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2008: ¿el año de la inflexión?

(Tiempo estimado: 24 - 48 minutos)

Alvaro SierraEn perspectiva, este podría llegar a verse como el año que marcó el punto de inflexión en la parábola del fenómeno Álvaro Uribe. Pese a éxitos sin precedentes contra las FARC, 2008 se cierra con los dos golpes más importantes que ha sufrido este gobierno: el destape de los “falsos positivos” y el derrumbe de las pirámides. El engaño, el personaje del año.

Alvaro Sierra *

Aunque el año 2008 empezó y termina de formas notablemente distintas, sacudido por una avalancha de eventos a cuyos sobresaltos los colombianos parecen hace tiempo habituados, hay claros elementos de continuidad; el más notable de todos, el que parece signar la frenética serie de sucesos que sacudió a Colombia en estos doce meses y que quita la respiración a cualquier testigo foráneo, es el de una inestabilidad colosal, casi insoportable para cualquier sociedad, pero que esta nación y en especial sus élites, parecen percibir, paradójicamente, como normalidad.

El año 2008 empezó con el triunfo más notable que el gobierno de Álvaro Uribe se había anotado hasta entonces contra la guerrilla de las FARC en cuatro años y medio de una ofensiva militar, política y propagandística que devolvió a buena parte de la sociedad urbana la confianza de que la guerrilla podía ser derrotada: el anuncio de que Emanuel, el hijo de Clara Rojas, la compañera de Ingrid Betancur, secuestrada junto con ella, estaba libre y en manos del Instituto de Bienestar Familiar.

El mismo año termina con los dos golpes más serios que ha sufrido Uribe desde su primera elección, en mayo de 2002: el escándalo de los "falsos positivos", en el que se hizo público que miembros del Ejército organizaban el asesinato de jóvenes de barriadas pobres para presentarlos como bajas en combate, que llevó al vicepresidente Francisco Santos a pedir perdón públicamente ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y el derrumbe anunciado de los esquemas piramidales de captación ilegal de dinero, con DMG a la cabeza, que ha provocado las manifestaciones populares más importantes contra este gobierno, además de la protesta indígena.

Es elocuente que estos tres hechos -y buena parte de los demás ocurridos a lo largo del año- lleven impreso el signo del engaño. Engaño de parte de las FARC fue la prometida liberación de Emanuel (a quien no tenían) junto con un grupo de secuestrados para entregarlos a Hugo Chávez y Piedad Córdoba; engaño, también, aunque distinto, la operación de inteligencia, mediante la cual el gobierno descubrió que las FARC no tenían al niño, y logró recuperarlo en el ICBF, al que había sido entregado, antes que la guerrilla. Y fueron engaños el hecho de que una Fuerza Pública exitosa y aprestigiada ocultara por varios años que recurría al asesinato sistemático de inocentes para inflar su éxito, y el del señor David Murcia, creador de la empresa DMG, con su imperio financiero y su personalidad de pastor de los pobres. Sobre esta cultura del engaño, parecerían asentados demasiados éxitos en esta sociedad: los del gobierno y la guerrilla; los de los militares, pero también los de los muchachos que apostaban su vida sin vacilar al reclutamiento ilegal, sin contar a sus madres a qué iban; los de personajes como Murcia y los dueños de las otras 300 pirámides que surgieron, pero también los de los cientos de miles que, a sabiendas, invirtieron su dinero en un esquema obviamente irregular y luego salieron a protestar cuando se hundió. Una cultura que es lugar común atribuir al narcotráfico, pero que ha progresado inmensamente en los últimos años, promovida como válida desde la cúspide del Estado. Quizá, más bien que hijo del narcotráfico, el engaño -la célebre "viveza" cuya no tan inocente versión primordial es la "malicia indígena" y su interpretación más reciente, el "todo vale" del ex alcalde Antanas Mockus- sea uno de los elementos de la sociedad colombiana que explica por qué es tan próspero este negocio justo en Colombia.

El engaño debería ser el personaje del año. Y puede detectarse en casi cada uno de los grandes acontecimientos de la guerra y la política que signaron 2008.

Por ello, no deja de ser revelador que, entre la liberación de Emanuel en enero y el descubrimiento de los "falsos positivos" y la caída de las pirámides, entre octubre y diciembre, la popularidad del presidente Uribe solo se haya visto levemente afectada. El Presidente es, en la guerra, la política y la economía, la encarnación del "todo vale". A lo largo del año su nivel en las encuestas subió de modo sostenido, mientras las Fuerzas Armadas se anotaban éxitos sin precedentes contra las FARC, de los cuales el de Emanuel solo fue el primero, pronto sepultado en el debate público por los que lo siguieron. Hacia el final del año, la popularidad de Uribe pasó de superar el 80 por ciento a rondar el 70, una medida muy elevada, similar a la que tenía cuando comenzó 2008. Se resintió mucho más, y eso es revelador, el respaldo a su nueva reelección en 2010, el cual, en las regiones más afectadas por el derrumbe de las pirámides, como Nariño y Putumayo, cayó a poco más de 30 por ciento. Pero esto está ligado a otros acontecimientos.

Aunque en perspectiva 2008 puede llegar a verse como el año que marcó el punto de inflexión en la parábola del fenómeno Álvaro Uribe -este año de sus mayores triunfos contra las FARC ha sido, paradójicamente, el más difícil para el Presidente- no es su popularidad el principal fenómeno de estos doce meses. Ella, y buena parte de lo que suceda en 2009, son efectos de una realidad cuyo principal signo no es la ecuación de la guerra con las FARC, ni la evolución de la economía, o de la reelección, o la "parapolítica", sino una inmensa, persistente inestabilidad. Esta es la principal constatación que deja una mirada desapasionada al año que termina, desde el triunfo oficial de enero hasta los golpes que debió encajar el gobierno entre octubre y diciembre. No terminaba el país de salir de un cataclismo que lo dejaba a ojos del mundo como la "Locombia" de algunos literatos locales, cuando sobrevenía el siguiente. Y así, todo el año, en todas las esferas.

