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La crisis de la justicia y el tribunal de aforados

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Corte Suprema de Justicia.

Farid SamirEl escándalo de corrupción en la Corte Suprema ha revivido la idea de un tribunal especial para juzgar a los altos funcionarios, pero esta solución resulta ser absurda y contraproducente por donde se la mire. 

Farid Benavides Vanegas*

Motivo nuevo, idea repetida

Durante las últimas semanas hemos asistido a una nueva crisis de la justicia, esta vez en el seno de la Corte Suprema.

Según las informaciones periodísticas, algunos de los magistrados habrían conformado una red de tráfico de influencias con el fin de dilatar investigaciones a cargo de la Corte o de obtener fallos favorables a cambio de cuantiosas sumas de dinero.

Como era de esperarse, inmediatamente surgieron voces que pedían la renuncia de todos los magistrados porque en su elección habían intervenido de uno u otro modo las personas acusadas dentro del nuevo escándalo, y la senadora Viviane Morales presentó un proyecto de ley para convocar una Asamblea Constituyente que se ocupe del asunto.  

El anhelo legítimo y reiterado de una “reforma estructural” de la administración de justicia en Colombia suele incluir la propuesta de un “tribunal de aforados” que se ocupe de juzgar a estos altos funcionarios, y que cumpla de veras las funciones hoy asignadas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, cuya inoperancia se ha vuelto proverbial.

No es de extrañar entonces que a raíz del escándalo que estamos presenciando, el Gobierno haya decidido incluir la idea del tribunal o “comisión de aforados” en el proyecto de reforma política que ya cursa en el Congreso, y que la Alianza Verde haya presentado un proyecto en el mismo sentido.

Bajo estas circunstancias creo útil examinar la conveniencia y los alcances de este tipo de tribunales, actualizando para ello algunos de los argumentos que presenté en un artículo anterior de esta revista.     

Juicio político y juicio penal

Tribunal de Aforados, en la agenda legislativa Comisión Primera del Senado.
Tribunal de Aforados, en la agenda legislativa Comisión Primera del Senado. 
Foto: Congreso de la República de Colombia 

Todos los Estados del mundo protegen a sus altos funcionarios con el fin de impedir que sean sometidos a distracciones que afecten el buen desempeño de sus tareas en interés del público.

Este tipo de mecanismos no busca proteger a la persona sino asegurar el funcionamiento normal de la institución. Así por ejemplo el presidente de Estados Unidos está libre de cualquier demanda civil durante su mandato, pero esto no impide que quede sujeto a ella una vez que cese en sus funciones y la función pública ya no se vea afectada.

Pero lo anterior no implica que los altos funcionarios no puedan ser juzgados y sancionados cuando incurran en acciones delictivas. En este caso lo usual es acudir a instancias o a procedimientos especiales, de los cuales el más conocido es quizás el impeachement o juicio ante el Congreso que consagra la Constitución de Estados Unidos: el presidente, el vicepresidente y otros altos funcionarios pueden ser acusados por la Cámara y sometidos a un juicio político en el Senado que puede desembocar en su destitución y sin prejuicio de las sanciones penales posteriores a que hubiere lugar.

El impeachment es un juicio político y no un juicio penal. 

Es natural que el juicio político tenga lugar en el foro de representación democrática por excelencia esto es, en el Congreso. Pero esto no excluye que la persona sea investigada por los jueces ordinarios competentes para ello y según sea la naturaleza del asunto que se esté investigando.

En otras palabras: el impeachment es un juicio político y no un juicio penal. El proceso ante el Congreso solo busca determinar si el funcionario goza o no de la  confianza democrática de los asociados, juicio que se hace a través de sus representantes. Esto no supone un tratamiento privilegiado del funcionario, sino el ejercicio de la función política por el órgano adecuado para ello y, sobre todo, no es un juicio que limite el ejercicio de la acción penal.

