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2014: calentamiento global y desarrollismo extractivista

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Apertura de la Conferencia de Cambio Climático COP 20 / CMP 10 en Lima, Perú.

Rafael Colmenares

Mientras las potencias mundiales tratan de llegar a acuerdos para reducir las emisiones de gases (aunque muchos los consideremos insuficientes) Colombia sigue la senda de la minería, la concentración de tierras y la destrucción ambiental.

Rafael Colmenares*

Alarmas prendidas

2014 será probablemente el año más caluroso de la historia humana, y este anuncio de la Organización Meteorológica Mundial no pasó desapercibido durante la vigésima conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático (COP 20) que sesionó la  semana pasada en Lima.

Ya en noviembre se había sido dado a conocer el V Informe del Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), cuyo comunicado señaló “que el cambio climático se constata en todo el mundo y que el calentamiento del sistema climático es inequívoco”.

Por este camino no será pues posible mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2º C – lo cual exigiría disminuir las emisiones en un 40 por ciento de aquí a 2020-.

El comunicado también cita al experto  Thomas Stocker: “Nuestra evaluación concluye que la atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado hasta niveles sin precedentes, desde hace por lo menos 800.000 años”.

Derrame de crudo Deepwater Horizon en el Golfo de México en el año 2010, uno de los mayores desastres ecológicos en Estados Unidos y el mundo.
Derrame de crudo Deepwater Horizon en el Golfo de México en el año 2010, uno de
los mayores desastres ecológicos en Estados Unidos y el mundo.
Foto: Wikimedia Commons

Acuerdos, sí, pero tímidos

Con este informe como telón de fondo, en la pasada reunión de Lima se preparó un acuerdo mundial vinculante que sustituya el frágil, insuficiente e incumplido Protocolo de Kyoto.

El nuevo compromiso se adoptaría en la COP 21, que tendrá lugar en París dentro de un año, y cuya meta será evitar un aumento de la temperatura del planeta más allá de los 2º C, puesto que las consecuencias de exceder este límite serían desastrosas.

En la cumbre de Lima se acordó que durante el primer trimestre de 2015 cada país haría públicas sus metas de reducción de emisiones, y además se elevaron los aportes para el  denominado “Fondo Verde” que ayuda al tercer mundo en la adaptación al cambio climático. Con este aumento se llegaría a los 10 mil millones de dólares (una cifra muy distante de los 100 mil millones prometidos antes del evento).

Al final del encuentro los gobiernos esbozaron una sonrisa de satisfacción y, aunque el resultado no es del todo decepcionante, organizaciones como OXFAM declararon que: “Los negociadores han logrado zarpar en un barco de las costas de Lima sin hundirse, pero nos esperan aguas turbulentas antes de llegar a Paris”.

Unas semanas antes de la COP 20, los dos mayores emisores de dióxido de carbono (principal causante del efecto invernadero), Estados Unidos y China, ya habían llegado a un acuerdo donde el primero se compromete a reducir sus emisiones entre un 26 y un 28 por ciento en relación con 2005 y la segunda se compromete a iniciar dicha reducción a más tardar en el año 2030, fecha para la cual debe satisfacer el 20 por ciento de sus necesidades con fuentes energéticas de “cero carbono”.

Sin embargo, para Daniel Tanuro, uno de los analistas más agudos en este campo, lo anterior es “demasiado poco”, “demasiado tarde” y además “peligroso”. En efecto, para 2012 los norteamericanos deberían haber reducido sus emisiones en un 8 por ciento con respecto a 1990, pero en vez de esto las aumentaron en un 0,2 por ciento anual. Por ende, en el pacto con China están diciendo que en 2025 habrán hecho un poco más de lo que deberían haber hecho hace dos años.

Por este camino no será pues posible mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2º C – lo cual exigiría disminuir las emisiones en un 40 por ciento de aquí a 2020-. Además, la tecnología acordada por los dos gigantes para reducir la cantidad de CO2 en el ambiente es el mecanismo conocido como “almacenamiento geológico”, el cual es sumamente peligroso en caso de un escape abrupto –que no es poco probable-.

Colombia en el camino equivocado

Mientras el mundo debate sobre la necesaria sustitución de la matriz energética fósil, Colombia se empeña en profundizar el modelo “extractivista”, y para ello viene realizando adecuaciones que han despertado polémicas intensas.

Perece ser que el manejo de los asuntos ambientales ha ido tomando un carácter “gerencial”, no para proteger el medio ambiente sino para facilitar las actividades extractivas manteniendo el maquillaje de una gobierno “verde”.

