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Soberanía fragmentada: cohabitación del orden y la violencia

(Tiempo estimado: 8 - 16 minutos)

ricardo garciaNo solo han pasado veinte años de la Constitución del 91: en paralelo el país también ha vivido bajo otra soberanía sin ley, los grupos armados institucionalizados. El orden político se ha articulado a esa extraña doble soberanía: la constitucional y la de facto. Esta fractura del poder real se ha reflejado en una sociedad cada vez más desigual. ¿Qué nos deparan los próximos veinte años?

Ricardo García Duarte*

constitucion-1Orden y Violencia: ¿Cómo pueden cohabitar en Colombia?

El orden político de formas civilistas se ha desenvuelto tradicionalmente en Colombia sin afectar la correlación de fuerzas que con sus desequilibrios sociales y sus poderes de facto tejen relaciones con tendencias centrífugas frente a las orientaciones que fija el orden constitucional. Paradójicamente, este termina por instituir derechos para un orden social que contiene campos donde la regla es desconocer tales derechos.

Pueden darse procesos modernos de acumulación en la órbita de la producción y de la ampliación del mercado, pero al mismo tiempo continúan los desequilibrios sociales. Los cambios de actores sobrevienen, mientras se producen fenómenos diversos de apropiación de recursos en fases de transición social.

Lo político, como dimensión específica de la sociedad que regula las relaciones entre enemigos, se convierte en un mundo inestable de conflictos y de guerras: un mundo que se reproduce a sí mismo. No logra superarse.

Se da como mundo de conflictos que discurre por la vía de la apropiación de recursos para la consolidación de actores que valorizan ante todo su dimensión coercitiva. Y lo hacen, no mediante la transferencia simbólica hacia otro campo, el de la representación o la sublimación de las contradicciones. No: el conflicto se desnuda en forma de guerra.

Es precisamente esto lo ocurrido en Colombia con fenómenos como el paramilitarismo, durante los últimos 20 años, los mismos veinte años que cumple la Constitución.

Todo un poder fáctico, pero organizado, que alteró criminalmente el monopolio de la violencia, facultad exclusiva del Estado, aplicándose a este ejercicio disolvente desde la lógica del propio Estado, es decir, desde la seguridad, la razón misma de su existencia.

La realidad oculta del nuevo orden constitucional

De esa manera, lo político –en tanto mundo de conflictos potencialmente belicosos– opera como un factor instituyente, que no se transforma dejando atrás su condición larvaria, para dar paso a lo instituido, es decir al orden político capaz de conjurar la violencia, desde un campo distinto: el de la representación y la institución.

De manera que el paso de lo instituyente a lo instituido en Colombia contiene un proceso defectuoso en su interior: su repetición permanente, la de ese paso que va del conflicto al orden, sin nunca terminar de llegar, consigue apenas hacer reproducir un régimen político, a la vez limitado y desequilibrado:

  • Limitado, porque funciona sin poder integrar pacífica y simbólicamente en la representación del orden político o en la existencia del orden civil gran parte de la conflictividad que nace de la desestructuración social emparejada con la existencia de correlaciones de fuerza desproporcionadas entre ciertas élites y la población en general.
  • Desequilibrado, porque da lugar, en su funcionamiento como mundo de la representación, a auténticas hegemonías, partidistas y gubernamentales, donde la circulación de las élites se da más por cooptación individual a través de los partidos o de la burocracia, que por la alternabilidad política. La oposición es casi una planta exótica, un elemento cuasi-marginal, solo traducible en gobierno dentro de la órbita de las autoridades locales.

En el fondo, el juego de la competencia política dentro del mundo de la representación esconde bajo la superficie la existencia de estructuras muy rígidas de control semi-elitista: una especie de factor de control político desde arriba, que confirmaría algo parecido a esa vieja “ley de hierro de la oligarquía”, formulada por Robert Michels.

Al mismo tiempo se exhibe un recambio parcial y constante del personal político, particularmente del parlamentario, donde caras nuevas hacen su entrada al escenario, asegurando sin embargo las líneas gruesas del hegemonismo partidista, hoy exacerbado en la super-coalición de la Unidad Nacional.

Se trata de un orden político que mantiene equilibrios de fuerza ajenos a una sociedad abierta y pluralista. Este conservadurismo cierra el ascenso político de nuevas fuerzas –eventualmente más imbuidas de democratismo– e impide reformas sociales serias. 

A ese orden político –a la vez limitado y desequilibrado– pertenece el orden constitucional que quedó formulado explícitamente en la letra de la Constitución Política del 91 para la Colombia actual.

Esa es la formalidad del Estatuto Constitucional, no necesariamente la realidad, donde se define el tipo de régimen político, la organización del Estado, sus equilibrios internos, y, finalmente, el catálogo de los derechos de los que son titulares sus asociados.

