Quindío: clientelismo, corrupción y violencia

(Tiempo estimado: 10 - 20 minutos)

Casos de corrupción en el Quindío. Quindío no se salva de prácticas que son comunes en otros departamentos.

Javier DuqueUn departamento pequeño y que muchos creerían más bien limpio, es con todo otro escenario de gran corrupción política. Crónica triste sobre los gobernadores y alcaldes que han sido elegidos por el voto popular.  

Javier Duque Daza*

Es parte de Colombia

La política partidista y el manejo de los asuntos públicos en el Quindío no suelen estar en el centro de los debates nacionales, que tienden a focalizarse en departamentos con grandes casos de corrupción, violencia y criminalización de sus dirigentes.

Pero el Quindío no está exento de estos problemas. Una mirada a su historia del último cuarto de siglo revela la persistencia del clientelismo, de gobernadores y alcaldes involucrados en malos manejos de los recursos públicos, injerencia indebida del sector privado en la política y violencia guerrillera.

Aquí también actúan los factores de corrupción que están presentes en otras regiones:

  • Partidos y facciones en competencia sin controles ni regulaciones;
  • Predominio de políticos orientados por la lógica de la apropiación que manejan sus electorados mediante el clientelismo;
  • Un tejido de alianzas o acuerdos entre dirigentes para el reparto de la burocracia, de los contratos y los recursos públicos;
  • Presencia continuada de actores económicos poderosos que inciden decisivamente  sobre los resultados electorales.

Y al igual que en el resto del país, la Contraloría y la Procuraduría actúan básicamente mediante sanciones, pero no con advertencias o control previo de los funcionarios. Es más: aunque muchos políticos han sido sancionados, no se recuperan lo recursos públicos de los cuales ellos se apropiaron de modo indebido.  

Fragmentación y clientelismo

Quindío, Colombia.
Quindío, Colombia. 
Foto: Armenia.gov.co

En menos de tres décadas el sistema político en el Quindío cambió por completo, pero  el clientelismo siguió siendo el eje de las relaciones entre dirigentes y electores.

En efecto: desde mediados de la década del 90 se dio un relevo generacional en los partidos Liberal y Conservador y el sistema pasó del bipartidismo al multipartidismo. Esta fragmentación ha hecho que ningún partido o facción tenga fuerza suficiente para acceder a las corporaciones públicas o ganar las Alcaldías o la Gobernación sin recurrir a alianzas basadas en el reparto de puestos, contratos y recursos públicos.

El duopolio que desde la creación del Departamento en 1966 habían mantenido el cacique liberal Ancízar López y los conservadores Silvio Ceballos y Juan Zuluaga, fue derruido por la emergencia de figuras jóvenes y la intensificación de la competencia multipartidista.

Con la circunscripción nacional que estableció la Constitución del 91, el Quindío no logró ninguna curul del Senado en las elecciones de ese año y en las de 1994, pero a la Cámara llegaron Lucelly García por el Partido Liberal, Néstor García por la coalición Anapo-M19 y Emilio Valencia, también liberal, pero de otra facción. Lucelly García fue asesinada en 1994, la AD-M19 desapareció y “El Taita” Valencia – cuyo perfil presentó Alpher Rojas en la anterior edición de esta revista-pasó a convertirse en el cacique local.

Dado el difícil acceso al Senado y la dura competencia por los pocos escaños en la Cámara, en el Quindío – igual que en otros departamentos pequeños- la competencia tendió a desplazarse hacia la Asamblea, donde el liberalismo siguió siendo mayoritario, pero se encuentra muy fraccionado.

En medio de estas variantes, se han mantenido tres constantes:

