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Anulación de las firmas para el referendo: ¿qué sucedió y qué sigue?

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Armando Novoa

La resolución de los conjueces del Consejo Nacional Electoral está bien fundamentada y podría llevar a que la Corte declare inexequible la ley que convoca al referendo para una nueva reelección presidencial.

Armando Novoa*

Una decisión controvertida

El pasado 11 de noviembre, una Sala de conjueces llevó a su fin la investigación iniciada por el Consejo Nacional Electoral sobre la violación de los topes financieros en el proceso de recolectar las firmas de apoyo a la convocatoria del referendo para la reelección del Presidente de la República[1]. Los conjueces hicieron pública su decisión, por mayoría de dos a uno.

Las reacciones de los defensores del referendo no se hicieron esperar. La decisión  fue calificada como un "disparate", una "sinrazón absoluta" y un "atropello" a la voluntad popular[2]. La incontinencia verbal no quedó allí. Se anunciaron todo tipo de acciones judiciales. Incidentes de nulidad, denuncias por prevaricato y la medida  bizarra de formular quejas ante la muy ecuánime e imparcial Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Para los críticos de la decisión, los conjueces no tenían facultades para invalidar las firmas, ni para formular pliegos de cargos, sino sólo para imponer algunas "sanciones pecuniarias".

Consejo politizado y poder de las minorías

Como colofón, no faltaron las diatribas contra la Constitución del 91: la composición partidista del Consejo Electoral fue una "tontería excelsa" de los constituyentes; un sistema de mayorías calificadas exige que "no manden cinco sino seis" entre nueve, y así permite que las minorías se alcen con "el santo y la limosna".

Pero estas fallas no provienen de la Constitución. Es cierto que los problemas de credibilidad del Consejo Nacional Electoral se deben en buena parte a su composición partidista. El Consejo actual fue nombrado por los partidos con asiento en el Congreso, especialmente por los que tienen las mayorías. Sin embargo, este sistema no fue adoptado por la Constitución, sino por la Reforma Política de 2003 que trasladó al Congreso la facultad de nominación que antes tenía el Consejo de Estado. El doctor Fernando Londoño Hoyos ocupaba entonces la cartera política y como vocero del gobierno  apoyó el cambio que ahora critica. Es indispensable despartidizar el Consejo Electoral, pero quienes menos han contribuido a ello son el propio ejecutivo y sus mayorías en el Congreso. El ex ministro podría decir ahora con el doctor Stockman, aquel famoso personaje del Enemigo del pueblo de Ibsen, "la mayoría puede tener la fuerza pero no la razón".

Algo similar ocurre con las mayorías calificadas que se requieren para tomar decisiones en el Consejo Electoral. Este sistema fue heredado del régimen del bipartidismo que las estableció en asuntos electorales para impedir la hegemonía de un solo partido. Así lo recoge, no la Constitución del 91, sino el desueto Código Electoral de 1986[3].

La decisión de la Sala de Conjueces

Pero lo que más sorprende es el ánimo de desconocer la decisión de los conjueces, sin haberla leído.

Mediante su Resolución Nº 01 del 12 de noviembre se adoptaron dos tipos de decisiones.  Se declaró que el proceso de recolección de firmas no se ajustó a las condiciones de "plenas garantías" que señala el numeral 5 del artículo 265 de la Constitución, y en consecuencia la inscripción quedó "sin validez alguna". En este caso, las "plenas garantías" se interpretan como un instrumento de protección a la ciudadanía. En segundo lugar se formulan cargos contra la Asociación Colombia Primero y contra los promotores del referendo por múltiples irregularidades.

La Sala de conjueces tomó esa decisión por delegación del Consejo Nacional Electoral que no logró las mayorías para decidir. Los conjueces asumieron el encargo sobre la base del reglamento que expidió el mismo Consejo mediante Resolución 073 de 2009. Allí se establece que en caso de empate o de no obtenerse el número de votos necesarios para adoptar la decisión, se sortearán tres conjueces a quienes se les asigna el asunto correspondiente para que decidan. Esto fue lo ocurrió.

Las irregularidades y las pruebas

En la investigación se registran setenta y dos (72) pruebas documentales que incluyen   el balance de ingresos y gastos del proceso de recolección de firmas, declaraciones de su vocero y de los integrantes del comité de promotores, y actas de inspección a los libros de contabilidad de la asociación Colombia Primero.

