¿Por qué el Procurador? ¿Para qué la Procuraduría?

(Tiempo estimado: 11 - 22 minutos)

Lisimaco_Parra_RazonPublicaUn alegato inquietante y concluyente sobre el procurador que no cree en el Estado liberal que él representa, sobre la ciudadanía que tampoco cree en ese Estado, y sobre la procuraduría que sale sobrando.

Lisímaco Parra*

La ley injusta

Con motivo del affaire Ordóñez he leído dos observaciones que me parecen importantes, y que a continuación me permito glosar.

Lisimaco_Parra_procurador_Alejandro
ElFprocurador Ordóñez es funcionario público, y como tal está obligado a un “uso privado” de su razón.
   Foto: procuraduría.

La primera es de Hernando Gómez Buendía en esta misma revista, y a mi juicio explica de manera acertada por qué el procurador Alejandro Ordoñez ha reaccionado como lo ha hecho frente a temas como el derecho al aborto, o su retractación –que a nadie convenció- forzada por el llamado de atención que le hiciera la Corte Constitucional, que encontraba que las políticas impulsadas al respecto por su administración no se ajustaban ni a la verdad ni a la ley.

La observación de Gómez Buendía también ofrece una clave para comprender la campaña que adelanta Ordóñez en pro de su reelección. Según esa clave, la posición del procurador estaría resumida en la famosa sentencia de Agustín –“la ley injusta no es ley” -, en virtud de la cual aquel se sentiría legitimado para “violar” la ley injusta.

También me parece acertada la afirmación de Gómez Buendía, según la cual “saltarse por encima de las leyes ‘injustas’ es poner una moralidad particular sobre la ética civil que hace posibles la convivencia y la democracia”.

Ley natural versus liberalismo

Ahora bien, el objetivo de mi primera glosa es llamar la atención sobre un hecho: en este caso ni para el procurador Ordóñez, pero probablemente tampoco para muchos colombianos, se trata de una “moralidad particular” que se pone sobre la ética civil.

Muy dentro de una fuerte y viva tradición colombiana de visceral anti-estatismo, Ordóñez se pretende sólidamente anclado en una “ley natural” que –mucho antes que las sentencias de la Corte Constitucional- sirve de parámetro de evaluación de la justicia de toda ley “positiva”.

Y cuando el dictamen es negativo, entonces no solo la ley es injusta, sino que, para decirlo en términos provenientes de la protesta subversiva, “la rebelión se justifica”. Pero si se prefieren términos más tradicionales y menos comprometedores, recordemos entonces el muy hispánico “se acata, pero no se cumple”.

Desde la perspectiva liberal que en este caso comparto con Gómez Buendía, quien considera que una ley es injusta debe intentar su derogación, o al menos su transformación por medios también legalmente establecidos. Así mismo, desde una moral radical ciudadana a la que también alude Gómez Buendía, el violador de la ley que considera injusta, tendría que estar dispuesto a pagar el precio de su delito.

Finalmente, algún columnista cuyo nombre no consigo recordar ha afirmado lúcidamente que esa perspectiva liberal no implica que el ciudadano Ordóñez, aún siendo procurador, tenga que estar forzosamente de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, ni mucho menos que haya de renunciar a su conciencia.

Immanuel Kant ha establecido una diferencia entre el irrenunciable “uso público” de la razón que le permitiría al ciudadano Ordóñez, en cuanto “docto ante el gran público del mundo de los lectores”, expresar y defender amplia y libremente sus puntos de vista. Pero por otra parte, el procurador Ordóñez, sin que cancele su condición de ciudadano docto, también es funcionario público, y como tal está obligado a un “uso privado” de su razón, que la limita a la pasividad de la obediencia irrestricta a la legalidad.

No obstante, mi glosa es precisamente que ninguna de las tres posibilidades contempladas por la filosofía política liberal –intentar por medios legales la derogación de la ley injusta, pagar los costos que acarrea la desobediencia civil, o practicar con nitidez que no dé lugar a confusión la distinción kantiana entre “uso público” y “uso privado” de la razón- concuerda con la “lógica jurídica” del procurador Ordóñez, y ello sencillamente porque la filosofía política liberal le es por completo ajena.

Cuando él y sus correligionarios aducen la “objeción de conciencia” frente a la ley injusta, no están pensando en que se trata simplemente de que quieren imponer al conjunto de la sociedad sus creencias privadas. Por el contrario, ellos están plenamente persuadidos de que su objeción no expresa una mera opinión particular, sino que está anclada en el firme campo de la ley natural, que es eterna y no voluble ni cambiante como las determinaciones puramente humanas.

