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El drama de las cárceles

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Ana María RamosDiana Molina

El proyecto presentado por el Ministerio de Justicia es inconveniente y es insuficiente. Pero ninguna reforma jurídica sería suficiente. ¿Qué se necesita para tener un sistema penitenciario digno?

Ana María Ramos Serrano* - Diana Alexandra Remolina Botía*

La crisis

Todos los estamentos de la sociedad han manifestado en diferentes tonos la gravedad e insostenibilidad de la crisis que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Quince años después de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en las cárceles, la radiografía no ha mejorado.

Dentro de los principales problemas que afronta el sistema se cuentan:

I) El hacinamiento, que en agosto alcanzó un 56,5 por ciento, cifra alarmante si se tiene en cuenta que los estándares internacionales califican como sobrepoblación crítica el hacinamiento superior al 20 por ciento.

II) La falta de acceso a salud, insuficiencia de baños, recortes de agua, plagas, falta de camas y otras condiciones infrahumanas que caracterizan la vida de las personas privadas de libertad. Durante el último año, en varios establecimientos y por vía de tutelas, se ha podido restringir el ingreso de nuevos reclusos hasta tanto se mejoren estas condiciones de hacinamiento y de calidad de vida.

III) La limitada posibilidad de resocialización, que según la Corte Constitucional es el fin más importante que debería cumplir la pena. Actualmente el nivel de reincidencia es del 11 por ciento (una cifra que puede ser mayor, pues no todos los reincidentes son capturados) y las prisiones no se reconocen como espacios de resocialización, sino como escenarios para la sofisticación y diversificación de los comportamientos delictivos.

IV) La corrupción en los establecimientos, con un mercado interno donde se vende desde el derecho a dormir en una cama, hasta la eliminación de una anotación disciplinaria.

 

Un proyecto insuficiente

La anterior ministra de Justicia presentó el Proyecto 256/13 (Cámara) 023/13 (Senado) que modifica el Código Penitenciario y Carcelario, pero no alcanza la profundidad que amerita una crisis con las dimensiones de la colombiana.

Aún no se conoce el texto aprobado en tercer debate el pasado 16 de octubre, pero hasta entonces la prisión domiciliaria se mantenía para los delitos cuya pena mínima prevista en la ley era de 5 años; la suspensión condicional de la pena se aumentaba de 3 a 4 años; y el requisito para que la libertad condicional pudiera ser solicitada pasaba de las dos terceras partes (66,6 por ciento) a las tres quintas partes (60 por ciento) de cumplimiento de la pena.

las prisiones no se reconocen como espacios de resocialización, sino como escenarios para la sofisticación y diversificación de los comportamientos delictivos. 

Quizás estas normas sean las que más directamente puedan aliviar el hacinamiento; pero si el proyecto se aprueba debe tenerse presente que por fuera de la prisión domiciliaria se quedarán algunos de los delitos que ejercen más presión sobre el sistema penitenciario, como el tráfico de estupefacientes y el porte de armas, que respectivamente representan el 14,5 y el 14 por ciento de la población carcelaria.

Según han manifestado las autoridades en los medios de comunicación, con algunos ajustes realizados en el tercer debate que facilitan aún más las libertades, podrían liberarse cerca de 8.500 cupos; impacto que en todo caso no es tan sustantivo como se le ha dicho a la ciudadanía.

Y en todo caso, flexibilizar los requisitos para que más personas abandonen las cárceles no es la solución, y en cambio podría interpretarse como una respuesta facilista a la incapacidad institucional de mantener un régimen de privación de la libertad.

Además para  evitar abusos de esas medidas se requerirán jueces incorruptibles y un diseño institucional, hoy insuficiente, para obtener en cada caso la información necesaria que determine cuándo debe o no proceder el beneficio o subrogado.

Otras normas hacen referencia a garantías de salud, alimentación –en condiciones higiénicas (!)-, servicios públicos –agua para uso sanitario (!)-, espacios limpios y aireados, defensa técnica, separación de hombres y mujeres y de sindicados y condenados, y otros asuntos, todas ellas dirigidas a satisfacer la impostergable necesidad de dignificar la vida de los reclusos.

flexibilizar los requisitos para que más personas abandonen las cárceles no es la solución, y en cambio podría interpretarse como una respuesta facilista a la incapacidad institucional de mantener un régimen de privación de la libertad.

Pero la realización de estos y muchos otros derechos no se ha truncado por la imprecisión, desactualización, desajuste o dudas sobre la legislación actual, sino por la falta de recursos y de gestión del sistema penitenciario y carcelario. En cambio, sí se echan de menos planteamientos y herramientas que permitan atisbar la posibilidad de que ahora sí las intervenciones serán suficientemente efectivas y eficaces.