Acuerdo humanitario: cambio de signo

En materia de acuerdo humanitario, no parece que hubiese transcurrido un año sino un año-luz. Hace doce meses, por estas fechas, Colombia estaba pendiente de un secuestrado de escasos 4 años de edad llamado Emanuel; en unos días, estará celebrando un año del anuncio de su liberación. Entonces, el gobierno enfrentaba uno de sus momentos más difíciles, ante la presión nacional e internacional por la suerte de los rehenes civiles, que las FARC aspiraban a canjear por sus guerrilleros presos y que habían convertido en su principal bandera de propaganda y comunicación con la comunidad internacional y la sociedad colombiana (recuérdese el impacto de las dramáticas misivas de Ingrid Betancourt, en diciembre de 2007, y del coronel Mendieta, de enero de 2008). Presión tan severa que llevó a Uribe, a fines de 2007, a poner el asunto en manos del presidente venezolano, Hugo Chávez, y la senadora liberal de izquierda Piedad Córdoba, quienes montaron, junto con las FARC, una operación humanitario-propagandística de liberación de rehenes que incluía a Emanuel y a la que el gobierno colombiano apenas respondía defensivamente. Pero vino el engaño de la guerrilla, y el golpe de mano de la inteligencia militar colombiana -que llevaba varios años preparándose, bajo Uribe y con asesoría israelí, para un momento como ese- y el signo del pulso en torno a la liberación de los rehenes cambió a favor del gobierno. La subsiguiente entrega de Clara Rojas y otros rehenes a una comisión venezolana, emitida en directo por la cadena Telesur, llenó de expectativas a los familiares y partidarios del acuerdo humanitario, pero no logró invertir una dinámica en la que el gobierno ya cobraba visible ventaja, en parte gracias al creciente repudio nacional al secuestro.

El cambio de signo se tornó una tendencia difícilmente reversible. En febrero las multitudinarias marchas contra el secuestro introdujeron un elemento nuevo (aunque pasajero, como lo mostraron las lánguidas manifestaciones convocadas en diciembre con el mismo fin): la intervención masiva de la población, que no marchó claramente ni en contra ni a favor de un acuerdo o del rescate militar, sino, sencillamente, contra el secuestro, puso el énfasis en la pura y simple iniquidad del fenómeno de la toma de rehenes por parte de las FARC. Hugo Chávez pasó de pedir estatus de beligerancia para las FARC, en enero, a llamarlas a poner fin a la lucha armada, en junio.

El golpe de gracia a las posibilidades de acuerdo humanitario lo propinó, en julio, la "Operación Jaque" -uno de los hechos que compiten por el puesto de "engaño del año"- que consiguió, sin disparar un tiro, liberar a 15 rehenes de esa guerrilla, entre ellos los más valiosos para las FARC, Ingrid Betancourt y los tres contratistas estadounidenses, y capturar al jefe del frente que los tenía y a su segundo. Desde el éxito de esa operación, el gobierno, que no descuidó un detalle del planeamiento y de su manejo propagandístico (la rueda de prensa en vivo que protagonizaron los militares en la escalerilla del avión con los liberados en el aeropuerto de Catam, en Bogotá; el tono de ceremonia religiosa de la conferencia de prensa televisada que lideró el Presidente con los liberados, ese día en la noche) invirtió el pulso del acuerdo humanitario enteramente a su favor. Hubo detalles perturbadores, como el uso indebido del emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja y el lapsus de unos cuadros fugaces en un video del Ministerio de Defensa que lo delataron hasta que vino la confirmación oficial, sin atribuir más responsabilidades que los presuntos "nervios" de un miembro de las fuerzas especiales que participó en la operación. Pequeños engaños que, en el marco del júbilo local y externo con que se recibió la vuelta de Betancourt a la libertad y del indudable golpe que representó, no empañaron el contundente éxito político-militar del gobierno, quien vio inmensamente aliviada la presión para lidiar con la suerte de los rehenes sin tener que negociarla con las FARC.

Para octubre, cuando el ex congresista Óscar Tulio Lizcano se les voló a las FARC por la selva junto a uno de sus captores (otra fuga, después de la del subintendente John Frank Pinchao, y otro engaño premiado, con una visa a Francia, para ‘Isaías', el guerrillero desertor) era cada vez más claro que, para la guerrilla, los secuestrados habían pasado de ser una carta a un elemento perturbador que, a lo largo del año agudizó su desprestigio y les quitó prácticamente cualquier posibilidad de buscar protagonismo político mediante su liberación negociada. El mismo Uribe, que había terminado 2007 a la defensiva frente a Chávez, pudo decir del acuerdo humanitario, en diciembre de 2008, sin temor a presiones y en una confortable posición de fuerza: "por anticipado lo decimos: no lo aceptamos".