“Nada hay de justo y legítimo –dice el mismo Agustín- que no lo hayan deducido los hombres de esta ley eterna”. En estas circunstancias, la cúpula de nuestra actual Procuraduría cree poder recurrir – y además se siente moralmente obligada a ello- a un juez anterior a la Corte Constitucional, por lo demás no falible como por definición tiene que serlo esta última.

Si el lector se pregunta cómo es posible que alguien esté cierto de haber echado raíces en ese terreno sólido del derecho y de las leyes naturales y eternos, verá cómo lo que en un principio pudo aparecer como luminosa evidencia muy pronto se transforma en bandos enfrentados y contradicciones insalvables. Y puesto que lo que de ellas se derivó fue una serie de salvajes carnicerías religiosas, la filosofía política liberal quiso aprender de la experiencia proponiendo que un tribunal humano, no divino, ni infalible, pero inapelable mientras no se surtan determinados procedimientos por él mismo establecidos, dirima pacíficamente el conflicto.

El punto nuclear es entonces que la actual cúpula de la Procuraduría se coloca en las certezas anteriores a la filosofía política liberal y a las guerras de religión. No en vano, y pese a las escaramuzas de nuestro siglo XIX, en Colombia nunca tuvimos serios enfrentamientos religiosos en los que nuestra sensibilidad hubiera podido moldearse según el troquel de las divergencias irreconciliables.

Deberes de funcionarios

Y dado que el conjunto de disposiciones jurídicas que se juzgan no sólo como erradas sino como intrínsecamente perversas provienen de la máxima instancia institucional prevista por la filosofía política liberal para interpretar los alcances de la ley, resulta explicable no sólo que el ciudadano Ordóñez proteste, sino que incluso el funcionario Ordóñez se sienta moralmente impelido a la rebelión contra aquel pedazo del Estado de donde proviene la aberración.

Lisimaco_Parra_procurador_Ordonez El punto nuclear es entonces que la actual cúpula de la Procuraduría se coloca en las certezas anteriores a la filosofía política liberal y a las guerras de religión.
Foto: Procuraduría.

Tampoco cabe dentro de su lógica jurídica que se le objete que su rebelión o sabotaje resulta inconcebible en un alto funcionario del Estado, quien al contrario del dicho que parece practicar está obligado no a acatar pero sí a cumplir cabalmente con las disposiciones legalmente emitidas por el mismo.

Me parece que una dosis de leninismo no repugna con la lógica jurídica del procurador Ordoñez: ¿acaso él habría de renunciar a medios tan poderosos como los que pone a su disposición el cargo, traicionando con ello la verdad, nobleza y sublimidad de sus fines, y todo por mor de pamplinadas liberales? Si las retractaciones del procurador Ordoñez son confusamente formales y no reales, es porque también para él es válida “la combinación de todas las formas de lucha”.

Y si bien puede mentir en los detalles –decir que las disposiciones legales vigentes o determinadas drogas anticonceptivas son abortivas-, no lo hace en la orientación general de su comportamiento cuando viola la ley positiva que prometió defender, porque también ha dicho, y por cierto que suficientemente claro y en todos los tonos, que por encima de esa ley está la ley de su conciencia, en la medida en que él la cree iluminada por la ley y el derecho naturales y eternos.

Y porque está plenamente imbuido de la creencia de que los dictados de su conciencia se nutren inmediatamente de tales fuentes, cree que su voz es también la de un ministerio público que se alza frente a la arbitrariedad estatal y la reduce, cuando no la impide, y todo ello en representación de la sociedad.

Naturalmente que ni todos los conservadores ni todos los católicos han de estar cortados por la misma tijera de Ordóñez. Creo que hay católicos muy conscientes de que ahora viven en un mundo no evangelizable, sin que ello implique desmedro ni para su fe ni para su legítimo deseo de conseguir adeptos. Y ellos podrán ser gobernantes tan idóneos o tan ineptos como cualquiera que no comparta su fe, porque la adscripción a un credo religioso ya no debería ser más garantía de buen gobierno.

Pero Ordóñez es un caso extremo que afirma que como “fuera de su iglesia no hay salvación”, la reducción de los infieles a su fe debe ser interpretada como un acto de filantropía. Así mismo, no obrar de esta manera sería una grave concesión de principios, por cuya salvaguardia el costo del “lentejismo” resulta muy menor.