El sentido de su existencia, como estatuto superior, es el de definir la forma del poder político y el alcance de los límites que este último se autoimpone, como expresión de una conquista moderna, la del “Estado de derecho”. Al tiempo que determina en un sentido positivo el carácter del poder, establece en un sentido negativo los límites de éste.

Por tanto, no solo el colombiano, sino todo estatuto constitucional, tiene que definir antes que nada el sentido y los alcances de una soberanía moderna. Es decir, una soberanía que se limita a sí misma, lo cual entraña una contradicción en los términos: soberanía que no es totalmente soberanía.

La soberanía interna y sus vicisitudes

Una Constitución encuentra su verdadera ratio juris al ubicarse en el centro de esa contradicción -una contradicción que hace sentido: justamente entre la consagración del poder soberano y de los factores que lo frenan. Entre el soberano propiamente dicho y sus autocontroles. Entre el poder y la ley. 

Soberanías esenciales puede haber dos, tanto en la realidad como en la teoría. Una, la pura y dura. Otra, la sometida a la ley. La primera es una soberanía desnuda, justamente porque dispone incluso de la “vie nue”, de la vida desnuda, tal como lo hace notar Agamben en el Homo Sacer. Llega a tener la facultad de matar. La segunda consiste en un ejercicio del poder que está sometido al derecho. Es un poder que reconoce al imperio de la ley por encima de sí mismo.

En el primer caso, la soberanía está por encima de todo orden, incluso por fuera de la ley, no cabe en la Constitución. En el segundo, se inscribe en su interior, se sujeta a ella.

En el Estado de Derecho moderno, la soberanía al tiempo que se inscribe en el interior del orden jurídico y político, integra a toda la sociedad dentro de su voluntad y consigue que todos se sometan a la ley.

Por el contrario, la aspiración a una soberanía por fuera del orden jurídico (una soberanía desnuda que no admita las cortapisas de la ley) abre la posibilidad de un poder cuya única traducción es la voluntad primigenia –natural y brutal– de un soberano, que al situarse por encima de la ley, es el único factor que la define. Un poder puramente fascista, quizá. Tal vez lo que conjeturaba ideológicamente hablando un constitucionalista como Carl Schmitt.

Quien –hablando teóricamente– no dejaría de detectar el hecho revelador de que en el mundo moderno las posibilidades de una soberanía plena –radical, quizá atávica– se podrían abrir paso, pero a través del espacio abierto no por el ejercicio normal del gobierno, sino paradójicamente por el estado de excepción: el que precisamente suspende el imperio de la ley, que confina en un paréntesis los derechos y las garantías que protegen a los súbditos o a los ciudadanos.

Esta vía de escape deja un espacio vacío de razón jurídica, por donde podría manifestarse la voluntad primitiva, la voluntad suprema del soberano, ya sin las ataduras a las que lo sometería la ley.

La soberanía primaria y el Estado de Sitio permanente

El estado de excepción –o “de sitio” para hablar en clave colombiana– hace posible ejercer esa soberanía radical y primaria, mediante una excepción que si se vuelve estado, es decir, si se repite, permite que sobrevenga el golpe de Estado permanente como forma de gobierno. Se esconde bajo las formas normales y rutinarias del Estado moderno institucionalizado, rasgo característico de muchos regímenes políticos durante el siglo XX, pero revela un claro corte fascista en su ejercicio del poder.

Rasgos parecidos por cierto a los del régimen político colombiano, con menor intensidad desde luego, durante la vigencia de la pasada Constitución, la del 86, puesto que permitía la repetición sin límite del “Estado de Sitio” mediante un ejercicio rutinario del poder, dejando deslizar como si fuera una ballena un incontenible talante autoritario dentro de un régimen de apariencias civiles y republicanas, de donde emergía diariamente en realidad una cuasi–dictadura civil.

Era un rasgo que con toda seguridad introducía en el régimen constitucional fuertes ingredientes propios de constituciones nominalistas e incluso semánticas, según la muy conocida clasificación de Karl Lowenstein. Tipología ésta, en la cual una Constitución nominalista consagraba, solo de modo literal y retórico el régimen de Estado de derecho.

Mientras tanto, la Constitución semántica se las arreglaba para encontrar el pretexto (mediante el Estado de Sitio, por ejemplo) para condicionar el Estado de derecho formalmente estipulado, en beneficio únicamente de orientaciones elitistas y autoritarias.

En otras palabras, en la misma dirección que proponía Lowenstein, la Constitución del 86, pese a sus formalidades democráticas y liberales, estaba lejos de ser una Constitución de carácter normativo, que al contrario de los otros dos tipos ya reseñados, refleja una debida articulación entre el papel escrito y el funcionamiento efectivo del sistema político, estructurado ciertamente con apoyo en los equilibrios y frenos que fundamentan un Estado de Derecho moderno.

Progresos en la Constitución del 91

Los constituyentes del 91 le pusieron coto a este mecanismo deleznable que anulaba en la práctica la plena vigencia de los derechos y garantías civiles, al tiempo que hacía casi imposible encontrar un equilibrio adecuado de poderes, que pusiese freno al autoritarismo seudo -republicano.

