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Extradición: ¿política criminal o política de ocasión?

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Funcionarios en la cárcel entrevistando a un prisionero

Sebastián Zuleta

Este mecanismo de cooperación judicial vuelve al centro del debate político: ¿lo usará el gobierno como una carta en las negociaciones con la guerrilla, o será parte de una política criminal coherente y organizada?

Sebastián Zuleta*

Vuelve a ser noticia

La extradición desempeña un papel fundamental en la política criminal del Estado colombiano.

Sin embargo el debate acerca de su utilidad y de sus funciones se reinicia periódicamente y al vaivén del acontecer nacional o de los titulares de prensa. Por estos días el tema ha vuelto al centro de la agenda nacional por dos razones:

  • primera, por un sonado error en la identificación y acusación del presunto líder de una red de lavado de activos que resultó ser un humilde carpintero desplazado por la violencia, y
  • segunda, por la sombra de la extradición que se cierne sobre algunos plenipotenciarios de las FARC en la mesa de negociaciones de La Habana.

Lo penal y lo político

La extradición sigue siendo una de las herramientas principales en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el conflicto armado y las negociaciones de paz han llevado el problema a un plano eminentemente político.

Por eso, más allá de las consideraciones técnico-jurídicas asociadas con la política criminal del Estado, el elemento político sigue jugando un papel preponderante en la forma cómo se utiliza el mecanismo de la extradición.

El elemento político sigue jugando un papel preponderante en la forma cómo se utiliza el mecanismo de la extradición.

De esta manera, los defectos que pueda tener la extradición se extrapolan a su funcionamiento y por esta vía limitan su eficacia para desmontar las organizaciones  criminales transnacionales asociadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otras actividades ilícitas.


La delegación de paz de las Farc junto a una imagen
de alias “Simón Trinidad”.
Foto: Delegación de paz de las Farc

Errores que se repiten

El reciente caso de Ariel Martínez, un carpintero desplazado por la violencia en San Vicente del Caguán, volvió a situar en el debate nacional la forma como el mecanismo de la extradición viene operando en Colombia.

Pese a que existen antecedentes sobre los costos humanos de la extradición, las autoridades estadounidenses y las instituciones colombianas vinculadas con estos procesos han reincidido repetidamente en los mismos errores, tal como ocurrió en los casos de Nelson Vargas, de los Consuegra, de Tito Molina y de Marlon Guerrero, entre otros, quienes fueron extraditados a pesar de evidentes errores en su identificación y acusación.

Estos costos humanos se traducen en un desgaste institucional y mediático que no aporta nada a la lucha contra el narcotráfico, pero hace mucho daño a las personas que acaban siendo víctimas de tales fallas institucionales.

El caso del ‘carpintero’ ha revivido las críticas sobre el uso indiscriminado de la extradición como herramienta para lograr efectos políticos en detrimento de su eficacia como instrumento de cooperación judicial para desarticular las organizaciones y redes dedicadas al narcotráfico y otras expresiones del crimen transnacional.

La falta del sentido estratégico para usar la extradición como parte de una política criminal coherente lleva a que se le dé más importancia al número de extradiciones que al valor de los crímenes juzgados por este medio o su aporte a la desarticulación de las organizaciones delictivas.

Este tipo de reacciones sobre los usos ambiguos de la extradición no podía escapar a la mesa de negociaciones de La Habana. Sin embargo, la cuestión realmente radica en la reiterada disyuntiva entre el carácter estratégico y la utilidad coyuntural (pragmática) de la extradición.


10 ciudadanos colombianos miembros de una red
de tráfico de cocaína fueron extraditados en el año
2013 hacia Estados Unidos y Honduras
Foto: Policía Nacional de los Colombianos

La extradición y la guerrilla

Uno de los temas recurrentes de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC ha sido la extradición, y en los inicios del proceso de La Habana la delegación guerrillera envió una comunicación al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitando el indulto y la presencia de ‘Simón Trinidad’ en la mesa de negociaciones.

Hay que recordar que Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, fue capturado el 1 de enero de 2004 en Ecuador, y se convirtió en el símbolo de la extradición como herramienta para debilitar políticamente a las FARC.

