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Dos millones de firmas: hacia una nueva política de gestión del agua

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Rafael Colmenares

El referendo sobre el agua está en manos del Congreso, y es tan vital como el precioso líquido que se convoque y se apruebe, dice Rafael Colmenares, vocero del comité que lo promueve.

Rafael Colmenares

La campaña y sus enseñanzas

Con el aval de 2.039.000 firmas, certificadas por la Registraduria Nacional del Estado Civil, fue entregado al Congreso, el pasado 14 de Octubre, el Proyecto de Ley que convoca al referendo mediante el cual se consagrará en la Constitución el derecho humano al agua potable.

Culminaba así una fase fundamental de dos años de campaña en defensa del agua que, además de formular líneas de base regionales sobre la situación e identificar casos emblemáticos de problemas y soluciones, impulsa este referendo con el objetivo de garantizar un mínimo vital gratuito de agua para la gente, protección especial de los ecosistemas esenciales al ciclo hídrico y la prestación exclusiva del servicio de acueducto y alcantarillado por parte del Estado y acueductos comunitarios.

El impresionante resultado excede las expectativas más optimistas y muestra la acogida que ha tenido una propuesta que logró interpretar un anhelo profundo de la sociedad colombiana, en particular de los sectores más pobres, y el rechazo a las políticas de mercantilización y privatización del agua, que han generado más exclusión y han enriquecido a unas pocas transnacionales, ya dominantes en algunos de los principales acueductos del país.

Las firmas fueron obtenidas mediante el esfuerzo, en gran medida voluntario, de más de 2.000 organizaciones de ambientalistas, usuarios de servicios públicos y vocales de control, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes y gestores de acueductos comunitarios. En ellas se recorre toda la geografía nacional, desde las grandes ciudades hasta lugares como La Chorrera (Amazonas) Yacuanquer (Nariño) o Riosucio (Chocó) pasando por poblaciones intermedias donde en muchos sitios no hay nomenclatura que permita a los ciudadanos escribir su dirección.

Si bien la gran mayoría de las firmas provienen de sectores populares, los que más sienten los rigores de las altas tarifas, la propuesta ha obtenido apoyo en todos los sectores sociales. Revelan también que numerosos compatriotas no han tenido acceso a la educación  o en el mejor de los casos sólo a niveles muy precarios de la misma. Y son también expresión de un profundo anhelo de participación de una población que dice, cada vez con más fuerza, que no está dispuesta a seguir delegando las decisiones fundamentales que afectan su vida y quiere participar en ellas.

Seis meses trasegando por los ríos, calles y veredas de Colombia para explicar el sentido de esta propuesta nos han puesto de frente a la tremenda exclusión social que viven numerosos colombianos y colombianas que no pueden beber agua potable, salvo que asuman el mayor costo de la que se vende embotellada, al tiempo que no cuentan con elementales condiciones de higiene. Ello ocurre casi siempre a la orilla de los ríos, algunos de los cuales se cuentan entre los más caudalosos del mundo, lamentablemente contaminados o en proceso de serlo gravemente. Por ello no fue difícil que la gente comprendiera la estrecha relación que existe entre el derecho a acceder al agua potable y la salud del medio ambiente, es decir de los páramos, lagunas, quebradas y ríos, esenciales para que el agua fluya alimentando la vida. 

El proyecto de convocatoria al referendo inició su trámite, el 21 de Octubre,  en la Comisión Primera de la Cámara donde existe un buen ambiente para la iniciativa. La decisión que tanto dicha Comisión como las demás instancias legislativas deben tomar radica en la conveniencia de someter a la decisión popular la reforma constitucional. En la gran mayoría de los países que han incorporado el referendo como mecanismo de participación, el paso por el órgano legislativo no es necesario. En Colombia sí lo es y por ello el debate tiende a deslizarse hacia el contenido mismo de la reforma. De suyo la obtención de un número tan grande de firmas como el  presentado debería bastar para la convocatoria sin más del referendo, y por eso creemos que los parlamentarios respetarán la voluntad de más de dos millones de colombianos y colombianas. Además se cuenta con el apoyo de numerosos congresistas de todas las corrientes políticas.

