Partido Conservador: negocios, clientelismo y corrupción

(Tiempo estimado: 9 - 18 minutos)

Partido Conservador Colombiano

Javier DuqueUna de las fuerzas más importantes en la historia de Colombia se ha convertido en una asociación para conseguir cargos y contratos del Estado. Y no son pocos -ni poco notables- sus representantes que han estado implicados en acciones criminales.  

Javier Duque Daza*

Radiografía de la corrupción VII

Estrategias de sobrevivencia

El conservatismo es un partido en declive que pasó de ser coprotagonista durante un siglo y medio de bipartidismo (hasta el 2002) a ser un actor de segundo orden. Cuatro hechos permiten apreciar este declive:

  1. Su decreciente presencia en el Congreso, donde pasó de ser la segunda fuerza a ser un partido más en un sistema multipartidista. En 1986 tenía el 38,6 por ciento de curules en el Senado (44 curules) y 43 por ciento en la Cámara (82 curules). Tres décadas después, en las elecciones de 2014, obtuvo 18 curules de las 102 en el Senado (el 18 por ciento) y 27 de las 166 en la Cámara (16 por ciento).  
  2. En las elecciones de alcaldes de 1988 ganó en 412 municipios, mientras que en 2015 lo hizo en 156, y en la primera elección de gobernadores de 1991 triunfó en siete departamentos, mientras en 2015 solo en uno. En Concejos y Asambleas su papel es minoritario (1.965 de los 11.639 concejales y 58 de los 409 diputados).
  3. La renuncia a tener candidatos presidenciales propios en 2002 y 2006, la división interna en las elecciones de 2010 y 2014 y la escasa renovación de sus dirigencia hacen que no tenga candidatos con opciones reales de ganar las elecciones y no se vislumbran quienes renueven al partido. Las dos posibles candidaturas de hoy son de muy bajo perfil: Marta Lucía Ramírez, quien no logra unir al Partido y carece de la proyección nacional y de fuerza movilizadora, y Alejandro Ordoñez, un conservador ultramontano, criticado por su ejercicio como procurador y más cercano al Centro Democrático que a su propio partido.
  4. El triunfo de Andrés Pastrana en 1998 se logró con el respaldo de un sector del Partido Liberal (del cual hicieron parte Humberto de la Calle, Néstor Humberto Martínez e Ingrid Betancourt). Tras renunciar a candidatos propios en 2002 y 2006, el Partido Conservador (PC) se vio relegado en el 2010 al quinto lugar con Noemí Sanín y a un magro tercer puesto en 2014 con Marta Lucía Ramírez.

Ante el declive el partido ha adoptado dos estrategias de sobrevivencia: actuar como partido-rémora que se adhiere al candidato con mejores opciones, y apostarle a la búsqueda de puestos mediante adhesiones pragmáticas en los niveles nacional, departamental y municipal.

El PC es un partido burocrático-clientelista cuya dirigencia, congresistas y jefes locales buscan pactos que les representen pedazos de poder en términos de contratos, influencia y burocracia. Por esta razón, por su clientelismo y por la laxitud en el manejo de las candidaturas por parte del directorio nacional, el partido se ha visto involucrado en numerosos eventos de corrupción y de nexos con la criminalidad.

Voto a cambio de regalos

Caso de Agro Ingreso Seguros, con ex presidente Uribe y Andrés Felipe Arias.
Caso de Agro Ingreso Seguros, con ex presidente Uribe y Andrés Felipe Arias. 
Foto: Histórico Presidencia de la República 

El PC fue uno de los grandes beneficiados con la burocracia y los contratos durante los dos gobiernos de Uribe, cuando asumió el papel de supra-patrón clientelista que proveía cargos y favores a cambio de apoyo para sus proyectos en el Congreso y respaldo a sus programas. Después se reveló que la aprobación de la reforma constitucional para reelegir al presidente estuvo mediada por un delito; tres congresistas conservadores dieron el voto decisivo a cambio de prebendas y acabaron en la cárcel:

