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Las consecuencias del choque de poderes

(Tiempo estimado: 10 - 19 minutos)

hernando gomez buendia En la pelea de Uribe con medio mundo, es muy probable que el ganador sea Uribe y el perdedor sin embargo sea Colombia, según este análisis del Director de Razón Pública sobre las implicaciones más duraderas de la crisis. 

Hernando Gómez Buendía

La tormenta

El Presidente de la República denuncia a la Corte Suprema de Justicia por  "un complot para buscar testigos que me comprometan con la parapolítica". Y el Presidente de la Corte Suprema denuncia "un complot entre paramilitares y funcionarios del gobierno en contra la Corte".

El Presidente acusa al ex presidente y jefe del Partido Liberal "de haberse aliado con 'Los Pepes' para acabar con Pablo Escobar". Y el ex presidente acusa al Presidente de haberse opuesto a la extradición de  Escobar y permitir "el  ingreso fácil y frecuente de delincuentes a la Casa de Nariño", mientras un Senador de su bancada declara que "le tiene miedo a Uribe".  

Día por día aparecen personajes tenebrosos que testifican o cambian su testimonio en contra de parlamentarios, jueces, fiscales y altos funcionarios en relación con delitos de suma gravedad; y esto incluye al Presidente.

Los congresistas amigos del gobierno entran y salen de la cárcel por la parapolítica o la yidispolítica mientras los congresistas opuestos al gobierno son indagados por la farcpolítica y el Congreso se apresta a reformar la justicia.

El Presidente regaña a su Ministro de Justicia porque llamó al Fiscal para hablarle de su hermano enredado con un capo. Y el Vicepresidente exhorta  públicamente al Presidente a comportarse con más "dignidad en el cargo".

Así pues- y sin obstar los consabidos llamados de gremios y editoriales a izar "la bandera blanca"- estamos ante un proceso severo y creciente de criminalización de la política y del debate político en Colombia.

Las percepciones

Y es que la Corte Suprema de Justicia quiere desquitarse del Presidente Uribe. La justicia está al servicio de la oposición y les hace juego a los terroristas. Petro y Córdoba son fichas de Chávez que andan buscando cómo enlodar al Presidente y sus colaboradores. La parapolítica y la yidispolítica son  montajes o exageraciones de los resentidos que no aman a su patria ni quieren ver el éxito evidente de la Seguridad Democrática.

Esto es lo que creen a pie juntillas muchos colombianos de todas las regiones y todos los estratos, empezando por el propio Presidente.   

O es que el Presidente Uribe está jugado a encubrir a los paramilitares y a los parapolíticos que han sido sus aliados desde siempre. Por eso son tantos sus colaboradores y allegados en líos con la justicia. Por eso difama a los magistrados, fiscales, congresistas o periodistas que tienen el valor de denunciar esos crímenes atroces. Por eso abusa de su poder, y para eso quiere perpetuarse.

Esto es lo que creen a pie juntillas muchos otros colombianos de todas las regiones y todos los estratos.    

Son dos lecturas cerradas o dos "marcos perceptivos" tan distintos como los de un cristiano y un musulmán. Porque, en efecto, son muchos los estudios y experimentos psicológicos que muestran cómo los humanos tendemos a percibir los hechos de modo unilateral, a tomar partido y a interpretar cada nuevo incidente como una confirmación de nuestro punto de vista. De esta manera nacen los nacionalismos, las ideologías o las "fanaticadas" deportivas, todos los cuales se intensifican a medida que se producen disputas o conflictos con el bando contrario. Por eso la polarización entre uribistas y anti-uribistas tiende a aumentar con el paso del tiempo y con la intensidad de los ataques recíprocos.

Pero  "polarización" no implica división entre dos grupos más  o menos parejos, sino que en este caso significa una distancia perceptiva y emocional creciente entre la mayoría (alrededor del 70% firmemente uribista, según las varias encuestas) y la minoría (alrededor del 20% firmemente antiuribista).  Los efectos políticos de la tormenta dependen, como veremos, de esta tan desigual relación de fuerzas.  Pero antes:

¿Quien tiene la razón?

Por supuesto que los hechos fueron de una manera y no de otra, de suerte que en cada caso y sobre cada acusación la verdad es una sola. Sin embargo (y sin entrar en honduras filosóficas) nadie puede tener la certeza ni la prueba absoluta de cómo fue cada cosa. Y es aquí donde cabalmente entran a jugar las interpretaciones o "marcos perceptivos" que, eso sí, pueden ser más o menos rigurosos.

