El Valle del Cauca: narcotráfico, crimen y corrupción (primera parte)

(Tiempo estimado: 11 - 21 minutos)

Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle del Cauca.

Javier DuqueDesde la financiación ilícita de políticos aliados con la mafia en la década de 1980 hasta las investigaciones contra su actual gobernadora, este departamento ha sido marcado por la corrupción y la influencia del crimen en la política.

Javier Duque Daza*

Especial radiografia de la corrupción VIIILa política como corrupción

En el Valle del Cauca – como en el resto del país-  la mayoría de los jefes políticos gestionan sus propias microempresas electorales.

Las etiquetas partidistas sirven de paraguas para las aspiraciones de dirigentes que actúan por su propia cuenta, hacen alianzas, se financian y manejan sus campañas con total independencia.  Las reglas de juego electoral han favorecido el personalismo, tanto durante el período 1991-2002  --cuando rigió el sistema de múltiples listas, sin umbral, con doble militancia y sin controles en la financiación--, como tras las reformas políticas a partir de 2003 --con voto preferente, umbral electoral, prohibición de la doble militancia y algunos controles formales sobre la financiación--.  

La actuación tardía e ineficiente de las agencias de control estatal (Procuraduría y Contraloría) y de la justicia ayuda a la corrupción y a la persistencia de nexos entre políticos y criminales. Aunque haya muchos políticos sancionados, condenados o encarcelados, subsiste un margen de impunidad que estimula la comisión de delitos. Falta además el esfuerzo preventivo por parte de aquellos entes de control sobre las elecciones y las actuaciones de los gobernantes.

Esa falta de control por parte de los directorios nacionales y de los organismos especializados ha permitido que muchos dirigentes locales asuman la política como una forma de enriquecimiento y de ascenso personal. Para esto se han asociado con funcionarios, con redes de contratistas, e incluso con las mafias para enturbiar los procesos electorales y apropiarse de recursos públicos.

Entre finales de la década de 1980 y 1994, gran parte de las campañas fueron financiadas por el cartel.

Por eso han sido tan numerosos los casos de ilegalidad, que van desde el proceso 8.000 hasta decenas de alcaldes involucrados en casos de corrupción, pasando por la Yidispolítica y la corrupción electoral. Así lo muestra la Tabla siguiente: 

Panorama de políticos del Valle del Cauca involucrados en delitos y corrupción

Situación Políticos Situación
Nombre Partido y cargo
Proceso 8000

-Gustavo Espinosa

-Carlos Herney Abadía

-Armando Holguín Sarria

-José Félix Turbay

-Hugo Castro Borja

-Mauricio Guzmán

-Armando Mosquera

Exsenador

Exsenador

Exsenador

Exsenador

Exsenador

Exalcalde, excongresista

Exconcejal, exgobernador (e)

-Condenado en 1999

-Condenado en 1997

-Condenado en 1998

-Condenado en 1997

-Condenado en 1997

-Condenado en 1998

-Condenado en 1996

Yidispolítica -Teodolindo Avendaño Conservador (exrepresentante a la Cámara) -Condenado en 2009
Corrupción electoral

