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Más allá del DAS o no DAS: el verdadero dilema de la inteligencia torcida

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Michael ReedNini-Soto El sistema de inteligencia colombiano padece una enfermedad crónica, cuyos síntomas son abusos, ilegalidad y alianzas criminales. El tratamiento parece insuficiente y opaco: reestructuración del DAS y nueva Ley de Inteligencia, sin ir a las raíces del problema y dejando por fuera a la Policía y a las Fuerzas Militares.

Michael Reed Hurtado*  Nini Johanna Soto**

Un gobierno activo

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ha estado en el ojo del huracán. Varios hechos demostraron la necesidad de reformarlo y en efecto el Congreso, a través de la Ley 1444 del pasado 4 de mayo, otorgó facultades extraordinarias al Ejecutivo para hacer esa reforma en un plazo de seis meses. El proceso está en marcha y es probable que el Ejecutivo tome decisiones pronto. 

De manera paralela, el gobierno promovió un proyecto de ley estatutaria para regular el sistema de inteligencia. La iniciativa fue aprobada por el Congreso esta semana y ahora pasa a examen previo de constitucionalidad por parte de la Corte. 

Se obedece y no se cumple

Una de las razones que condujo a la crisis del DAS precisamente consiste en que las leyes en Colombia no se cumplen: ¿Qué nos garantiza que ahora sí se cumplirán? 

Toda reforma normativa tiene que estar acompañada de medidas eficaces para atacar las causas que llevaron a la crisis. En casos de violaciones graves a los derechos humanos y de abusos extendidos en una institución, el proceso de reforma tendría que abordar simultáneamente muchos frentes, y en especial:  

  • El de los mecanismos para esclarecer los hechos y dar a conocer lo que sucedió.
  • El de la justicia para establecer responsabilidades (evitando los chivos expiatorios).
  • El de la depuración de personal con criterios técnicos y transparentes.
  • El de la revisión y conservación de los archivos.
  • El de los cambios en los valores institucionales.

De lo contrario, es muy probable que, aún con una nueva ley, los abusos continúen.

Controlar la inteligencia

La inteligencia es una función esencial del Estado, compleja y polémica, particularmente en situaciones de conflicto armado. Mucho de lo que gira en torno a la inteligencia es secreto, haciendo aún más difíciles su regulación y su control. 

La inteligencia se presta para cumplir no sólo sus propósitos públicos y legítimos, sino para fines privados e inclusive criminales, como de hecho ha ocurrido recientemente en Colombia.

Si bien un marco normativo sólido es indispensable para estructurar el sistema de inteligencia, no es la respuesta para regular cómo se desarrollarán las actividades de inteligencia ni cómo se utilizará la información que ellas produzcan. Las leyes de inteligencia establecen estructuras y describen funciones y procesos, pero no puede esperarse que una Ley de Inteligencia regirá efectivamente, por ejemplo, la conducta de los agentes encubiertos. 

La regulación de las acciones tendrá que responder a controles claros y dinámicos, que permitan establecer responsabilidades si se cometen abusos. 

No sólo en el DAS y no sólo las chuzadas

Si bien el DAS ha sido el blanco donde se concentran las miradas provocadas por escándalos mediáticos, las otras agencias estatales que cumplen funciones de inteligencia también han estado inmersas en situaciones reprochables, pero de éstas no se habla. 

Por ejemplo, el escándalo de las interceptaciones ilegales de comunicaciones, conocido como “las chuzadas”, suele concentrarse sobre el DAS; sin embargo, el uso de interceptaciones ilegales en la Policía ha sido tan complicado y discutible como en aquella entidad. En 2007 se conocieron chuzadas efectuadas por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y la posterior destitución de 11 generales; pero el asunto no volvió a discutirse. 

Por otra parte, además de los procesos penales y disciplinarios que se siguen por las chuzadas del DAS desde 2005, se han adelantado varios procesos penales que demuestran los vínculos de algunos funcionarios de este organismo con los grupos paramilitares. Por ejemplo, en la sentencia proferida por el Juzgado 11 Penal del Circuito contra Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis y de su escolta Edelberto Ochoa Martínez, ocurridos el 14 de septiembre de 2004 en Barranquilla, el juez manifestó que “los execrables asesinatos (…) ocurrieron en el marco de una tenebrosa alianza criminal entre funcionarios del DAS y miembros de las AUC”. 

Este tipo de alianzas también se ha puesto en evidencia en relación con los otros organismos estatales con funciones de inteligencia, inclusive en el marco de las confesiones de algunos paramilitares en los procesos de Justicia y Paz. Al menos en los casos de Los Montes de María y de Norte de Santander –para los cuales se cuenta con decisiones judiciales sobre los cargos aceptados por los paramilitares– se estableció que los crímenes fueron perpetrados en alianza con elementos de inteligencia de unidades militares y de Policía. Así se establece a partir de la información ofrecida por alias “El Iguano” y alias “Juancho Dique” y constatada por un tribunal. 

Tales alianzas no parecen ser casos aislados y, por lo tanto, su desmonte requerirá una acción decidida de todas las autoridades, tanto para depurar las instituciones como para establecer las respectivas responsabilidades oficiales. 

Un primer paso

El DAS comienza a hacer frente a algunos de estos problemas, inclusive en relación con sus abusos de hace años. 

