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¿Poker face? Las dos caras de Santos

(Tiempo estimado: 8 - 16 minutos)

Oscar Mejia QuintanaEl Presidente nada en dos aguas y en ambas contra la corriente. ¿Le impedirán el uribismo rural, que exige nuevas medidas de fuerza, y el urbano, más moderado, desarrollar su proyecto de la “tercera vía”? .

Óscar Mejía Quintana  *

Los dos uribismos

Juan Manuel SantosA dos meses de iniciarse la administración Santos comienza a soportar -y a expresar- las tensiones de su proyecto político. En efecto, ha querido conciliar no sólo los dos perfiles del uribismo sino incluso convocar una gran alianza de unidad nacional en torno a su programa de gobierno. Busca, claro está, tomar distancia de la seguridad democrática y pasar a la historia como el gobierno de la prosperidad democrática, de su propia autoria.

Más allá del esencialismo en que caen no pocos análisis "críticos", lo cierto es que el uribismo no puede ser reducido a uno solo. En él convergen al menos dos eticidades o fuerzas sociales determinantes:

  • Un uribismo rural que aglutina a las élites regionales y al cual se articularon no pocos sectores del narcoparamilitarismo, pero al que también se le sumaron amplias capas populares de la ciudad y el campo; y
  • Un uribismo urbano conformado tanto por élites nacionales como transnacionales y sectores de clases medias, más democrático, pero que coincidió con el primero en su reclamo de seguridad y mano firme contra la guerrilla.

El principal adversario

Desde el comienzo del gobierno de Santos esas dos tendencias entran en tensión -cuando no en contradicción-. Sus perspectivas encontradas se empiezan a ver en juego en los diversos proyectos de ley, entre ellos el de seguridad ciudadana.

Tanto en el Congreso como en el terreno político y social, la Unidad Nacional es la arena donde se enfrentan las dos caras del uribismo, la una liderada por el ex presidente Uribe y la otra por el presidente Santos.

Como buen estratega, Santos sabía desde la misma campaña que su contendor a mediano plazo no sería Mockus ni Vargas Lleras ni Pardo: ni siquiera el Polo. Su principal adversario sería Uribe, que no se dio dos meses de respiro para regresar con el fin de hacer una oposición soterrada a los principales proyectos santistas.

El uribismo rural y Uribe mismo, además, no le perdonan a Juan Manuel Santos su alianza con el liberalismo y menos haber nombrado como ministro del Interior a quien consideran el Judas de la segunda reelección, Vargas Lleras, ni a otro de sus antagonistas, el actual ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, opositor y crítico acérrimo de su programa agrario, Agro Ingreso Seguro.

La agenda de Santos

Pero Santos tiene desde hace años una agenda política propia. Quizá pocos recuerdan que en los momentos de mayor éxito del laborismo inglés, con Tony Blair a la cabeza, después del dominio conservador de Margaret Thatcher, Giddens sustenta teóricamente ese proyecto de lo que entonces se denominó "La Tercera Vía"[1], tratando de defender los retos de un proyecto socialista en tiempos de globalización para conciliar lo irreconciliable: las relación capital-trabajo en el marco del capitalismo global.

Santos quiso encarnar en Colombia esta tendencia en un intento criollo de concebir alternativas políticas al bipartidismo liberal-conservador. Nuestra "tercera vía" buscaba pactar, entre los dos partidos históricos, un proyecto de modernización articulado a la globalización. Al día de hoy, cuando el bipartidismo se afianzó definitivamente en el país, la actualización de la apuesta de Santos será para conciliar -si no someter- el autoritarismo de la ultraderecha uribista, con Uribe a la cabeza, con el proyecto de prosperidad democrática del uribismo urbano y los sectores liberales y sociales que apoyan a Santos. Ese es el reto de la nueva "tercera vía" santista.

Las dos caras de Santos

El peso de las dos tendencias depende de los factores externos que se conjuguen a favor de una u otra.

A favor del uribismo urbano juegan varios factores:

  • El (post) desgaste del gobierno Uribe
  • Los fenómenos de corrupción que cada día salen a flote
  • La ilegalidad que campeó oronda en todo el período anterior
  • Los falsos positivos
  • La pobreza y el desempleo más altos de América Latina
  • El aislamiento internacional de Colombia en la región
  • El execrable nepotismo familiar y regional
  • La política agraria a favor de los terratenientes.