Con todo y cambio de signo a favor del gobierno, es inevitable resaltar que la saga del acuerdo humanitario está sembrada de hechos sensacionales, uno solo de los cuales bastaría para tener a un país discutiendo por generaciones, pero que en Colombi solo llenan fugazmente el debate público, antes de que sobrevenga el siguiente. Que un niño pueda llegar a convertirse en símbolo de un tire y afloje como el que ha tenido lugar entre el gobierno y las FARC, que la suerte de medio centenar de rehenes civiles y militares y las argucias de uno y otro bando para usarla en su respectivo beneficio dominen por un año la política es un indicio demasiado poderoso de que, pese a los avances del gobierno, las palabras "Colombia" y "estabilidad" parezcan antónimos. Que, al cabo del año, Emanuel apenas si tenga unas líneas en los balances de 2008 -y que la suerte de los demás rehenes, canjeables o extorsivos, siga en el limbo, y que el profesor Gustavo Moncayo haya desaparecido de las noticias- es solo la constatación de que pasan tantas cosas que nadie logra acordarse de ninguna.

El signo de la guerra: la polémica

Cuando se hace el inventario de los hechos más prominentes de la confrontación armada interna a lo largo de 2008, llama la atención que el año termine con una polémica como la que protagonizaron en diciembre los analistas León Valencia y Alfredo Rangel, cuyos balances de la situación de las FARC parecerían referirse a dos guerrillas y dos ecuaciones de la guerra distintas. Debate relevante porque expresa las dos posiciones que hay en la sociedad respecto a la marcha del conflicto -que son, en general, las del uribismo y la oposición- y, también, por sus implicaciones estratégicas.

Valencia, y un estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris que dirige, ponen el énfasis en los recursos de los que han echado mano las guerrillas (mayor movilidad, repliegue territorial, minado de zonas, fabricación de armas hechizas, francotiradores, consolidación del mando de ‘Alfonso Cano', en las FARC, y del COCE, en el ELN) y asumen que la inversión militar y la ayuda de Estados Unidos no son sostenibles debido a la crisis económica mundial y a la llegada de Barack Obama a la Presidencia, con lo que dan posibilidades a las guerrillas de resistir la ofensiva oficial. Rangel, como lo hace el gobierno, sobre la base de los golpes sufridos y la caída dramática en las cifras de actividad de las FARC -acciones ofensivas, retenes, secuestros, presencia territorial, número de hombres y estructuras armadas- declara 2008 el peor año de esa guerrilla en su historia. Los criterios que uno y otro emplean son distintos (algunos, como el número de hombres en armas, que Valencia pone en 10.800 y Rangel en menos de 7.000, son de esos datos esotéricos que es prácticamente imposible contrastar en una situación de guerra irregular como la colombiana: ¿cómo determinar con algún nivel de certeza si las FARC tienen 10.800 o 10.900 hombres armados?). Las conclusiones representan los dos extremos que la sociedad colombiana considera en la pregunta central que, en este ámbito, deja el año: ¿están las FARC definitivamente derrotadas, o pueden resistir aún por largo tiempo?

La respuesta a esta pregunta es uno de los temas colombianos sobre los que se puede especular más largamente sin llegar a conclusiones definitivas.

El año 2008 ha sido, sin duda, el peor de las FARC. Y aun esto no da cuenta completa de lo que representan los golpes que sufrieron a manos del gobierno, los cuales afectan todos los niveles de cualquier organización armada, más aún los de un grupo con el aura de invencibilidad, el secreto y autismo y la historia de 44 años de las FARC. Capacidad militar, mando y control, prestigio, base social, confianza entre mando y tropas, comunicaciones, control territorial, número de hombres armados, deserciones, actividad medida como se quiera, iniciativa táctica y estratégica, inteligencia y contrainteligencia, posicionamiento político... Todos los parámetros por los cuales se mide la situación de una fuerza irregular arrojan la más contundente evidencia contra la de las FARC (y también contra la del ELN).

No es para menos, con lo sucedido a lo largo de 2008. Lo cual, se olvida a veces, es producto de la acumulación de una ofensiva en contra de la guerrilla que dura ya casi seis años. En marzo, murió ‘Raúl Reyes' en un ataque sorpresa -otro engaño, legítimo, pues un bombardeo contra un campamento enemigo es una operación militar, e ilegítimo, en la medida en que violó la legislación internacional y la soberanía de Ecuador, donde se refugiaba el guerrillero, y porque el Presidente de Colombia engañó a su Presidente, al no contarle del operativo de antemano ni informarle detalles cruciales luego-. Días después fue asesinado ‘Iván Ríos' por el jefe de su guardia personal -quien optó por cortarle una mano para traérsela al Estado como prueba de que no estaba engañando, y recibió un premio millonario por el engaño-. Además, se conoció la noticia de la muerte de ‘Manuel Marulanda', fundador y máximo comandante. En mayo desertó la jefa del frente 47, ‘Karina', con su compañero. Secuestrados prominentes fueron rescatados ("Jaque", en julio), o se les volaron (Lizcano, en octubre). El desangre de la deserción individual, activamente promovido por el gobierno, que paga hasta 2 millones por guerrillero que llegue con fusil, alcanzó cotas sin precedente en el año -‘Karina' es tan solo una de más de 10.000 integrantes de las FARC que, según el gobierno, se han desmovilizado desde 2002-. El Ejército siguió recuperando cascos urbanos y sus alrededores. Las FARC protagonizaron algunas emboscadas, pusieron petardos en Bogotá, minaron campos de coca y mataron erradicadores y soldados (con lo que Colombia por tercer año consecutivo obtuvo el dudoso primer lugar en víctimas de minas antipersonales en 2008); pero su actividad ofensiva es una sombra de lo que era. Hay diferencias regionales en la vitalidad que exhiben las dos guerrillas colombianas, pero son menores ante el cuadro general de ambas.

Esta es una constatación evidente e indispensable: ningún gobierno había logrado contra las FARC los triunfos que ha conseguido el del presidente Uribe (la continuidad que dio a su política de seguridad la reelección y el cambio radical en la inteligencia estatal han sido factores cruciales) y nunca esa guerrilla había estado en una situación más difícil.