La legislación en general sigue atendiendo a los intereses privados, y el gobierno Santos sigue obsesionado con agilizar las licencias ambientales. A esto apunta el decreto para reducir la duración de los trámites que estuvo listo en los primeros meses del año pero que fue retirado para no perturbar la reelección.

Sin embargo tras el triunfo de Santos se anunciaron las licencias ambientales “exprés” y en octubre se expidió el Decreto 2041 que reglamenta íntegramente el título de licencias ambientales de la Ley 99 de 1993 y facilita diversas actividades de gran impacto ambiental como los dragados complementarios y las segundas calzadas.

También el 1 de septiembre el viceministro de Energía anunció la autorización de la riesgosa técnica del fracking para extraer combustibles fósiles. Y aunque esta actividad requerirá licencia ambiental, seguramente lo obtendrán rápidamente por la vía exores, como se les denomina a las licencias del nuevo régimen.

Laguna Verde en el Páramo de Santurbán en sus límites con los municipios de Silos y Mutiscua.
Laguna Verde en el Páramo de Santurbán en sus límites con los municipios de Silos
y Mutiscua.
Foto: Wikimedia Commons

El problema de la tierra

El gobierno Santos insiste en facilitar la adjudicación de baldíos a empresas nacionales y extranjeras, y para eso propone reorientar drásticamente la legislación agraria que preveía  adjudicarlos a campesinos sin tierra mediante la figura de “unidad agrícola familiar” (UFA).

Un primer intento en esta dirección consta en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Sin embargo la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 1540 de 2011 que lo facilitaban.

Después, en el proyecto de ley 133 de 2014, que creaba las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE), se permitió que grandes empresas se asocien con campesinos para adquirir o recibir en aporte predios inicialmente adjudicados a aquellos como baldíos.

De esta manera se pretende legalizar las compras ya realizadas por Riopaila o Cargill en la altillanura bajo las formas que luego fueron declaradas inconstitucionales, y así dar vía libre al “gran agro-negocio”.

En este punto vale recordar la tragedia de abril pasado en el departamento del Casanare, cuando más de 25.000 animales murieron de sed, y que el ambientalista radicado en la región Enrique Galán en esta misma revista atribuyó a la desecación y drenaje de grandes extensiones que fueron sustituidas por “enormes pastizales de brachiaria, cultivos de arroz y palma aceitera, recientes siembras de especies forestales comerciales como el pino pellita y el eucalipto caribe, así como de piña y de caucho”.

Biodiversidad o extracción a ultranza

Es evidente que el “modelo extractivista” choca con la realidad de un país climática e hidrológicamente complejo, y cultural y socialmente diverso. Por eso la preservación y recuperación de los ecosistemas aparece como un incómodo obstáculo para aquel modelo.

No se puede sin embargo ignorar la realidad. En mayo de este año se conoció el V Informe Nacional de Biodiversidad, según el cual: “Respecto a la deforestación, en 1990 el bosque cubría el 56,5 % del territorio nacional continental y en 2010 el 51,4 %. Las áreas deforestadas se han transformado principalmente en praderas para ganadería y en áreas agrícolas. La degradación del bosque está ligada a las intervenciones del territorio asociadas a la expansión de minería, los cultivos de uso ilícito y la extracción de maderas tropicales. La tasa de deforestación ha disminuido en años recientes, mientras aumenta la degradación de los bosques”.

Entre los “motores” de la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos el Informe identifica los siguientes: cambios en el uso del suelo (el área dedicada a la ganadería pasó de 14,5 a 39 millones de hectáreas en los últimos 50 años); disminución, pérdida o degradación de elementos de los ecosistemas nativos y agro-ecosistemas; invasiones biológicas; contaminación y toxificación del agua; y cambio climático.  

Es evidente que el “modelo extractivista” choca con la realidad de un país climática e hidrológicamente complejo, y cultural y socialmente diverso. 

Por eso a fines de julio pasado, la Contraloría General de la Nación le advirtió al Ministerio de Medio Ambiente que “En cuanto a acceso y calidad del agua el 39,49 % de la población presumiblemente se abastece de agua con alguna deficiencia en su calidad, dentro de los niveles de riesgo medio hacia arriba (medio, alto e inviable sanitariamente)”.

Ese fue el escenario que nos dejó el agitado 2014: movimientos sociales resistiendo, más iniciativas de moratoria minera, los tribunales como espacio de la confrontación y el gobierno parcialmente derrotado con la suspensión provisional del Decreto 934 de 2013, mediante el cual pretendía que los municipios no podían prohibir la minería. Pera la gran pregunta que queda es: ¿qué futuro nos espera de seguir las cosas como van?

 

* Miembro de Unión Libre Ambiental.

twitter1-1@RafColmenares

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