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Manifestaciones y ley de tierras: ¿falta un proyecto político?

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

Fernando BernalSe echa de menos una verdadera política agraria. La restitución de tierras supone organización y poder de negociación por parte de los campesinos. Pero por ahora se les trata más como víctimas y beneficiarios que como actores políticos. ¿Más de lo mismo, versión Tercera Vía?

Fernando Bernal C. *

De tragedia a comedia

Para encontrarles sentido a las manifestaciones en defensa de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que el presidente Santos encabezó en Barranquilla y en Necoclí (Urabá antioqueño), resulta útil recordar la afirmación de Marx en el sentido de que los grandes acontecimientos de la historia se repiten, pero “la primera vez como tragedia y la segunda vez como comedia”.

En efecto, a propósito de aquellas manifestaciones, cabe preguntar si no es un desatino que el Estado desconozca los cambios que el país y el sector agropecuario han vivido durante los últimos cincuenta años, desde que Carlos Lleras intentó la última -y fallida- reforma agraria.

Actor, no simple beneficiario

Los contrastes entre la situación de hoy y la de entonces no podrían ser mayores.

Para comenzar, las administraciones de Olaya Herrera, López Pumarejo y Lleras Restrepo, en su afán por modernizar la sociedad de su época, desafiaron abiertamente a las élites terratenientes.

En este empeño, el gobierno Lleras Restrepo, en particular, reconoció al campesinado la categoría de actor político. Algo insólito dentro de los postulados del modelo liberal que rige desde el siglo XIX, donde el Estado controla al campesinado, apelando incluso al ejercicio de la fuerza cuando ha sido necesario.

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No sorprende que a estas manifestaciones organizadas por el propio Estado no asistan los líderes campesinos.

Sin embargo esas élites acabaron imponiéndose sobre los reformadores y anulando sus proyectos, a la par que negaban otra vez al campesinado su condición de actor político, mediante el acuerdo de Chicoral que puso fin al intento de Carlos Lleras.

El Estado liberal, entonces y ahora, ha sido hábil para presentarse como neutral, defensor del bien común, a la vez que estigmatiza al movimiento campesino y declara a sus dirigentes como enemigos de la paz, y a renglón seguido procede a hacerlos invisibles.

A diferencia de entonces, ya no existe un movimiento campesino con fuerza política para impulsar las reformas de la sociedad rural y no es viable intentar conformarlo. El capital social acumulado por esta sociedad rural fue disuelto durante las últimas tres décadas. Lo que hoy se impone es todo lo contrario: el miedo, que impide la construcción de movimientos políticos en democracia.

El reciente paro ordenado por las Bacrim en departamentos y municipios de la Costa Atlántica de una efectividad indiscutible es evidencia de la debilidad del Estado para imponer el imperio de la ley.

Por esta razón, el campesinado ha dejado en manos del Estado – quien tiene la legitimidad del manejo de las armas – la tarea de confrontar este neo-narco-paramilitarismo de hoy, puesto que no lo puede confrontar a punta de movilizaciones políticas, ni con palos y machetes.

Aspiraciones limitadas

El cálculo político del gobierno resulta muy limitado en sus pretensiones: solo aspira a devolver tierra robada y mejorar la protección de los derechos de propiedad, pero renuncia a estructurar un proyecto político con ímpetus modernizantes.

No parece una respuesta contundente frente a la velada amenaza de una hirsuta derecha agraria que ha salido a menospreciar abiertamente estas manifestaciones y que afirma que con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras se desestimula el capital y se promueve el odio de clases.

Pero por otro lado, en últimas esta propuesta del presidente Santos parece encajar en la crítica que Carl Schmitt hacía de la burguesía — retomando los escritos de Donoso Cortés — al señalarla como una “clase discutidora” [1]: bajo el paraguas del modelo de Estado liberal, busca neutralizarlo todo, despolitizarlo todo, evadir las decisiones fundamentales, huir de la confrontación y en su lugar iniciar siempre discusiones sin fin.

Modelo liberal que “sobrevive en la medida en que los conflictos están adormecidos u ocultos, en la medida en que los seres humanos perdamos de vista que el sentido de la vida es optar” [2]. Lo que lleva a Schmitt a concluir que ese debate sin fin, ese respeto neutral a una pluralidad de opiniones que en nada concluyen, es en sí una decisión política.

En este sentido, la postura del gobierno frente al problema agrario es profundamente política. No puede negar el gobierno que detrás de esa imagen neutral de simplemente restituir tierras robadas, se oculta la intención de consolidar políticamente el orden social existente en el campo. Es claro que no quiere afectar las rentas de los terratenientes, ni quiere generar controversias con los grupos de interés vinculados al sector agropecuario y así lo ha expresado reiteradamente. La suya no parece una política con pretensiones de reforma social.

Como representante de la “clase discutidora”, con la despolitización que reclama abiertamente para su política agraria, solo logrará evadir los problemas fundamentales. No le va a permitir superar la violencia, la fuerza, la coerción existentes, que al fin de cuentas van a conspirar contra la propia política de tierras.

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Santos no quiere saber de conflictos y es defensor del statu quo en la sociedad agraria.

No quiere saber de conflictos y es defensor del statu quo en la sociedad agraria — versión Tercera Vía — pero no puede negar que esa no es una opción para superar la enorme inequidad y desigualdad existentes en el campo, obstáculo fundamental para poder hablar de cohesión social.

¿Más de lo mismo?

A este respecto, resulta difícil tomar con seriedad la estrategia UNIDOS para la superación de la pobreza extrema — versión Tercera Vía de la Red Juntos de la Acción Social uribista — mientras se mantenga en manos de los cacicazgos regionales el manejo de los bienes públicos, es decir de la salud, la educación, la nutrición, la habitabilidad, etcétera. En otras palabras, mientras se pretenda dejar intocables los intereses de esa clase política.

No se entiende por qué no se concede mayor poder de negociación al campesinado y no se le reconoce como actor político, ni se le restituye su condición plena de ciudadanía en todo el país. No hay que olvidar que precisamente estas falencias fueron unas de las causas fundamentales de las masacres y despojos que sufrieron las comunidades campesinas en las décadas recientes.

No sorprende que a estas manifestaciones organizadas por el propio Estado no asistan los líderes campesinos. Por simple lógica, si algunos de los que quedan se atrevieran a participar en ellas, ¿quién los protegerá más tarde?

La respuesta frente a los enemigos de esta política de tierras y a las reformas políticas y sociales que demanda el sector no puede ser otra que construir de veras Estado a nivel local.

Solo cabría esperar que la futura Ley de Desarrollo Rural venga con el liderazgo y la legitimidad requeridos para que suministre al Estado y a la sociedad los instrumentos eficaces para superar el atraso, la inequidad, la pobreza y la despolitización, que arrinconan a la gran mayoría de los campesinos colombianos.

* Sociólogo, doctor de la Universidad de Oxford (Inglaterra), profesor universitario, consultor internacional e integrante del grupo encargado de preparar el Informe de Desarrollo Humano 2010 de Colombia.

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