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Alcaldes ofrecen seguridad, pero no una política de seguridad

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

El Presidente Santos nombra al General Jorge Hernando Nieto como nuevo Director de la Policía Nacional.

Boris_SalazarEn las principales ciudades del país se anuncian aumentos del pie de fuerza y compra de equipos de vigilancia. Pero lo que en realidad se necesita es entender el funcionamiento de las redes criminales y usar mejor la información recogida.

Boris Salazar*

Otro plan de choque

En febrero de este año la Policía Nacional presentó un plan de choque para responder a la demanda ciudadana por más seguridad. El nuevo plan podría resumirse con unas cuantas cifras:

  • 42 medidas urgentes,
  • 100 días de ofensiva nacional contra el crimen organizado,
  • 161 operaciones contra objetivos de alto valor,
  • Recuperación de 100 parques ocupados por expendedores de drogas en distintas ciudades del país, y
  • Una nueva fuerza de choque de 250 hombres contra la minería ilegal.

El plan busca además afinar los procesos de reclutamiento de la Policía, propiciar la capacitación universitaria de los miembros de la institución y de sus hijos y capacitar a 30.000 uniformados para acompañar a la ciudadanía en el posconflicto, especialmente en los procesos de restitución de tierras. El plan también intenta dotar a la Policía de mejores instrumentos para investigar las actuaciones de sus miembros y hacer más transparente su conducta.

Pero esta no es una reforma estructural. Es un plan de choque pasajero que busca mostrar una alta concentración de esfuerzos contra el crimen organizado en un período de poco más de tres meses, golpeando objetivos de alto valor con un bloque de búsqueda especializado y recuperando espacios públicos ocupados por los vendedores de drogas.

La lucha contra el crimen organizado es, sobre todo, un problema de adquisición, procesamiento y análisis de información. 

Nada de esto es nuevo y ya ha sido intentando en otras ocasiones, cuando vimos al propio presidente visitando los sitios donde han sido allanadas “ollas” de droga o se ha detenido a miembros de organizaciones criminales. Pero después del éxito momentáneo todo ha vuelto a lo mismo de siempre.

El plan tampoco mejorará mucho la seguridad ciudadana, pues se trata de un despliegue de fuerza cuyo objetivo principal es enviar a la ciudadanía un mensaje de eficacia, rapidez y contundencia en un período corto, cambiando así la imagen  de mediocridad y corrupción que hoy tantos colombianos tienen de nuestra Policía.

Este plan también podría verse como una respuesta al escándalo alrededor del general Rodolfo Palomino y a la existencia de redes de corrupción dentro de la institución.

No es solo la tecnología

Drone de vigilancia de la Policía Metropolitana de Cali.
Drone de vigilancia de la Policía Metropolitana de Cali.
Foto: Policía Nacional de los Colombianos

El plan de choque refleja las debilidades de la política de seguridad ciudadana del Estado colombiano, donde esta es entendida como el aumento del pie de fuerza policial y la inversión en tecnología de punta. Las medidas que están tomando los alcaldes y encargados de la seguridad en las principales ciudades de Colombia van en este sentido: aumentar el número de uniformados e invertir en cámaras, helicópteros, sensores de calor y equipos de geo-localización.

Como si todavía estuvieran en campaña electoral, las autoridades civiles de las principales ciudades repiten el mantra fácil de “más hombres con nuevos juguetes electrónicos”. En Cali, por ejemplo, las autoridades están anunciando la adopción de vigilancia aérea para combatir al crimen organizado. El objetivo es el que todos imaginan: perseguir en “tiempo real” a quienes hayan cometido delitos como atracos bancarios u homicidios. En Bogotá, el encargado de la seguridad ciudadana pide lo mismo para la capital: más hombres, más cámaras, más equipos.

Pero

  • ¿qué tan útil puede ser un helicóptero, equipado con los instrumentos electrónicos más avanzados, para develar las intrincadas redes del crimen organizado de una ciudad con tan diversificada infraestructura criminal como Cali?
  • ¿De qué pueden servir los sensores de calor en un espacio urbano denso y complejo?
  • ¿Con qué programas de decodificación analizarán la información visual producida por las múltiples cámaras instaladas?
  • ¿Cómo procesarán la información registrada para convertirla en análisis y en acciones reales? Y, sobre todo,
  • ¿cómo estarán conectados los productos de estas tecnologías con el sistema de investigación y de justicia?

Hay que recordar que el uso de este tipo de equipos y la militarización de las labores de la Policía han sido intentados con muy poco éxito en diversos  países, a la cabeza de los cuales se encontró Brasil. Bastaría con recordar lo ocurrido en las favelas de Río de Janeiro para entender que el vuelo de un helicóptero sobre las comunas 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 de Cali no cambiará mucho la situación de inseguridad de esos barrios, ni disminuirá el número de jóvenes asesinados cada día en la ciudad.

