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La reforma política: reformismo sin transformación

(Tiempo estimado: 7 - 13 minutos)

ricardo garcia

La Comisión de Notables hizo propuestas progresistas, pero ni el Congreso ni el Gobierno tienen interés en una reforma política de fondo, de suerte que habrá cambios pero serán marginales.

Ricardo García Duarte

La suerte de una reforma política que cambie el régimen electoral y la vida interna de los partidos dependerá de tres factores principales: la fuerza que tenga el impulso reformador del Presidente Uribe; la dinámica de las relaciones entre el gobierno y las bancadas parlamentarias; y el ánimo re - legitimador de las elites políticas. El primer elemento hace parte del mundo de las actitudes. El segundo pertenece al mundo de las decisiones. Y el tercero se mueve en el  mundo de los intereses.

La reforma deseable

Mientras la representación parlamentaria naufraga en medio de un déficit de  legitimidad como efecto de la "parapolítica", el Presidente de la República goza de los más altos niveles de popularidad. Por eso es evidente que quien dispone de la llave maestra para desatar, si así lo quisiera, el proceso de relegitimación de la democracia representativa, es el señor Presidente.

En las circunstancias actuales, el planteamiento de una reforma debería estar orientado a la superación de la crisis que afecta al sistema de la representación política. Se trataría de una relegitimación, no en el sentido superficial de conseguir la adhesión rutinaria de algo que atraviesa por una crisis severa, sino en un sentido más profundo, de generar la aceptación social de las instituciones mediante su transformación efectiva.

En tal caso, se estaría en presencia de una auténtica revalorización de las instituciones; esto es, de una renovación, en medio de un proceso que, si es integral y profundo, implicaría la emergencia de nuevos actores hacia quienes se transfiera la legitimidad perdida por los causantes de la crisis.

La Comisión de Notables: entre progresista y realista

En línea con lo anterior, y tras el hundimiento de la "silla vacía", el Presidente tomó la iniciativa de encargarle un nuevo proyecto a la Comisión de Ajuste Institucional integrada por siete distinguidos juristas. La Comisión ha ofrecido un conjunto de recomendaciones que abarca temas relacionados con el proceso de la representación política, con el régimen de partidos y con el sistema electoral.

En cuanto a la representación política, la Comisión propone un régimen drástico contra las suplencias y uno de sanciones por responsabilidad política, independiente del proceso penal; además, sugiere ampliar el régimen de las inhabilidades, castigar la doble militancia y perfeccionar el sistema de bancadas, lo mismo que introducir un principio de especialización en la funciones legislativas de cada cámara, sin olvidar el regreso de la moción de censura a las dos cámaras.

En cuanto al sistema electoral, la Comisión recomienda mantener del actual régimen de circunscripciones, sostener el umbral del 2% como exigencia para acceder a las curules, suspender el voto preferente para dar paso a las listas cerradas y fortalecer el Consejo Nacional Electoral para que pueda revocar la inscripción de candidatos de origen dudoso, mientras postula que dicho organismo no debiera tener una composición partidista.

Por otra parte, la Comisión sugiere reajustes para eliminar algunas prácticas infuncionales, mejorando con ello la marcha del Congreso; en ese sentido han de entenderse sus propuestas referentes a las inhabilidades, a las bancadas, a la doble militancia y al régimen de suplencias.

Hay una propuesta adicional que podría traer cambios de significación en la cultura política, pues acarrearía una ampliación de la participación en la vida pública. Se trata de la democratización de los partidos. Estos últimos - sean ellos de notables, de cuadros o de masas, sean de clientelas o de opinión, sean centralizados dentro de un aparato nacional o descentralizados como la suma de unas empresas electorales - suelen poseer lógicas y estructuras verticales en su dirección orgánica, en su orientación y en su representación pública. El hecho de obligarlos a que den participación a los militantes o  adherentes en su dirección y en sus decisiones claves, alimentaría la cultura democrática, fortalecería los mecanismos de renovación en las elites partidistas y propiciaría el control y la responsabilidad de los partidos.