Aunque inexplicablemente no haya desgastado la figura del ex presidente, todo ello sin duda afecta cada vez más la percepción pública de la anterior administración. En esta dirección, Santos juega con una proyección democrática que se está articulando en las propuestas progresistas y liberales de su gobierno. Esa es su cara democrática.

Pero a favor del uribismo rural juegan los factores de siempre:

  • La guerrilla y su "bienvenida" a Santos (revirada en términos análogos por su gobierno): la bomba a Caracol
  • El patrioterismo que despierta la dada de baja de Jojoy y el afán por arrasar de una vez por todas a las FARC y al ELN
  • La creciente inseguridad urbana, cada vez más profunda y generalizada, que actúa como un factor aglutinador donde coinciden unos y otros.

En esta línea, Santos se ve compelido a jugar con la cara autoritaria de su gobierno.

Así como a la primera corresponde su faceta democrática "neo-tercera vía" con propuestas como la ley de tierras y de víctimas, la nueva política internacional, y la articulación de una base social y política más amplia y pluralista, a la segunda responde la política de consolidación de la seguridad democrática, ahora como seguridad urbana. Además, por supuesto, del eco que tiene que seguirle dando a los gruñidos del uribismo rural: e ahí su faceta autoritaria.

¿Nuevo estatuto de seguridad?

Un día después del atentado del carro bomba a las instalaciones de Caracol Radio, el presidente Santos presentó en Cali los lineamientos del plan estratégico para la seguridad en las ciudades, el cual será uno de los principales pilares de su gobierno y donde convergen unas medidas necesarias e inaplazables contra la delincuencia, así como otras resbaladizas, que rayan en la inconstitucionalidad y ponen en cuestión los sustentos de un estado liberal de derecho.

El Plan, en efecto, contiene programas específicos de prevención, entre ellos un sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y el aumento del pie de fuerza policial con inversión de 3,64 billones de pesos, lo que ha sido un reclamo persistente de los alcaldes de ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá.

El gobierno sostiene que estas medidas tienen un carácter preventivo y no implican que la ciudadanía participe en la represión del terrorismo, algo que debe corresponder exclusivamente al Estado y sus fuerzas de seguridad. Esta política de seguridad ciudadana tiene así una línea preventiva y otra activa: "zanahoria para evitar la delincuencia y garrote para quienes violen la ley", tal como la presentó el Presidente[2].

Los cinco frentes

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

a. Medidas penales

Las principales reformas en cuanto a las medidas penales pasan por:

  • Aumento de la colaboración entre el Instituto Nacional penitenciario (INPEC) y la Policía
  • Creación del delito de apología al terrorismo, con el que se castigarían los discursos ideológicos del terrorismo
  • Tipificación de la venta ilegal de medicamentos
  • Aumento de las penas de una serie de delitos como simulación de investidura o cargo público y
  • Utilización ilícita de equipos transmisores o receptores

b. Medidas en el procedimiento penal

En cuanto a las medidas en el procedimiento penal:

  • Se reducen los tiempos para la imputación de cargos
  • Se aumentan los términos entre la formulación de imputación y acusación
  • La orden de allanamiento y registro se puede hacer efectiva en cualquier momento de las 24 horas del día
  • Se eliminan los plazos de vigencia de las órdenes de captura
  • Se retoma la captura públicamente requerida, con lo cual cualquiera podrá aprehender a la persona que haya sido públicamente requerida por autoridad competente.

c. Medidas sobre extinción de dominio

Las medidas sobre extinción de dominio reglamentarán la adjudicación de los terrenos baldíos y los deberes de los beneficiarios de terrenos adjudicados por el Estado, y creará un protocolo de las actividades que adelanten fiscales e investigadores.

d. Reformas al Código de la Infancia y la Adolescencia

Las reformas en el Código de la Infancia y la Adolescencia contemplan:

  • Enjuiciamiento de menores de edad, suspendiendo la normatividad por la cual la imputación se hacía hasta que el menor cumpliera 21 años
  • Ampliación del máximo de la privación de la libertad a 12 años
  • Competencia de los jueces penales del circuito
  • La Policía tendrá atribuciones para sancionar determinadas contravenciones realizadas por adolescentes.

e. Reformas para prevención del terrorismo

Las reformas para la prevención del terrorismo proponen un régimen sancionatorio especial para las personas jurídicas que colaboren en la comisión de tal delito, así como en el concierto para delinquir, la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas o el contrabando[3].

