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Asilo de ex funcionarios: ¿Legitimidad estatal o retorno al asilo eclesiástico?

(Tiempo estimado: 6 - 12 minutos)

Marcela AnzolaO el asilo de la directora del DAS bajo el gobierno Uribe pone en entredicho la legitimidad del gobierno que le sucedió, o estamos de regreso a la Edad Media. Un análisis histórico y jurídico de la figura del asilo y su reciente aplicación por parte del gobierno panameño.

Marcela Anzola *

Legitimidad en entredicho

Las solicitudes de asilo por parte de funcionarios del gobierno anterior que están siendo investigados por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus cargos, plantea  interrogantes sobre la legitimidad del Estado colombiano, pues estos ex funcionarios   alegan que los órganos jurisdiccionales y de control los están persiguiendo por razones políticas. Y además porque temen por su seguridad personal, como lo asegura la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, hoy asilada en Panamá.

La posición adoptada por los hoy ex funcionarios implica la desconfianza sobre la neutralidad del aparato jurisdiccional y los órganos de control, así como sobre la capacidad del Estado para garantizar -no ya apenas la seguridad jurídica- sino también la seguridad física de los ciudadanos.

¿Perseguir a los amigos?

Lo anterior adquiere características particulares si se tiene en cuenta que esas personas hacían parte de un gobierno que pertenece a la misma corriente ideológica del gobierno que lo sucedió. Argumentos como los expuestos por los actuales solicitantes de asilo pueden presentarse eventualmente cuando el partido de la oposición ha ganado las elecciones, porque una vez asuma el poder podría procede a "perseguir" a los funcionarios del gobierno anterior.

Sin embargo, este no parece ser el caso, pues las investigaciones por el escándalo de las "chuzadas" telefónicas y los seguimientos ilegales del DAS a magistrados, políticos de oposición y periodistas, en unos casos, o por dádivas a algunos congresistas para  aprobar una reforma a la Constitución durante el gobierno anterior, en otros, se habían iniciado durante esa misma administración. 

Cabe preguntarse entonces, ¿qué es lo que lleva a los ex funcionarios a pensar en el asilo como una manera de enfrentar las investigaciones de que están siendo objeto?, ¿y es viable el asilo en estos casos? 

Una institución milenaria

El asilo como lo conocemos en la actualidad es un concepto relativamente reciente, que se diferencia de la noción desarrollada en la antigua Grecia y que en la Edad Media fue  retomada bajo la figura del asilo eclesiástico. Esta figura tenía por objeto proteger a los delincuentes comunes de la imposición de penas crueles o excesivas por parte del poder autoritario.

No obstante, esta noción se vacía de contenido con la aparición del Estado Nación, y las garantías que éste conlleva para los asociados, especialmente los derechos a un debido proceso y la imposición de penas y sanciones proporcionadas a la gravedad del delito.

Por esa razón, desde el siglo XVI la  figura del asilo eclesiástico desaparece para dar paso al asilo por motivos religiosos y posteriormente al asilo por motivos políticos.

El derecho de asilo político como tal tiene sus orígenes en 1789 con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y es desarrollado posteriormente por la práctica de lo países[1], constituyéndose así un derecho consuetudinario que regulaba dicha institución.

El asilo en América Latina

En el ámbito latinoamericano la figura se consolidó a comienzos del Siglo XX,  con varios tratados que regulan el derecho de asilo y la no extradición por delitos políticos o comunes conexos. Se trata básicamente de la Convención de la Habana de 1928, la Convención de Montevideo de 1933 y la Convención de Caracas de 1954. Mientras las dos primeras regulan el asilo territorial, la última contempla la figura del asilo diplomático.

El asilo territorial, llamado también externo o refugio, se otorga a aquellas personas que acuden al territorio de otro Estado para solicitarlo; el asilo diplomático, por el contrario, se solicita ante una delegación diplomática acreditada, en navíos de guerra, aeronaves o campamentos militares ubicados dentro del territorio del Estado patria del interesado.

En la actualidad este marco jurídico lo complementa el Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, que establece en su artículo 22, párrafo 7, que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en otro país en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos.

Las reglas de la ONU

En el plano multilateral el tema del asilo se encuentra contemplado en dos instrumentos de las Naciones Unidas: la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967.

Estos, sin embargo, prevén solamente ciertos principios fundamentales para la protección de personas que buscan asilo y establecen la condición de refugiado, pero no desarrollan lo relativo a la concesión del asilo como obligación contractual de los Estados.

Ello implica que bajo las reglas de las Naciones Unidas el reconocimiento del estatuto de refugiado no implica automáticamente la concesión del asilo, lo que le garantizaría a la persona en cuestión la posibilidad de permanecer de manera indefinida en un país.

Quiénes pueden pedir asilo

No obstante las regulaciones legales, el tema del asilo se presta a controversias. Una de las más intensas tiene que ver con las condiciones que debe cumplir la persona que solicita este amparo.

Con algunas particularidades propias de cada país, en la práctica se ha establecido que pueden ser sujetos de asilo: a) los perseguidos por razón de su raza, religión, nacionalidad u opinión política - y más recientemente, por razones de género u orientación sexual - y b) los delincuentes políticos y quienes hayan cometido delitos comunes conexos con delitos políticos.

De acuerdo con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, el término refugiado se aplica a toda persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país..."

Colombia, país atípico

En el caso concreto de Colombia, sin embargo, la situación es más compleja debido a la violencia generalizada que ha puesto en situación de indefensión a diversos sectores de la sociedad.