-Juan Carlos Martínez

-Carlos Fernando Motoa

-Funcionarios Registraduría

Exsenador

Senador

Funcionarios

-Condenado en 2013 y 2016

-Sin procesos

-Destituidos en 1998-2013

Gobernadores destituidos, condenados o investigados

-Gustavo Álvarez Gardeazabal

-Juan Carlos Abadía

-Héctor Fabio Useche

-Dilian Francisca Toro

-Exalcalde y exgobernador

-Exgobernador

-Exgobernador

-Gobernadora

-Condenado en 2000

-Destituido en 2010, 2013, 2015

-Destituido en 2011 y 2013

-Investigada actualmente

Corrupción en Alcaldías

-Héctor Aníbal López Fandiño

-John Maro Rodríguez

-Apolinar Salcedo Caicedo

-Saulo Quiñonez García

-José Félix Ocoró

-Bartolo Valencia

-Argemiro Roldán Flórez

-Luís Alberto Castro Ocampo

-Germán Gonzáles Osorio

-Raúl Arboleda Márquez

-Fernando Escobar Arroyave

-Milton Fabián Sánchez

-Felipe Adolfo Restrepo

-Fernando David Murgueitio

-Jorge Eliécer Aragón

-Manuel Santos Carrillo

-Fabio Humberto Piedrahita

-Gustavo Adolfo Llorente

-Hugo Venancio Córdoba

-Marta Vélez

-Humberto Cardona Hincapié

-Mauricio Mejía López

-Luis Mario Villafañe

-Exalcalde de Yumbo

-Exalcalde de Cali

-Exconcejal y exalcalde de Cali

-Exalcalde de Buenaventura

-Exalcalde de Buenaventura

-Exalcalde de Buenaventura

-Exalcalde de Ginebra

-Exalcalde de Cartago

-Exalcalde de Cartago

-Exalcalde de Palmira

-Exalcalde Anserma Nuevo

-Exconcejal de Anserma Nuevo

-Exalcalde de Yumbo

-Exalcalde Yumbo

-Exalcalde de Jamundí

-Alcalde de Jamundí

-Exalcalde de Guacarí

-Exalcalde Calima-Darién

-Exalcalde de Florida

-Diputada departamental

-Concejal de Restrepo

-Exconcejal de Cali

-Exconcejal de Cali

-Procesado 1991

-Condenado en 2013

-Destituido en 2007

-Destituido y condenado 2015

-Detenido en 2015

-Suspendido

Procuraduría 2012

-Condenado en 2014

-Condenado 2015

-Destituido en 2016

-Procesado 2015-2017

-Procesado 2011

-Procesado 2011

-Procesado 205-2017

-Destituido 2016

-Suspendido 2016

-Destituido 2011

-Suspendido 2011

-Procesado 2017

-Detenido en 2017

-Detenida en 2017

-Detenido en 2016

-Condenado en 2011

-Condenado 2011

Fuente: elaboración propia sobre la de las decisiones judiciales citadas en el texto.

El cartel y los políticos

La trama del proceso 8.000 se gestó y se concretó en Cali, y el mayor número de condenados por nexos entre políticos y narcotráfico provenía del Valle del Cauca.

Fueron sentenciados cuatro senadores (Gustavo Espinosa, Carlos Herney Abadía, Armando Holguín y José Félix Turbay), un exgobernador, exalcalde y exrepresentante a la Cámara (Mauricio Guzmán) y un exconcejal (Armando Mosquera) del Partido Liberal. Igualmente fueron condenados un exsenador conservador (Hugo Castro Borja) y el exgobernador y exalcalde Gustavo Álvarez Gardeazabal.

La relación entre políticos y narcotráfico en el Valle se dio de un modo casi natural. El cartel de Cali convivió con la sociedad y con las autoridades nacionales y locales que se hicieron los de la vista gorda mientras se daba el enfrentamiento entre el Estado y el cartel de Medellín en la década de 1980.  Los dineros de los hermanos Rodríguez Orejuela y sus socios financiaron desde el equipo de futbol América, hasta la Policía y las autoridades locales, pasando por periodistas y emisoras, cadenas de droguerías y otras empresas.

Los políticos no fueron la excepción, y por un conocido hotel de la ciudad desfilaban congresistas y aspirantes a serlo que buscaban financiar sus campañas- encarecidas por la circunscripción nacional para el Senado y por la intensificación de la competencia en el departamento-. Como actuaban de manera individual, resultaba “normal” que cada candidato se acercara a los principales ricos de la ciudad, también interesados en tener amigos en el Congreso y en el poder local.

Entre finales de la década de 1980 y 1994, gran parte de las campañas en el Valle del Cauca fueron financiadas por el cartel. El clientelismo tradicional seguía vigente, solo que ahora había más candidatos y menos recursos por las restricciones que introdujo la Constitución del 91. Los electorados tradicionales no eran suficientes para garantizar la elección, y por eso se le sumó el clientelismo mafioso. A los recursos del Estado se añadieron los del narcotráfico con el fin de ganar las elecciones.

Con el proceso 8.000 acabaron en la cárcel decenas de políticos, pero otros muchos se quedaron en la sombra. Solo quienes recibieron cheques o quedaron registrados en los documentos del cartel pasaron unos años detenidos bajo condiciones privilegiadas.

Teodolindo Avendaño y la Yidispolítica

Partido Integración Nacional.
Partido Integración Nacional.  
Foto: Wikimedia Commons

Como quedó reseñado en un artículo anterior de Razón publica, durante los ocho años del gobierno Uribe el conservatismo fue uno de los grandes beneficiados con la burocracia y con los contratos.