No obstante su intención renovadora, la Comisión de Notables se movió en el horizonte de posibilidades que le ofrecían los límites impuestos por la voluntad de la elite gubernamental, dado que la reforma pasará por los acuerdos entre el Gobierno y la coalición mayoritaria que lo apoya en el Congreso. Tales límites se refieren a dos temas principales:

- Primero, las sanciones a los partidos que se vean envueltos en alianzas con grupos delictivos - como habría sido el caso de la "silla vacía"- sólo tendrían aplicación para hechos futuros, sin afectar a los actuales congresistas.

- Segundo, no se elevaría el umbral para obtener una representación parlamentaria, lo cual evitará el afianzamiento de grandes partidos.

En síntesis, las recomendaciones de la Comisión de Notables apuntan a mejorar la representación parlamentaria, sin tocar sin embargo a los partidos involucrados en el actual escándalo de la "parapolítica"; a dejar intacto el actual formato dentro del sistema de partidos, con el mantenimiento del umbral; a suspender, temporalmente al menos, el voto preferente; a adelantar cambios progresistas en la autoridad electoral; y  a realizar avances serios en la cultura política con la democratización de los partidos.

¿A qué le juega el Presidente Uribe?

Pese a que la Comisión fue convocada e integrada por el Gobierno, el Presidente dejó constancia de su desacuerdo con algunas de las fórmulas sugeridas por ella (sobre el voto preferente y sobre la propaganda política en televisión) y su Ministro de Interior y Justicia, en el acto de recepción del informe, afirmó que "este texto puede ser aceptado o rechazado por el Gobierno, dependiendo del análisis que se haga a partir de ahora en conjunto con los partidos políticos"[1].

Y es que en materia  de reformas constitucionales, el Presidente Uribe (1) prefiere los reajustes a los cambios de fondo, (2) se interesa menos en la legitimación del sistema que en cambiar el equilibrio entre los tres poderes en función de las tensiones internas del bloque que lo apoya, y (3) se preocupa más por mantener la iniciativa que por ver aprobadas las reformas.  En efecto:

1. Después de seis años en el poder, el impulso reformador del Presidente deja ver una energía menor. A las reformas, antepone la seguridad. Prefiere la eficiencia de lo establecido a su transformación, por más que lo establecido sea injusto en más de un aspecto, y por más que sus cambios implicasen eventualmente una mayor eficiencia. En su proyecto no parece tener cabida el espíritu propio de algunas elites que se inclinan por modificar los parámetros de la organización política y social. Él propende en cambio por meros reajustes o pequeños correctivos, guiados estos últimos más por el orden y por la gobernabilidad que por la equidad o por la democracia.

En tales condiciones, y como ya se vio en  los 17 puntos inconexos del referendo que propuso Uribe en el 2003, el reformismo presidencial es más bien una reingeniería institucional de tono menor, donde se van mezclando propuestas, unas aparentemente neutras, algunas progresistas y otras de orientación conservadora.

2. Las propuestas dispersas a lo largo de estos seis años sólo encuentran una línea común en el propósito de acomodar las instituciones en función de una mayor eficacia instrumental en cabeza del poder Ejecutivo y en los vínculos de éste con el Congreso y con la llamada clase política.

Es un propósito en el que se manifiesta, no tanto una reversión radical del régimen, según lo temen algunos, cuanto más bien un proceso gradual de limitación de los controles mutuos dentro de la organización estatal.

Puestos en marcha los contrapesos internos, tal como es el caso de la facultad juzgadora de la Corte Suprema contra los congresistas, no sólo ponen ellos de presente ciertas tensiones entre las instituciones, sino que dejan aflorar las contradicciones entre distintas elites; inscritas éstas en lógicas diferentes en relación con el modelo de desarrollo económico, con la formación de la representación política o con la conformación de hegemonías regionales.

