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Justicia, política y periodismo: la perniciosa confusión que hoy existe

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

José Gregorio HernándezA punta de denuncias penales, filtraciones y cargos de “persecución judicial”, asistimos a una gran telenovela a la vez trágica y cómica. Cuáles son los motivos del escándalo, cuáles son sus raíces, y cómo podríamos salir del berenjenal.    

José Gregorio Hernández Galindo*

Corte Suprema de justicia

Preguntas apremiantes

Hace un tiempo que los colombianos nos venimos preguntando:

  • ¿Por qué todas las controversias políticas acaban en la Fiscalía, en los juzgados,  en la cárcel o en la huída del país de funcionarios o ex funcionarios contra quienes se han iniciado procesos penales?
  • ¿Por qué razón asuntos que deberían ser resueltos dentro de los partidos, entre sus dirigentes o en las urnas  acaban por depender de un juez, de un tribunal o  de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia?
  • ¿Por qué las campañas electorales –incluidas las presidenciales-, que antes se disputaban en la plaza pública, se han trasladado a esa combinación extraña entre los procesos judiciales y los medios de comunicación, con noticias “de última hora” sobre  filtraciones, grabaciones, denuncias, imputaciones y mutuas acusaciones?
  • ¿Acaso se ha infiltrado la política en los estrados judiciales y en los órganos de control?
  • ¿Tiene sentido que asuntos que deberían ser objeto de decisión interna en las corporaciones judiciales - como elegir sus presidentes, o nuevos magistrados, o  postular candidatos para ciertos cargos, sean objeto de interminables deliberaciones -siempre aplazadas- y de la injerencia subrepticia de personas ajenas a esas corporaciones, como las cabezas de los órganos de control, los líderes políticos o funcionarios del Ejecutivo?
  • ¿Se están utilizando la administración de justicia y la actividad de los órganos de control para hacer política?
  • ¿Desde cuándo los debates políticos que adelanta el Congreso se ven interferidos por procesos penales de modo que, en lugar de disputas oratorias, hoy se trasladen a la secretaría de la Corte Suprema donde los senadores y sus abogados presentan  denuncias contra sus colegas?
  • ¿Por qué, y por orden de quién, se utilizó un organismo de investigación como el DAS para grabar las sesiones de la Sala Plena de la Corte Suprema, las conversaciones telefónicas privadas de los magistrados, de dirigentes de la oposición y de periodistas?
  • ¿Por qué en la campaña presidencial  pasada los protagonistas fueron “hackers” sometidos a procesos penales – y no el debate entre los candidatos acerca de los grandes temas nacionales-?
  • ¿Por qué tantos procesos penales contra dirigentes de un cierto partido de oposición?

En fin, son muchas las preguntas e inquietudes a propósito de cómo están funcionando la administración de justicia, los entes de control, los gobiernos y los partidos políticos.  

Oposición política, líos judiciales y ruidos mediáticos

Las preguntas anteriores no tienen por supuesto una respuesta única ni simple. Pero sin duda esas respuestas pasan por un hecho lamentable: la tendencia creciente hacia la desinstitucionalización, la inversión de valores en la actividad pública, la falta de principios, la pérdida de credibilidad, y la desconfianza popular en la administración de justicia, en los entes de control, en el Congreso y en el gobierno.

Ese estado de cosas se refleja en los más diversos ámbitos, pero lo hace con especial intensidad en la tensión que cada día constatamos,  entre el ejercicio de la oposición política y la gestión de las autoridades judiciales.

Aludo apenas a hechos de las últimas semanas para apreciar el impacto excesivo de algunas decisiones judiciales – por lo demás, perfectamente normales- sobre la vida política, y el gran desgaste institucional que implica usar los medios masivos de comunicación para tramitar notificaciones provenientes de jueces y fiscales.

El ex-candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga.
El ex-candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga.
Foto: Wikimedia Commons

1. Sobre “hackers”.

La Fiscalía cita a un ex candidato presidencial, a su hijo (que tenía responsabilidades en la campaña) y al “asesor espiritual” para que informen lo que saben sobre posibles interceptaciones ilegales confesadas por un “hacker” que la campaña había contratado, y para que expongan sus argumentos o descargos al respecto.

Esta citación, que está prevista en el Código de Procedimiento Penal y es habitual en cualquier proceso, por obra del partido del candidato se convierte en una ofensa y una persecución oficial contra la oposición y contra su principal líder, el ex presidente y  senador Uribe Vélez.

De esta manera, la diligencia de declaración del ex candidato fue acompañada por un “plantón” ante la sede de la Fiscalía que organizaron sus partidarios, mientras que  el “asesor espiritual” está de compras en Miami y por tanto no acude a la diligencia.

Por otro lado la providencia que cita al ex candidato, su hijo y su asesor no se tramita  apenas por los medios judiciales (notificación personal o por edicto) sino mediante reportaje previo del Fiscal en un programa radial de alta sintonía. La oposición afirma entonces que se trata de una campaña dirigida por este alto funcionario.

2. Sobre “chuzadas”.

Lo anterior coincide con la entrega de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, acusada de ordenar las interceptaciones ilegales en contra de magistrados, periodistas y líderes de oposición bajo el gobierno Uribe.

Hurtado había sido cobijada por asilo diplomático en Panamá bajo el gobierno Martinelli, un asilo que la Corte Suprema panameña declaró inconstitucional. Tras negarse dos veces a expedir la circular roja, en forma sorpresiva y sin que hubieran cambiado los hechos, la Interpol expidió esa circular roja y de inmediato la señora Hurtado se presentó ante las autoridades colombianas.