Una vez aprobado en el Senado, el proyecto de reelección del presidente debía contar con el visto bueno de la Comisión Primera de la Cámara. La comisión lo aprobó por 18 a favor y 16 en contra, con un voto ausente. Después se reveló que dos representantes conservadores definieron la suerte del proyecto a cambio de prebendas y acabaron en la cárcel: Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, este último del Valle del Cauca, quien desapareció del Congreso en la fecha de la votación a cambio de una notaría que vendió por 450 millones de pesos.

En el Valle del Cauca se han presentado casos sucesivos de “urnas contaminadas” por parte de políticos importantes.

Teodolindo Avendaño había hecho su carrera política en Caicedonia, había sido diputado y había tenido dos “palomas” en el Congreso como suplente del también conservador Rodrigo Arcila, en la práctica habitual del “carrusel” entre socios políticos que suman votos para obtener una curul. Este nuevo período le sirvió para ajustar su pensión, aunque fue condenado a 8 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y cohecho. Después, en 2013, el Consejo de Estado consideró ilegal su pensión como congresista y la redujo a menos de la mitad [1].

Corrupción electoral

En el Valle del Cauca se han presentado casos sucesivos de “urnas contaminadas” por parte de políticos importantes:

  • En 1992 el Consejo de Estado anuló la elección de todos los concejales de Cali y ordenó un nuevo conteo de los votos en las elecciones de 1990.  El Consejo determinó que se habían dado muchas irregularidades, que las cifras anotadas en los formularios no coincidían, y que 2.821 votos inexistentes habían sido  consignados en favor de uno de los concejales [2].
  • En 1998 dos candidatos a la Cámara denunciaron irregularidades en seis registradurías auxiliares de Cali y describieron en detalle la forma como se habría formado una red de corrupción electoral. La Registraduría reconoció el fraude e informó de varias destituciones en esa entidad y en firmas de contratistas, y se iniciaron procesos en la Fiscalía y en la Procuraduría [3].
  • En las elecciones para el Senado en 2010 hubo muchas denuncias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero este se limitó a revisar el 10,5 por ciento de las cerca de 76.000 mesas que funcionaron ese día. La revisión produjo 38.871 modificaciones a los resultados iniciales en 23 de los 32 departamentos y en 267 municipios.

Uno de los casos en duda involucró al senador del Valle Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.  El candidato del mismo partido Rodrigo Lara -que perdió por 13 votos frente a Motoa- impugnó los resultados ante el Consejo de Estado. En el reporte inicial de la Registraduría Lara llevaba 400 votos de ventaja, pero luego apareció perdiendo por 30 votos y la diferencia final fue de 13 votos. La indagación reveló que la diferencia se concretó en la mesa 7 del puesto 1 de la zona 2, del municipio de Carmen de Bolívar, que fue la única mesa de ese municipio donde le aparecieron votos a Motoa. Lara argumentó que Motoa no había visitado Carmen de Bolívar, y este se defendió señalando que su jefe de prensa era de la región y que él le había conseguido los votos. Rodrigo Lara ha denunciado este caso como un fraude en su propio partido con complicidad de la Registraduría local. La revisión final nunca se llevó a cabo [4].

  • También en las elecciones de 2010 el presidente del CNE denunció que en Cali se detectaron irregularidades en más de 1.500 mesas y que los votos emitidos habían sido superiores en un 36 por ciento a los depositados en el 2006. Los escrutinios para la Cámara debieron aplazarse porque en Buenaventura, Cali y Yotoco estaba pendiente la anulación de mesas por irregularidades y se detectó que la votación aumentó en 350.000 sufragios respecto de 2006, lo cual significaba que todas las cédulas expedidas en los cuatro años efectivamente fueron usadas para votar, algo inusual.

El Partido de Integración Nacional (PIN) – varios de cuyos dirigentes tenían relaciones con el paramilitarismo- obtuvo el mayor número de curules en este departamento (tres representantes a la Cámara y tres senadores), un hecho que despertó muchas dudas porque se trataba de políticos con poca trayectoria.[5]

  • El candidato a la Alcaldía de Cali, Rodrigo Guerrero –exalcalde, exconcejal y parte de los altos círculos sociales del departamento– se presentó a través de firmas y denunció que en la Registraduría le estaban pidiendo dinero para avalárselas. Guerrero informó a la Presidencia de la República, quien hizo pública la denuncia y ayudó a que la Registraduría revisara el proceso y validara las firmas. Guerrero pudo ser candidato y ganó las elecciones. Así quedó la imagen de un candidato que hacía parte de la elite caleña que acudía al Presidente para que hiciera viable su candidatura, es decir, lo que empezó como una denuncia acabó en una inusual intermediación presidencial.
  • En 2012 hubo elecciones atípicas por la destitución del gobernador Héctor Fabio Useche, quien se había inscrito, aunque estaba inhabilitado por el delito de detrimento patrimonial del departamento cuando fue secretario de salud. Hubo otro escándalo por fraude. Se descubrió que varios funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional habían montado una sofisticada registraduría paralela para alterar los resultados a favor del candidato del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO). [6]

