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¿Qué retos le esperan al nuevo Ministro de Justicia y del Derecho?

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

Farid Samir Benavides La crisis de la justicia, el drama carcelario, el populismo punitivo y el tratamiento penal de los ex guerrilleros son asuntos que el ministro Gómez Méndez deberá tramitar en estos meses finales del gobierno.

Farid Samir Benavides Vanegas *

Los mensajes

El pasado 13 de septiembre se posesionó el nuevo Ministro de Justicia y del Derecho, el abogado penalista, ex Procurador General, ex fiscal General y ex congresista Alfonso Gómez Méndez. 

Según las informaciones de prensa, el presidente le pidió al nuevo ministro sacar adelante la legislación que desarrolla el Marco Jurídico para la Paz, una herramienta esencial para el avance del proceso y el éxito o fracaso del acuerdo eventual entre el gobierno y las FARC o, en su caso, también el ELN.

Pero además de esa tarea sin duda delicada, el nombramiento de Gómez Méndez envía un mensaje engañoso a las regiones y a las minorías, junto con un mensaje de tranquilidad al Congreso. 

El nombramiento de Gómez Méndez envía un mensaje engañoso a las regiones y a las minorías, junto con un mensaje de tranquilidad al Congreso.  
  • El mensaje engañoso: como el nuevo ministro es oriundo de Chaparral, parecería que quiere reconocerse el trabajo que desde las regiones se viene haciendo en materia de justicia y de seguridad ciudadana. Sin embargo el ministro forma parte de la clase política bogotana y su nombramiento no puede considerarse como un acto de reconocimiento a las regiones. 

Por otra parte el presidente quiso presentar la escogencia de Gómez Méndez como la extensión de una cuota de poder a la población afro-descendiente de Colombia, lo cual fue rechazado de manera inmediata por las organizaciones de defensa de los derechos de ese grupo étnico, pues el nuevo ministro no se auto-identifica públicamente como afro-descendiente, no ha llevado su vocería y no ha defendido su causa, de suerte que mal podría representar a las comunidades negras del país.  

  • El mensaje claro: se designó a un político para que esté al frente de una cartera sensible durante el último año del período de gobierno, cuando está de por medio la re-elección del presidente Santos, y para que garantice la aprobación de los proyectos de interés político que cursan en el Congreso. Gómez Méndez en efecto tiene una reputación merecida como conocedor de las intimidades del Congreso y  hábil procesador de los proyectos de ley.  Si la ministra Correa era reconocida por su trayectoria en la Rama Judicial, el ministro Gómez lo es por su manejo del Legislativo; basta recordar la facilidad con la que logró la aprobación de las leyes 599 y 600 de 2000 (Códigos Penal y de Procedimiento Penal).

 
Foto: SIG
Presentación oficial de los nuevos ministros del gabinete de Juan Manuel Santos Alfonso Gómez Méndez como ministros de justicia (5/09/2013)

Los retos de la justicia

No obstante, el Congreso no es el único ni el principal reto que tendrá el nuevo ministro.  Hay cuando menos otros cuatro asuntos importantes que deberá atender:

1. Reforma de la justicia. Uno de los objetivos iniciales del gobierno  Santos era  reformar la administración de justicia.  Incluso se prometió la entrega a la Rama Judicial de dos billones de pesos para mejorar su capacidad e infraestructura, pero la Rama ha demostrado su incapacidad para administrar recursos de esta magnitud. 

Las críticas a la administración de justicia son cada vez mayores.  La reforma, cuyo alcance examinan Miguel La Rota y José Rafael Espinoza (link) en esta misma edición de Razón Pública,  debe modificar la estructura de la Rama Judicial, despolitizando los nombramientos de las altas Cortes y recuperando la dignidad que alguna vez tuvo.  El proceso de post conflicto pasa por tener un sistema de administración de justicia que sea fuerte, eficiente y, sobre todo, legítimo.

2. Reforma del sistema penitenciario.  La ministra Correa intentó reformar el sistema penitenciario, pues son graves sus problemas de corrupción y de administración. 

La política criminal colombiana se mueve entre dos polos: uno represivo o punitivo donde todas las conductas, incluso las de peligro abstracto, son sancionadas con pena privativa de la libertad; y otro permisivo, donde graves violaciones a los derechos humanos tienen penas ínfimas, que en efecto  constituyen un insulto a las víctimas. 

La política criminal colombiana se mueve entre dos polos: uno represivo o punitivo donde todas las conductas, incluso las de peligro abstracto, son sancionadas con pena privativa de la libertad; y otro permisivo.

En materia de criminalidad común el gobierno puede optar por la vía punitiva, pero esa opción es costosa en términos económicos y no parece existir la voluntad de hacer las inversiones que esta opción implicaría para el sistema penitenciario.  O puede optar por un derecho penal liberal, donde la privación de la libertad sea de verdad la última medida, pero esa opción requiere valentía política, pues la libertad en Colombia siempre ha sido vista con malos ojos por la clase política, que prefiere jugar seguro y apostarle a la prisión como respuesta al malestar ciudadano que producen los delitos que se ponen de moda. 

El ministro Gómez tiene la oportunidad de presentar al Congreso que conoce y donde tiene sus amigos, una reforma basada en la libertad que contribuya a reducir el hacinamiento carcelario.  En sus manos está la salida de una crisis que cada vez es más grave, y así evitar que en Colombia se produzcan tragedias como las de Honduras o Venezuela. 

 

Foto: SIG
Alfonso Gómez Mendez en
Sesión del Consejo Nacional de
Política Económica y Social
(Conpes) en la Casa de Nariño.

. El papel del Ministerio. La tarea más difícil para el nuevo ministro es recuperar el papel del Ministerio de Justicia como formulador de la política criminal.  La Ley 1453 de 2011 ya mostró los resultados de apostarle al populismo punitivo: cárceles hacinadas, violaciones cotidianas y masivas de los derechos de las personas privadas de la libertad, aumento del sentimiento de inseguridad.  El Ministerio de Justicia, no el de Defensa, debe ser quien formule la política criminal del Estado; y esa política no puede hacerse pensando en los titulares de prensa o en los vaivenes de la opinión pública, sino en el saber empírico acumulado y en los mandatos de la Constitución nacional,  como lo dijo la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal.

4. Las reformas legislativas para contribuir a la paz. Todos sabemos del compromiso del ministro Gómez con la defensa de los derechos humanos.  Como Procurador promovió la investigación sobre los crímenes cometidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, y como Fiscal impulsó las investigaciones para acabar con la impunidad.  En buena hora el presidente Santos designó una persona con estos antecedentes, pues dará tranquilidad a la ciudadanía con respecto al proceso de paz: las violaciones graves a los derechos humanos en Colombia encontrarán sanción penal justa y adecuada.

Todos sabemos del compromiso del ministro Gómez con la defensa de los derechos humanos.  ​

El desafío no es fácil. Tanto el ministro Gómez como el país necesitamos que  tenga éxito, pues un fracaso en cualquiera de las materias a su cargo sólo puede significar más violencia en las calles y menos justicia para los ciudadanos.

* Profesor asociado de la Facultad de Derecho Universidad de los Andes,  ex viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.

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