Así las cosas, el problema de fondo no consiste en que siguiendo unas sólidas convicciones nunca ocultadas, Ordóñez sabotee las sentencias de la Corte Constitucional; mucho menos en que se niegue a renunciar para defender sus tesis en calidad de simple ciudadano.

El problema reside en el hecho mismo de su elección, y, peor aún, en el de su cantada reelección, es decir en la irresponsabilidad de sus nominadores y electores. Vaya y venga si ellos pertenecieran a la misma cofradía; pero lo que parece es que la gran mayoría carecen de convicciones, es decir que su venalidad no conoce límites. Desconcierta la timidez de papá Gaviria, para no hablar del niño Gaviria; y ¿qué decir de los Serpa, no importa de qué generación? Y me iba olvidando de Petro. Qué ironía, pero pese a todo, tenemos que reconocer que habremos de encomendarnos a los Santos.

Igual a los colombianos

Decía además al comienzo de este escrito que tal vez el procurador Ordóñez no sea el cultor único, más o menos atrabiliario, de una lógica jurídica que algunos consideramos impertinente. Por el contrario, creo que a conciencia, pero sobre todo sin ella, muchos colombianos le acompañan en sus presupuestos más fundamentales. En efecto, con todas las incertidumbres que las estadísticas tengan que arrojar en un tema tabú e incurso en el Código Penal como el del aborto, ellas nos dicen que cerca de 400.000 colombianas han recurrido de manera clandestina a esta práctica. Es decir, que un altísimo porcentaje de las mujeres que han abortado, lo ha hecho por motivos distintos de los consagrados por la Corte Constitucional. Estos cientos de mujeres coinciden con el procurador Ordóñez en que existen motivos extralegales cuyo peso justifica la violación de la ley.

Salvo unas pocas encabezadas por la corajuda Mónica Roa, casi todas ellas se abstienen de recurrir a los mecanismos legales previstos para obtener un cambio de las restricciones de una disposición a la que de facto desconocen. Ciertamente que la gran mayoría de ellas no sabrá quién era Agustín. Pero con su comportamiento, también ellas afirman que están de acuerdo con que una ley que consideran injusta no es ley, ni merece ser obedecida. O bueno, que se acata la tal ley, pero que no se la cumple.

He comenzado mencionando el visceral antiestatismo de los colombianos. Desde las encumbradas instancias de la Procuraduría hasta la mujer humilde que no desea tener más hijos, o la joven inexperta que se sorprendió embarazada, continuamente afirmamos nuestra desconfianza en las leyes, aludiendo para ello confusos criterios que debilitan la constitución, desde siempre raquítica, de nuestras instituciones liberales. Puede aceptarse que cuando el Estado se quiere no confesional, o indiferente en materia religiosa, pierde fortaleza ideológica. Pero entonces esa “fragilidad” sólo puede contrarrestarse si los ciudadanos lo defienden como al único recurso disponible no para dirimir la verdad de sus posiciones, sino para la tramitación pacífica de sus discordias.

Y en este contexto, lo mínimo que puede pedirse de los nominadores y electores del Procurador General de la Nación es que, ellos, como los primeros, sean conscientes de lo que lo que está en juego es una precaria modernidad que no acabamos de consolidar. No sin ironía, poco antes de su muerte el presidente Santander se negó a consagrar la libertad de enseñanza que pedían los sectores eclesiásticos y bolivarianos más conservadores, porque pensaba que una burocracia formada en los moldes del tomismo resultaba un obstáculo casi insalvable para consolidar unas instituciones no coloniales y liberales.

Por lo visto, no andaba tan desencaminado el presidente Santander. Con todo, insisto en que nada de lo anteriormente dicho tiene por qué implicar la exclusión in toto de conservadores o católicos de la dirección de los asuntos de Estado. Pero entregar puestos de dirección de un Estado moderno de derecho al catolicismo ultramontano sólo puede significar el comienzo del fin social para quienes por distintos motivos no podemos aceptar que la ley positiva sólo es justa cuando se deriva de la ley natural, eterna, y en últimas divina. Que lo diga, si no, Mónica Roa.

No hay división de poderes

Según la segunda observación que quiero comentar, la institución de la Procuraduría debería acabarse, puesto que en la actualidad otras instancias cumplen con sus funciones. La afirmación es atribuida a Rodrigo Uprimny, pero yo no he podido encontrarla en los escritos de prensa que he alcanzado a repasar. De antemano pido entonces excusas al profesor Uprimny si la mencionada paternidad es falsa. Pero como sea, la afirmación es interesante y quiero explicar por qué.

