funcionario de la Secretaría de Integración Social, Óscar Javier Molina, quien trabajaba en el Bronx, y la protesta que realizaron los empleados de esta secretaría y la de Salud el pasado 8 de octubre, son pruebas suficientes de este hecho.

Por otro lado, después de las intervenciones, algunas “ollas de vicio” se han trasladado a otra parte de la ciudad y han adoptado estrategias para seguir surtiendo a sus clientes y para conseguir nuevos mercados en parques, escuelas, colegios, universidades y sectores empresariales, algunos camuflados como bodegas de reciclaje.

De igual manera, hay desplazamiento de población vulnerable, especialmente de habitantes de la calle, lo que los pone en mayor riesgo y crea la sensación de inseguridad entre los ciudadanos, básicamente por el aumento de los hurtos.

Lo que debe hacerse

Foto: -Pop-
Sector de El Calvario en la ciudad de Cali.

La intervención en estas “ollas” debe proseguir, pero el gobierno nacional, los gobiernos municipales y las instituciones de seguridad, justicia (incluida la Fiscalía) y desarrollo social deben ajustar su trabajo y contestar de manera clara varios interrogantes:

· ¿Qué se busca con estas intervenciones? Una cosa es extirpar una “olla de vicio”, otra cosa es la intervención integral para reducir la delincuencia. En el primer caso, basta con la intervención policial y el control territorial, que acaban por  desgastar a la Policía y a las entidades sociales que participan, y que además se limitan a trasladar las ollas a otros sectores de la ciudad por efectos de demanda y oferta de drogas. Lo segundo supone un esfuerzo mayor de planeación interinstitucional, recursos, tiempo e intervención especializada, porque los problemas que se abordan son complejos, como es el caso de la atención de las poblaciones vulnerables y la transformación urbanística de los territorios.

· ¿Qué se va a hacer con las poblaciones vulnerables y con los territorios intervenidos? Hay que definir claramente qué instituciones sociales del orden nacional y municipal van a atender a los niños, niñas y adultos en estado de abandono, a los habitantes de la calle, a los adictos, a las familias que viven en estos territorios y a los propietarios de las viviendas e inmuebles. También saber claramente qué se va a hacer con el territorio intervenido (a menudo  incluyendo los inmuebles de conservación urbanística) ¿Van a recuperar esos sectores para que vuelvan a ser lo que originariamente eran? ¿Se van a transformar, conservando los inmuebles de patrimonio? ¿O se van a demoler para dar paso a nuevos usos y transformaciones urbanísticas y de renovación urbana? En los tres casos, hay que tener presente en qué sitios de las ciudades van a atenderse las poblaciones vulnerables.

Estamos pues ante problemas complejos que no se acaban de la noche a la mañana o con una simple intervención.

· ¿Con qué recursos se cuenta? El gobierno nacional y los gobiernos municipales deben saber con certeza con qué recursos legales, institucionales, humanos y financiaros cuentan para intervenir en estos territorios. Hay que saber, desde el comienzo, que van a requerirse más recursos financieros de los presupuestados porque la situación de los  territorios suele ser sumamente compleja. Intervenciones como la del Cartucho (1999–2003), en Bogotá, o la de Las Colmenas (2012-2013), en Barranquilla, estuvieron presididas de censos de población residente y flotante, y del análisis de los variados problemas implicados.

En este caso la participación de la Nación no debe limitarse a la Policía. Deben estar  incluidos el  ICBF y las consejerías para la Prosperidad Social, para las Regiones y la Participación, la de Convivencia y Seguridad Ciudadana y algunos ministerios.

Qué bueno sería, por ejemplo, que con recursos compartidos por la Nación y los municipios se elaborara y ejecutaran programas integrales de atención a la población habitante de la calle y de adictos, que son problemas complicados a los que casi ninguna administración local les quiere “meter la mano”.

· ¿Cuál es el tiempo posible de intervención social y arquitectónica de estos territorios? Teniendo claro los anteriores puntos y a partir de ellos, hay que elaborar y ejecutar un cronograma de trabajo interinstitucional que puede durar meses o años.

· ¿Quién dirige y coordina estas intervenciones? Aunque con la participación del gobierno nacional, el alcalde local debe ser quien dirija de manera permanente estas intervenciones, las cuales deben contar con la participación activa de las autoridades de seguridad, justicia y desarrollo social del orden nacional y municipal.