  • Yidis Medina, de Santander, se había opuesto inicialmente al proyecto y reconoció que cambió de voto porque el gobierno entre otras gabelas le prometió más inversión en su zona de influencia política (Magdalena Medio). La congresista fue condenada a 47 meses de prisión.[1]
  • Teodolindo Avendaño, del Valle del Cauca, desapareció del Congreso el día de la votación del proyecto y recibió una notaría a cambio que luego vendió por 450 millones de pesos. También fue condenado por cohecho y enriquecimiento ilícito.[2]
  • Iván Díaz Mateus, representante a la Cámara reemplazado por Yidis Medina, fue condenado a seis años de cárcel por el delito de concusión, por presionar a un funcionario público, pues contribuyó a presionar a su suplente para cambiar su voto[3].

Dos exministros del gobierno Uribe (Sabas Pretelt y Diego Palacio) y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Alberto Velásquez) fueron condenados también por el cohecho.

Las notarías han sido moneda de cambio en la política colombiana y el PC ha sido uno de los beneficiados.

Las notarías han sido moneda de cambio en la política colombiana y el PC ha sido uno de los beneficiados. En el mismo caso de la reelección ilegal de Uribe se destapó lo que la prensa llamó el “carrusel de las notarías”. El entonces superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello, declaró ante la Corte Suprema que se entregaron 40 notarías a congresistas a cambio del apoyo a la reelección. Señaló que el Ministro del Interior, Sabas Pretelt, y el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, lo citaban a Palacio para notificarle sobre la urgencia de crear una nueva notaría que llegaba siempre con nombre predeterminado cercano a algún parlamentario. Cuello fue condenado a ocho años por concusión, abuso de poder y prevaricato.

En este caso se vieron involucrados 34 congresistas pero solo han sido condenado dos, ambos conservadores: Alirio Villamizar Afanador (exrepresentante, 2002-2006 y senador 2006-2010) por delito de concusión, y Teodolindo Avendaño, quien recibió –y vendió- una notaría.

Entre los congresistas conservadores mencionados en la investigación también estaban los senadores Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade y Roberto Gerlein y el representante a la Cámara Santiago Castro.

Parapolíticos y narcofamilias

También fueron muchos los congresistas conservadores involucrados en casos de vínculos con grupos paramilitares: como se observa en la Tabla 1, trece congresistas de este partido han sido condenados por concierto para delinquir.

Además de estas condenas, este partido avala candidatos sin preocuparse por las calidades de quienes reciben su respaldo, siempre y cuando le aporten votos en un mercado electoral cada vez más competido. Por ejemplo:

  • El conservatismo ha servido para que una familia se apodere del manejo del municipio de Bello, Antioquia. Su congresista Óscar Suárez Mira fue condenado por parapolítica y es prófugo de la justicia que lo investiga por nexos con el narcotráfico; no obstante en 2010 el partido avaló la candidatura al Senado de su hermana Olga Suárez Mira, quien fue reelegida en 2014 (ya había sido concejal y alcaldesa en el período 2004-2007) y avaló también en 2015 a su hermano César Suárez Mira elegido, actual alcalde.
  • El PC avaló los candidatos procedentes de la familia Benito-Revollo en Sucre. Su congresista Muriel de Jesús Benito-Rebollo fue condenada a tres años de cárcel; su hermano Edgar fue concejal y diputado departamental y alcalde de San Onofre (2008-2011) y su esposa fue elegida diputada por el mismo partido en 2015. Otros tres hermanos de la familia fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.

Dos bonitos ejemplos del partido del orden, de la tradición, católico y defensor de las buenas costumbres.