Esta solicitud elevada por el equipo negociador de las FARC nunca recibió respuesta por parte del gobierno estadounidense, lo cual desencadenó una serie de reacciones que fueron desde las críticas al mecanismo de extradición como instrumento de presión política hasta declaraciones que llegaron a decir que ‘Simón Trinidad’ era el “Mandela de nuestra América”.

Pero el gobierno nacional es plenamente consciente de la utilidad estratégica de la extradición frente a las FARC. Así se deduce del acuerdo publicado hace unos días sobre el punto 4 de la agenda de La Habana, denominado Solución al problema de las drogas ilícitas”.

En el texto publicado se destaca el compromiso de las FARC de “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

Por su parte, el gobierno asume el compromiso de intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo mediante una estrategia de política criminal que permita la judicialización efectiva de los involucrados en delitos asociados con la producción y comercialización de drogas.

Aunque resulta llamativa, no es extraña la ausencia de cualquier referencia directa a la extradición en estos acuerdos. Dadas su sensibilidad y su complejidad, es evidente que el tema ha sido abordado de manera extraoficial y por fuera de la mesa de negociaciones.

Tal y como ocurrió en 1996 durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando Estados Unidos exigió al gobierno colombiano restablecer la extradición en el marco de la lucha antidrogas a cambio de la consabida certificación, en la actualidad, las solicitudes de extradición que recaen sobre algunos negociadores de las FARC aparecen como una especie de comodín en las negociaciones, donde Estados Unidos juega un papel fundamental.

La extradición en La Habana

El fantasma de la extradición que dio al traste con el proceso de reintegración de los paramilitares ronda en la mesa de negociaciones de La Habana, y tanto el gobierno como las FARC son conscientes de ello.

El gobierno podría utilizar la extradición como una especie de ´garrote´ en caso de que las FARC no cooperen efectivamente con el desmantelamiento de las redes dedicadas a la producción y comercialización de drogas ilícitas, incluyendo las redes del micro-tráfico.

Sin embargo en el caso de alcanzar un acuerdo final con las FARC, para el gobierno resultaría un gran reto convencer a Estados Unidos de que deje sin efecto las solicitudes de extradición que recaen sobre algunos negociadores de esta guerrilla.

El fantasma de la extradición que dio al traste con el proceso de reintegración de los paramilitares ronda en la mesa de negociaciones de La Habana.

También podría garantizarles a los negociadores de la guerrilla que en caso de cumplir cabalmente con lo acordado, el Estado colombiano no autorizará, bajo ninguna circunstancia, tales extradiciones.

Varios negociadores de las FARC, como Adán de Jesús Jiménez García, alias ‘Conejo’, y Omar de Jesús Restrepo Correa, alias ‘Olmedo Ruíz’, fueron solicitados en extradición a finales del año pasado, sumándose a la lista de otros solicitados en extradición como ‘Iván Márquez’, ‘Marcos Calarcá’, ‘Pablo Catatumbo’, Rodrigo Granda y ‘Andrés París’, todos ellos plenipotenciarios de las FARC en la mesa de negociaciones de La Habana.

Dada la coyuntura, es evidente que surge una especie de dilema en torno a la utilidad de la extradición: ¿se debe acentuar su utilidad política o su valor pragmático para lograr  acuerdos fundamentales en el marco de las negociaciones con las FARC?

O, por el contrario, ¿debemos emprender un nuevo debate acerca de su utilidad en el marco de una política criminal coherente y encaminada a fortalecer las funciones de investigación, juzgamiento y sanción de las organizaciones y redes criminales, uno de cuyos rasgos cruciales el alcance transnacional de sus actividades?

Son estas algunas de las preguntas que deben responderse si, tal como dijo el senador Carlos Fernando Galán, lo que se quiere es “hacerle un corte de cuentas a la figura de la extradición en el marco de la política criminal del Estado. Evaluar si esta herramienta se ha utilizado y se está utilizando como se pensaba originalmente”.