El tribunal de aforados es todo lo contrario. Busca establecer un sistema de juzgamiento privilegiado para los altos funcionarios, sobre la base de la idea absurda según la cual la calidad de los oficios que desempeñan impide que sean juzgados por funcionarios de un nivel inferior.

Privilegio infundado

 

Tribunal de Aforados, en la agenda legislativa Comisión Primera del Senado.

Corte Suprema de Justicia. 
Foto: Corte Suprema de Justicia

Para apreciar mejor este absurdo, comienzo por señalar que una cosa es la función y otra  es el funcionario.

El hecho de que alguien sea magistrado de la Corte o ministro de Estado no permite concluir que esa persona se encuentre por encima del resto de la ciudadanía. Si un funcionario incurre en un delito debe ser investigado por las autoridades competentes como cualquier ciudadano.

No es verdad que un delito contra la administración pública cometido por un congresista sea más complejo que uno perpetrado por un alcalde. Por supuesto que hay delitos más graves que otros, pero ello no es el resultado necesario del estatus de los funcionarios implicados.

Por otro lado se dice que los altos funcionarios tendrían el poder de intimidar o corromper a los jueces ordinarios que son de un rango inferior, y que por eso deben ser juzgados por algún tribunal de alto nivel. Con un claro tufillo clasista, es común sostener que un juez municipal no es quién para investigar la conducta de un ministro, como si los ministros estuvieran por encima del resto de la humanidad o el cargo de juez municipal supusiera de entrada una reducción de las capacidades cognitivas.

La competencia para juzgar distintos delitos depende de su grado de complejidad, y si bien es verdad que un juez municipal está en el comienzo de la escala, también lo es que muchos de ellos y ellas tienen una amplia experiencia en la rama judicial.

Todavía más contundente: recordemos que estamos en esta crisis porque el más alto tribunal de la justicia parece estar envuelto en una trama de corrupción muy sórdida. O sea que el tribunal de aforados por excelencia en Colombia no da las garantías necesarias para juzgar a los tan altos funcionarios.

Soluciones macondianas

La respuesta de la clase política ante esta situación no puede ser más desconcertante: “como el más alto tribunal ha fallado, creemos un tribunal aún más elevado”. Esto recuerda su estrategia en materia de política criminal: “como la prisión no sirve para nada, pues que la gente pase más años en la cárcel”.

La respuesta de la clase política no puede ser más desconcertante: “como el más alto tribunal ha fallado, creemos un tribunal aún más elevado”. 

Esta lógica subyace tanto al proyecto del Gobierno como al que presentó la Alianza Verde. Ambos insisten en que un tribunal de aforados se encargue de la investigación y juzgamiento de los altos funcionarios. Ambos proyectos proponen además que el tribunal esté integrado por abogados y abogadas mayores de sesenta años, y que los candidatos sean preseleccionados por las mejores universidades del país.

Veamos estas dos propuestas:

  • La idea de que quienes conformen este tribunal sean mayores de sesenta años supone que la corrupción de los funcionarios se da solo o por lo menos principalmente entre los jóvenes, lo cual sería un juicio apriorístico y no demostrado. Verdad que la criminalidad callejera suele ser obra de personas jóvenes, pero esto no se extiende a los delitos de cuello blanco.

Tampoco hay ninguna relación directa entre la edad y la sabiduría. No cabe duda de que una trayectoria larga podría conllevar mayor capacidad para enfrentar situaciones difíciles, pero basta con una experiencia de, digamos, quince años (la de un juez de 35-40 años de edad que egresó de la universidad a los 20-25 años de edad). Aumentar este requisito a algo así como 40 años de experiencia en el oficio es un capricho infundado de los autores de estos proyectos.