Tabla 1. Congresistas conservadores condenados por sus nexos con grupos paramilitares

Político

Cargo

Situación legal

Ciro Ramírez Pinzón (Boyacá)

Exdiputado, exconcejal, exrepresentante a la Cámara (1986-1990) y exsenador (1994-2010), expresidente del partido.

Condenado en 2011 a siete y medio años de prisión por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Alfonso Campo Escobar (Magdalena)

Exrepresentante a la Cámara (1998-2010).

Condenado a 6 años de prisión en 2007 por la CSJ.

Gonzalo García Angarita (Tolima)

Exalcalde del Valle del San Juan (2001-2003); exrepresentante a la Cámara (2006-2010).

Sentenciado a 90 meses de cárcel por concierto para delinquir agravado.

 

Óscar Suárez Mira (Antioquia)

Exalcalde de Bello (1995-1997), exrepresentante a la Cámara (2002-2006) y exsenador (2006-2010).

Sentenciado a ocho años de prisión por sus vínculos con grupos paramilitares. Investigado por nexos con el narcotráfico.

Muriel Benito-Revollo (Sucre)

Exrepresentante a la Cámara (2002-2006).

Condenada en 2008 a tres años de cárcel por concierto para delinquir agravado.

Álvaro Morón Cuello (Cesar)

Exrepresentante a la Cámara (2006-2010).

Condenado en 2010 a ocho años de prisión por concierto para delinquir.

Antonio Valencia Duque (Antioquia)

Se pasó a Equipo Colombia tras una larga carrera burocrática. Exrepresentante a la Cámara (2002-2006) y exsenador (2006-2010).

Condenado en 2010 a 45 meses de cárcel por sus nexos con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC

William Montes Medina (Bolívar)

Exsenador (2002-2010)

Condenado en 2012 a 90 meses de cárcel por concierto para delinquir.

Julio Manzur Abdala (Córdoba).

Exdiputado (1980-1982), exsenador (1982-2009).

Investigado por presuntos nexos con grupos paramilitares.

Luís Fernando Almario (Caquetá)

Exdiputado y exrepresentante a la Cámara.

La CSJ lo condenó en 2016 a 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 7.500 millones por concierto para promover grupos armados al margen de la ley y constreñimiento al sufragante.

Jorge Luís Caballero (Magdalena).

Exdiputado (1990-1992), exconcejal, exgobernador (1995-1997). Después pasó a Colombia Viva en el 2002 (elegido representante hasta el 2010).

Condenado en 2008 a 39 meses por concierto para delinquir agravado y constreñimiento al electorado.

José María Imbett (Bolívar)

Exrepresentante a la Cámara (2002-2006).

Condenado en 2012 a siete años y medio por concierto para delinquir.

Javier Ramiro Devia (Tolima)

Exdiputado (1994-1997) y también ex representante a la Cámara (2002-2010)

Condenado en 2011 a 8 años y medio por concierto para delinquir.

Fuente. Elaboración del autor sobre la base de: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 26.948, marzo 10 de 2011, caso Ciro Ramírez Pinzón; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 26.470, febrero 15 de 2007, caso Álvaro Araujo Castro y otros, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 27.941, diciembre 4 de 2009, caso Gonzalo García Angarita; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 27.267, julio 24 de 2013, caso Óscar Suárez Mira; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 30.126, diciembre 14 de 2010, caso Ramón Antonio Valencia Duque.; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 33.054, enero 19 de 2011, caso William Montes Medina; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, diciembre 7 de 2011, caso Javier Ramiro Devia Arias, Acta 214, agosto 1 de 2008; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia Corte Suprema de Justicia, Sala de 36.046, marzo 16 de 2016, caso Luís Fernando Almario; Casación Penal, única instancia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 27.530, junio 28 de 2012, caso Jorge Luis Caballero; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia No 27.408, enero 18 de 2012, caso Óscar Josué Reyes; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia; Auto Interlocutorio No  39.144 de 3 de Abril de 2013, Caso Álvaro Morón Cuello.