¿Delito de opinión u opinión como delito?

Como se infiere, las reformas responden a los reclamos que vienen haciéndose para adecuar los instrumentos del Estado a la situación de creciente inseguridad urbana que se ha presentado desde la anterior administración. Vale la pena hacer dos precisiones:

  1. Desde finales del gobierno Uribe se desbordó el problema de la inseguridad urbana, como muestra fehaciente de los límites estructurales de su política de seguridad democrática concebida sustancialmente para el campo.
  2. La más amplia gama de sectores políticos y sociales reclamaban la presencia del gobierno central en las ciudades, dado que durante ocho años la seguridad quedó discrecionalmente a cargo de los mandatarios locales, sin proveerlos de mayores recursos económicos e instrumentos jurídicos para la prevención y represión de la delincuencia. (Gran parte provino de las gaseosas y oscuras negociaciones de Uribe con los paramilitares).

Aquí son evidentes las tensiones de los dos proyectos santistas: unas medidas responden a un clamor democrático porque el imperio de la ley prevalezca, y la violencia legítima del Estado se imponga sobre la delincuencia y la violencia guerrillera, paramilitar o, como acostumbra a llamarles el general Naranjo, las BACRIM. Algunas fórmulas serán estudiadas, moderadas y ampliadas en las concertaciones parlamentarias, y a otras más las rechazará posteriormente la Corte Constitucional.

Pero la otra, no me cabe duda, responde al clamor autoritario del paleouribismo extremo. Este bloque revela una línea eminentemente autoritaria, análoga a la del tristemente célebre "Estatuto de Seguridad" de Turbay, que no recorta libertades pero sí garantías legales y constitucionales consagradas que obstaculizan la imposición de una acción represiva inmediata.

Este terreno ha sido ya ambientado por los medios de comunicación que, como siempre, responden más a los clamores populares que al estado de derecho, cuyos mecanismos ignoran, sin querer, o desconocen, claramente queriendo.

Caperucita, ¿terrorista por roja"

En especial preocupa la denominada creación del delito de apología al terrorismo con el que se castigarían los discursos "ideológicos" del terrorismo. Esta medida recuerda las constantes columnas de renombrados uribistas denunciando como terrorista todo estudio académico e investigación periodística que aborde en términos diferentes a los suyos el conflicto armado en Colombia o toda defensa de los derechos humanos o toda denuncia de violaciones del DIH por agentes estatales o paraestatales, incluso con nombres propios, poniendo en peligro la integridad de sus autores.

Quienes se acerquen a las tesis de maestría y doctorado en universidades tanto privadas como públicas del país encontrarán estudios muy serios sobre el conflicto colombiano que no se atienen a las versiones oficiales del paleouribismo. Docentes, académicos, estudiantes que exploran líneas de investigación que confrontan las verdades oficiales, ¿se valorarán como "apología del terrorismo"?

En ese orden de ideas, ¿abordar el pensamiento de la primera Escuela de Frankfurt denunciando al "estado autoritario" podrá ser considerado un cuestionamiento ilegitimo del ordenamiento? ¿Recuperar a Hanna Arendt y su denuncia del totalitarismo podrá ser interpretado como un apoyo a las FARC? "L'enfant terrible" de la filosofía política contemporánea, Zizek, y su cuestionamiento de la democracia liberal, la universalidad y los derechos humanos, ¿dará pie para sospechas, indagaciones y órdenes de captura? Revisitar a Marx ¿será la prueba reina de militancia guerrillera, máxime si aparece en alguno de los enésimos computadores recuperados de los académicos sospechosos? Recordar el imperativo kantiano de "tratar al otro como un fin y nunca como un medio" ¿será un indicio claro de sospecha de que ese estudiante tiene afinidades peligrosas con la subversión por no acomodarse al ethos dominante del "todo vale"?

Resurrección de la doctrina Ñungo

¿Y qué decir del periodismo independiente, en vías de extinción en todo caso, que con sus denuncias ha logrado ser la mecha lenta para judicializar los procesos de la parapolítica, el maridaje del oficialismo con la corrupción, los entuertos turbios de la prole del presidente, agro ingreso seguro para los amigos, etcétera? ¿Será que esas denuncias no terminarán siendo, por su carácter crítico y "desestabilizador" de la gobernabilidad clientelista, otro elemento de intenciones sospechosas, que en últimas beneficia a la subversión y su ánimo de desacreditar, sin fundamentos, al gobierno?

