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Restitución de tierras: problemas en 2014 y desafíos para 2015

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Dirección Territorial Valle del Cauca Eje Cafetero

​Jhenifer María Mojica Juan  Soto Juan  Ospina Más allá de la discusión sobre las cifras, hay que ir a dos problemas esenciales: (1) los conflictos entre los reclamantes y los campesinos de buena fe que ocupan muchas tierras, y (2) la protección judicial de las víctimas, que sigue siendo muy precaria.

​Jhenifer María Mojica* Juan Francisco Soto**, y Juan Carlos Ospina***

Dos grandes retos

Reducir el debate sobre restitución de tierras a cuántos procesos, cuántas víctimas, cuántas hectáreas y cuántas sentencias se tramitan es simplificar demasiado un proceso que debería  resolver una de las consecuencias más graves del conflicto armado: el despojo, el  desarraigo y la ruptura del proyecto de vida de millones de familias campesinas.

Y por eso las críticas al proceso de  restitución que se limitan a las cifras son un mar con kilómetros de extensión y con centímetros de profundidad. Los retos verdaderos se refieren a las dificultades para la reparación integral y sostenible, que garantice la no repetición, y que son tanto políticos como económicos, jurídicos y sociales.

Las críticas al proceso de  restitución que se limitan a las cifras son un mar con kilómetros de extensión y con centímetros de profundidad. 

En este artículo me propongo abordar dos de los problemas más serios que enfrentó el proceso de restitución en 2014 y serán sus desafíos en 2015: (1) la convergencia de diversos intereses sobre los predios solicitados en restitución, y (2) las dificultades en la tutela judicial efectiva del derecho de las víctimas de despojo o abandono forzado.

Disputas por los predios

La magnitud del despojo y abandono forzado de tierras en Colombia y la falta de medidas oportunas del Estado para proteger los derechos de las víctimas han dado pie a una situación donde intereses muy diversos confluyen de manera simultánea sobre un predio específico.

Si bien la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras previó la posibilidad de opositores a las solicitudes de restitución, no contempló la gran variedad de sujetos que podrían oponerse. En el curso de los procesos suelen estar en juego los intereses de empresas, testaferros, terratenientes y dirigentes políticos, que parecen responder al tipo de opositor previsto por la Ley; pero también se ha observado la presencia de campesinos que explotan o habitan actualmente los predios y que suponen un obstáculo a la restitución.

Esta oposición campesina ha resultado lesiva y ha ocasionado o agravado los conflictos sociales en las regiones, contrariando los propósitos de esta ley “transicional”, que son la paz y la reconciliación.  En muchos casos las víctimas solicitantes (los campesinos que explotan o habitan actualmente los predios y otras víctimas que también son titulares del derecho a la restitución) ven enfrentados sus intereses bajo los parámetros de la propia Ley de víctimas.

Tercer Diálogo Técnico: Restitución de Tierras, Segundos Ocupantes y Enfoques Diferenciales.
Tercer Diálogo Técnico: Restitución de Tierras, Segundos Ocupantes y Enfoques
Diferenciales.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

En vista de lo anterior sería preciso identificar y caracterizar a aquellos otros actores,  no solo para vincularlos al proceso como terceros intervinientes u opositores, sino para que sean protegidos por el Estado. Además se necesita que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) comprenda la situación de estos habitantes de las zonas rurales y procure un tratamiento integral y diferenciado que minimice los conflictos y sus daños.

Los conflictos en cuestión se manifiestan en distintos momentos del proceso, por ejemplo al realizase la geo-referenciación del predio, al dar traslado de la solicitud, al citar a interrogatorios de parte, o al llevar a cabo la inspección judicial, pues en esta instancias suelen presentarse argumentos de los interesados, casi siempre basados en su extrema pobreza o a las desigualdades que existen en la zona.

Es apenas natural que aquellos campesinos que explotan o habitan los predios de buena fe, consideren como una amenaza la pretensión de restituir su tierra al titular original del derecho sobre el predio. Esto obliga al Estado a encontrar y aplicar fórmulas o medidas eficaces para atender a estos pobladores, pues de otro modo los problemas se estarían agravando en vez de resolverse.  