  1. El predominio de la facción liberal en cabeza de Emilio Valencia, cuyo apoyo es decisivo para los aspirantes a la Cámara, al Senado, a las Alcaldías y a la Gobernación. El poder político de “El Taita” se basa en la riqueza que resulta de sus nexos con Apuestas Ochoa, una de las principales fuentes de empleo en el departamento desde los años 90. Esta empresa ayudó al triunfo de tres gobernadores mediante donaciones y votos de las familias de sus trabajadores, a cambio de mantener su concesión sobre los juegos de azar. Así fueron elegidos Luis Fernando Velásquez (liberal) en 2000, Amparo Arbeláez (liberal) en 2003 y Julio César López (del Movimiento Por Un Quindío Para Todos) en 2007. Aunque la influencia de la empresa disminuyó con la prohibición legal de que los financiadores de campañas sean contratistas de los gobernantes que ayudaron a elegir, el aval de Valencia sigue siendo necesario para ganar elecciones.  
  2. El predominio del clientelismo alimentado por los juegos de azar pero ante todo por recursos estatales – es especial los “auxilios parlamentarios” que fueron siendo rebautizados como partidas regionales, cupos indicativos e inversiones regionales-, la burocracia y la contratación pública. El clientelismo campea en instituciones como la Lotería del Quindío, las empresas de servicios, los hospitales, las Secretarías departamentales y municipales, la Asamblea, el Concejo, los establecimientos educativos, incluso los docentes ocasionales y los remplazos. También se ha extendido durante algunos períodos a la Universidad del Quindío.
  3. Y la corrupción, de la cual paso a ocuparme.

Gobernadores emproblemados

Entre 1991 y 2015 fueron elegidos ocho gobernadores en el Quindío. Es de los pocos departamentos donde no se han dado elecciones atípicas por destitución o muerte del mandatario.

Los tres primeros gobernadores por voto popular fueron del Partido Liberal y no tuvieron sanciones por corrupción, aunque sí fueron objeto de denuncias. De los siguientes cuatro mandatarios, dos fueron destituidos, uno sancionado y una exgobernadora tiene varios pliegos de cargos en la Procuraduría. La Tabla siguiente resume estos eventos, cuyos detalles podrá encontrar el lector en las secciones siguientes (al final del artículo me ocupo de los alcaldes).   

Tabla 1: gobernadores en el Quindío 1992-2016

 

 

Nombre

 

Partido

 

Situación

1992-1994

Mario Gómez Ramírez

Liberal

Sin sanciones

1995-1997

Belén Sánchez Cáceres

Liberal

Sin sanciones

1998 2000

Henry Gómez Tabares

Liberal

Sin sanciones

2001-2003

Luís Fernando Velásquez

Liberal

Suspendido 30 días por la Procuraduría por  permitir que se violara la ley de contratación (Ley 89 de 1993).

2004-2007

Amparo Arbélaez Escalante

Liberal

Destituida en 2010 por la Procuraduría, por suscripción irregular de un contrato (licitante único) sobre  un sistema de transporte por cable en el municipio de Buenavista.

2008-2011

Julio César López Espinosa

Por un Quindío para todos

Destituido e inhabilitado por 10 años en 2013.  Suscribió un convenio mediante contratación directa ilegal para la “rehabilitación de la infraestructura vial afectada por la ola invernal”.

2012-2015

Sandra Paola Hurtado

Movimiento Quindío Firme

Pliego de cargos de la Procuraduría en 2016 por  la vinculación de sus familiares a la administración departamental, así como por el nombramiento de un gerente del Hospital San Juan de Dios que no cumplía los requisitos para el cargo.

2015-

Carlos Eduardo Osorio

Coalición: Liberal-Conservador-AICO

Sin sanciones

Entre denuncias y condenas

En 1991 (un año electoral), el Quindío había entregado auxilios por 547 millones de pesos aprobados ilegalmente en el consejo de gobierno durante los mandatos de Samuel Grisales y Alberto Restrepo (gobernadores designados por el presidente).

La primera elección de gobernador la ganó Mario Gómez en competencia con su antiguo jefe, el “cacique” Ancízar López (quien más tarde sería secuestrado y asesinado por el ELN). Gómez ya había ocupado el cargo entre 1978 y 1979, y había sido diputado (1984-1986) y representante a la Cámara (1986-1990). Un político tradicional reciclado que recibió varias denuncias, entre ellas una por el presunto favorecimiento de sus amigos en la adjudicación del sorteo extraordinario Armenia 100 años; pero el gobernador fue exonerado por la Procuraduría.