Los miembros de la Junta Directiva de Colombia Primero eran los mismos del Comité de Promotores. Para la época en que se recogieron las firmas, Luís Guillermo Giraldo era el vocero de estos y representante legal de Colombia Primero. Los apoyos económicos fueron captados a través de la Asociación y trasladados al Comité de Promotores, quien a su vez delegó las tareas de "apoyo logístico" mediante un contrato de mandato "verbal" entre  Giraldo como vocero del Comité y Giraldo como representante legal de la Asociación. El propósito de estos arreglos fue eludir las consecuencias legales por la violación al tope máximo de financiación que la Resolución 067 de 2008 fijó en la suma de 330 millones, y de las contribuciones individuales, que no podían superar 3 millones trescientos mil pesos. El Comité de Promotores y Colombia Primero eran un solo y único cuerpo. También se encontró que la asociación prestó al grupo de promotores más de mil novecientos millones de pesos ($1.900.000.000), suma que nunca fue devuelta.

Los donantes que violaron los topes fueron grandes empresas. Entre otras Aviatur, Gaseosas Lux, Manuelita y Mayagüez, e incluso algunas entidades en proceso de liquidación. La organización Ardila Lulle efectuó aportes por cien millones de pesos, fraccionándolos a través de varias empresas. Una violación palmaria de la ley 134 y de la resolución 067 de 2008 del Consejo Nacional Electoral. No obstante, la decisión deja sin sanción alguna la conducta de los donantes que también estaban en la obligación de respetar las normas correspondientes.

Las nuevas funciones del Consejo Nacional Electoral y la invalidez del proceso de recolección de firmas

Para invalidar el proceso de recolección de firmas, la Sala de Conjueces invoca las nuevas facultades que señala el artículo 265 de la Constitución, según el cual el Consejo Electoral "regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda actividad electoral... de los grupos significativos de ciudadanos". Estas atribuciones no existían antes de la reforma constitucional de 2009, y no tendría sentido interpretarlas como si fueran inocuas, pues su propósito fue precisamente entregarle más facultades de control y vigilancia a ese organismo. Una solución contraria dejaría la resolución de los topes como un rey de burlas y, más grave aún, dejaría la ciudadanía a discreción del poder del dinero.

Para los conjueces, la noción de soberanía popular debe armonizar con el principio del constitucionalismo, pues es allí "donde los derechos de los individuos están plenamente asegurados". La manipulación de recursos con el fin de asegurar el éxito de una iniciativa popular desnaturaliza el sentido y la esencia del contrato social. 

¿Qué sigue ahora?

La decisión señala que contra la anulación de la etapa de recolección de firmas procede el recurso de reposición, y que para sus descargos los promotores disponen de quince días. Hasta tanto no se agote ese trámite no se conocerá la decisión definitiva y el pronunciamiento del Consejo Electoral.

Sin embargo, el impacto de la decisión sobre el examen de la ley que convoca al referendo reeleccionista es evidente.

Por una parte, la resolución  es un acto administrativo que tiene vigencia hasta que no sea revocado por la sala de conjueces o declarado nulo por el Consejo de Estado. Tampoco el Consejo Nacional Electoral es en este caso superior jerárquico y, por consiguiente, no podría anularla, sin violentar drásticamente la Constitución y la ley. Una acción de tutela debe esperar el agotamiento de los recursos ordinarios. Si la decisión queda en firme, la Corte Constitucional no tendrá más remedio que declarar inexequible la ley del referendo, pues dejar sin validez la etapa de recolección de firmas equivale a señalar su inexistencia jurídica.

De otro lado, y lo más importante, la Corte tendrá que decidir si le da curso a una iniciativa que no se acompañó de la certificación del Registrador sobre este aspecto, cuando el Congreso debía exigirla como requisito para iniciar el trámite del proyecto en las cámaras.

En fin, todo un entramado de violaciones a la ley que va arrojando varias conclusiones. La primera: activar un mecanismo de participación sin respetar los topes de financiación, equivale a una  captura espúrea de la voluntad popular.

 

* Abogado, ex Presidente de la Comisión Especial Legislativa creada por la Asamblea Constituyente de 1991 y Director del Centro de Estudios Constitucionales-PLURAL.

 

Notas de pie de página


[1] Su decisión está contenida en la Resolución Nº 001 del 12 de noviembre de 2009. La Sala de conjueces es nombrada por la sala plena del Consejo Nacional Electoral.

[2] Entre ellos, Fernando Londoño Hoyos y José Obdulio Gaviria. Véanse El Tiempo y El Espectador de 18 de noviembre.

[3] Artículo 20. En las reuniones del Consejo Nacional Electoral el quórum para deliberar será de la mitad más uno de los miembros que integran la corporación y las decisiones en todos los casos se adoptarán por las dos terceras partes de los integrantes de la misma.

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