 

*Politólogo, abogado, magíster en Derecho Internacional

 

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Comentarios  

Amira Armenta
-1 # Comentarista de políticasAmira Armenta 07-10-2014 05:53
Muy útil esta actualización sobre el tema de la extradición en el contexto de las conversaciones con las FARC.
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Vanessa Ramirez
0 # La ExtradicionVanessa Ramirez 11-10-2014 11:02
La extradición solo es una muestra de la incapacidad colombiana de hacer justicia en el país. Esta política de intervención extranjera no ha sido del todo eficaz, pese a su objetivo de acabar con actividades ilícitas, los innumerables errores siguen repitiéndose, recientemente salió a la luz el caso de Ariel Martínez que fue tan solo un error más del proceso de extradición y de cómo se está llevando en Colombia.

Esta política puede ser utilizada de modo estratégico para las negociaciones de la habana, sin embargo, lo que se necesita en estas negociaciones en llegar a acuerdos equitativos, sin presiones ni amenazas como se puede llegar a convertir la extradición.
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Ana Maria Orjuela
0 # justos por pecadoresAna Maria Orjuela 11-10-2014 11:52
Tan confusas y malinterpretada s son nuestras leyes y normas que ni nuestro mismo gobierno las entiende y si estos que dicen llamarse “altos mandos” de nuestro país no las comprenden como aspiran a que los ciudadanos la si primero son leyes hechas a su medida y sus necesidades y nunca son claras congelados.Noso tros como colombianos en especial nuestros gobernantes no nos interesamos realmente por el país ni nos involucramos lo suficiente .

Las confusiones de las normas se ven tan evidenciadas en el ejemplo de la extradición se ve claro que aún no entendemos para qué es la extradición y por eso es que pagan justos por pecadores como es que a diario puede ser presa una persona inocente mientras que una que si ha cometido algo realmente grave está en plena libertad por falta de pruebas es ahí donde se termina lo que llamamos justicia que para todos parece ser un circo.
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Lady Fori
0 # Justicia y Paz o Comercio de InteresesLady Fori 11-10-2014 16:18
Una de las preocupaciones que también va de la mano en este tema, como ya bien lo mencionaron en el articulo, es la grave carencia de nuestro sistema judicial colombiano a la hora de distinguir, los criminales de las personas integras, lo que ha lleva a una serie de criticas, que por otro lado han sabido dar en el punto caliente del debate, en cuanto, al sistema judicial, y a los procesos de paz en La Habana. Por un lado se observa la laguna estructural del sistema judicial y el déficit en la habilidad a la hora de juzgar crímenes.Del mismo modo, nos lleva a preguntarnos sobre los procesos en La Habana, ¿ Que tan imparcial esta interviniendo el Gobierno en los procesos en La Habana? , y así mismo eso a llevado a que se piense, que lo que se esta negociando en La Habana no es la paz ,si no los intereses del gobierno,donde los beneficiados no van a ser las verdaderas víctimas, sino los que se hacen pasar como los "constructores de la paz",que a fin y al cabo no han velado por el pais
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Laura Mendez
0 # Debilitamiento jurídico y politicoLaura Mendez 11-10-2014 16:23
Nuestra debilidad jurídica, junto los déficit y fallas a la hora del juzgamiento y penalización de crímenes, nos demuestran la poca utilidad, eficacia y eficiencia del poder jurídico y fiscal en nuestro país. Aunque el sistema político sufrió un proceso de reforma constitucional con el fin de fortalecer el Estado e incrementar su legitimidad, y de superar el carácter excluyente del régimen político. Esta reforma género cambio pero de todas formas la crisis sigue en constante aumento. Así también, no siendo algo resiente, sino que ha sido una evolución a través de la historia.