La ciencia es el marco más riguroso, y puede ser que los historiadores algún día desentrañen exactamente qué pasó en el gobierno de Gaviria o el   de Uribe. Mientras tanto los rumores y los escándalos de prensa seguirán "confirmándole" a tirios y a troyanos que ellos están en lo cierto y que el otro bando actúa de mala fe. 

Entre esos dos extremos - la ciencia y las noticias- el análisis de episodios similares en distintos contextos sugiere algunas respuestas a la pregunta de "quién tiene la razón" en este caso:

-Primero, cada una de las acusaciones tiene algún fundamento o se apoya en algunos "indicios" objetivos, que sirven, como mínimo, para que el bando en cuestión la tenga por creíble. El resultado, como mínimo también, es un desgaste de la imagen de cada actor y una pérdida neta de legitimidad para el sistema político en su conjunto.  

-Segundo, es improbable que sólo un bando tenga la razón, o sea que todos los delincuentes estén a un lado y todos los calumniados estén al otro lado. Habrá distintos niveles de gravedad y responsabilidad por hechos acaecidos bajo distintos gobiernos y en las distintas ramas del poder público.

-Tercero, en principio y por lo general, en estas situaciones son más creíbles las acusaciones que las defensas o las disculpas. Y es porque, en principio y por lo general, los protagonistas en una historia sucia (como es la narco-historia política de los últimos años) difícilmente pueden salir  limpios.

- Cuarto, ese talón de Aquiles permite que cada quien se excuse en los pecados del otro, o que responda a cada acusación con otra acusación en vez de una defensa. "Soy inocente de X porque mi acusador es culpable de Z" es el razonamiento que de hecho predomina en el debate político de hoy.  Se trata de una falacia evidente, que sin embargo convence a la galería.

Los tribunales de justicia existen precisamente para evitar galerías y  falacias. Los tribunales son falibles, por supuesto, y así lo muestra el caso Dreyfuss, el de O. J. Simpson, o el de Ernesto Samper entre nosotros. Pero aún si la sentencia es "contra-evidente", no hay más remedio que someterse a ella. Si el juez obró de manera torcida, hay que denunciarlo y probarlo ante otro juez; y si las reglas que aplica no son justas, hay que cambiarlas por medio de nuevas leyes. Lo contrario sería caer en el anarquismo o justificar la insurgencia armada. Y con la misma lógica, cuando un Presidente descalifica los fallos de los jueces, está quebrando el Estado de Derecho.

No es posible saber "quién tiene la razón" en esta enrevesada controversia. Pero ni la ciencia, ni la prensa, ni el análisis comparado -ni por supuesto las percepciones de la mayoría o de la minoría- pueden aproximarse más a la verdad que el aparato de justicia. O quien sea Presidente se atiene a lo que fallen los jueces, o da un golpe de Estado.

¿Peligra la democracia?

Por lo anterior ha dicho el Presidente de la Corte Suprema que con Uribe "la democracia  está en riesgo". Pero si democracia significa "gobierno de la mayoría" o, para ser más exacto, "gobierno con el consentimiento de la mayoría", habríamos de inferir que ese riesgo no existe, porque el 70% de los ciudadanos está dispuesto o pre-dispuesto a aceptar cualquier decisión del  Presidente Uribe.

En este momento, como en cualquier momento, se dirá que ciertas decisiones no son pensables o no serían apoyadas por la mayoría; y sin embargo el movimiento continuo de los límites es el gran distintivo y resultado de los procesos de polarización política. Si el Presidente es demasiado radical, la ventaja  de 70% a 20% podría achicarse, y el 10% que está o intenta estar, digamos, en el "centro", podría inclinarse contra él.  Pero la psicología social enseña que la gente no cambia sino que se enardece, y que los "indecisos" acaban por repartirse entre los bandos en la misma proporción que el resto de la gente (y entonces quedaríamos 77 a 23 por ciento).

Así pues Álvaro Uribe no tiene ni tendrá necesidad de apelar a los cuarteles para cerrar la Corte o allanar las sedes de la oposición. Le basta con apelar al marco perceptivo que comparte con la mayoría de los colombianos -y también con la mayoría de los congresistas- para seguir gobernando a base de "golpes de opinión" y de leyes o contra-leyes que le vayan allanando el camino a él y a sus aliados.

Esta democracia plebiscitaria, o cesarista, o delegativa, como la llaman distintos autores, no es una democracia genuina, o liberal, o madura, como  también la llaman los autores. Pero puede guardar las formas y los ritos de la democracia y la legalidad ante los ojos de la mayoría de los ciudadanos.