Por su parte el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que actúa como juez de control de garantías, legaliza la captura en el curso de una audiencia transmitida íntegramente por la televisión y seguida de una rueda de prensa del Fiscal General.

El partido encabezado por Uribe se viene entonces lanza en ristre contra el presidente de la República por haber viajado a Francia para convencer a Interpol en el caso de Hurtado, y contra el Fiscal General por haber proseguido el proceso penal contra la ex funcionaria que gozaba de asilo.

El Fiscal General, Eduardo Montealegre.
El Fiscal General, Eduardo Montealegre. 
Foto: Fiscalía General de la Nación

3. Sobre cortes, tribunales y organismos de control.

Y mientras tanto…

-La Corte Suprema de Justicia sigue adelante el juicio contra un ex congresista por contactos con organizaciones paramilitares. Cita y oye al sindicado en una audiencia de trámite normal, pero el partido del ex congresista denuncia el hecho como parte de una conjura contra esa organización opositora.

-Una magistrada del Tribunal de Medellín, al fallar un proceso, compulsa copias para que se investigue la conducta del ex gobernador de Antioquia  Álvaro Uribe en relación con los hechos materia de proceso –algo normal cuando un funcionario judicial que carece de competencia  para juzgar a alguien remite el asunto a la instancia competente-, y eso también es considerado como parte del “complot judicial” contra el ex presidente.

-No pasa día sin que el procurador y el fiscal, ambos por fuera de sus funciones, se pronuncien en escenarios académicos, políticos y medios de comunicación sobre el proceso de La Habana, y hacen propuestas y contrapropuestas, como si les  correspondiera hacer proselitismo político o asumir un manejo que la Constitución confía exclusivamente al Presidente de la República. Éste, por su parte, decide convocar al procurador a una reunión para discutir esos temas, como si fuera la contraparte o el interlocutor legítimo en todo cuanto se refiere al proceso de paz.

Podría citar otros varios ejemplos, pero los anteriores bastan para  comprobar que lo judicial, lo político y lo mediático aparecen hoy por hoy entrelazados en una gran telenovela que los ciudadanos presenciamos a diario y que ha llegado a niveles tragicómicos.

Han desaparecido las fronteras entre el campo de la función pública (en especial la de administrar justicia, la de control y la de acusación), la actividad política y el papel informativo que corresponde a los medios de comunicación, en cuyo interior –dicho sea de paso- también han surgido controversias políticas y duras recriminaciones públicas entre los periodistas.

Un panorama que tiene perplejo al ciudadano y que se puede sintetizar en una palabra lejana -y en efecto contraria- a la noción de un Estado de derecho: caos.

Qué hacer

Lo judicial, lo político y lo mediático aparecen hoy entrelazados en una gran telenovela que ha llegado a niveles tragicómicos. 

Ante ese estado de cosas, y sin tomar partido en las disputas específicas, el sentido común aconseja varias cosas:

  • Que los dirigentes de las distintas vertientes políticas se pongan de acuerdo en regresar al juego limpio durante las campañas; que sustituyan la “guerra sucia”, los “hackers”, las interceptaciones ilegales, las filtraciones, la judicialización de todo y los ataques de carácter penal por la confrontación de tesis, por el debate   respetuoso, por la presentación y crítica de sus programas en materia política, económica, ecológica y social. Con los muchos problemas que tenemos, las peleas intestinas y los odios no deben ser el centro de la conversación pública.
  • Que las corporaciones judiciales, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Congreso y los funcionarios del gobierno relean el artículo 113 de la Constitución, que establece la separación de funciones y la colaboración armónica para mejor realizar los fines del Estado.
  • Que los administradores de justicia y los órganos de control se concentren en sus funciones respectivas y sigan –claro está- con sus procesos, sin calcular la  reacción política que pudiese causar cada providencia. Y que se abstengan de “filtrar” la información y de anunciar por los medios las decisiones antes de que sean adoptadas y notificadas a los interesados: tal vez así evitemos que los implicados se vayan del país para eludir la acción de la justicia.
  • Que los dirigentes políticos entiendan que en un Estado de derecho, todos estamos obligados a respetar y acatar las decisiones judiciales, sin “politizarlas”, sin tildarlas de persecución, sin huir del territorio nacional cuando se profieren- y por supuesto acudiendo a los estrados judiciales a responder si somos  citados, y a ejercer el sagrado derecho de defensa-.
  • Que la oposición política sea firme pero responsable es decir, que anteponga el interés del país en vez de aprovechar cada actuación judicial para seguir polarizándonos, porque el clima de hoy no es muy distinto del que antecedió a “La Violencia” del siglo XX y sin duda contribuye a agravar el proceso de  desinstitucionalización que nos afecta tan severamente.
     

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil de autor, haga clic en este enlace.

 

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Comentarios  

wolfang perez
0 # Ingenierowolfang perez 04-03-2015 15:03
El núcleo del problema es la degeneración del poder político y de la responsabilidad social. Las tres ramas de la nación se dedicaron a lucrarse del poder y a legislar en causa propia. En resumen hay una total corrupción en el estado. Lo menos que se esperaba es que la justicia cayera en manos de esas mafias corruptas. Eso si es muy critico y por sobre todo peligrosisimo porque conduce a una desestabilizaci ón del país y a una violencia segura.
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