Aparte de esto la contemplación de la extradición en la habana, es una simple muestra de toda esta crisis y del constante debilitamiento de nuestro poder jurídico, siendo el poder norteamericano el que sancione un problema interno que el Estado no pudo resolver. Porque la crisis política de Colombia se debe a su Estado débil y a su incapacidad de resolver hasta el mínimo problema interno.
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Catherine Villegas
0 # SIN RESPUESTA CONCRETACatherine Villegas 11-10-2014 20:33
Es la pregunta precisa la expuesta por Sebastián Zuleta: Extradición, ¿la usará el gobierno como una carta en las negociaciones con la guerrilla, o será parte de una política criminal coherente y organizada?
Ya que como sociedad colombiana es una cuestión que nos surge y genera muchas controversias pero a la cual no podemos dar una respuesta concreta; además, teniendo algún conocimiento de diversos casos que han sucedido y por los cuales la mayoría de veces se ha visto el triunfo de la política organizada, como el nombrado en este artículo de el carpintero humilde y desplazado por la violencia, acusado como líder de una red de lavado de activos por una equivocación en la identidad.
No es correcto saber que no se da el manejo original y adecuado a este tipo de políticas porque se genera molestia e incredulidad en el gobierno que nos representa.
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Nicolas Muñeton
0 # ¿Realmente la justicia cojea pero llega?Nicolas Muñeton 12-10-2014 09:18
La extradición es un tema que en la política colombiana no es muy claro, ya que simplemente se firmo un tratado de extradición con EE.UU y por cumplir una cuota con este país no importa en muchos casos trasladar personas inocentes que no tienen nada que ver con el tema del narcotráfico y lavado de activos, si el caso del campesino del Caguan pudo salir a la luz publica fue por los medios ya que de no ser así este pobre hombre estaría como muchos pagando culpas de errores no cometidos y sometido a la leyes norteamericanas.

Esta falencia denota la debilidad del gobierno nacional, muchas veces el estar arrodillados ante los ''gringos'' y solo cumpliendo ordenes de ellos nos hace ver la facilidad de la manipulación, esto es un DOLOR DE PATRIA, donde somos tan débiles y no somos capaces de utilizar nuestras leyes para realmente condenar a muchos culpables que se pasan la ley por debajo.
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Camila Gómez
0 # Política judicial extremista o negociadora?Camila Gómez 12-10-2014 10:59
El sistema judicial no utiliza la extradición como una política que influye en la lucha contra organizaciones criminales porque en unos lados se maneja desde el punto extremista, y en otros desde el lado negociador y mediático para evitarlo en personas que verdaderamente afectaron la seguridad de una ciudadanía extranjera por medio del narcotráfico mostrado como ejemplo esencial de esta política
Las razones por las que se comete el delito no importa para nada porque este valor no se allá por ningún lado poniendo en vilo el funcionamiento de este medio y perdiendo su utilidad al momento de extralimitarse en la toma de decisiones que perjudican no sólo a las instituciones sino también a las personas y sus familias que muchas veces cuestionan esta fuente judicial porque dicha acusación no da razón a no poder ver a sus seres queridos en visitas carcelarias.
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karen Melisa Joya
0 # Medida o capricho?karen Melisa Joya 12-10-2014 11:09
Esta política de extradición se traduce a una cosa: una estrategia para "demostrar" que se están cumpliendo funciones principales del gobierno en cuanto al ámbito laboral.
La cuestión va más a fondo en el sentido que se están cometiendo graves errores por el afán de poner esta política en función, errores en los cuales está siendo afectada la calidad de vida, integridad y seguridad de personas ajenas a estos crímenes, al igual que la presión que se ejerce con estas medidas a las personas pertenecientes a la guerrilla.Esto lo que nos lleva a pensar es que cogieron esta política de juguete para cumplir "caprichos" o fines políticos ajenos a la primera finalidad de esta medida.
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Julian David Peña
0 # Una institucionalid ad seriaJulian David Peña 12-10-2014 11:30
Si bien la extradición es una herramienta del estado, en la lucha, contra este problema que ha afectado tanto y por tanto tiempo a la sociedad colombiana, entonces se debería usar, como no solamente un método do de castigo, si no como una forma en la que se de legitimidad al estado colombiano, en una forma en la que se siente precedente hacia el respeto de la ley y que se consolide la justicia en Colombia.

Claramente, en el seguimiento de procesos ha errores y mal entendidos pero eso nos impone y demuestra, que no se le debe dar lugar a una mala aplicación de justicia, y que las investigaciones y procesos que se le lleven a cabo a las personas que infringen la ley, sean llevados con la rigurosidad y el compromiso de las instituciones y personas responsables de la debida aplicación de la ley.
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adriana
0 # extradicionadriana 26-02-2015 17:00
sr. senador cuanto antes haga revisar las extradiciones hay mucha injusticia es este tema, por favor no jueguen con la vida de los colombianos. deme un telefono para que hablemos es muy impórtante
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