Sin embargo, otra cara de los mismos hechos tiene un peso importante, que los amigos de la teoría del "fin del fin" tienden a subvalorar. Una guerrilla de 7.000 hombres -para poner la cifra más baja, la del Ejército- es una fuerza temible en cualquier lugar, así su signo sea el del decaimiento. Sobre todo por un elemento en el que coinciden todos los analistas: sus vínculos crecientes con los grupos que nacieron luego de la desmovilización paramilitar. Las FARC no serán ahora una amenaza capaz de poner contra la pared a un gobierno, como sucedió en tiempos de Ernesto Samper, que las vio fortalecerse, y de Andrés Pastrana, que negoció casi en condiciones de Estado fallido con ellas, pero una fuerza de ese tamaño, alimentada por el narcotráfico, puede representar una seria capacidad de daño por largo tiempo.

A esto debe añadirse el fenómeno, que se consolidó definitivamente en 2008, de los nuevos grupos armados. Si bien el número de esos grupos y la cantidad de sus integrantes varían muchísimo dependiendo de quién los estudia, algunos hechos, nada tranquilizadores, parecen claros. Se trata de grupos que responden, en su mayoría, a las necesidades de tráfico, sicariato, ajuste de cuentas y control territorial o de rutas del negocio de las drogas ilícitas, necesidades que satisfacía el paramilitarismo tradicional, o de segunda generación (los "pájaros" de tiempos de la Violencia de los años 50 serían la primera); y que, con su desmovilización entre 2004 y 2006, vino a ser sustituido por estas nuevas bandas organizadas, o de tercera generación.

Estos grupos parecen responder esencialmente al narcotráfico y distan de haber cobrado el carácter contrainsurgente organizado que tuvieron las Autodefensas Unidas de Colombia o haber heredado los Estados locales que estas controlaron. Sin embargo, algunos de ellos -o interesados que se atribuirían sus siglas, según arguyen algunos- incorporan de modo creciente en su actividad amenazas y asesinatos de sindicalistas, defensores de derechos humanos, estudiantes de universidades públicas y otras personas otrora blanco de los paramilitares. Si bien es problemático caracterizarlos como grupos paramilitares, es un hecho probado que en sus filas militan combatientes y mandos medios de esa extracción, que aportan su sello a su actividad. Algunos, como las Águilas Negras, se conducen como una organización centralizada con franquicias locales, lo que lleva a sospechar una "mano negra" tras su creación y sus acciones. Los golpes que les ha propinado el gobierno no han impedido que se consoliden como un nuevo fenómeno de la confrontación armada interna de proporciones preocupantes, no solo por su accionar y extensión geográfica sino por los nexos que han establecido con frentes guerrilleros.

Esta es otra señal de la profunda inestabilidad que caracteriza la situación de Colombia: es muy diciente que, después de una desmovilización de casi 35.000 hombres como fue la de los paramilitares, en menos de dos años hayan aparecido y se hayan convertido en un problema serio de seguridad las que los militares y el gobierno llaman nuevas "bandas criminales". Como el narcotráfico, que produce instantáneamente reemplazos para cada nuevo capo muerto o extraditado, estos grupos tienen su ‘Don Mario', hermano de "El Alemán" y fervoroso admirador de Carlos Castaño, su antiguo comandante, y, así, heredero directo de las dos tradiciones, la paramilitar y la narcotraficante.

Por todo esto, quizá sea más atinado poner el debate sobre las perspectivas del conflicto armado en otro terreno -de hecho, Valencia y Rangel lo hacen, aunque no es el centro de su argumentación-: con lo que ha pasado en la guerra en 2008, ¿qué sigue? El problema de la apreciación de la situación de las FARC no debería ser un debate interminable sino la base para una definición de estrategia que se reduce a otra pregunta: ¿con esa guerrilla en la situación de hoy, debe insistirse como solución final en su aplastamiento militar o en alguna fórmula de negociación? El gran peligro que corren los entusiastas de la victoria final es que ésta se prolongue tanto tiempo que, combinada con las peculiares condiciones colombianas, termine por convertirse en una victoria pírrica. Sin una estrategia seria de llevar el conflicto armado a un final negociado sobre la base de la ventaja militar lograda en estos seis años, la perspectiva de una degradación completa del conflicto armado -y de las guerrillas- en una espiral de violencia gobernada solo por la racionalidad homicida del narcotráfico y de grupos nuevos y viejos sin mando central dedicados al bandolerismo no es de descartar. Bastaron dos generaciones para convertir el país de los poetas de García Márquez en el de los guerrilleros y paramilitares; no es demasiada fantasía pensar que en otra más pudiera tornarse en el país de los bandidos.

En el cuadro general de conflicto y narcotráfico debe incluirse un resultado negativo: los cultivos de coca vienen aumentando desde 2006, y la estrategia de "guerra contra las drogas" se está convirtiendo en un fracaso cada día más evidente. Aun no hay datos para 2008, pero, de acuerdo con nostalgila Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, que monitorea los cultivos, en 2007 el área sembrada aumentó en 16 por ciento, a 181.000 hectáreas, frente a 2006, en los tres países andinos que cultivadores, impulsada por un aumento de 27 por ciento en Colombia, y la producción de hidroclorato de cocaína se mantuvo en cerca de 1.000 toneladas en la región, la parte del león proveniente de Colombia. Un resultado lastimoso, después de años de fumigación, que va a complicar la discusión sobre la ayuda antidroga en el congreso de Estados Unidos.