Gómez también se vio involucrado en un escándalo por auxilios parlamentarios. En 1992 se habrían repartido 400 becas estudiantiles a través de fundaciones de políticos locales que recibieron los recursos del presupuesto nacional y los desviaron hacia fines políticos. Las fundaciones eran Izquierda Liberal, de Rogelio González; Eduardo Santos, del liberal David Barros; Tomás Cipriano de Mosquera, de Alberto Marín (fallecido); Luis Granada Mejía, del conservador Juan Zuluaga; Inés Sánchez de Niño, del liberal Jesús Antonio Niño; Izquierda Liberal, del entonces gobernador Mario Gómez y Rafael Grisales, del liberal Luis Emilio Valencia. Los estudiantes recibían una parte de la beca, pero la “fundación” se quedaba con la cuota del león. La Procuraduría y la Contraloría manifestaron que estaban investigando el caso, pero no hubo avances posteriores

En las elecciones de 1994 se presentaron dos candidatos liberales: Javier Ramírez y Belén Sánchez, quien fue elegida gobernadora con el 62 por ciento de los votos. Sánchez no tuvo sanciones, pero hubo controversia sobre los 47 contratos de publicidad con medios locales que suscribió entre el 29 y 31 de diciembre de 1997, a pocos días de dejar su cargo. El acto no era ilegal, pero fue visto como una devolución de favores a los periódicos y emisoras que respaldaron su gestión.

El tercer gobernador fue Henry Gómez Tabares (1998-2000), también del Partido Liberal, quien tampoco fue sancionado. En 2001 la Procuraduría le inició una investigación por presunta irregularidad en la contratación de varios abogados para defender a la Universidad del Quindío, cuando ella contaba con personal suficiente para esos efectos. La Procuraduría archivó el caso por prescripción [1].

Sancionados y destituidos

Los cuatro gobernadores del período 2001-2015 fueron vinculados a investigaciones y sancionados por irregularidades en la contratación pública: uno fue sancionado, dos fueron destituidos y la exgobernadora debió hacer frente a varios pliegos de cargos.

En las elecciones del 2000 nuevamente se enfrentaron dos candidatos liberales apoyados por alianzas multipartidistas. El ganador fue Luis Fernando Velásquez, respaldado por  Emilio Valencia. En 2006 Velásquez fue sancionado por la Procuraduría con 30 días de suspensión, por delegar indebidamente en su secretario de Educación la firma de dos contratos con 20 días de diferencia y con el mismo objeto, es decir, fraccionados para eludir la licitación pública.

En 2003 fue elegida la liberal Amparo Arbeláez. Esta gobernadora fue destituida tres años después de concluir su mandato, cuando ejercía como senadora, y por el contrato sobre el transporte por cable en Buenavista (ver Tabla 1).

El siguiente gobernador fue Julio César López (2008-2011). Durante su último año de gobierno la Procuraduría le formuló pliego de cargos por irregularidades en un contrato de intermediación de pólizas de seguro del departamento sin licitación y sin lista de pre-calificados [2]. En 2013 el exgobernador fue destituido e inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos, nuevamente por un convenio por más de 2.200 millones de pesos para gerenciar la “rehabilitación de la infraestructura vial afectada por la ola invernal” [3]

En las elecciones de 2011 volvió a ganar una mujer, Sandra Paola Hurtado, exdiputada (2008-2010), que se presentó por firmas (Movimiento “Quindío Firme”), pero con  respaldo de Cambio Radical, el Polo Democrático y una facción del Partido Liberal. Después de dejar el cargo, la Procuraduría le ha formulado dos pliego de cargos, uno por realizar irregularmente una junta extraordinaria del Hospital La Misericordia de Calarcá para modificar el Manual de Contratación y convocar a la elección del nuevo gerente; y el otro por presunta vinculación de familiares a la administración departamental y por  nombrar un gerente del Hospital San Juan de Dios sin cumplir los requisitos legales [4].

Alcaldes en líos

Los cargos por corrupción también han rodeado a bastantes alcaldes: cinco han sido destituidos, dos fueron condenados y otro tiene pliego de cargos por presuntas irregularidades en la contratación. Así lo enseña la Tabla siguiente, cuyos detalles presentaré más abajo.

 Tabla 2: alcaldes del Quindío sancionados o destituidos

 

Alcaldes

Hechos

2004-2007

David Barros Vélez: exalcalde de Armenia

En 2011 fue condenado a más de 17 años de prisión por peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y falsedad en documento público.

2004-2007

María Edy Segura: exalcaldesa de La tebaida

Condenada en 2014 por peculado por apropiación en concurso con obtención de documento público falso y en 2016 condenada a 42 meses de prisión por interés indebido en la celebración de contrato.

2008-2011

Ana María Arango: exalcaldesa de Armenia

Destituida e inhabilitada por 15 años por alterar actas de las Empresas Públicas de Armenia. 