Por ejemplo, el Consejo de Estado recientemente declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por los perjuicios consiguientes al secuestro, tortura y homicidio de Julio Edgar Galvis Quimbay, Rafael Enan Lora Mendoza y Aydé Malaver (reinsertados del M-19), crímenes perpetrados por funcionarios del DAS. El Consejo de Estado determinó que los hechos ocurrieron mientras los funcionarios se encontraban en servicio activo, invocando su condición de servidores públicos y en desarrollo de un operativo de rescate propio de sus funciones. Recientemente, el DAS llevó a cabo un acto público, en el cual pidió perdón y reconoció la responsabilidad institucional por este hecho. 

Este gesto representa un primer paso, pero resulta insuficiente como medida de reparación y como garantía de no repetición. 

Más aún: el DAS empieza a encarar los problemas; pero la perpetración de abusos por parte de los organismos de inteligencia militar y de Policía ni siquiera está hoy sobre la mesa. 

Reforma en el oscuro

La necesidad de suprimir o reformar el DAS ha sido tema de un debate recurrente en los últimos años. Por ejemplo el decreto 4201 de 2005 creó una comisión especial para “detectar y analizar las posibles causas que llevaron a la entidad a la crisis institucional; detectar y analizar los riesgos en que puede encontrarse expuesta; y proponer las medidas administrativas que se consideren necesarias”. La comisión presentó su informe, pero las recomendaciones no se aplicaron y los abusos continuaron. 

Las acciones propuestas han incluido desde medidas robustas, como la supresión de la entidad o la depuración institucional con un ajuste de funciones, hasta opciones de corte cosmético, como el cambio del nombre de la entidad (por ejemplo, se sugirió renombrarla como “Agencia Colombiana de Inteligencia, ACI”). 

El proceso de reforma que hoy avanza en virtud de las facultades extraordinarias que el Congreso otorgó al Ejecutivo ha carecido de transparencia y de discusión pública. No es la mejor manera de reformar una entidad secreta, que estuvo en colusión con aparatos ilegales. El momento debería aprovecharse no sólo para modernizar la entidad, limitar sus funciones y disminuir la planta de personal, sino para llevar a cabo su depuración con rendición de cuentas y establecimiento oficial de lo acontecido en el DAS. 

De hecho, Germán Vargas Lleras había sugerido algo por el estilo cuando asumió como ministro del Interior y de Justicia, pero su propuesta se fue diluyendo posteriormente.

Ir al fondo

Suponer que la simple creación de una nueva agencia civil de inteligencia pondrá fin a los problemas del pasado sin encararlos abiertamente es incurrir en el error de desconocer los problemas endémicos que aquejan a todo el sistema de inteligencia:

  • el exceso de funciones, inclusive algunas incompatibles entre sí (como inteligencia y policía judicial);
  • la penetración de los organismos por parte de intereses criminales o la desviación del poder público con fines criminales;
  • la ausencia de criterios técnicos en el proceso de selección y calificación del personal; y
  • la falta de controles internos y externos de las actividades desarrolladas.

Si los problemas del DAS no se abordan, es muy probable que se reproduzcan en la nueva agencia; la agencia podrá ser nueva, pero las personas seguirán con las mañas.

Ley importante y debate necesario

La trascendencia de la inteligencia como función básica del Estado y la gravedad de los hechos atribuidos a los organismos que cumplen funciones de inteligencia y de contrainteligencia ameritan convocar a una discusión amplia y transparente, para recuperar la confianza ciudadana en este campo. 

Al fin de cuentas, el sistema de inteligencia de cualquier país debe facilitar la obtención y análisis de la información que permitan tomar decisiones indispensables para conjurar las amenazas que enfrenta. Este es un objetivo que nos concierne a todos. 

Desafortunadamente, el debate alrededor de la Ley de Inteligencia fue mínimo y no atrajo la atención de los medios ni de la academia, salvo respecto de un par de artículos polémicos que podrían restringir la libertad de expresión y limitar el acceso a la información. 

El proyecto de ley estatutaria que acaba de pasar por el Congreso contiene un marco general de las actividades de inteligencia y contrainteligencia  [1] . El legislador

  • estableció el objetivo y el alcance de la función de inteligencia,
  • determinó los principios que deben orientarla,
  • definió algunos mecanismos de control interno y parlamentario,
  • precisó el periodo durante el cual la información deberá mantenerse en reserva, y
  • modificó algunos tipos penales y creó nuevas conductas delictivas para sancionar la filtración de información reservada.

Es una ley marco con un nivel de generalidad elevadísimo. La Ley presenta varios problemas, incluyendo

  • la debilidad de los mecanismos de control internos y externos,
  • las limitaciones al acceso a información pública,
  • a introducción de expresiones vagas en el régimen penal y la penalización de conductas que irían más allá de limitaciones aceptables al ejercicio de la libre expresión.

Por tratarse de una ley estatutaria, la Corte Constitucional deberá hacer un control riguroso, tanto formal como material. En algunos casos podrá introducir correctivos. El examen crea otra vez la oportunidad para ampliar la discusión sobre un asunto que nos afecta a todos. La discusión de fondo no será fácil pero ya es hora de que se inicie por fin, inteligentemente… 

* Director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia (ICTJ), y profesor universitario sobre el estudio teórico de la violencia y del castigo. Se ha desempeñado como profesional en derechos humanos y asuntos humanitarios en América Latina, Asia y África.

** Investigadora Especializada del Área de Políticas Públicas en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, y especialista en derecho penal, derechos humanos y derecho internacional humanitario.

 

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