  • Más sorprendente todavía es la idea de que el tribunal sea designado a partir de los nombres que propongan las diez mejores universidades del país:

¿Con qué criterio se van a designar esas universidades? ¿Sobre la base de la opinión del Gobierno? ¿A partir de los estándares internacionales? Y si es así, ¿qué hace que la capacidad de hacer investigación académica lleve a los decanos y decanas de las facultades de derecho a elegir a los mejores funcionarios desde los puntos de vista moral y técnico? 

En las primeras versiones se sugería que fueran universidades de Bogotá, como si la corrupción de la justicia fuera un asunto de las regiones o de la “provincia”. Debo insistir. Esta crisis es el resultado de la presunta existencia de una red de corrupción de la Corte Suprema de Justicia que tiene su sede en la ciudad de Bogotá.

Pero tampoco olvidemos que muchas de las personas acusadas y condenadas por actos de corrupción son egresadas de universidades privadas de élite. Entonces, ¿prohibimos que estas universidades propongan candidatos?

Clasismo, centralismo y desigualdad

Justicia.
Justicia. 
Foto: Rama Judicial del Huila 

La idea de un tribunal de aforados no solo es clasista y centralista, sino un nuevo mecanismo de producción de desigualdad.

Esta propuesta también confunde el juicio político de desconfianza en el funcionario -que debe ser hecho por el órgano de representación- con el juicio jurídico -que debe ser realizado por la persona investida de la función jurisdiccional, cuya competencia se debe determinar sobre la base del acto cometido y no en virtud de la naturaleza del perpetrador-.

Lo único que resta por hacer es asegurar que exista transparencia en la gestión judicial y que la justicia sea independiente de los demás poderes del Estado.

* Profesor Asociado de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Ramón Llull – Blanquerna, Barcelona.

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Comentarios  

Ciudadano
0 # Statu QuoCiudadano 19-09-2017 19:24
El problema de la corrupción en el mundo no es que existan personas sin escrúpulos sino de las personas tibias que pretenden desconocer la realidad o voltean la mirada para no ver y no tener que actuar. Desconocer la gravedad de la corrupción en las altas Cortes y no proponer una solución drástica y totalitaria es ser tibio. Desconocer la inoperancia de la Comisión de Acusaciones o sus similares es desconocer la realidad histórica, más no solo de Colombia sino de, por lo menos, toda América. Escojan Bush, Trump, los Kishner de Argentina, Morales de Guatemala o Temer de Brasil, por citar los ejemplos más recientes y destacados. Al recorrer con cuidado los países vecinos ninguno se escapa de absoluciones y silencios vergonzosos. Desconocer, a estas alturas, la falta de idoneidad profesional, en principio, de un congresista para asumir la complejidad de la corrupción en las altas esferas del poder así como la complejidad al que ha llegado el concepto del debido proceso es insensatez. Desconocer las relaciones de poder entre superior y subordinado o situaciones semejantes en el ámbito institucional, laboral, social y económico para efectos de la imparcialidad y libertad que se requiere en un individuo encargado de investigar o juzgar un hecho cualquiera, bajo el argumento de una teórica igualdad, conduce francamente a la negligencia y complicidad.
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Jose
0 # Coincido, pero...Jose 21-09-2017 19:46
Si tenemos en cuenta que muchas de las investigaciones que hacen parte de este carrusel provienen de miembros del Congreso, y por lo tanto es un sinsentido que en el Congreso los juzgaran, que someter a altos funcionarios a jueces menores puede corromper, ataviar o disuadir el poder de decisión de quienes van a juzgar; qué otro estamento del Estado podría juzgar entonces a estos altos funcionarios? Estoy de acuerdo en que el tribunal de aforados, como está planteado hoy en día, es una "chambonada". En este sentido, si ninguno de los estamentos del Estado facultados por la Constitución y la ley está capacitado o no se declara impedido para juzgar a uno u otro funcionario, no quedará más remedio que crear un agente externo que los pueda juzgar? Lastimosamente hemos caído tan bajo, que no parece haber más remedio que "privatizar" la justicia.
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