Gobernadores con problemas legales

Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca
Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca
Foto: Procuraduría General de la Nación

En el Valle del Cauca se han elegido nueve gobernadores por voto popular y hubo dos más designados como encargados para terminar periodos de los destituidos. Entre estos, tres fueron vinculados a procesos legales.

La elección de gobernadores en el departamento se puede dividir en dos momentos:

  • En el primero, que llegó hasta 2007, fueron elegidos gobernadores que tenían una proyección nacional, prestigio en sus respectivos partidos y una carrera política previa: (1) Carlos Holguín Sardi, 1992-1994 (exrepresentante a la Cámara y exsenador, exalcalde de Cali, exministro de Educación y figura nacional del Partido Conservador), (2) Germán Villegas, dos veces gobernador, 1995-1997 y 2001-2003, excongresista y exalcalde de Cali; (3) Gustavo Álvarez Gardeazabal, escritor reconocido, exconcejal de Cali, exdiputado y dos veces alcalde de Tuluá, y (4) Angelino Garzón, dirigente de izquierda, sindicalista, exconstituyente y exministro de Trabajo.
  • Luego viene un período de inestabilidad, con dirigentes de nueva generación, sin mucha trayectoria y aliados con políticos cuestionados: (1) Juan Carlos Abadía, exdiputado e hijo del excongresista Herney Abadía (condenado en el Proceso 8000); (2) Héctor Fabio Useche, exalcalde de Bugalagrande y exsecretario departamental de salud (ambos fueron destituidos); (3) Ubeimar Delgado, exconcejal de Cali, exrepresentante a la Cámara y exsenador del Partido Conservador, elegido para completar el período del gobernador destituido; y (4) Dilian Francisca Toro, exalcaldesa y exsenadora. Hubo también dos gobernadores designados como encargados para terminar los respectivos períodos inconclusos: Juan Fernando Bonilla Otoya y Francisco Lourido, ambos personajes reconocidos en el mundo empresarial.

Son varios los gobernadores que han tenido problemas legales:

  • Gustavo Álvarez Gardeazabal fue vinculado formalmente al proceso 8.000 por recibir seis cheques provenientes de empresas fachadas del cartel de Cali. Un cheque por 6 millones de pesos fue la prueba clave y otros títulos valores que en total sumaban 12 millones de pesos que el gobernador trató de justificar como producto de ventas de obras de arte. En noviembre del 2000 la Corte lo condenó a pagar seis años y medio de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.

Después de haber sido condenado, la Procuraduría General lo sancionó en 2003 por incumplimiento de requisitos legales en la licitación de un contrato para impulsar la expresión artística y la cultura sin contar con el certificado de disponibilidad presupuestal. Hubo también varias investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios. La Procuraduría profirió pliego de cargos por posibles irregularidades en la celebración de varios contratos durante su gestión y fue nuevamente destituido. [7]

  • En las elecciones de 2007 accedió a la gobernación un político sin grandes antecedentes: Juan Carlos Abadía, quien se presentó a través de firmas pero con un fuerte respaldo electoral del Movimiento Popular Unido, la organización creada y dirigida por su padre Carlos Herney Abadía. El nuevo gobernador fue muy controvertido por supuestos vínculos con el narcotráfico de sus principales socios políticos, especialmente el senador Juan Carlos Martínez Sinisterra.

Posteriormente fue destituido e inhabilitado en tres ocasiones por la Procuraduría. La primera destitución se dio por su participación indebida en política en 2010. El gobernador hizo una reunión con 21 alcaldes a la cual asistió el precandidato presidencial por el Partido Conservador Andrés Felipe Arias.[8] La segunda destitución se dio a comienzos de 2013 junto con su secretario de Salud, Héctor Fabio Useche de la Cruz, por suscribir un contrato sin cumplir la licitación obligatoria para favorecer a un particular.[9] La tercera destitución se dio a comienzos del 2015 nuevamente por el contrato de las cirugías bariátricas, pero por otras irregularidades.