Sobra señalar, para terminar, que, igual que con el acuerdo humanitario, el año de la guerra transcurrió entre hechos cuya extraordinaria anormalidad es lo más protuberante: ¿en qué país del mundo se pasa en apenas ocho meses, de marzo a noviembre, de bombardear a una nación vecina y premiar un trofeo como la mano cortada de un jefe guerrillero al escándalo de los "falsos positivos"? En Colombia no solo pasó eso en 2008 sino mucho más. El balance del gobierno es que se avanza hacia el fin del conflicto armado; la oposición manifiesta dudas y reparos. A menos que se acoja la tesis de Condoleeza Rice respecto del Medio Oriente, ya desechada por ella misma, de que estas conmociones serían los "dolores de parto" de la paz que se avecina, ¿no sería quizá más apropiado discutir cuánto en materia de salud mental le está costando esta sucesión de cataclismos a una sociedad que los considera una señal de creciente estabilidad?

La política: el año difícil de Uribe

Pese a que sumas y restas dejan un resultado pragmáticamente positivo para el gobierno en el pulso del acuerdo humanitario y la marcha de la confrontación con la guerrilla, el balance global para el presidente Uribe, al final del año, no luce tan alentador. Ello es debido, sobre todo, a la política.

Los hechos políticos más notables del año son los que quizá con más relevancia ponen de presente, entre todos los ocurridos en 2008, la profunda inestabilidad que caracteriza la situación colombiana. Este fue el año en el que Yidis Medina y Teodolindo Avendaño fueron procesados por vender su voto para favorecer la reelección de Álvaro Uribe en 2006; el del fracaso de dos reformas políticas, una hundida en abril y la otra aprobada en diciembre sin las medidas básicas para controlar y castigar la infiltración del paramilitarismo en el Congreso y otras instituciones; fue el año de la "parapolítica", cuando un tercio de los miembros del Senado y un sexto de los de la Cámara de Representantes llegaron a estar investigados por sus nexos con los paramilitares; y el del enfrentamiento público entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia por ese motivo; fue el año de la extradición a Estados Unidos de los 15 principales jefes paramilitares; y fue, finalmente, el año en que otra reelección del Presidente intentó abrirse paso, en medio de errores burdos como la redacción de la pregunta del referendo, escándalos que sembraron de sospechas el procedimiento, como el de la financiación de la recolección de firmas por parte de Primero Colombia, y decisiones como la de convocar a extras a medianoche a la Cámara en su último día de sesiones del año para aprobar la reelección, que dejaron claro que, aunque el Presidente no ha dicho si quiere o no reelegirse, él y su Ministro de Interior toman las medidas necesarias para garantizar que así sea.

Dos líneas de continuidad merecen destacarse tras estos hechos. La primera es que los nexos del paramilitarismo con los partidos de la coalición de gobierno y el proceso de investigación judicial y periodística que los ha ido exponiendo públicamente fueron determinantes a lo largo del año de la conducta del gobierno y de la mayoría oficialista del Congreso. El presidente Uribe no se ha visto directamente comprometido en esas alianzas, pero su coalición y personajes tan próximos a él como su primo Mario Uribe, aparecen involucrados a extremos escandalosos y, si no han visto sus filas diezmadas en el Congreso, es porque allí se logró evitar la aprobación de la fórmula de la "silla vacía", que impedía que la misma lista de los implicados pusiera sus reemplazos (con la reforma aprobada en diciembre, el castigo se aplaza para cuando se emita sentencia judicial ejecutoriada, es decir, no será para este Congreso). Los dos intentos de reforma política, que se proclamaron como proyectos de ley para frenar y castigar esos nexos non sanctos fueron sistemáticamente despojados de dientes por parte de los mismos parlamentarios, interesados en preservar su posición.

Fue la "parapolítica" la que estuvo en la base del enfrentamiento del Presidente con la Corte Suprema de Justicia, un evento que por su magnitud tiene pocos antecedentes en una nación de instituciones relativamente sólidas como Colombia. Un Jefe del Estado diciendo en público que algunos magistrados tenían "nostalgia del terrorismo agonizante" es algo casi sin antecedentes en la memoria institucional colombiana e introdujo, por primera vez, un elemento de ingobernabilidad, de profunda inestabilidad, en la cúspide del Estado. Es elocuente que ello haya ocurrido cuando el gobierno se sintió amenazado por las investigaciones de la Corte, inicialmente a partir de la apertura de investigación contra Mario Uribe. La amenaza televisada del presidente de convocar un referendo para nuevas elecciones vino luego de la apertura de investigaciones contra la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, y el presidente del partido de la U, Carlos García, en abril, y su detonante fue el fallo de la Corte Suprema contra Yidis Medina, en junio.

Las armas usadas por el gobierno en este enfrentamiento fueron diversas: el montaje de ‘Tasmania' contra Iván Velázquez, investigador principal de la "parapolítica"; la demanda del Presidente contra el ex presidente de la Corte por calumnia, a raíz de una llamada telefónica en la que presuntamente el mandatario habría preguntado al magistrado por el proceso contra su primo; o el proyecto de reforma a la justicia que buscó en vano cambiar la Constitución para, entre otros, cambiar el equilibrio de poderes a favor del Ejecutivo. Aun una medida que nadie esperaba, como la extradición de los jefes paramilitares, en mayo, y que fue usada para mostrar que el Presidente no temía enviar a Estados Unidos a su antigua contraparte en la mesa de negociaciones -algo que se le había echado en cara a menudo- puede leerse también como una reacción para retomar el control de una situación que pareció por momentos salírsele de las manos al gobierno.