La lectura internacional será más complicada. Hay quienes en el exterior comparten el marco perceptivo del uribismo o hay quienes, por su propio interés, están dispuestos a acompañar a Uribe hasta muy lejos. Aquí figuran Bush y tal vez McCain, pero Obama y Joe Biden han firmado varias cartas   que critican a Uribe: el viento, por demás decisivo, de Estados Unidos, no sopla a favor del "furibismo". Aunque Europa en general apoya la Seguridad Democrática, los europeos en general se ponen del lado de los jueces. Y el endurecimiento del gobierno colombiano será agua para el  molino de Chávez, Correa y Ortega en América Latina.

Reelección, reelección

El enfriamiento de Washington es, para el empresariado y para una fracción del uribismo, una razón de peso para pedirle al jefe que "guarde la mesura frente a las cortes y la oposición". Esta es la actitud del Vicepresidente Santos, del partido de la U y de los grandes medios de comunicación. El Presidente sin embargo no hará caso ("A mí me da mucha lidia quedarme callado") y el ala "rural" o dura del uribismo es eso, dura, de manera que ahora está en su salsa.

La tensión dentro del bloque uribista va entonces a aumentar y el Presidente  se apoyará más en sus jefes "de maquinaria" que en sus figuras "de opinión", lo cual enreda el proceso, ya de por sí en veremos, de escoger a un sucesor.

Y es que de todas formas, el Presidente Uribe no tiene sucesor. Primero porque a la sombra de un caudillo no puede florecer otro caudillo. Segundo porque el carisma no se endosa. Tercero porque los sucesores en ciernes (Vargas Lleras, Francisco o Juan Manuel Santos, Carlos Holguín, Luis Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo.....) se estorban unos a otros. Cuarto porque ni Uribe ni el (mayoritario) país uribista pueden correr un riesgo así de grande. Y quinto porque si Uribe tuviera el talante para hacerse a un lado no habría tenido el talante para hacer lo que hasta ahora ha hecho.

En la tormenta de estos días salió a flote una razón adicional para que Álvaro Uribe se empeñe en su segunda reelección. Ahora está advertido de que al salir de Palacio sus adversarios moverán cielo y tierra para llevarlo a juicio ante la Corte Suprema (Artículo 235 de la Constitución) o aún ante la Corte Penal Internacional, cuyo Fiscal Moreno Ocampo fue testigo personal de la tormenta. Están tratando de "ponerme preso", declaró el Presidente, aunque eso "les va a dar mucha lidia".

Y mientras tanto está por acabarse el plazo que el Presidente tiene para decirle al Congreso y al país qué piensa hacer con los cinco millones de firmas.

Un Congreso retrechero 

Ningún proyecto de reforma constitucional despierta tanto encono ni moviliza intereses tan poderosos como la idea de reelegir a un  Presidente. Lo vimos hace unos años, y esta vez lo veremos con más intensidad, porque la resistencia va a ser mayor y la presión también será mayor.

En estas circunstancias se valoriza el voto de cada congresista, y ya sabemos lo que esto significa: más puestos, más notarías, más giros- aunque también más cuidado de incumplir las promesas o de quedar en manos de alguna Yidis.

Y las gabelas no serán solamente clientelistas. El Congreso comenzó a tramitar los proyectos de reforma política y reforma de la justicia que el Gobierno acaba de presentar en forma muy discreta y por pura coincidencia. Estas reformas versan, ni más ni menos, sobre si habrá sanciones políticas por complicidad con los paramilitares y sobre quién y cómo juzgará en adelante a los políticos. ¿Cuál  Presidente se le mediría  a pisar los callos de los partidos o de los congresistas cuando estén debatiendo si él se queda en el cargo?   

La justicia en entredicho

La batalla por la reelección pasa también por las Cortes, y seguramente ahí provocará nuevas tormentas. Pero la historia que resumida a continuación   es ya bastante para temer la politización de la justicia como contra-cara de la justicialización de la política:

Cronología de los choques entre el Presidente y las Cortes

2006, Septiembre. Yesid Ramírez, ex presidente de la Corte Suprema, afirma que el Gobierno incumplió la promesa de no terciar en las desavenencias entre los altos tribunales. El Presidente Uribe responde que no faltó a su palabra.

2007, Julio. La Corte Constitucional niega el reconocimiento de la sedición como delito político. Uribe sostiene que lo hizo por “un sesgo ideológico” y que le hizo juego al “terrorismo”. La Corte respondió que no aceptaba injerencias de otros poderes.