En estas circunstancias, el principal desafío para los involucrados en la restitución de tierras será encontrar caminos jurídicos y sociales para una acción sin daño, lo cual supone intervenir con plena comprensión del territorio, proteger los derechos que concurren y mejorar la situación tanto de quienes solicitan la restitución como de quienes de buena fe habitan o explotan actualmente los predios.

Predios que pertenecieron a alias “El Mexicano” fueron entregados a la Unidad de Restitución de Tierras para ser utilizados como predios de restitución.
Predios que pertenecieron a alias “El Mexicano” fueron entregados a la Unidad de
Restitución de Tierras para ser utilizados como predios de restitución.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

Tutela judicial efectiva

La Ley de víctimas estableció un proceso mixto -judicial y administrativo- para restituir las tierras, con una serie de etapas e instancias que deben agotarse hasta llegar a la decisión judicial que restituya el predio despojado o abandonado, y que dé pie a medidas de “reparación integral y transformadora”.

La etapa judicial comienza por la inscripción del solicitante y del predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzadamente, pero la etapa administrativa solo comienza  cuando se haya dado la decisión de incluir la zona en cuestión bajo el programa de restitución.

Esto se debe a una omisión del legislador: la Ley dispuso que el registro de tierras se iría haciendo de forma gradual y progresiva, pero en lugar de un plazo o un mecanismo para ello,  le delegó este asunto al gobierno nacional. Por eso mediante el Decreto 4829 de 2011, el gobierno estableció un procedimiento para llevar a cabo la llamada “focalización” de manera gradual y progresiva.

Dicho procedimiento ha resultado perjudicial para las víctimas, pues hasta el 30 de junio de 2014 no se había iniciado el trámite administrativo para el 65,4 por ciento de las solicitudes presentadas, sobre todo porque ellas no corresponden a las zonas “focalizadas”. De esta menara las víctimas deben esperar indefinidamente a que la “focalización” llegue a su área,  sin  respuestas de fondo a sus solicitudes.

Cuatro

Solo después de aquella “focalización” y de haberse surtido el procedimiento administrativo de restitución a cargo de la URT, se expide la constancia de inscripción del predio y del solicitante en el registro de tierras despojadas y abandonas, y se puede presentar la acción de restitución.

Por otra parte y dado su carácter novedoso, las autoridades judiciales han adoptado una serie de medidas  que prolongan los procesos (más allá de los 4 meses previstos por la Ley)  y contradicen los principios de informalidad, “sumariedad” y eficacia que deben regir este tipo de actuaciones.

Las víctimas deben esperar indefinidamente a que la “focalización” llegue a su área,  sin  respuestas de fondo a sus solicitudes.

Por eso el proceso de restitución de tierras es tan difícil para las victimas ya para euines las representan judicialmente, porque deben sobrellevar interrogatorios y confrontaciones con los opositores, o lidiar con instituciones oficiales que muchas veces asumen el proceso como un pleito ordinario, sin atención bastante a los estándares de derechos humanos en materia de reparaciones a víctimas.

El desafío entonces es garantizar los derechos de las víctimas mediante un procedimiento expedito, informal, sumario y realmente transicional, que impida su re-victimización y  resuelva sus necesidades mediante la tutela judicial efectiva.

Los dos desafíos para 2015

1.  Adoptar estrategias para resolver sin daños adicionales la confrontación entre  solicitantes y ocupantes de buena fe. La Ley de Víctimas debe servir para la reconciliación y no para crear o agravar los conflictos alrededor de la tierra.

2.  Agilizar el proceso de restitución, tanto en lo judicial como en lo administrativo.  La URT debe buscar alternativas frente al estancamiento causado por la “focalización”, y por eso es inquietante la de su director, Ricardo Sabogal, en el sentido de que en 2015 se concentrará el esfuerzo en aquellas zonas cuyas condiciones de seguridad permitan avanzar más rápido. Sin bien de esta manera se evitaría la dispersión, queda la duda sobre las regiones que siguen siendo afectadas por la violencia.

Por su parte las autoridades judiciales deben avanzar en adaptarse a la naturaleza constitucional de la acción de restitución, y en responder a la vulnerabilidad de quienes que acuden ante la jurisdicción, ojalá con un modelo más parecido al de la acción de tutela en los procesos civiles ordinarios.

*​ Abogada especialista en derecho procesal, experta en temas de tierra. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

** Abogado, profesor de la Universidad del Rosario

*** Abogado administrativista con experiencia en restitución de tierras
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