La articulación entre estas elites, por encima de sus contradicciones, significa la base de apoyo para el poder del Presidente Uribe. Razón por la cual éste último no puede sino mantener la línea de asegurar la alianza entre todas ellas; y, por tanto, la línea de reformas constitucionales, a la manera de correctivos, para reducir los espacios dentro de los cuales los pesos y contrapesos puedan desestabilizar la alianza política y social que es la fuente de su poder. Sin tales espacios perturbadores podría marchar funcionalmente el poder presidencial, liberado de las tensiones entre las distintas elites que se acomodan dentro del Estado.

3. Y así, sin voluntad para grandes reformas pero deseoso de reajustes propiciatorios de la alianza entre la representación del país tradicional y la del país moderno, el Ejecutivo puede entregarse a un ejercicio, a la vez estéril y funcional; es decir, a ventilar siempre reformas políticas sin necesariamente materializarlas. De tiempo en tiempo, lanza propuestas, no importa si las abandona a mitad de camino o si su trámite se desvanece en los tejemanejes del debate parlamentario. Ya son varias las ocasiones en las que pone sobre la mesa reformas en los campos de la política y de la justicia, sin que se lleven a cabo, envueltas en el difuso manto de las pretensiones de un cambio institucional.

De esa manera impone cíclicamente la agenda, aunque no necesariamente la cumpla, frente a una oposición desorientada que no atina a sintonizarse con la opinión pública. No queriendo o no pudiendo llevar a feliz término su pretendido reformismo, se contenta con ofrecer la apariencia de que lo intenta; y si no llega a realizarlo, no es presuntamente por su culpa sino por las circunstancias objetivas, situadas fuera de su alcance.

Así ocupa el campo del debate, con la promoción de una agenda que puede agotarse en su propia discusión sin convertirse en cambios objetivos. Al mismo tiempo, ofrece resultados en la principal área de su legitimación, cual es la de la seguridad y la del combate a la guerrilla. Al ritmo de los acontecimientos, espera que aumente el caudal de las aguas que van en dirección de la reelección.

La reforma posible

A pesar de la gravedad de las circunstancias, la coyuntura, hablando específicamente de la crisis del Congreso, no parece moverse en esa dirección renovadora. Tampoco hay indicio que permita vislumbrar un interés de Uribe en un proceso de renovación, que sirviera al mismo tiempo para sanear el sistema de representación política.

Los actos y los gestos presidenciales se encaminan a afianzar sus vínculos  con las fuerzas mayoritarias del Uribismo, las cuales expresan en gran parte los vicios que hay que corregir en el mundo de la representación democrática. Además, aunque el Gobierno tome siempre la iniciativa de señalar los puntos de la agenda, el tono y el sentido en que lo hace son de carácter defensivo, de modo que pareciera estar en actitud de proteger a una clase política, supuestamente atacada desde otras esferas del Estado, como la Justicia.

Visto lo anterior, cabe pensar que los acuerdos entre Gobierno y mayorías del Congreso permitirán apenas el trámite de una reforma política, en la que si bien habrá sanciones a los partidos, en todo caso no se aplicarán a los actuales implicados. Será una reforma que pondrá el acento en aquellos puntos que disminuyen los efectos "perturbadores"  en los controles internos a la clase política y que podrá conceder un lugar a algunos ajustes de orden electoral, para hacer más eficaz el actual sistema de partidos, sin introducir grandes transformaciones.

La reforma será parte de un proyecto que podría incluir el mejoramiento relativo en el funcionamiento de la representación parlamentaria, con miras a una cierta relegitimación superficial del Congreso

Pero esa reforma no alcanza para quitarle el piso a esa subcultura clientelista, que al reproducirse encuentra siempre los puntos de contacto con el narcotráfico o con la economía legal, de donde surge un sistema in equitativo y vicioso en la representación democrática.

 

Nota de pie de página


[1] El Tiempo, Julio 31 de 2008, p. A-1.

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