2007, Julio. Uribe afirma que un magistrado le ofreció beneficios a 'Tasmania' para que lo involucrara en un delito. La Corte Suprema desmiente el cargo. 

2008, Enero. El magistrado César Julio Valencia declara que Uribe le preguntó por el juicio a su primo el Senador Mario Uribe. El Presidente lo niega e instaura una demanda penal contra Copete.

2008, Abril. El Presidente sugiere la creación de un "supertribunal" que sustituya a la Corte en el juzgamiento de los altos funcionarios. La Corte contesta que no hay razón para reformar “una institución que está funcionando”.

2008, Junio. Al condenar por cohecho a Yidis Medina, la Corte afirma que el Gobierno incurrió en “desviación de poder”. El Presidente la acusa de aplicar una "justicia selectiva", dos altos funcionarios suyos interponen demandas penales ante el Congreso y Uribe anuncia un referendo para repetir las elecciones del 2006.

2008, Agosto. Dos secretarios del Presidente se reúnen con supuestos informantes contra la Corte y el gobierno se abstiene de informar a los jueces. Así se desata la tormenta.

Independientemente de "quién tenga la razón" en cada uno de tales episodios,  es natural que los jueces reaccionen con un cierto -y nocivo- "espíritu de cuerpo" (como en su acuerdo de emitir fallos unánimes) y en todo caso es indudable que su prestigio y su credibilidad han sufrido en este choque prolongado con un Gobierno abrumadoramente  popular. Es algo que, en mala hora, comprueban las encuestas.

La oposición confundida

También es claro que a raíz de la tormenta, el Partido Liberal ha roto con Uribe de manera difícilmente reversible, y que esto facilita su acercamiento al Polo para una eventual candidatura de unidad que le haga frente a  Uribe. El esfuerzo sumado de los dos partidos en el Congreso y en la plaza pública podría recomponer en algo la balanza del 70-20, y hasta sería posible que César Gaviria, ahora provocado, se presentara como un candidato relativamente fuerte. Pero este riesgo fortalece la idea de que el uribismo sólo puede presentarse con Uribe, y el candidato de oposición, César   Gaviria u otro, de todas formas lleva las de perder contra el caudillo.

Es más. Aunque la oposición se una y aunque tenga más votos, su papel se desviará hacia el sólo objetivo de impedir la reelección de una persona (será un "toconur", un "todos contra Uribe") y su agenda seguirá reducida al Código Penal. Será una oposición judicializada, un destapar escándalos en vez de impulsar cambios, un distraerse o un sustraerse de las luchas sociales, una oposición política que en realidad está por fuera de la política.

Y Colombia, el perdedor

Tal vez lo único bueno que puede resultar de estas tormentas es algún esclarecimiento de la verdad o mejor, de las verdades, y alguna sanción política para los responsables de un daño tan profundo ("es que el debate político también ayuda", como dijo el Presidente). Sin embargo, como  quedó explicado, estos "debates" enardecen pero no demuestran, generan mucho calor pero muy poca luz. Y harto mejor sería que aquellas verdades y aquellas sanciones provinieran de la investigación autónoma de los fiscales, del juicio sereno de los tribunales y del sentido ético de los ciudadanos.

Lo demás son pérdidas. Colombia pierde en gobernabilidad, en clima de negocios, en legitimidad del sistema político, en credibilidad de la justicia  y en imagen internacional. Se expone incluso a "implicaciones inimaginables" -la advertencia vino de Francisco Santos- porque las peleas verbales entre los de arriba suelen acabar en peleas físicas entre los de abajo.

Con un poco de cinismo o un poco de piedad, uno podría decir que los protagonistas de la tormenta son víctimas de la historia o de sus propias historias. Pero Colombia pierde porque esa historia se prolonga y se agrava en estos hechos, porque la crisis no está siendo usada para empezar a cambiar la inercia que traemos, para moverse hacia lo que en nuestra sociedad ya debería darse por sentado:

- Una justicia independiente, apolítica, cuyas pruebas no se reducen a la figura del "sapo" y es acatada por todos.

- Un Presidente que encabeza la batalla contra todos y no apenas contra algunos criminales, que respeta a los jueces y los apoya con entusiasmo.

- Un Congreso que legisla y vigila en interés del público y cuyos miembros no merecen ser encarcelados.  

- Una oposición que proponga programas  y no sólo denuncias criminales.

- Una democracia "genuina", "liberal", "madura" en vez de una "plebiscitaria", "cesarista", "delegativa".   

Y es porque "si la sal se vuelve insípida ¿con qué se salará?"

 

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