Debe ser claro que existen dos grupos de trabajo coordinados, uno de seguridad y justicia, del cual hacen parte la Policía, la Fiscalía General de Nación y las Secretarías de Gobierno, para planear y realizar labores de seguridad en el territorio y fuera de él, así como de inteligencia, investigación criminal y captura de presuntos  delincuentes. El otro grupo está compuesto por las instituciones de desarrollo social y de renovación urbana, que atienden a las poblaciones vulnerables y trasforman los territorios. Cada grupo debe reunirse por lo menos semanalmente y todos bajo la dirección de los alcaldes, por lo menos una vez al mes.

Deben hacerse evaluaciones permanentes para retroalimentar el proceso y fortalecer el trabajo del equipo. Los resultados de estas evaluaciones deben ser difundidos para que los ciudadanos, en particular los que viven en los sectores intervenidos o  en sus entornos, sepan qué se está haciendo y qué se está logrando, y así puedan ayudar a resolver los problemas de manera duradera.

· ¿Qué se va a hacer si se desplazan las “ollas de vicio” y las poblaciones vulnerables tras las intervenciones? Hay que reconocer que las intervenciones provocarán desplazamientos de las “ollas de vicio” y de población vulnerable hacia otros sectores de la ciudad, lo cual exige instituciones preparadas para desplazarse e intervenir los nuevos sitios.

El problema es serio, también la solución

Foto: Omar Uran
Sector de Niquitao en Medellín.

Estamos pues ante problemas complejos que no se acaban de la noche a la mañana o con una simple intervención. Se necesita un trabajo organizado y de largo aliento, planes integrales para cada territorio intervenido que permitan atender a las poblaciones vulnerables, perseguir a los delincuentes y ponerlos a disposición de la justicia, renovar los territorios y lograr que en las ciudades no haya sitios vedados para las autoridades y para el libre tránsito de los ciudadanos.

El gobierno nacional y las alcaldías deben hacer públicos estos planes, de manera que en los territorios intervenidos y fuera de ellos los ciudadanos entiendan que los funcionarios que están trabajando allí cumplen órdenes y están protegidos por el Estado. De este modo evitaremos que se repita el caso de Óscar Javier Molina,  seguramente asesinado porque los delincuentes pensaron que era él quien les estaba dañando el negocio y no el Estado. Los funcionarios no pueden seguir exigiendo seguridad para cumplir con su trabajo mediante  marchas y protestas. Ellos trabajan para el Estado y el Estado tiene la obligación de protegerlos y respaldarlos en cualquier lugar donde desempeñen su función.

* Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.

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Comentarios  

jesica reyes
0 # mas que un problema una realidadjesica reyes 15-04-2014 23:17
Las "ollas de vicio" mas allá de ser una grave problemática se ha convertido con el tiempo en una terrible realidad, una realidad donde lo que importa es la supervivencia del que más la "sepa luchar". para algunos es fácil hablar frente al tema y juzgar porque lo ven "desde afuera", solo les basta con decir que los muchachos son unos drogadictos y ladrones porque quieren, y que los vendedores de droga deberían ser castigados sin compasión, pero para otros va mas allá de prejuicios, puesto que son quienes se ven obligados a acostumbrarse a vivir rodeados de ollas y en muchos casos hasta tienen familiares y amigos involucrados en este vicio. Muchos de los jóvenes que están inmersos en esta problemática y sin animo de defenderlos, es porque muchas veces la necesidad y problemas personales los empujan a hacer parte de ella, aunque algunos por simple gusto.

Hay que reconocer que la labor que se esta realizando para brindar ayuda a sectores vulnerables frente a esta problemática es de vital importancia y podría funcionar, pero el problema esta en que ayudar a jóvenes que ya ven la drogadicción como un estilo de vida es complicado, ya que hay casos extremos donde brindar esta ayuda es casi imposible. muchos de los jóvenes justifican sus conductas con la típica frase " es que no me entienden". por casos como este las entidades encargadas de brindar asistencia con frecuencia desisten de seguir brindando acompañamiento, lo que en algunos casos es entendible pero que otros utilizan como excusa para abandonar los casos. por lo anterior considero también que a veces es la falta de compromiso y persistencia por parte algunas instituciones lo que en gran parte impide generar el cambio.
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