La situación no se le salió de las manos al gobierno. Pero el cuadro es contradictorio. Hay casi 90 congresistas investigados y cerca de 30 en la cárcel, sin contar funcionarios de otros niveles; varios de los jefes paramilitares extraditados están hablando; las investigaciones han tocado a algunos altos militares y algunos empresarios (‘HH', antiguo jefe del Bloque Bananero, hizo las declaraciones más comprometedoras en sus versiones libres); más de 1.000 fosas comunes se han ubicado y más de 2.600 homicidios y otros crímenes han empezado a esclarecerse. Sin embargo, como lo señalan los críticos, el proceso de esclarecimiento de la verdad (que ha llegado hasta a revivir la investigación por las desapariciones del Palacio de Justicia, en 1985) avanza a tropezones, con los palos en las ruedas que han logrado introducir el gobierno y el Congreso, impulsado por los esfuerzos organizativos de las víctimas, por las investigaciones en la Corte Suprema y la Fiscalía y, en parte, por algunos medios de comunicación. El Estado local que se construyó al amparo del terror paramilitar en algunas regiones está prácticamente intacto, sin paramilitares, pero con los políticos que se beneficiaron dirigiéndolo, aun desde la cárcel. Y, último pero no menos importante, el gobierno ha logrado conservar sus mayorías en el Congreso, al menos para los temas esenciales. La trascendental ley de víctimas, por ejemplo, fue peluqueada bajo la racionalidad de que la reparación no debe ser demasiado costosa y el Estado soo debe responder en última instancia por los crímenes cometidos por sus agentes.

La segunda línea de continuidad sigue el sinuoso camino del nuevo intento de reelegir a Álvaro Uribe para un tercer mandato entre 2010 y 2014. Este fue el otro elemento de fondo que subtendió la política en 2008. Entre el fallo contra Yidis Medina, en junio, y el proceso contra Teodolindo Avendaño, por lo que a todas luces fue la venta de los votos que hicieron posible aprobar en el Congreso la reforma constitucional para la primera reelección de Uribe, y la audiencia pública ante el Consejo Nacional Electoral, en diciembre, en la que el presidente de Primero Colombia no logró explicar la procedencia de los dineros con los cuales se financió la recolección de firmas para impulsar el referendo para la segunda reelección, el recorrido de este intento de que Álvaro Uribe llegue a completar doce años en el poder ha enfrentado crecientes dificultades.

El forcejeo por la reelección ha signado el año y la agenda del Congreso y ha dado lugar al destape de nuevos engaños, cuya culminación fue la renuncia obligada de Luis Guillermo Giraldo, promotor del referendo, ante las sospechas por la forma como se financió la iniciativa por él impulsada. Pocas sesiones del legislativo han dejado un resultado tan lánguido, sobre todo la segunda de 2008. Y pocas, con excepción de las que aprobaron la primera reelección en años anteriores, han visto un pulso tan poderoso bajo la mesa como el que ha tenido lugar en torno a la reelección, llevando a la coalición oficial al borde de la fractura, mientras el país asiste a las chispas que saltan a veces como evidencia del incendio que ruge, invisible, en el sótano.

El Presidente no se ha pronunciado, y se especula cuál será su posición, más allá de la frase genérica en la que insiste de que la seguridad democrática debe ser reelegida. Sin embargo, la convocatoria a extras, por parte del gobierno mediante decreto, a medianoche el último día de sesiones en la Cámara, el 16 de diciembre, para aprobar el referendo, que salvaba la reelección para 2014 y, quizá, para 2010, dejó claro para muchos analistas que la reelección es una política oficial y no una iniciativa de algunos partidarios. Esto lo insinuaban ya otras piezas del rompecabezas: el denuedo con el que el gobierno ha intentado preservar las curules de los congresistas investigados por "parapolítica", los artículos de la reforma política que permiten a los reemplazos votar por sus jefes procesados, los cambios en la Procuraduría y la Corte Constitucional apuntan todos a garantizar un tránsito adecuado a la reelección para 2010 en las instancias en las que corresponde aprobarla.

El problema es que, a medida que transcurría el año, la reelección se enredaba. El año 2009 asistirá a mayor inestabilidad y más enfrentamientos por su causa. Sectores de la élite, desde la ANDI hasta El Tiempo, y del uribismo, como las senadoras Ginna Parody o Marta Lucía Ramírez, lucen preocupados con esa perspectiva. Está enredada la fecha, por la discusión gramatical sobre la redacción de la pregunta. Está enredada la coalición oficial, en la que bullen precandidatos con intereses propios. Está enredado el trámite, que aún puede arrojar no pocas sorpresas, tanto por la vía del Congreso como por la del referendo. Por más mayoría uribista que llegue a tener la Corte Constitucional, que espera la elección de dos nuevos magistrados a fines de febrero (ambos de ternas del Presidente, que ya logró la elección de su antiguo secretario jurídico en octubre de 2007) el alto tribunal deberá pronunciarse sobre su fallo anterior, que aceptó la reelección pero solo por una vez. No hay que olvidar que, para ser aprobado, no solo hace falta la bendición de la Corte Constitucional, sino la del Consejo Nacional Electoral sobre la limpieza de los recursos que lo hayan financiado, la cual está seriamente en cuestión. Y, aun si todo esto logra surtirse con éxito, no solo el prestigio de Uribe deberá mantenerse intacto un año más, sino que debe alcanzarle para los más de 7 millones de votos que demandaría la aprobación del referendo. El año político que espera a Colombia en 2009 será por lo visto, si cabe, más movido que 2008.

De nuevo, como en otros ámbitos de la vida nacional, el engaño es el hilo conductor de la política. Qué más sino emblemas exquisitos del "todo vale" son la "yidispolítica", la "parapolítica", los intentos de sacar adelante la reelección a como dé lugar y preservar a los encargados de votarla en el Congreso, las oscuras cuentas de Primero Colombia o los montajes contra la Corte y sus investigadores. La revelación de las reuniones de ‘Job', el lugarteniente de ´Don Berna' en la "Casa de Nari" con funcionarios de la Presidencia, en agosto, puso a esta cadena de incidentes digno remate.