Lisimaco_Parra_procurador_salvacion Pero Ordóñez es un caso extremo que afirma que como “fuera de su iglesia no hay salvación”.
Foto: Procuraduría.

Dentro de las múltiples funciones atribuidas por la Constitución al supremo director del Ministerio Público, es decir al Procurador General de la Nación, hay dos que me resultan esenciales. Según una de ellas, él debe ejercer la vigilancia superior de los funcionarios públicos. Según la otra, debe defender los intereses de la sociedad.

Comienzo por comentar la primera de esas funciones, y para ello me sirvo de una referencia a una larguísima entrevista concedida por el ex presidente Uribe a Canal Capital el pasado 19 de septiembre. Uno de los entrevistadores, el exjuez español Baltazar Garzón, hizo el intento de sondear al expresidente en un terreno álgido: el de la división de poderes en el Estado colombiano.

En algún momento del fatigoso diálogo el político ofreció cifras que probaban un notorio crecimiento, entre el comienzo de su primer gobierno y el final del segundo, de encausamientos judiciales en el campo de los derechos humanos. Como Uribe se atribuyera el mérito, Garzón le preguntó si este no pertenecía más bien al poder judicial. Tras un desconcierto que duró milésimas de segundo, Uribe señaló que la adecuada financiación del poder judicial sin la que éste nada hubiera podido realizar, era mérito indiscutible suyo.

Más tarde –o quizás antes, ¡tan largo fue el programa!-, Garzón orientó su pregunta hacia el legislativo. El exjuez se mostraba alarmado ante el desparpajo con que el expresidente afirmaba la falta de autonomía del Congreso, rendido a los pies del presidente Santos. Esta vez un Uribe con cara de quien se las sabe todas porque por todas ha pasado, permaneció en sus trece, y casi paternal instaba al incrédulo exjuez a creerle.

Así pues, sin que nada fuera explícito -¡ni más faltaba!-, todos intuimos que periódicamente el poder legislativo requiere ser debidamente “aceitado” por el ejecutivo para garantizar su adecuado funcionamiento. Tanto desparpajo pudo desconcertar al exjuez. Pero los “criollos” asistimos a la reiteración de una verdad tan vieja como nuestra historia republicana: en Colombia no existe una real división de poderes, ni un real sistema de pesos y contrapesos.

Es cierto que en ocasiones el ejecutivo parece perder el juicio en sus relaciones con los otros dos poderes, como cuando con innecesaria alevosía ordenó la intercepción de las comunicaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O también como cuando recientemente y con gran desfachatez pretendió imputar al legislativo y al judicial la autoría exclusiva de un proyecto de reforma a la justicia plagado de prebendas conjuntamente acordadas.

Pero en ambos casos se trata de torpezas extremas y ocasionales que nunca han llegado a poner seriamente en peligro el predominio del ejecutivo. Quedan pues justificados los aires de satisfacción del ex presidente cuando reconocía la superior capacidad de maniobra del ejecutivo, lo que parecía desconcertar al observador Garzón, quizás porque él proviene de un milieu donde la monarquía ya no impide la mutua limitación de unos poderes realmente independientes.

Con obstinación los colombianos nos negamos a aprender que la clave de una buena arquitectura estatal no puede reposar en el buen carácter moral de los individuos –sean estos el presidente, el procurador, el magistrado o el congresista- sino en una adecuada relación entre los poderes. Pero me temo que esa relación no será la adecuada mientras se la siga pensando, como bondadosamente lo hace la Carta del 91, en términos de “armonía”.

Me parece que alguna vez tendríamos que reemplazar decididamente la noción de “armonía” por la de “contrapesos”. Kant, pero también Hume o Madison, estuvieron firmemente convencidos de que no era buena aquella organización del Estado que mucho espera del carácter moral de los ciudadanos. Y por el contrario, su apuesta fue por una arquitectura institucional, que partiendo de la afirmación básica de unas fuerzas en conflicto, asegurara su mutua contención. Para ser un buen ciudadano no se requiere ser un hombre moralmente bueno.

¿A quién representa?

Paso entonces a comentar la segunda de las funciones mencionadas que la Constitución encomienda al procurador. Si la sociedad humana es un campo de choque perpetuo entre fuerzas irreductibles, ¿cuáles son los intereses que el procurador ha de defender? ¿Cuál es la sociedad que habría de representar? ¿Acaso existe?