Además de estas tres destituciones, el exgobernador Abadía fue objeto de un fallo de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General, junto con el entonces secretario de salud, Héctor Fabio Useche y trece integrantes de la junta directiva de la Licorera del Valle, pues se fijó una política de promociones donde el licor destinado a las degustaciones quedaba exento del pago de impuestos a favor del departamento. Los bienes de los implicados fueron embargados y el pago por el detrimento patrimonial fue de 60.000 millones de pesos. [10]

  • Del gobierno del destituido Juan Carlos Abadía salió el nuevo candidato a gobernador, Héctor Fabio Useche. En las elecciones de 2011 recibió el aval del partido efímero Movimiento de Inclusión y Oportunidades, una etiqueta bajo la cual se estaba intentando redefinir el antiguo Movimiento Popular Unido. Este gobernador tuvo dificultades desde el comienzo. Cuando llevaba dos meses en el cargo la Contraloría emitió el fallo por el escándalo de la Licorera del Valle y el juicio de responsabilidad fiscal que condujo a que sus bienes fueran embargados. Después sobrevino la segunda destitución en junio del mismo año 2013 por el caso de las operaciones bariátricas.
  • Luego fue elegido gobernador Ubeimar Delgado, del Partido Conservador, quien hizo algo inusual en Colombia: advirtió que había redes en la Gobernación que venían manipulando la liquidación de cuatro impuestos departamentales (registro, vehículos, valorización y estampillas) y que el detrimento por las irregularidades superaba los 100.000 millones de pesos. Según el mandatario, estos hechos provenían de administraciones anteriores. Se supone que desde entonces se adelantan las investigaciones pertinentes. [11]
  • En el 2015 fue elegida Dilian Francisca Toro. La expresidenta del Senado fue avalada por el Partido Social de Unidad Nacional en coalición con otros sectores, incluyendo el de su antiguo contradictor Roy Barreras y el de exvicepresidente Angelino Garzón, quien se postuló en la misma fórmula para la Alcaldía de Cali. A pesar de las investigaciones y las denuncias, Toro ganó con una amplia ventaja.

Cuando era senadora, reelegida para el periodo 2006-2010, la Corte Suprema le inició una investigación por supuestas negociaciones ilegales por parte de una sociedad de la cual ella era parte (Agropecuaria Ceiba Verde Ltda.), que habrían tenido lugar entre 2005 y 2007. Esta sociedad compró las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle del Cauca), que según la Corte habían pertenecido a exintegrantes del cartel del Norte del Valle, entre ellos Phánor Arizabaleta, Víctor Patiño Fómeque, Iván Urdinola Grajales, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta” y Wílber Varela, alias Jabón. La exsenadora estuvo en prisión por estas investigaciones y decidió renunciar a su curul. [12]

Como se verá en la segunda parte de este artículo, la corrupción y las relaciones de los políticos con la criminalidad en el Valle del Cauca está extendida por gran parte de los municipios.

Notas:

[1] Véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Única instancia No 29. 29.705, junio 3 de 2009 y noticiasrcn.com, noviembre 28 de 2013, “Fallo redujo millonaria pensión a Teodolindo Avendaño”.

[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Quinta. Bogotá, D. E, seis (6) de junio de 1991. Consejero Ponente: Dr. José Joaquín Camacho Pardo. Referencia: Expediente: No. 0523. Apelación Sentencia.

[3] El Tiempo, marzo 3 de 1998 “Vélez y Motoa hablan de la red para fraude electoral”, p.4ª.

[4] Véase: Misión de Obervación Electoral. Informe de observación de elecciones de 2010; El Espectador, julio 18 de 2010 “Colombia tiene ya sus 102 senadores definidos”; El Espectador, marzo 16 de 2013 “El viacrucis electoral de Rodrigo Lara”.

[5] El Tiempo, abril 15 de 2010 “Fraude en 1.500 mesas de Cali, dijo el Consejo Nacional Electoral” p.1-4; El Tiempo, julio 13 de 2010 “Sigue incertidumbre en el Valle del Cauca por escrutinio de votación para Cámara y Senado”.

[6] Véase: El Espectador, julio 1 de 2012 “Entre capturados por fraude en el Valle, hay funcionarios de la Registraduría”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Única instancia 30.097, junio 8 de 2011, caso Juan Carlos Martínez Sinisterra.

[7] Véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, proceso 16.694, noviembre 27 del 2000; El Tiempo, mayo 5 de 1999 “Prisión preventiva para Álvarez Gardeazabal”; Procuraduría General de la Nación, sala disciplinar, radicación No 161-02143 (165-063694/01), marzo 4 de 2004 y El Tiempo, octubre 8 de 2001 “Mala contratación”; El Tiempo, octubre 12 de 2001 “Cargos contra Gustavo Álvarez Gardeazabal”.

