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¿Es posible acabar los conflictos armados en Colombia?

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Rafael Pardo

Camilo Vargas¿Qué lecciones se pueden derivar del proceso de paz con los paramilitares de hace más de una década para el proceso con las guerrillas hoy? ¿Cuáles son los errores que han llevado a la constante renovación de la guerra en Colombia?

Camilo Vargas Betancourt*

Fin del paramilitarismo. ¿Es posible su desmonte?
Rafael Pardo Rueda
Ediciones B
2007

Una guerra persistente

“Sobre el campo de batalla de nuestra última guerra fratricida (…) [se] erige este monumento como un voto perenne por la definitiva consolidación de la paz entre los integrantes de la gran familia colombiana”.

Esta frase solemne bien podría corresponder a monumentos de memoria histórica en Bojayá, en el Sur de Bolívar o en Caquetá. Pero se encuentra inscrita en un monolito frente al aeropuerto de Palonegro, cerca de Bucaramanga. Conmemora la batalla decisiva de la Guerra de los Mil Días, que concluyó hace más de cien años, y fue instalado en 1963, un año antes de la fundación del ELN y de las FARC.

Hoy, cincuenta años después de reiniciarse la ‘guerra fratricida’, el Estado vuelve a intentar el diálogo, la reconciliación y la ‘consolidación definitiva de la paz’. Pero la inscripción en el monumento de Palonegro demuestra que en Colombia ha sido muy difícil construir la paz definitiva o evitar el resurgimiento de la violencia política.  

En su libro publicado en 2007, Rafael Pardo se ocupa del porqué de ese ciclo de la guerra, y analiza  el recién acabado proceso de paz entre el gobierno Uribe y los grupos paramilitares con atención especial a su probabilidad de éxito duradero. 

Los residuos de la guerra

Centro de Memoria y Reconciliación
Procesos de paz entre gobierno Uribe y las AUC.   
Foto: Centro de Memoria y Reconciliación  

Las organizaciones armadas ilegales en Colombia, sin importar su filiación o denominación, tienden a surgir, crecer, decaer, morir y dejar la simiente de los grupos que combatirán las futuras guerras.

Pardo se pregunta por la posibilidad de acabar con el paramilitarismo. Para ello señala las cifras preocupantes de un proceso que comenzó con algo más de 8.000 paramilitares (según el presidente Uribe en 2002), pero en el cual se desmovilizaron más de 31.000 combatientes (además de 14.000 capturados) hasta 2006, y al final del cual quedaron unos 5.000 hombres en armas que constituirían las llamadas ‘Bacrim’ que, con transformaciones, persisten hasta hoy.

Además de no tener lógica aritmética –y de ser escandalosas– estas cifras apuntan a un fenómeno repetitivo: en Colombia ha sido difícil lograr una paz completa, estable y duradera. A la paz de la Guerra de los Mil Días le siguió el asesinato del firmante de la paz, Rafael Uribe Uribe. A la Violencia liberal-conservadora, conjurada en su mayor parte por Gustavo Rojas Pinilla, le siguieron pequeños remanentes en armas de campesinos y bandoleros, de los cuales surgieron las guerrillas comunistas en la década de 1960. Pardo muestra cómo parte de este mismo remanente, ayudado por narcotraficantes, políticos y empresarios, dio pie al surgimiento del paramilitarismo en la década de 1980.

El mismo Pardo participó, como consejero de paz de Barco y luego como ministro de Defensa de  Gaviria, en la desmovilización del M-19, el EPL, el PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame en la década de 1990. Aunque el proceso fue primordialmente exitoso, bastó con una pequeña disidencia del EPL para reproducir todo un ciclo de violencia en Urabá y Córdoba. Lo que comenzó con la persecución a los desmovilizados ‘traidores’ con la ayuda de las FARC (como el caso de la masacre de La Chinita) pronto impulsó a muchos exguerrilleros a las filas de las futuras Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y sentó las bases de una guerra entre guerrillas y paramilitares que sembraría la destrucción en Antioquia y el resto del país.

En Colombia ha sido muy difícil construir la paz definitiva o evitar que la violencia política resurja.  

Hacer las paces y hacer la paz

Ya es cliché decir que firmar acuerdos de paz es solo hacer las paces, pero queda por delante el trabajo más arduo de construir la paz. La cita inicial de este artículo muestra que hace décadas los colombianos ya pensábamos que solo faltaba ‘consolidarla’. De Uribe a Santos se ha mantenido  la política de Consolidación Territorial. Incluso Pardo ingresó al gobierno Barco como director del Programa Nacional de Rehabilitación, pensado para ‘volver a habilitar’ política y económicamente a territorios que en realidad siempre habían estado desprovistos de los servicios del Estado.