El fin de año: el remate

Poco se menciona el eventual costo cumulativo que todo esto puede terminar teniendo para el gobierno. Hasta ahora, la decidida batalla oficial a favor de los implicados en la "parapolítica" (si no para salvarlos a todos de su suerte judicial, sí para que voten con el gobierno hasta que los metan presos) y la serie de irregularidades y silencios en torno a la reelección no se han reflejado en las cifras de popularidad presidencial -aunque han sido impactos profundos  contra la gobernabilidad y la estabilidad-. Para la sociedad, o al menos para sus capas urbanas medias, la necesidad de avanzar en la lucha contra la guerrilla pareciera justificación suficiente para cerrar los ojos a ciertas evidencias y métodos de conducir la política que tienen al engaño como modus operandi. La población, los medios y el gobierno han mostrado bastante más sensibilidad con las víctimas de la guerrilla que con las de los paramilitares, como lo puso de presente el contraste en la asistencia a las marchas del 4 de febrero, contra el secuestro, y del 6 de marzo, a favor de las víctimas. Pero el desgaste que implica para el gobierno y la sociedad sostener estas líneas de conducta ya es evidente. A lo cual hay que añadir dos hechos que remataron el año: los "falsos positivos" y el hundimiento de las pirámides. Nada había tenido un impacto semejante sobre este gobierno en sus seis años y medio.

El descubrimiento de que miembros del Ejército venían asesinando jóvenes civiles pobres para presentarlos como bajas en combate, incentivados por una cultura que premiaba esos "positivos" con días de permiso y otras prebendas, fue un cataclismo político-moral. Un caso tras otro venía siendo denunciado por las organizaciones de derechos humanos, y se acumulaban en los informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, desde hace al menos cuatro años. El gobierno se resistió a aceptar las denuncias hasta los deshonrosos sucesos en que 11 jóvenes de Soacha aparecieron muertos en Norte de Santander, pocos días después de ser reclutados por un grupo desconocido. Esto provocó, en octubre, la destitución de 25 militares, entre ellos tres generales, intervenciones públicas del Presidente y, finalmente, un dramático pedido de perdón internacional del vicepresidente Francisco Santos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Fue la primera vez que se vio al presidente Uribe a la defensiva, agobiado, desprovisto de su imagen habitual de tener todo bajo control.

Es imposible desconocer el impacto que semejante revelación tiene en el gobierno, en la legitimidad de la lucha de los militares contra la guerrilla, en los avances que Uribe había logrado en su imagen internacional. Puede pedirse perdón y pueden tomarse drásticas medidas -que no llegan hasta la salida del Ministro de Defensa o el comandante de las Fuerzas Militares- pero lo sucedido apunta a una descomposición profunda en una sociedad cuya Fuerza Armada es capaz de sostener por varios años, sin detectarla, en el mejor de los casos, y haciendo caso omiso a las denuncias, una conducta como la de los "falsos positivos". En un caso como este, que muestra que la guerra y sus necesidades han instalado la cultura del "todo vale" hasta en los encargados de preservar a la sociedad de ese mal, la tesis de las "manzanas podridas" es peregrina. El número de investigaciones en curso -cerca de 700 en la Fiscalía y más de 2.700 en la Procuraduría- basta para desvirtuarla. En el terreno de la guerra, la política y la moral, los "falsos positivos" son, de lejos, el engaño del año. Y fueron el primer hecho que hizo trastabillar el prestigio interno del Presidente y la confianza externa de que las cosas en Colombia, pese a traumatismos, mejoran.

No terminaba el país de salir de esta conmoción cuando estalló el juego de ambición y argucias financieras de las pirámides. También se había denunciado desde al menos un año y medio antes, en artículos de prensa y declaraciones de algunos personajes públicos, en vano. De pronto, se descubrió que regiones enteras, donde la modernidad es una palabra vacía y el sistema bancario y la economía formal apenas unas oficinas que no dan crédito ni trabajo a casi nadie, habían invertido sus economías en esquemas que prometían millones en retornos. Todos sabían que iban a quebrar, todos aspiraban a sacar su dinero antes, y el gobierno cerró los ojos hasta que la codicia individual se convirtió en una catástrofe social. Tan insólito como que estos negocios pudiesen prosperar a gran escala sin cortapisas serias fue lo que siguió a su caída: miles de personas se echaron a la calle, culpando al gobierno. El dueño de la más importante, David Murcia, que combinaba las cualidades del lavador de dinero y el financista con las de pastor evangélico, en defensa de DMG, el imperio de dinero y seguidores que había construido, se convirtió en chivo expiatorio cuando optó por enfrentarse al Presidente, y, ya preso en la cárcel de La Picota, de Bogotá, pronunció una frase que podría ser el lema de casi todos los demás protagonistas de la política, la guerra y la economía en Colombia: "crean en Dios y en mí".

El hundimiento de las pirámides añadió un impacto social a la acumulación de hechos dudosos del año en la guerra y la política y al golpe moral que significaron los falsos positivos. La muchedumbre en la Plaza de Bolívar, vistiendo las camisetas del señor Murcia, era algo inesperado para quienes escuchaban sus gritos desde las ventanas del Palacio vecino. La misma Colombia entusiasta de su principal inquilino y partidaria de los métodos con los que ha gobernado por más de seis años, le reclamaba, paradójicamente, por el resultado de haberlos aplicado, ella, consecuentemente en su economía personal.