2008-2011

Edgar Cuervo Osorio: exalcalde de Pijao

Suspendido por un año en 2012 por autorizar la consignación de recursos que tenían destinación específica en la cuenta de fondos comunes, sin comprobante que justificara el giro. En 2012 fue destituido e inhabilitado por 10 años por fragmentación de contratos.

2011-2015

Juan Carlos Giraldo: exalcalde de Calarcá

En 2013 suspensión de un año por irregularidades en la contratación de cámaras de foto multas; en 2014 destituido por irregularidades en la contratación pública.

2011-2015

Héctor Fabio Urrea: exalcalde de Filandia

En 2013 la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por actuaciones irregulares cuando se desempeñó como gerente del hospital San Vicente de Paúl de ese municipio.

2008-2011

Simón Morales Jaramillo: exalcalde Filandia.

Pliego de cargos en junio de 2015 por presunta irregularidad en el cumplimiento de los principios de la contratación pública.

2008-2011

John Didier Grisales: exalcalde de Génova.

Destituido e inhabilitado por 12 años por declarar sin justificación estado de urgencia manifiesta y contratar sin requisitos legales.

  • En 2011 fue condenado a 17 años el exalcalde de Armenia David Barros Vélez, quien había sido gobernador designado (1986-1987) y senador (1990-1991). Tras una carrera política de más de dos décadas acabó en la cárcel por corrupción en la compra de unas cámaras de vigilancia por más de 2.000 millones de pesos.
  • En 2011 fueron destituidas e inhabilitadas por 15 años la exalcaldesa de Armenia Ana María Arango y la secretaria general de Empresas Públicas de Armenia, por alterar dos actas de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Armenia (EPA), donde comprometieron recursos del Sistema General de Participaciones.
  • En 2012 fue destituido el exalcalde de Pijao Edgar Cuervo Osorio por haberse valido de los convenios interadministrativos y fragmentar la construcción de una vía en nueve contratos para evitar la licitación; los contratos se suscribieron en la misma fecha, fueron ejecutados en el mismo tiempo y con el mismo objeto.
  • En 2013 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por diez años al exalcalde de Filandia, Héctor Fabio Urrea, por celebración irregular de contratos cuando ocupó la gerencia del Hospital San Vicente de Paúl de ese municipio.
  • En 2014 fue condenada la exalcaldesa de La Tebaida, María Eddy Segura, por   peculado en concurso con obtención de documento público falso y en 2016 fue condenada de nuevo a 42 meses de prisión por interés indebido en la celebración de contrato. Recibió pagos por trabajos que no se efectuaron.
  • En 2014 el exalcalde Calarcá, Juan Carlos Giraldo, fue destituido e inhabilitado por 12 años debido al contrato que otorgó a una empresa que no cumplía los requisitos legales. Ya había suspendido por la instalación de cámaras para fotomultas en vías nacionales omitiendo el proceso de selección objetiva.
  • En 2015 la Procuraduría le formuló pliego de cargos al exalcalde de Filandia, Simón Morales, por presunta irregularidad en el cumplimiento de los principios de responsabilidad, transparencia y selección objetiva en la celebración de contratos. 
  • En 2016 el exalcalde de Génova, John Didier Grisales, fue destituido e inhabilitado por 12 años por declarar el estado de emergencia manifiesta por causa de la ola invernal y ordenar contrataciones de forma directa. La Contraloría General estableció que no hubo razones para esta declaratoria y que los respectivos contratos de obras públicas no tenían justificación legal.

Corrupción y violencia

Ex Gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, investigada por la procuraduría.
Ex Gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, investigada por la procuraduría. 
Foto: Gobernación del Quindío 

Aunque el Quindío suele ser presentado como un departamento más bien tranquilo, sin presencia de grupos armados y sin violencia política, en el período de este análisis se han presentado numerosos eventos de violencia sobre dirigentes políticos, mandatarios locales y periodistas que han denunciado actos de corrupción.

Entre las personas asesinadas por denunciar la corrupción se cuentan:

  • Ernesto Acero Cadena, director del Informador Socioeconómico del Quindío, asesinado en 1995;
  • Jairo Elías Márquez, director de la publicación El Marqués, asesinado en 1997;
  • El ex viceministro de Comunicaciones, Rommel Hurtado, asesinado en 2010.