Tal vez el optimismo que despiertan los momentos de paz en nuestra historia hace que quienes toman las decisiones no hayan aprovechado la oportunidad para adoptar medidas verdaderamente conducentes a la paz, en el sentido profundo de contrarrestar las causas que llevan a que las personas tiendan a solucionar violentamente sus problemas.

Pardo llama la atención sobre el papel que han jugado los políticos en este proceso al debatir temas tan importantes como la participación política y la justicia transicional. Surge la duda de si sus debates han llevado a formular las mejores leyes y políticas posibles, o si prima el interés coyuntural sobre el de formular estrategias realmente efectivas. 

El debate de la justicia transicional

Procesos de paz y cese al fuego entre las FARC y gobierno de Álvaro Uribe.

Proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana.
Foto: Centro de Memoria y Reconciliación

Pardo analiza la controversia a propósito de la justicia transicional para los paramilitares, surgida por el conflicto entre un gobierno interesado en una paz pronta a costa de una justicia profunda y una oposición parlamentaria que demandaba más justicia, con el riesgo de comprometer el éxito de la negociación de paz. Este episodio es un perfecto retrato en negativo de la actual controversia entre el gobierno Santos y la oposición del Centro Democrático en el Congreso en torno de la justicia transicional para las FARC

El autor cita al comisionado de paz Luis Carlos Restrepo llamando ‘enemigos de la paz’ a sus opositores en el Congreso, y al vicepresidente Francisco Santos clamando por ‘más perdón que justicia’ al referirse al proyecto de Alternatividad Penal, que eventualmente sería remplazado por la Ley de Justicia y Paz.

Acabar un conflicto armado es más que desmontar físicamente a las organizaciones armadas ilegales. 

El sistema de justicia transicional que adoptó Uribe ha funcionado hasta hoy de manera más parsimoniosa e infructuosa de lo que se esperaba inicialmente. Sin embargo, ha producido importantes condenas, y ha sentado las bases para consolidar un conjunto de instituciones dedicadas a la reparación de las víctimas y la construcción de memoria histórica.

El debate de la elegibilidad política

Frente a la elegibilidad política, Pardo recuerda que el referendo promovido por el gobierno Uribe proponía modificar el artículo 176 de la Constitución para permitirle al presidente, antes del término de su primer mandato, establecer circunscripciones especiales de paz u otorgar directamente curules a miembros de grupos desmovilizados. Sin embargo la Corte Constitucional declaró inexequible  este apartado del referendo.

Esta propuesta despertó el temor de la llegada de paramilitares al Congreso, así como hoy se teme que llegarán los miembros de las FARC. Aunque la elegibilidad política finalmente no fue negociada en los acuerdos con los paramilitares, tampoco fue una exigencia central de las negociaciones, como sí lo ha sido con las guerrillas.

El proceso de paz de Ralito sirvió para mostrar por qué a los paramilitares no les interesaba tener asiento en el Congreso. Los jefes de las AUC no solo fueron acogidos en el recinto del Capitolio en julio de 2004; como recuerda Pardo, en las postrimerías del proceso, a mediados de 2005, se les permitió a los comandantes movilizarse con salvoconducto por el territorio nacional en plena campaña para las elecciones parlamentarias del 2006.

Los paramilitares no necesitaban acordar la elegibilidad política directa pues, como muestran las sentencias por parapolítica, ya la tenían indirectamente. Las capturas por parte de la Fiscalía, en 2015 y 2016, de candidatos y políticos apoyados por los Urabeños, muestran que el problema no está del todo resuelto.

Las FARC no infiltraron la política nacional como grupo armado, y el debate actual discute si es justo permitirles elegibilidad política a cambio de la dejación de las armas.

En conclusión, acabar un conflicto armado es más que desmontar físicamente a las organizaciones armadas ilegales. La experiencia demuestra que es necesario adoptar normas y ejecutar políticas capaces de evitar que los pequeños remanentes de la violencia encuentren un campo fértil para la reproducción de la guerra.

Esto requiere de una clase política capaz de ver la historia más allá de lo inmediato y, sobre todo, capaz de superar el interés político coyuntural para debatir seriamente la construcción efectiva de la paz.

* Politólogo e internacionalista de la Universidad del Rosario, máster en Sociología de lo Político y de la Acción Pública del Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po) de Bordeaux, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE).

 

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Comentarios  

Juan Guevara
0 # LibertinajeJuan Guevara 03-12-2016 19:00
Se pensaría que el problema principal de la violencia histórica de Colombia es la desigualdad social, pero si se analizan acontecimientos tan diferentes como los conflictos partidistas del siglo 19, la violencia generada por los narcotraficante s y guerrilleros o el asesinato de una persona por no bajarle el volumen al sonido, todos tienen en común una rebeldía a las normas establecidas, amparada en criterios o conveniencias personales, que nada tienen que ver con necesidades básicas sino con una deficiente cultura ciudadana.. Hay un espiritu individualista e indomable en el ciudadano colombiano, estimulado por teorías liberales mal concebidas.
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