Las chuzadas al periodismo de investigación han mostrado que en este terreno no se ha exagerado.

En fin, el paleouribismo va a tener mucho con que divertirse y amplios sectores de la sociedad caerán bajo la órbita iusfilosófica del inmortal coronel Ñungo, fiscal en su momento de los consejos de guerra al M19: "Todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario".

De reelección y reelectores

El nuevo estatuto de seguridad responde por tanto a la necesidad de adaptarse no sólo a un contexto creciente de violencia e inseguridad urbanas, que la sociedad reconoce como una pretensión legítima, sino también a las exigencias del paleouribismo por mantener la inercia autoritaria del gobierno anterior. Es probable que si Santos quiere repetir mandato, en un momento dado tendrá que tomar la decisión de con cuál tendencia, la autoritaria o la democrática, puede hacerlo.

Por su agenda de la "neo-tercera vía" podríamos esperar que se apoyara en la tendencia democrática y consolidara un proyecto progresista. Esto dependerá del apoyo y la paciencia de Vargas Lleras por llegar a la Presidencia, del respaldo del liberalismo y los sectores sociales que el vicepresidente ha articulado alrededor de Santos, y de un contexto social de estabilidad económica y social que no angustie al electorado ni presione por medidas draconianas.

Pero por su trayectoria en el gobierno de Uribe y la presión del uribismo gravitando a su alrededor tendría que jugar con la tendencia autoritaria y consolidar el proyecto excluyente del uribismo rural. Lo cual dependerá de que Uribe -previa reforma constitucional de sus amigos en el Congreso- no quiera volver a "salvar la patria", y de manera análoga de un contexto político de inseguridad y "hecatombe", como diría el presidente del caballo.

De cualquier manera, esa es la mano de Santos. Con cuál de sus dos caras terminará jugando la partida, ¿la democrática o la autoritaria? El Tiempo nos lo irá diciendo: ¿Poker face?

* Profesor Titular de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. M.A. y Ph.D. en Filosofía Política y Moral. Adelantó un segundo Doctorado en Filosofía del Derecho. Director del Grupo de Investigación Cultura Jurídico-política, Instituciones y Globalización.

Notas de pie de página


[1] Anthony Giddens. La Tercera Vía. Buenos Aires: Taurus, 1999.

[2] Congreso dividido por trámite de proyecto de seguridad ciudadana. Caracol, Octubre 4 de 2010. Consultado en:

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1366452; 6 de octubre de 2010.

[3] Ver http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-227757-seguridad-ciudadana-sera-implacable-el-crimen; 

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1366512&rel=1366452; 

http://presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100807_15.aspx

http://presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100813_15.aspx

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Comentarios  

Carlos Armando Cuerv
0 # Carlos Armando Cuerv 11-10-2010 14:22
Solo queda por desear que las reformas continúen y apoyarlas desde todos los ámbitos; que el uribismo anacrónico se despiste más con todas las investigaciones que seguro les llegaran. Y oponernos con fortaleza al delito de opinión, no faltaba mas que regresáramos a ese oscuro pasado del general Camacho Leyva (Von holocaust) como Klim (Lucas Caballero Calderon) sabiamente lo sabia definir.
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Javier Díaz
0 # Javier Díaz 11-10-2010 19:40
Creí que habían derogado el delito de apología al terrorismo en el estatuto de seguridad ciudadana.
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claudio
+2 # claudio 10-03-2011 10:19
valla profe!! pues si que lo tenemos mal en Colomobia con esto de la apologia al terrorismo...qu e ya son leyes de barbaros y tiranos o mejor aun de bestias letradas que se implantan en unos y en otros gobiernos, pero como estamos en una "democracia" y en un "estado de derecho" todo esto del terrorimo y la violencia por parte del gobierno si que es legal...
¿quenes haran las obras de ampliación de las carceles?...

creo que la unica tercera via simpre ha sido y sera la de la resistencia que dara pie a una Revolución y como no alo clasico "palo y piedra en mano".
:lol:
¿los valores éticos y morales del Fascismo son muy nobles no le parece profe?
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