[8] Procuraduría general de la Nación, Boletín No 330, mayo 6 de 2010.

[9] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 117, febrero 28 de 2013.

10] Véase: El Tiempo, febrero 17 de 2012 “Embargaron los bienes del gobernador del Valle” y Caracol.com, febrero 18 de 2011, “Corrupción en el Valle es muy graves: fiscal general”.

[11] El País, abril 7 de 2014 “Corrupción habría afectado las rentas del Valle del Cauca”.

[12] Fiscalía General de la Nación, Boletín marzo 21 de 2013 “Fiscalía acusa a Dilian Francisca Toro por lavado de activos”.

 

Escribir un comentario

“Los comentarios en Razón Pública están sujetos a moderación, (de 8 am a 6pm hora de Colombia) con el fin de garantizar un intercambio de opiniones en tono respetuoso - serán bienvenidas la crítica aguda y la ironía - que enriquezcan el debate y resulten interesantes para lectores y autores.
En consecuencia, no se aceptarán comentarios del siguiente perfil:
1. Que constituyan descalificaciones, ataques o insultos contra los autores o contra otros participantes del foro de comentarios.
2. Que incluyan contenidos, enlaces o nombres de usuarios que razonablemente puedan considerarse insultantes, difamatorios o contrarios a las leyes colombianas.
3. Comentarios sin sentido o repetidos, que serán eliminados sin piedad.

Los comentarios no reflejan necesariamente la opinión de Razón Pública, sino la de los usuarios, únicos responsables de sus propias opiniones.”


Código de seguridad
Refescar

Comentarios  

victoralvaro
+1 # lectorvictoralvaro 08-05-2017 15:35
Felicitaciones por desnudar de manera documental y en derecho a todos los corruptos políticos de su región, donde la tapa fue finalmente la gobernadora, quien no ha tenido recursos ni para cambiar de look, esa es la sociedad colombiana, esperemos que se dice en otros departamentos.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Guadalajara de Buga
0 # y Buga que?Guadalajara de Buga 12-05-2017 06:58
En Buga el señor John Harold Suarez tiene 31 investigaciones en la fiscalia y ahora aliado de Juan Carlos Abadia
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Jorge Garcia
0 # Historia colombianaJorge Garcia 19-05-2017 06:05
Excelente trabajo historiografico de la corrupción de una parte de la corrupción en Colombia. Ojalá el autor lo haga con Bogotá como centro de poder y extienda su análisis a todos los partidos políticos. Errores menores de redacción pero muy interesante su trabajo.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador

Especial sobre la pobreza

Cali: un caso de progreso con lunares y con segregación etno-social persistente

El porcentaje de pobres ha disminuido, pero no así la intensidad ni la severidad de la pobreza. Por Harvy Vivas Pacheco*

Cartagena, una ciudad dual que crece contra los pobres

La Heroica es una de las ciudades colombianas con más desigualdad social y discriminación racial. Por Fernando Guerra Rincón*

Manizales: no todo lo que brilla es oro

En Manizales las cifras positivas de los últimos años han comenzado a cambiar. Por Juan Camilo Arroyave O**

Medellín y Antioquia: las cifras y las políticas

Los principales desafíos de la ciudad y el departamento siguen siendo la brecha rural-urbana. Por Gustavo Canavire Bacarreza** - Luis Carlos Carvajal***

Centrales

Así construye Vargas su camino a la Casa de Nariño

Un recorrido por los departamentos y los perfiles oscuros de los aliados que Vargas ha añadido a sus amigos oscuros de Cambio Radical. Por Gineth Daniela Garzón*

Petro, entre líos judiciales y aspiraciones presidenciales

Pese a sus muchos problemas -incluyendo multas billonarias e inhabilidad para ocupar cargos públicos- la candidatura de Gustavo Petro despierta la esperanza de muchos y el temor de muchos. Por Efraín Sánchez*

Timochenko candidato y exguerrilleros al Congreso: un escándalo insensato

Parece obvio que no podrían aspirar a cargos públicos sin antes pagar sus deudas con la justicia. Y sin embargo el análisis sereno muestra que esta exigencia sería un error histórico y moral. Por Hernando Llano Ángel*

Esta semana en Razonpublica

Please publish modules in offcanvas position.