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A diez años de la legalización del aborto en Colombia

(Tiempo estimado: 4 - 7 minutos)

Audiencia Pública de la Corte Constitucional.

Ana PabonNo obstante el fallo de la Corte Constitucional que aceptó la interrupción del embarazo en circunstancias extremas, el aborto voluntario no ha sido legalizado ni han mejorado las condiciones para las mujeres que necesitan hacerlo.  

Ana Patricia Pabón*

Mujeres, cortes y medios: la reforma judicial del aborto
Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Tatiana Alfonso Sierra
Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes
2008

¿Cómo se logró lo impensable?

El próximo 10 de mayo se cumplen diez años de la Sentencia C-355 de 2006 que eliminó las sanciones penales por interrumpir voluntariamente un embarazo en Colombia bajo una de tres circunstancias extremas:

  • Por afectación para la salud de la mujer,
  • Por malformaciones del feto y
  • Por embarazos producto de violación o inseminación artificial no consentida.

¿Cómo se logró esta decisión? ¿Qué ha pasado en los diez años transcurridos desde entonces? La primera pregunta puede abordarse desde la historia, la segunda requiere un balance del proceso.

Como dijo Ronald Dworkin con relación al caso Roe Vs Wade de 1973, cuando la Corte Suprema despenalizó el aborto en Estados Unidos: “Roe tiene nombre”. Con esto quería significar que la controversia sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), tiene nombres propios, nombres de mujeres, pese a lo cual la visión de las mujeres no se había incorporado a un debate donde fueron hombres quienes hicieron las reglas para gobernar sus cuerpos.

Audiencia Pública de la Corte Constitucional.

Pancarta en contra de la penalización del aborto.
Foto: Felipe Becerra

Estos son cuerpos cuyos clítoris han sido cortados, o que han sido violados y quemados; que han sido territorio y botín de guerra y que también han sido forzados a parir aun a riesgo de la propia vida. En Colombia las mujeres pueden ir a la escuela, votar, aspirar a cargos públicos, denunciar el maltrato, elegir pareja, pedir el divorcio, pero no pueden elegir libremente la opción de la maternidad.

Contrarrestando esta limitación, desde 2006 se liberalizaron tres eventos cuando las mujeres pueden interrumpir un embarazo sin provocar la respuesta punitiva del Estado, acudiendo al sistema de seguridad social y recibiendo de este un tratamiento adecuado, como si se tratara de otra necesidad médica cualquiera.

Hoy en día sin embargo, la regulación jurisprudencial de estas causales no ha sido  suficiente para que las mujeres que tienen derecho a una IVE segura puedan hacerlo, con garantías de igualdad y libertad conforme lo ha ordenado la Corte Constitucional.

Interrumpir un embarazo sigue siendo una decisión difícil, pues las mujeres se enfrentan a la soledad, al miedo y a la muerte. La ampliación de situaciones bajo las cuales una mujer puede interrumpir un embarazo no se ha regulado a través del Congreso, en donde ninguno de los proyectos de los últimos 25 años ha superado los debates necesarios para convertirse en ley. De hecho, hace algunas semanas, el entonces fiscal Montealegre radicó un proyecto de ley que extiende la posibilidad del aborto voluntario y desde ya se han levantado voces contra el mismo.

Interrumpir un embarazo sigue siendo una decisión difícil.

La legislación penal del siglo XX ubicó a Colombia en la lista de Estados con legislaciones más restrictivas frente a la posibilidad de interrumpir un embarazo de forma voluntaria. Sin embargo en 2006, luego de varios intentos, se logró lo impensable: modificar, por lo menos en casos extremos la legislación penal sancionatoria para las mujeres que, ante las situaciones previstas decidieran dar prioridad a su vida o a su libertad sexual y reproductiva.  

Analizar la historia

Para entender cómo se logró la Sentencia C-355 recomiendo el libro de Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Tatiana Alfonso Sierra: Mujeres, cortes y medios: la reforma judicial del aborto.

Este libro comienza por describir las luchas lideradas por la organización Women’s Link Worldwide, los antecedentes del proyecto de Litigio de Alto Impacto en Colombia por la Inconstitucionalidad del Aborto (LAICIA), los retos durante su ejecución y las acciones que tuvieron que adoptarse para sortear los distintos obstáculos. En segundo lugar, Jaramillo y Alfonso se ocupan del proyecto LAICIA desde la teoría de los movimientos sociales y de los medios de comunicación. En un tercer momento se analiza el proyecto  desde el enfoque teórico del derecho como distribución y legitimación.

El proyecto LAICIA

El Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado.
El Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Foto: Procuraduría General de la Nación

El mayor reto después de la decisión de la Corte fue por supuesto la ejecución de la sentencia, en tres respectos:  

  • Frente al acceso al derecho a interrumpir un embarazo como procedimiento incluido en el POS,
  • Frente a la objeción de conciencia y
  • Frente a la garantía de que el personal médico certifique las condiciones de salud previstas para acceder al derecho.

En estos tres respectos la sentencia de la Corte ha tenido serias dificultades debido a la resistencia de organizaciones religiosas y funcionarios tradicionalistas. De esta manera el fallo de la Corte sigue siendo insuficiente para garantizar los derechos de libertad e igualdad para las mujeres frente a la libre opción de la maternidad.

Diez años después de la sentencia, las mujeres siguen encontrando obstáculos para acceder al derecho, desde la reglamentación para acceder a los servicios médicos y la falta de información, hasta la acción u omisión de agentes del Estado. Por ejemplo el actual procurador general de la Nación persigue, sanciona y reprocha revestido de su investidura de servidor público.

Estos hechos, vividos durante los primeros diez años de la sentencia, permiten reafirmar una de las conclusiones que se presentan en el libro y según la cual el derecho se manifiesta como un conjunto de reglas vivas y sujetas a interpretación o ejecución gradual: “Los cambios en las reglas dependen de las prácticas administrativas y judiciales que las acompañen, por una parte, y, por otra, de los argumentos disponibles y del tiempo, la energía y las posibilidades de introducir nuevos argumentos para lograr cambios más radicales”.

Diez años después de la sentencia, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen requiriendo de toda la energía y de la gestión por parte de las organizaciones de base. Esto es necesario si se pretende alcanzar plenamente la promesa de igualdad que se sembró en la Carta Constitucional de 1991

 

* Abogada, filósofa, magíster en Hermenéutica Jurídica y Derecho y especialista en Docencia Universitaria, miembro del grupo de investigación Teoría del Derecho y Formación Jurídica.

 

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