Imagino que las colombianas que legal o ilegalmente han abortado quedan por fuera de la representación y defensa del procurador. Igual es el caso de los usuarios de la marihuana — adictos o no — que en el mejor de los casos estarán forzados al tratamiento clínico. Tampoco se incluyen los homosexuales a quienes persistentemente se niega la integridad de los derechos reconocidos a los heterosexuales. Quizás habría que sumar a las minorías étnicas.

Ninguno de los individuos pertenecientes a estos grupos habrá de formar parte de la sociedad cuyos intereses ha de defender el procurador. Por cierto que tampoco los de quienes impugnan la existencia del derecho natural, ni los de quienes afirman la libertad de cultos, o el ateísmo. Y como nunca es tarde, si con tesón se persevera en la recuperación del terreno perdido, pronto dejarán de formar parte de los desvelos del procurador los divorciados, o quienes viven en unión libre.

En otras palabras, la Procuraduría parece creada para representar una sociedad rural y patriarcal, relativamente homogénea en sus costumbres, valores y preferencias estéticas. Pero dudo que pueda representar, al menos sin mutilarlo gravemente, a un conjunto urbano, multiforme y acaso estrambótico como la Colombia de nuestros días. En una palabra, dudo de que la sociedad cuyos intereses confiara el Constituyente al procurador exista más. Y si esto es así, dicha institución resulta superflua.

Resulta comprensible que en un Estado históricamente presidencialista alguna vez se haya pensado encomendar el control de las posibles arbitrariedades cometidas por agentes estatales a una persona de probadas calidades morales. Esa persona fue el procurador, y yo alcanzo a recordar un ejemplo bueno y paradigmático, en una sociedad pueblerina. Me refiero al procurador Aramburu cuando reprendió al presidente Lleras Restrepo por una indebida intervención en política, y a continuación, como invadido por el pavor reverencial de quien se sabe sacrílego, presentó carta de renuncia al cargo.

Pero también hubo ejemplos malos, así mismo paradigmáticos: en los comienzos de la orgía traqueta que nos ahoga, el procurador Vásquez Velásquez fue ave de mal agüero. Y en nuestros días, quien en representación de la sociedad habría de vigilar a los agentes estatales está enzarzado en una filigrana de puestos y favores con sus vigilados. Pero hasta allá no llega ahora lo que antaño fuera la espada de Damocles de una visa retirada a Estados Unidos.

Me pregunto si tras las actuales negociaciones con las guerrillas albergamos la esperanza de que, por fin, se “reincorporen” a la sociedad por cuyos intereses vela el procurador. En tal caso, nada habríamos avanzado.

También me pregunto si acaso con su tan mediocre desempeño nuestros legislativo y judicial no son al menos tan subversivos como la propia subversión. Y quizás fuera el momento de pensar las reformas necesarias para que los poderes se controlaran efectivamente y fueran por ello responsables, es decir, para que sus agentes pagaran efectivamente por sus desaciertos. En cualquier caso no necesitamos procurador.

* Profesor de filosofía.

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Comentarios  

Marcel
-1 # Marcel 09-10-2012 14:34
Por el contrario, ellos están plenamente persuadidos de que su objeción no expresa una mera opinión particular, sino que está anclada en el firme campo de la ley natural, que es eterna y no voluble ni cambiante como las determinaciones puramente humanas.
La ley natural a que se refiere el sr Ordoñez no es eterna y además es vulnerable. El conjunto de técnicas y tecnologías de la biotecnología permiten superar las restricciones de la naturaleza, ( aun sin la biotecnología moderna eso ya era posible, hemos logrado la domesticación -el control-de plantas y animales desde tiempos inmemoriales). La biotecnología moderna nos ha llevado al control del DNA ( que es el software de la vida) y hay ahora muchos ejemplos de ello; me refiero al control que hemos como civilización humana ejercido sobre la naturaleza, entre ellos, los cultivos y animales transgénicos a los que se ha modificado el DNA y el Proyecto del Genoma Humano que llevará al designer-babies y a la stratified medicine. No entiendo entonces a que Ley Natural se refiere.
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homomutantis
0 # homomutantis 13-10-2012 10:02
Aprendí un jurgo de este artículo, aunque sentía todo esto como homo sapiens republicanus. Si queremos evolucionar es para ampliar la conciencia con que vivimos y no solo "desatrasarnos" en el pensamiento liberal que ha producido y mantiene con cierta dignidad las democracias europeas, sino poder abordar las cuestiones éticas de nuestra compleja sociedad colombiana, coonstruyendo día a dái un estado en el que quepamos todos y confiados en que podemos confiar en la ley
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