Para acelerar los procesos judiciales, se introduce la oralidad en la fase de ejecución de las penas y se obliga a contar con un juez en cada centro de reclusión o a que, donde no lo haya, se hagan al menos dos visitas semanales -como si se avizorara desde ya el incumplimiento de la ley-.

Pero el mayor riesgo viene de la reprogramación de audiencias debido a las dificultades de agendas de los actores (como se ha visto en el sistema acusatorio) y de los costos de infraestructura necesarios para hacer realidad la sobrevalorada oralidad. En cambio, valdría la pena preguntarse sobre la relación costo-beneficio de un sistema escrito que haga uso de las TIC para el intercambio de documentos.

Además de las salas de audiencia y equipos, el proyecto implicaría adecuación de las instalaciones, construcción de sedes para nuevas instituciones y gastos para atender  los derechos que se reafirman. Sin embargo, en todas las ponencias del proyecto se ha insistido en que este no tiene impacto fiscal y por ende se ha obviado el estudio sobre sus consecuencias presupuestales.

Alternativas más audaces

Foto: Tim (Timothy) Pearce Entre 
7.000 y 10.000 personas podrían 
acceder a beneficios como la Libertad
condicional.

Como repiten sus propios impulsores, este proyecto legal no es la única solución para el drama carcelario. Ninguna norma tiene esa capacidad. Pero tampoco es esta la mejor opción legislativa porque, si se descuentan los artículos que reiteran derechos o las medidas que podrían adoptarse con voluntad política y recursos, la iniciativa queda reducida a un par de disposiciones cuyo alcance sería liberar algunos cupos carcelarios.

· La Comisión Asesora de Política Criminal, creada por el gobierno en 2011, había propuesto medidas más ambiciosas. Entre ellas figuran las penas alternativas (trabajo en medio rural, internamiento voluntario en establecimientos de terapia psicosocial o trabajo a favor de la comunidad); el “certificado de disponibilidad penitenciaria”, de modo que la imposición de  pena privativa de la libertad estuviese acompañada de la constancia de un cupo disponible   en los establecimientos de reclusión; y las nuevas políticas para los post-penados, que faciliten su reintegración a la sociedad.

· Por su parte, la Universidad de los Andes había propuesto un sistema para diferenciar el tipo de reclusión según la gravedad del delito y las condiciones del infractor, desde un régimen de privación total de la libertad (cerrado) hasta uno de cero reclusión (abierto), pasando por las posibilidades intermedias (semiabierto o semicerrado). Este sistema, que si bien plantea preguntas sobre los riesgos de evasión y de confianza de la ciudadanía,  resultaría más novedoso y quizás más eficaz que el que ahora se propone.

Reformas contradictorias

Foto: Kim Daram. Estarían excluidos de
los  beneficios quienes cometieron
delitos graves como homicidios,
violaciones o extorsiones.

La idea de aliviar la presión sobre las cárceles va en contravía de los demás proyectos de reforma penal que hoy estudia el Congreso: la penalización de los disparos al aire, del porte de armas blancas y de la conducción en estado de embriaguez, el aumento de penas para los delitos cometidos bajo efectos del alcohol y la introducción de la cadena perpetua para algunos delitos cometidos contra menores de edad.

De prosperar estas iniciativas los cupos que se liberarían con la reforma penitenciaria tendrán que ser utilizados para albergar a quienes resulten condenados por los nuevos delitos y a quienes tendrán que permanecer recluidos por más tiempo por cuenta de los aumentos de penas.

Este aumento de la lista de delitos y endurecimiento de las penas ha caracterizado la política criminal de los últimos años y en buena parte es responsable de la crisis del sistema penitenciario. En efecto, desde que se expidió el Código Penal del año 2000, se han creado 46 nuevos tipos penales y se han aumentado las penas en 82 delitos.

Todas estas reformas entraron en vigencia de manera inmediata, sin estar acompañadas de la ampliación de la infraestructura carcelaria y, lo que es más censurable, en circunstancias de hacinamiento suficientemente conocidas.

Con este panorama a la vista convendría el hundimiento del proyecto para, en su lugar, apostar por una reforma de mayor impacto que se articule con otras políticas penales, dentro de las que conviene una revisión general de las penas, cuya proporcionalidad se ha visto afectada por las reformas constantes y parciales al Código Penal. En esta tarea puede actuar el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, que pese a su existencia formal ha cumplido un papel insignificante en el diseño de la política criminal.

De insistir en este proyecto, lo que quedará serán normas más precisas para que los reclusos puedan elaborar sus acciones de tutela, que ha sido la única vía real y concreta para hacer cumplir sus derechos. Hay que variar el rumbo, porque para lograr el cambio no solo bastan buenas intenciones, sino también talante y talento.

* Consultoras de la Corporación Excelencia en la Justicia 

twitter1-1@cej_justicia

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