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Reforma de la Justicia: sin consenso y sin rumbo

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

juan manuel charryEl consenso fracasó. La reforma se ocupa de aspectos puntuales, no soluciona los problemas reales y por eso se perderán esfuerzos y recursos en arreglos pasajeros. Se necesita convocar una asamblea constituyente para reformar de veras la justicia.

Juan Manuel Charry*

Consenso fallido

Si bien es cierto — como he sostenido en varias oportunidades en esta misma revista — que no es posible alcanzar una reforma por consenso con los magistrados de las máximas corporaciones judiciales por la sencilla razón de que son jueces y parte, la propuesta del gobierno no aborda los problemas estructurales que causan el choque de trenes, la politización de la justicia, la judicialización de la política y la gerencia judicializada.

Lo poco que se había alcanzando por esta vía del consenso, se desvaneció con las declaraciones del presidente del Consejo de Estado, en el sentido de que el proyecto se había convertido en una colcha de retazos y la corporación le retiraba su apoyo. Así las cosas, el gobierno ha quedado solo con sus bancadas de Unidad Nacional persistiendo en aprobar una reforma constitucional fruto de consensos parciales y ahora fallidos.

¿En qué va el proyecto?

De las intenciones iniciales de suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, regular la acción de tutela contra providencias judiciales, establecer la doble instancia en el juzgamiento de congresistas y cambiar la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, solo han quedado aspectos relacionados con estos últimos.

El Pliego de Modificaciones para Primer Debate en la Comisión Primera de la Cámara presenta las siguientes propuestas para el tercer debate de ocho:

  • La garantía de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas para quien se encuentra detenido preventivamente, podría ser ampliada a setenta y dos por el legislador en casos especiales. También se permite excepcionalmente a la Fiscalía realizar capturas, allanamientos e interceptaciones.
  • La función jurisdiccional podrá ser ejercida por empleados judiciales (excepto sentencias), autoridades administrativas, notarios, abogados y particulares.
  • Se modifica el régimen de suplencias de las corporaciones públicas (silla vacía).
  • Se cambia la comisión de acusaciones por comisión especial de instrucción, conformada de listas elaboradas por los representantes a la Cámara.
  • En los procesos de pérdida de investidura, se introduce la doble instancia ante la Sala Plena del Consejo de Estado.
  • Se atribuye rango constitucional al Director Ejecutivo de la Rama Judicial.
  • En cuanto al juzgamiento de congresistas, se introducen el sistema acusatorio y la doble instancia, con control de garantías por la Corte Constitucional.
  • Se atribuye al Gobierno el liderazgo de la política criminal.
  • Se modifica el fuero penal militar, se establece una presunción.
  • Se atribuye autonomía presupuestal, patrimonial y administrativa a la Rama Judicial. Su presupuesto crecerá en un 2 por ciento por encima de la tasa de inflación. El billón ya aprobado para la descongestión tendrá un manejo presupuestal separado.
  • El legislador establecerá los casos de acceso a la justicia sin la intermediación de abogado y de manera gratuita.
  • Se modifica la elección de magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de listas de cinco candidatos, conformadas mediante convocatoria pública.
  • Se eleva la edad de retiro forzoso de los magistrados a setenta años y la experiencia requerida a veinte años.
  • Se modifica la integración de la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura, por los presidentes y delegados de las máximas corporaciones judiciales.
  • Se atribuye al Procurador General la vigilancia superior de los empleados judiciales y de los miembros de la Sala de Gobierno que la ley no haya asignado a otra autoridad.

Análisis y críticas

Se pueden diferenciar las siguientes líneas conceptuales:

  • Primera, la intensificación de medidas policivas en cuanto a capturas, detenciones, allanamientos e interceptaciones.
  • Segunda, medidas coyunturales tendientes a reducir la congestión, para lo cual se destina un billón de pesos.
  • Tercera, modificaciones al régimen de los congresistas, silla vacía, pérdida de investidura, sistema acusatorio y doble instancia.
  • Cuarta, modificación del control político, con el establecimiento de la comisión de instrucción.
  • Quinta, fortalecimiento de la autonomía de la Rama Judicial, con mayor presupuesto, nuevo gobierno y dirección administrativa.