El punto principal es muy sencillo: la lucha contra el crimen organizado es, sobre todo, un problema de adquisición, procesamiento y análisis de información. Implica conocer las estructuras y redes de las organizaciones criminales, y sus conexiones con agrupaciones juveniles, ciudadanos y negocios legales e ilegales.

Los nuevos juguetes electrónicos no pueden resolver estos asuntos por sí solos. Únicamente podrían contribuir si hicieran parte de un esfuerzo sistémico del Estado por conocer el sistema del crimen organizado en todas sus dimensiones, para actuar contra él a partir de ese conocimiento.

De hecho, la Policía Nacional ha mejorado mucho su investigación sobre el crimen organizado. El sistema de cuadrantes produce a diario una información muy rica y diversa sobre la operación real de los delincuentes. Pero las autoridades no tienen los instrumentos para procesarla y convertirla en acciones reales y no saben qué hacer con esos datos. Hay una incongruencia creciente entre lo que las autoridades civiles le piden a la Policía y la valiosa y rica información que esta registra todos los días.

Falta de política

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red de lavado de activos en el Aeropuerto Internacional El Dorado.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red de lavado de activos en el
Aeropuerto Internacional El Dorado.
Foto: Fiscalía General de la Nación

La falta de una verdadera política de seguridad ciudadana puede verse en la ausencia de coordinación entre las autoridades civiles, la Policía Nacional y las nuevas estrategias que están siendo adoptadas por la Fiscalía General de la Nación.

En lugar de concentrar sus esfuerzos en la resolución de crímenes individuales, la Fiscalía ha estado detectando y reconstruyendo las múltiples redes criminales que operan en Colombia, así como sus formas de operación. Esta entidad ha venido encontrando las conexiones entre grandes organizaciones criminales que operan en distintas líneas delictivas y producen una proporción muy alta de los crímenes cometidos en Colombia. Igualmente ha encontrado patrones locales y regionales que permiten entender la lógica profunda del crimen organizado y su capacidad de reproducción y crecimiento, y ha logrado tener una radiografía mucho más precisa de la infraestructura criminal colombiana, su extensión, dominio y penetración de la vida social, económica y política.

Sin embargo las autoridades elegidas por voto popular no parecen entender el carácter sistémico del crimen organizado ni cuánto ha cambiado la estrategia de la Fiscalía o cómo el nuevo conocimiento implica un cambio en las estrategias para mejorar la seguridad ciudadana.

Esto lleva a una conclusión obvia: el problema de la seguridad ciudadana no es exclusivo de la Policía. Pero los mandatarios que piden más hombres y más equipos siguen creyéndolo así, y hacen demagogia fácil con grandes inversiones en equipos y hombres.

El problema de la seguridad ciudadana no es exclusivo de la Policía.

Por su parte, la Policía responde con planes de choque, con acciones espectaculares y con el desmantelamiento de algunas organizaciones criminales en tiempos muy cortos. Pero el sistema criminal sigue intacto y no deja de reproducirse. Este es un círculo vicioso que no conduce a un cambio real.

La nueva estrategia de investigación de la Fiscalía y los avances de la Policía en las formas de conseguir información permiten pensar en la posibilidad de construir, por fin, una verdadera política de seguridad ciudadana. La debilidad no está, entonces, ni en los entes de investigación ni en la Policía, sino en las autoridades civiles y en la dirección del Estado colombiano.

Para que la Policía Nacional deje de ser una fuerza militar, comprometida incluso en tareas de contraguerrilla, y se convierta en una fuerza civil al servicio de la ciudadanía, se necesita que las autoridades piensen seriamente en adoptar una política de seguridad ciudadana dentro de la cual una reforma verdadera de la Policía sería una parte fundamental. Algunas de las medidas tomadas por los generales van en ese sentido, pero no son suficientes.

Por motivos estructurales, por inercia intelectual y por falta de vocación política, ni la dirección del Estado ni las autoridades locales elegidas lo han hecho así. En cambio han preferido jugar el juego fácil de la demagogia. Pero ni la Policía ni los equipos electrónicos pueden resolver solos un problema que es, en esencia, político.

Corresponde ahora a los alcaldes elegidos ejercer su autoridad y cumplir su mandato en el campo de la seguridad ciudadana. Y al Estado corresponde adoptar una política de seguridad que contribuya a la construcción de la paz en las ciudades y campos de Colombia.

Los planes de choque de corto plazo, como el que nos anunciaron hace unos días, forman parte de una estrategia de seguridad que ha fracasado una y otra vez en el mundo y en las ciudades de Colombia. Es hora de cambiarla.

 

* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.

 

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