Por esta razón la Agencia de las Naciones Unidad para los Refugiados (ACNUR) ha propuesto una serie de directrices a ser tenidas en cuenta cuando se trate de establecer si una persona encuadra dentro de la categoría de refugiado[2]. En ese documento se establece, por ejemplo, cuáles son los grupos en riesgo en Colombia, que corresponden a:  

  1. Antiguos y actuales miembros y partidarios de una de las partes en el conflicto.
  2. Autoridades gubernamentales locales y regionales.
  3. Jueces y otras personas involucradas en la administración de justicia.
  4. Dirigentes de la sociedad civil y activistas de derechos humanos.
  5. Periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación.
  6. Dirigentes sindicales.
  7. Maestros, profesores y estudiantes universitarios.
  8. Pueblos indígenas y afrocolombianos.
  9. Mujeres con determinados perfiles:
  10. Niños con determinados perfiles, y
  11. Grupos sociales marginados.

Se excluyen de la aplicación del Estatuto los niños soldados y los actores del conflicto armado cuyas actuaciones se encuentran dentro de las exclusiones previstas en el artículo 1F de la Convención de 1951[3]. De acuerdo con esta convención el asesinato, el homicidio, la violación, el secuestro, la toma de rehenes, la trata de personas, el tráfico de drogas y armas, las agresiones, la prostitución forzosa y otras formas de violencia por motivos de género, así como los delitos cometidos en particular por pandillas criminales y narcotraficantes fuera del marco del conflicto armado, alcanzarían el umbral de gravedad requerido para ser cubiertos por el artículo 1F (b) y por consiguiente quedan excluidos de la posibilidad de asilo.

Implicaciones del asilo

Las implicaciones del asilo dependen de las circunstancias bajo las cuales se solicitó y se concedió.

  • En el ámbito americano, una consecuencia importante es el derecho de "no devolución" que -una vez concedido el asilo- puede ser invocado por cualquier persona que cumpla los supuestos previstos en el artículo 23.8 de la Convención Americana. Esta Convención  establece que "en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la integridad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o sus opiniones". 
  • El derecho de "no devolución" comprende también la no extradición de quienes hayan cometido delitos políticos y comunes conexos con los primeros. La figura de la extradición está regulada por varios tratados internacionales y por el principio de reciprocidad internacional.

Sin embargo, en la práctica continúa siendo potestad de los Estados concederla o no, ya que para su valoración entran en juego diversos factores tales como el contexto en que se van a realizar los juzgamientos y el tipo de penas que se encuentran consagradas en la legislación del Estado solicitante.  

Asilo improcedente

Por lo dicho anteriormente, es claro que la solicitud de asilo elevada por algunos ex funcionarios del anterior gobierno colombiano ante países vecinos, no debería ser viable, ya que ésta figura no aplica para delitos comunes, como los presuntamente cometidos por los hoy ex funcionarios.

En efecto, las interceptaciones telefónicas ilegales o el ofrecimiento de dádivas a congresistas para "comprar" su voto no constituyen delitos políticos, ni siquiera cuando se llevan a cabo en cumplimiento de órdenes de un superior, como en algunos casos se ha querido sugerir.

Es importante recordar que no todos los delitos cometidos desde el Estado, constituyen delitos políticos per se.

Por lo tanto, la concesión del asilo supone aceptar que exista persecución política, es decir, en este caso, que la  rama jurisdiccional del Estado colombiano adelanta una persecución sistemática contra funcionarios del gobierno anterior -o que hubo una abrupta ruptura ideológica entre el anterior y el actual gobierno.

A su vez, aceptar cualquiera de estas dos opciones tiene implicaciones graves para la democracia y para la legitimidad del Estado colombiano, como dije al comienzo.

Regreso al pasado

Pero si éste no es el caso, lo único que cabe concluir de la situación actual es que estamos a las puertas del renacimiento de la figura del asilo eclesiástico, que como ya se explicó se utilizaba en el Medioevo para proteger a quienes habían cometido delitos comunes y tenían temor de que los jueces no fueran a ser lo suficientemente parciales o les fueran a imponer penas excesivas, lo cual no es hoy admisible en un Estado de Derecho.

* Marcela Anzola, Phd, LL.M., Lic.oec.int., abogado. Se desempeña como consultor independiente en las áreas de competitividad, comercio internacional e inversión extranjera.

twitter1-1@marcelaanzola


Notas de pie de página


[1] Un ejemplo de esta aplicación es el asilo de Simón Bolívar en Jamaica, territorio del Reino Unido.  

[2] Directrices de Elegibilidad del ACNUR para la Evaluación de las Necesidades de Protección Internacional de los solicitantes de Asilo de Colombia, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 27 de mayo de 2010, HCR/EG/COL/10/2

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8118.pdf

[3] Art. 1 F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos; b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada; c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.

 

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Comentarios  

Monica Tirado
0 # Monica Tirado 01-12-2010 09:43
Eso demuestra que fueron en muchas las materias en las que el uribismo nos devolvió al medioevo!
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alberto
0 # alberto 06-12-2010 06:03
Es claro que con el asilo se quiera evitar que la ex directora y ex funcionarios, hablen, eso seria desastroso para el beneficiario directo de su silencio. si se quedan el peligro no es de parte de las cortes, si no del verdugo vigilante.Lo que no creen o no saben los asilados o los exfuncionarios es que les queda muy facil tambien que los eliminen en el exterior, los tratos con la corrupcion y la delicuencia no caducan. Se vuelve una cadena de delitos que no tiene limites. Lo mas sensato para ellos es que hablen, por el bien de ellos y el pais, y por su puesto los protegan, el riezgo no lo produce la justicia sino su " amigo y concejero", que creo que en vez de eso ,es su " enemigo amenazante"
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