Este último fue quien instauró la denuncia que desembocó en la formulación de pliego de cargos contra la exgobernadora y senadora Amparo Arbeláez Escalante, destapó los casos de las cámaras de seguridad y enriquecimiento ilícito en contra del exalcalde de Armenia, David Barros Vélez (condenado en 2012) y había denunciado irregularidades en unas cooperativas de trabajo creadas por algunos concejales de Armenia. Era testigo en varios procesos jurídicos que entonces se seguían en casos de corrupción y había sido testigo en el proceso del exdiputado y exrepresentante a la Cámara Carlos Alberto Oviedo (condenado en 1990 por homicidio y asesinado en 2009). 

Por otra parte, los grupos guerrilleros han hecho presencia y ejercido la violencia contra los políticos locales. El caso más sonado fue el del ya dicho Ancízar López, primer gobernador del departamento y senador durante más de dos décadas quien fue secuestrado por el ELN en abril del 2002 y murió en cautiverio.

En algunos municipios las FARC han presionado a los alcaldes y en Génova han amenazado a los alcaldes y asesinado a dos de ellos: a Jairo Gómez Giraldo (1997-2000), quien de nuevo era candidato a las elecciones de 2003 y figuraba en una lista de funcionarios amenazados por el este grupo ilegal; y a José Heriberto Castro Toro en febrero de 2005. En este caso el comandante de la Policía informó que habían recibido boletas del frente 50 de esta guerrilla que le exigían una cuota mensual de los ingresos del municipio.

¿Cura para la corrupción?

En 2015 fueron elegidos los nuevos mandatarios locales.

En el Quindío se impuso para la gobernación el sacerdote Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien se presentó mediante firmas pero luego recibió el apoyo de los liberales y los conservadores y le ganó al candidato de Cambio Radical.

A los pocos meses de posesionarse formuló con su equipo el denominado Plan Anticorrupción que se propone identificar riesgos, impulsar la transparencia y el acceso a la información y anima a la población a que se convierta en veedora de la gestión pública y del manejo de los recursos. Solo queda esperar que avance la gestión y su período de gobierno.

Solo habían pasado un año y 11 días y sectores de oposición ya estaban presentando una solicitud para acudir a la figura de la revocatoria del mandato. Esta iniciativa es impulsada por un integrante del movimiento Dignidad Agropecuaria en Quindío, el excandidato por el partido Centro Democrático a la Asamblea departamental, Carlos Arturo López. Solo queda esperar a los resultados de su gestión y ver si prospera la propuesta de revocatoria.

En la alcaldía de Armenia ganó el candidato del Partido Liberal, el filósofo y profesor Carlos Mario Álvarez. Parecen ser otros tiempos. Pero habrá que esperar.

 

* Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.  

 

 [1] Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, radicación No 162-

 [2] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 060, enero 29 de 2010.

[3] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 968, noviembre 29 de 2013.

 [4] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa No 658 junio 26 de 2015

 

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Comentarios  

Carlos Cardona
0 # PeriodistaCarlos Cardona 03-04-2017 07:45
Interesante
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José Yesid Sabogal
0 # SociologoJosé Yesid Sabogal 04-04-2017 23:00
Bueno el trabajo de Javier Duque. Lo que no entiendo es que el clientelismo se entienda como una categoría propia, diferente a la corrupción. el profesor Fco Leal B. sustento ampliamente en su libro "El Clientelismo y su expresión regional" que el clientelismo es un sistema corrupto. Se me antoja que al considerarlos categorias diferentes se busca diferenciar politicos corruptos y delincuencia, uno de los sofisma de distracción al que le hacemos el juego. Y una pregunta: los notarios son o no funcionarios publicos? Es que uno de los funcionarios públicos mencionado y clasificado como destituido es actualmente notario de Calarcá.
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Javier Duque
0 # SaludoJavier Duque 07-04-2017 09:33
Gracias por el comentario. El clientelismo no necesariamente es corrupto pues se puede hacer apegado a la legalidad (interceder por cargos públicos, construir redes de apoyos con los seguidores, apoyar a una comunidad gestionando ante el gobierno central), mientras que la corrupción implica la apropiación indebida de recursos públicos, o la financiación ilegal de campañas, o contratar violando las normas. Hay sanciones que inhabilitan por un tiempo, pero no de por vida. habría que ver el caso específico.
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