Los constituyentes también avanzaron en consolidar un Estado liberal de derecho:

  • Al afianzar una carta amplia de derechos.
  • Al establecer una Corte Constitucional que vertiera su funcionalidad dentro de una jurisprudencia comunicando una fuerza de rango constitucional a los desarrollos jurídicos que promueve.
  • Al inventar la tutela para Colombia, mecanismo puesto en manos de los ciudadanos para limitar las tendencias autoritarias dentro del sistema político, algo que sin duda contribuyó en estos últimos 20 años a hacer un poco menos nominalista y menos semántico el orden constitucional y a articular lo con el régimen político, logrando que este último sea un modelo menos autoritario.

Tendencias permanentes en la desigualdad política

A pesar de progresos tan manifiestos en las reglas constitucionales, el régimen político conservó sin embargo algunas de sus tendencias básicas en lo relacionado con el ejercicio efectivo del poder. Es evidente la escasa fluidez estructural para poner en marcha una efectiva circulación de las élites, para abrir los horizontes de una mayor igualdad política, tomando prestada la expresión de Robert Dahl.

Simultáneamente, el sistema social ha mantenido inmodificadas las condiciones de la más profunda de las desigualdades. La impresionante desigualdad social y los desequilibrios en el orden político, poco propicios para una sociedad más abierta, constituyen procesos instalados en la base de la correlación de fuerzas, muy poco favorable a una democratización dentro del régimen político, dados los actores y sus recursos.

Avances constitucionales en materia de garantías y derechos individuales, de una parte. Mantenimiento de desigualdad social y política, de la otra. Son estas dos las macro-tendencias que las condiciones de la nueva Constitución colombiana ofrecerían como marco para la marcha del régimen político.

Los campos fracturados de la soberanía constitucional

En un contexto de esa naturaleza, con progresos jurídicos pero con estructuras inmodificables en materia de factores desiguales de poder, el régimen político parece enfrentar una neta fragmentación de los campos sociales en los cuales tiene lugar la operación de ejercicio del poder y de implantación efectiva de la soberanía constitucional:

  • De una parte, opera un campo de representación y control en el que intervienen instituciones de gobierno y también partidos, capaces todos ellos de reproducir el modo de producción política prevaleciente, que incluye grandes desigualdades, que no solo limita enormemente la sustitución alternativa de élites en el poder, sino la emergencia de nuevas y más variada élites no violentas, que en todo caso se revela eficaz dentro de tales límites para determinar procesos de integración ciudadana y de legitimización, mediante los mecanismos de una democracia moderna bajo ciertos aspectos, pero en otros claramente clientelista y poco competitiva socialmente hablando.

Es este campo legal central, ciertamente amplio pero no suficientemente incluyente, puede tomar curso la soberanía constitucional. Se trata de un campo constitucionalizado pero no suficientemente democratizado. Dentro de él, se han ampliado espacios en favor de una ciudadanía más extensa y activa, después de la Constitución del 91, particularmente, con el mecanismo de la tutela y con la afirmación jurisprudencial de los derechos por parte de la Corte Constitucional, tal vez el agente más dinámico en el campo en el que se desarrollan los procesos de una constitucionalización creciente, tanto en la esfera de la política como en las esferas económica y cultural.

  • Hay, sin embargo, otro campo social sin soberanía constitucional: el campo de las violencias y los actores armados, que tratan de convertirse en actores solo porque son armados. Es un campo real, que se articula por fuera de los límites del orden ciudadano, del orden simbólico de lo legal, pero que también se configura como arena de guerra en el interior de dicho orden, abriéndose paso por entre sus múltiples vacíos.

Se trata de fronteras externas al orden simbólico-institucional, pero también internas, en la que impera la violencia, la acción ilegítima y la corrupción. En ese campo, donde reina la violencia, se impone entonces la voluntad de poder atávica, sin sujeción a regla alguna.

Es un mundo ajeno por entero al orden simbólico constitucional y a cualquier control o representación que emane de éste, donde se impone crudamente la lógica del enemigo al que hay que destruir.

Y enemigo puede ser cualquiera, con lo que dicho mundo se extiende a la manera de una invasiva mancha de aceite que se contrapone al orden ciudadano. Es un campo elemental, salvaje y criminal, que se reproduce sin cesar, al lado del orden legal, pero también en su interior.

Soberanías sin Estado de derecho –atávicas y bélicas– han crecido destruyendo el tejido de la sociedad, al tiempo que se ponía en marcha la Constitución del 91. De ese modo, soberanía legal y soberanía sin ley han crecido simultáneamente en una sociedad que no atina a romper con la condena colectiva de desigualdades insultantes en el orden social, a pesar de una Constitución progresista.

Como tampoco atina a superar el obturamiento de sus mecanismos en la formación diversificada de élites y en su circulación sustitutiva, por más que aparente un juego amplio y organizado de disputas por el poder.

 *Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

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