 

El heredero  

Alejandro Ordóñez, miembro del partido Conservador y exprocurador anulado.
Alejandro Ordóñez, miembro del partido Conservador y exprocurador anulado. 
Foto: Procuraduría General de la Nación 

El PC tuvo el manejo del Ministerio de Agricultura durante varios gobiernos. En virtud de este reparto que los políticos llaman “representación política” fue nombrado Andrés Felipe Arias (2005-2009). Este ministro ejecutó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que  originalmente consistía en dar subsidios a los campesinos  y productores agrícolas para que pudieran afrontar la internacionalización de la economía.

La voracidad burocrática y la búsqueda de rentas del conservatismo lo llevaron incluso a beneficiase de los recursos expropiados a las mafias.

En octubre de 2008 la revista Cambio divulgó una serie de irregularidades que dieron origen al escándalo y a los debates en el Congreso[4]: se descubrió que este programa había dado subsidios a familias dueñas de grandes empresas y extensas propiedades; a familiares de políticos, incluso a narcotraficantes y a una reina de belleza. Por este escándalo los partidos de oposición a Uribe –liberalismo y Polo Democrático- promovieron una moción de censura contra Arias, pero otra vez se impusieron las mayorías de la coalición de gobierno.

Posteriormente, el ministro Arias fue destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 16 años por parte de la Procuraduría General. En julio de 2011 fue detenido y condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión[5]. Quien aspiraba a ser el clon de Uribe (a quien los medios llamaron “Uribito”) y su remplazo en la Presidencia, acabó prófugo y pidiendo asilo en Estados Unidos con el apoyo vehemente de Álvaro Uribe. Como es habitual en el círculo del ex presidente, Arias se declaró perseguido político.

Los bienes de la mafia

La voracidad burocrática y la búsqueda de rentas del conservatismo lo llevaron incluso a beneficiase de los recursos expropiados a las mafias.

Desde el 2006 el presidente Uribe asignó la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) al PC, y bajo la gestión de Carlos Albornoz se comenzó la feria de repartos de lujosas propiedades, moteles, hoteles y demás bienes incautados. Varios medios han descrito cómo  los políticos conservadores corrompieron esta institución y fueron parte de irregularidades  que incluyeron los sobornos para quedarse con la administración de activos; la repartición a personas cercanas a Carlos Albornoz (imputado por la Fiscalía[6]) y a su sucesor, Omar Figueroa (quien es testigo en el caso por acuerdo con la Fiscalía[7]); o el pago de favores a personas recomendadas o que servían de testaferros a congresistas. Por estos manejos son investigados 13 congresistas, entre los cuales están los conservadores Hernán Andrade, Myriam Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Óscar Fernando Bravo, Ómar Yepes Alzate y Héctor Ospina.

La DNE fue liquidada en 2011 y reemplazada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero la herencia que dejaron los recomendados por el PC es como sigue:

  • Decenas de miles de propiedades y bienes que no se sabe en dónde están,
  • Deterioro de un gran número de bienes –algunos están en ruinas-;
  • 6.000 bienes inmuebles están invadidos de forma ilegal;
  • No se sabe bien cuál es el total de bienes y en manos de quienes están.

Este fue un caso paradigmático de mala gestión, clientelización, corrupción y criminalidad. Los bienes de la mafia en manos de los políticos, sus familias y allegados.

Otras dos perlas azules

  • El exministro del PC, Fernando Londoño Hoyos, fue protagonista del sonado caso de Invercolsa. En 1997 adquirió de forma ilegal el 20 por ciento de las acciones de esta empresa de gas que remató Ecopetrol, pero no podía comprar las acciones porque estaban reservadas para quienes hubieran sido trabajadores de esta y Londoño había trabajado cinco años bajo la figura de honorarios. En 2007 la justicia determinó que debía devolver las 145 millones de acciones más los dividendos que había recibido de forma ilegal.