No parecería el momento más adecuado para modificar las garantías ciudadanas en materia de captura, detención, allanamientos e interceptaciones, cuando las personas están esperando que primero se mejore la propia administración de justicia.

En materia de descongestión de despachos judiciales, se mantiene el criterio de manejar el asunto como una emergencia, tomando medidas para evacuar los expedientes pendientes, habilitando para ello a empleados, autoridades administrativas, notarios, abogados y particulares. Buscar resolver los procesos por personas extrañas a la administración de justicia, resulta francamente insólito. En realidad, es urgente emprender los cambios y dotar de la tecnología necesaria a los propios funcionarios judiciales para que puedan resolver oportunamente las demandas de la sociedad.

Si no se corrigen los defectos estructurales, si no se cambian los procedimientos y se establece un nuevo paradigma de administración de justicia, la congestión y la morosidad en el trámite de los procesos seguirán siendo un mal crónico, así los recursos billonarios y los esfuerzos del personal ad-hoc ofrezcan soluciones pasajeras.

Se insiste en mantener un estricto régimen de control a los congresistas. A pesar de introducir el sistema acusatorio, la intervención del Fiscal General y corregir la doble instancia respecto al juzgamiento penal, en primera instancia conoce el Tribunal Superior y en segunda la Corte Suprema, se mantiene la muy criticable fórmula en cuanto a pérdida de investidura: atribuir la segunda instancia al mismo Consejo de Estado en Sala Plena.

Estas reformas no corrigen el fenómeno de judicialización de la política, pues los jueces conservan la posibilidad de interferir en la actividad política mediante el juzgamiento de los congresistas. Ese es el motivo real para que se haya propuesto considerar el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria.

Lo anterior contrasta con los débiles controles sobre los magistrados de las máximas corporaciones judiciales, prácticamente inexistentes. Se cambia la comisión de acusaciones por una comisión de instrucción compuesta por listas que elaboran los mismos representantes a la Cámara. Así se desfigura el control político y poco o nada se logra al mantener la nominación de los instructores en el mismo Congreso y la decisión en la misma Cámara de Representantes. En otros términos, no se corrige el error de diseño constitucional en donde se cruzan los controles: jueces juzgando congresistas, congresistas juzgando jueces.

Se fortalece la autonomía de la Rama Judicial, pero al quedar por fuera del contexto de una reforma estructural, parece un esfuerzo perdido. Se continuará administrando con criterio judicial. Destinar mayores recursos públicos a una organización que no se transforma ni supera sus vicios, como tampoco renueva sus elementos obsoletos, será dinero perdido.

Se deja a la ley el poder de regular los casos donde no se requerirá la intermediación de abogado y la gratuidad, algo que el legislador ya puede hacer sin necesidad de autorización constitucional.

Los usuarios olvidados

Naufragó el consenso. Las propuestas intentan transformar aspectos puntuales sin que se llegue a los problemas reales, los cuales subsistirán. Parece que se perderá la oportunidad y se invertirán cuantiosos recursos en soluciones aparentes y pasajeras.

Poco o nada se dispone en relación con los usuarios de la administración de justicia, nada sobre sus derechos ni sus garantías, nada sobre los efectos de la mora y la ineficiencia de este poder público.

En fin, se insiste en convocar una asamblea constituyente para hacer una reforma estructural a la administración de justicia: los hechos parecen demostrar que resulta infructuoso utilizar otras vías.

* Abogado constitucionalista, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. Fue Procurador Auxiliar, Asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, Conjuez de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Es autor de numerosas publicaciones. Agradeceré comentarios: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla. Agradeceré comentarios: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

twitter1-1@jmcharry

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Comentarios  

Francisco Galvis
0 # Francisco Galvis 07-12-2011 08:52
No solo por las razones expuestas por el comentarista, sino por otras varias más, se hace necesaria, imprescindible y urgente una Asamblea Nacional Constituyente para enderezar a fondo el Sistema de Justicia, al igual que la función en ella del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, salvo excepciones de funcionarios comprometidos, son ahora otras veguenzas nacional.
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