La perspectiva: los otros factores

Los meses finales de 2008 asistieron, además, a otros síntomas de que la situación social ya no es la que el gobierno ha disfrutado hasta ahora. Las huelgas de los corteros de caña en el Valle del Cauca, el paro nacional de la Justicia y, en particular, la multitudinaria protesta indígena que llegó del Cauca a la capital son otras tantas evidencias de que un frente que no había contado de manera significativa en estos seis años podría estar abriéndose hacia 2009.

Una eventualidad que cobra toda su relevancia al contabilizar un factor que no ha estado presente en todo ese tiempo: la crisis económica y financiera mundial. Desde fuera, Colombia luce como si estuviera haciendo el esfuerzo del avestruz: con excepción de algunos economistas, desde el gobierno para abajo es visible el empeño de minimizar los efectos y anunciar que la economía nacional está protegida. La verdad es exactamente la contraria.

A diferencia de la crisis de 1998-2000, que empezó en la periferia, en Rusia y el este Asiático, y se extendió luego a América Latina, esta ha comenzado en el centro mismo de la economía global, en Estados Unidos y luego pasó a Europa. Sus efectos apenas empiezan a sentirse en Latinoamérica y, probablemente, lo peor aún está por venir. Economías con altos déficits crónicos en su cuenta corriente y por tanto con una alta dependencia de flujos de inversión extranjera para financiarse, como la colombiana, pueden verse a gatas si se combinan una baja en las materias primas que exportan (petróleo, carbón y otros productos de la minería están en caída libre) una huida de capitales a refugios más seguros y una disminución drástica del crédito. Aún es pronto para decir qué tan severo puede ser el impacto en Colombia o qué tan tardía ha sido la baja de tasas del Banco de la República de diciembre, pero que la crisis solo empieza a sentirse en el país, cuya economía ya cuenta con pronósticos dramáticamente a la baja, es un hecho.

A ello deben añadirse la profunda dependencia de la economía colombiana frente a la estadounidense (el primer efecto de la crisis fue echar abajo las teorías sobre el "decoupling") en plena recesión de una duración y profundidad que están superando todos los pronósticos, y la compleja coyuntura que enfrenta el gobierno colombiano, después de haber puesto tercamente todos sus huevos en la canasta republicana de la administración Bush, ante la elección del demócrata Barack Obama. Uno de los efectos colaterales de la política de seguridad de Uribe y del cambio de rumbo de los vientos que soplan en el continente ha sido el deterioro sin precedentes de las relaciones con vecinos como Venezuela y Ecuador. Se llegó al borde de un choque armado en la frontera con Venezuela, en marzo; las relaciones con Ecuador están rotas desde entonces; y la decisión de ventilar públicamente el contenido de los famosos computadores capturados a ‘Reyes' (luego reversada) provocó líos internacionales. Colombia es un país que puede ser visto como un aliado importante por Washington en estos tiempos de gobiernos de izquierda en América Latina, pero entre las angustias de la recesión allá y la desconfianza mutua con la que se miran los dos gobiernos, puede tener lugar un periodo de aguda soledad que haga aún más limitados los márgenes de gobernabilidad de Uribe en lo que resta de su segundo mandato, restándole ayuda económica y militar, demorando la aprobación del TLC en el Congreso en Washington y poniendo de nuevo, como en 2002, en primer plano el tema de derechos humanos. Si, además de esto, el gobierno se empeña en acentuar la inestabilidad y la crispación política internas con su proyecto de reelección y si la crisis económica se instala en serio en el país, las perspectivas para 2009 y 2010 son sombrías.

Colombia y sus analistas tienden a considerar las dinámicas y la posible evolución -de las cosas en el país casi estrictamente en términos internos. Un fenómeno como el de Uribe tiene, ante todo, explicaciones internas y solo es posible en una sociedad como la colombiana. Pero los factores externos pesan aquí tanto como en otras partes y, dada la crítica situación económica internacional y los cambios políticos en Estados Unidos, sería peregrino no darles su debido peso en el análisis. Tanto por los hechos internos descritos en este artículo como por la intervención de los factores externos, no es descabellado considerar que 2008 puede llegar a ser visto como el año en que la parábola del fenómeno Uribe llegó a su punto de inflexión.

La popularidad del Presidente retornó en diciembre a los niveles de comienzos de año, altos ciertamente, pero sufrió un descenso de cerca de 10 por ciento. Por primera vez, el celebrado "teflón" presidencial pareció resentirse ante el impacto de los "falsos positivos" y el hundimiento de las pirámides. Según una encuesta Gallup de comienzos de diciembre, el número de colombianos que se dice contrario a la reelección de Uribe se ha duplicado (a 41 por ciento) desde la euforia de la operación jaque. La perspectiva en 2009, más allá de nuevos éxitos en la confrontación con la guerrilla -que no deben descartarse, dada la dinámica favorable que trae la guerra para el gobierno y el retroceso evidente de las guerrillas- es, por una parte, de crisis económica, que hará más difícil contener la irrupción de la protesta popular y sostener el ya muy costoso esfuerzo militar, y, por otra, de mayor inestabilidad y tensión política, a caballo del intenso forcejeo interno entre las élites en torno a la nueva reelección. Esta combinación de circunstancias no induce, precisamente, al optimismo.

Es notable el contraste entre cómo empezó 2008, con la proclamación del triunfo de Emanuel, y cómo termina, con la vergüenza pública del Vicepresidente por los falsos positivos, las manifestaciones populares por las pirámides y la aprobación del referendo entre gallos y medianoche en el Congreso a instancias del alto gobierno. Una trayectoria tan reveladora como inquietante.

 *Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

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