Tiempo después la Procuraduría General destituyó a Londoño por realizar gestiones a favor del consorcio italiano Recchi, del cual había sido apoderado y por valerse de sus poderes como ministro del Interior y de Justicia. La Procuraduría consideró que el exministro incurrió en conflicto de intereses y usó abusivamente su autoridad. Londoño fue apoderado judicial del consorcio que contrató en 1994 con el Estado la construcción de un tramo de la vía Bogotá-Villavicencio. Después se presentó un conflicto en el contrato y el entonces ministro sugirió conformar un Tribunal de Arbitramento que falló en contra del Estado colombiano por cerca de 14.000 millones de pesos [8].

  • Otro caso es el de Alejandro Ordoñez, procurador general entre 2009 y 2016. El Consejo de Estado determinó que la Corte Suprema de Justicia no podía ternarlo ante el Senado porque Ordoñez había nombrado en altos cargos de la Procuraduría  a familiares cercanos de los magistrados que lo postularon. 

Marchando con los suyos

Recientemente Álvaro Uribe y el Centro Democrático convocaron a una marcha contra la corrupción. Entre quienes se unieron estaban algunos de los personajes antes mencionados –como Fernando Londoño  y Alejandro Ordoñez-. La marcha también recibió el respaldo del expresidente conservador Andrés Pastrana.

El apoyo de Pastrana llama mucho la atención pues el exmandatario fue un crítico radical de la corrupción en su partido y del gobierno de Uribe. Tanto así que en su momento declaró que: “entre una punta y otra (directores de estupefacientes y congresistas) se encuentra el fantasma de la reelección presidencial de 2006, porque esas prebendas tenían un solo propósito: conquistar los votos de los parlamentarios que aseguraban así su supervivencia. Ahora es la supervivencia del propio partido la que está en juego”.

A diferencia del expresidente, las directivas del PC criticaron la marcha y no se sumaron oficialmente a ella, que fue considerada como una protesta en contra del gobierno Santos, de cuya coalición hace parte el conservatismo. Este partido sigue pensando en la supervivencia y esto lo lleva por los mismos caminos que ha recorrido en las últimas décadas de beneficios para sus dirigentes y sus políticos locales, sin muchos miramientos éticos. Un curso de acción que resulta difícil de revertir.

 

*    Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.  

 

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Acta No 173, junio 26 de 2008

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Única instancia No 29. 29.705, junio 3 de 2009.

[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Única instancia No. 29.769, junio 3 de 2009.

[4] “Programa Agro Ingreso Seguro ha beneficiado a hijos de políticos y reinas de belleza”. Recuperado de: http://www.cambio.com.co/paiscambio/847/  y "La Gran Estafa". 2 de noviembre de 2008. Recuperado de: http://www.cambio.com.co/paiscambio/707/3398366-pag-3_4.html

[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP9225-2014 Radicación n° 37462, julio 16 de 2014.

[6]  Fiscalía General de la Nación, Boletín de prensa No. 30.11, abril 18 de 2013.

[7] Fiscalía General de la Nación, Boletín de prensa No8.891, enero 23 de 2015

[8] Procuraduría General de la nación, Boletín No 381, noviembre 16 de 2004 “Destituido e inhabilitado por 15 años exministro Fernando Londoño por abuso de autoridad y conflicto de intereses”.

 

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Comentarios  

Fabiola Castillo
+1 # SeñoraFabiola Castillo 02-05-2017 17:31
Felicitaciones x lo completo de la investigacion. Seria maravilloso identica o por lo menos similar investigacion se realizara con el partido de la U, el liberal, el Verde, el de los Indigenas, los q profesan algun credo a ver si dejamos tanta ignorancia judicial y politica.
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javier duque daza
+1 # Respuestajavier duque daza 03-05-2017 13:20
Gracias por el comentario. Ya se han publicado de Cambio radical y del Partido de la "U".
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