Tres temas controvertidos

En relación con el contenido de la iniciativa de reforma constitucional, tres puntos han preocupado a algunos analistas:

En primer lugar la "judicialización" del tema, que conduciría a una avalancha de tutelas que impediría la aplicación de planes sistemáticos para dotar de agua potable las viviendas de los colombianos. Al respecto habría que anotar que la suscripción por Colombia del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) ha llevado a numerosas sentencias de tutela que ordenan el suministro de agua a las personas privadas del servicio. La Corte Constitucional, por ejemplo, señaló en la sentencia T-410 de 2003: "el agua potable constituye un derecho constitucional fundamental cuando está destinada para el consumo humano, pues es indispensable para la vida". Esta tesis fue ratificada recientemente (sentencia T-270 de 2007) haciendo un amplio recuento de los tratados internacionales suscritos por Colombia, entre ellos el antes anotado y la Observación 15 del Comité del Pacto (Comité DESC) que en el numeral 27 establece que los Estados Partes deben adoptar "políticas adecuadas en materia de precios; como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo".

Así, la propuesta no es una idea peregrina de algunos sino que tiene un fuerte anclaje en el derecho internacional. El problema de acceso al agua potable en el país no reside únicamente en la ausencia de infraestructuras de acueducto. Además está el drama de los desconectados por incapacidad de pagar las altas tarifas, impuestas en la Ley 142 de 1994. Sólo en Bogotá, en los últimos cinco años, el servicio les fue suspendido a un promedio anual de 236.000 usuarios. Así las cosas, no se trata sólo de planes sino de políticas. Por otra parte, no debe olvidarse la enorme contribución de la acción de tutela a la operatividad de la justicia; por algo todos los intentos por revertir esta conquista de la Constitución de 1991 han fracasado, pues mediante ella los ciudadanos encontramos un camino legal de hacer valer derechos fundamentales otrora postergados indefinidamente.

- La propuesta de un mínimo vital gratuito también ha causado alarma en algunos sectores. Sin embargo, debe valorarse que en Bogotá, por ejemplo, las altas tarifas y las desconexiones han elevado el índice de agua no contabilizada al 40%, en algunos momentos, y que en promedio se ubica diez puntos por encima de lo que era antes de la Ley 142. Esto debido, en parte, a la reconexión clandestina a la que se ven obligados muchas familias desconectadas. ¿No valdría la pena estudiar el impacto positivo, en términos económicos, de una medida humanitaria que podría reducir las pérdidas por el agua que se consume de todas maneras sin pagar por ella?  

- Otra objeción a la propuesta es que la exclusividad del Estado como prestador del servicio de acueducto y alcantarillado, con la sola excepción de los acueductos comunitarios organizados como entidades sin ánimo de lucro, nos  privará de los recursos que provendrían del sector privado. Desconocen quienes así opinan que la gestión privada de este servicio ha sido un rotundo fracaso en el mundo, en América Latina y en Colombia.

Son ya clásicos los descalabros de la Bechtel en Bolivia y de la Suez en Argentina. En París se anuncia el regreso a la administración del acueducto por la municipalidad, al vencimiento, en dos años, de la concesión otorgada a la multinacionales francesas Suez y Veolia. En Colombia, según cifras oficiales y estudios de la Contraloría General de la Nación, el aporte de capital privado entre 2002 y 2006 al sector agua potable no supera el 12%, al tiempo que las mayores contribuciones provienen del pago de las tarifas, por los usuarios, y de las transferencias de la nación a los municipios, es decir de recursos ciudadanos y públicos. Ante el retroceso de las transnacionales del agua en Suramérica, Colombia se ha convertido junto con Perú, en su último reducto para lucrarse con la administración de una infraestructura construida y ampliada con dineros públicos. Muchos de los contratos de concesión presentan condiciones leoninas. Tal es el caso de Tibitoc donde, merced al establecimiento de una cifra irreal de consumo mínimo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) viene pagando desde hace varios años por agua que no se consume en la ciudad, situación denunciada por la Contraloría Distrital y aún en mora de ser solucionada. No se entienden las alarmas por el mínimo vital gratuito mientras se paga a un consorcio privado por agua que no se consume.

Más allá de los temas tratados, nuestra propuesta pretende sentar los principios de una nueva política de gestión del agua en el país que apunte a su integralidad y no se reduzca al tema de los servicios públicos, aspecto fundamental pero no único. Se trata también de preparar al país para los retos de lo que podríamos denominar la geopolítica del agua, en un mundo donde la creciente demanda del vital líquido lo torna escaso y en consecuencia la afirmación del carácter público y común del agua y los ecosistemas esenciales para su ciclo, en un país con abundantes recursos hídricos,  es estratégica.   

 

* Vocero del Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida.

 

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Comentarios  

ALVARO SUAREZ
0 # ALVARO SUAREZ 04-09-2010 14:25
Que bueno que en este pais existan personas como usted.

Conosco algo del tema y me interesa

Cordial saludo
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