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Las otras caras del poder

(Tiempo estimado: 7 - 13 minutos)

fabio e velsquez cPara qué y cómo buscan el poder local y regional los actores armados en Colombia.  Un análisis de especial validez ante las elecciones de esta semana. 

Fabio E. Velásquez C *

No son cosa del pasado

La influencia de los actores armados ilegales en la gestión municipal en diversas regiones del país es un hecho que muy pocos se atreven a controvertir. Ahí están, asentados en los territorios, y no sólo en función de una estrategia militar de dominio de posiciones estratégicas, sino como actores de la vida económica, política y social de los municipios. [1].

El gobierno nacional, algunos gremios económicos y un sector importante de los medios masivos de comunicación nos han querido vender la idea -aceptada por no pocos ilusos- de que el conflicto colombiano es cosa del pasado y que los brotes de violencia no son más que estertores de grupos terroristas acorralados y a punto de fenecer. Sin duda, la intensidad del conflicto armado ha disminuido -hay que reconocerlo- como fruto de una ofensiva de las fuerzas militares en contra de las guerrillas, en especial de las FARC, y de la desmovilización de algunos grupos de autodefensa. Pero ello de ninguna manera significa que los actores armados hayan desaparecido de la escena ni que estemos en la era del post-conflicto.

Por el contrario, las guerrillas -replegadas en las montañas y, sin duda, debilitadas militar y políticamente- prosiguen en su empeño de conquistar el poder con las armas, así ello no sea posible ni en el corto ni en el largo plazo. Las estructuras paramilitares no se han desmontado del todo; por el contrario, han asumido nuevas formas, bien sea bajo la protección de la Ley de Justicia y Paz, bien como estructuras armadas de nuevo tipo y con diferentes denominaciones. El narcotráfico se expande a través de nuevas redes y con el apoyo de ejércitos privados cuya misión es proteger a los capos y asegurar el curso fluido del negocio. En fin, las mafias organizadas en torno a actividades económicas -las más de ellas ilegales- siguen operando en diferentes zonas del país, disputando territorios y negocios y buscando el amparo de políticos y autoridades locales.

La gestión municipal ha estado desde hace un tiempo en la mira de esos actores. Significa cosas diferentes para cada uno de ellos, pero se interesan en ella sin excepción porque puede convertirse en un medio muy poderoso para lograr sus propósitos. Y para ello han desplegado TRES diversas estrategias de aproximación y formas muy variadas de incidencia en el manejo de las decisiones públicas.

El control militar

La influencia de los actores armados en la vida municipal comienza por el control del territorio. Se trata, por supuesto, de un control militar. Las armas constituyen un instrumento poderoso para luchar por la hegemonía territorial, para expulsar a otros actores armados del lugar, y/o para imponer su dominio sobre la población civil. El uso de las armas -real o potencial- puede ser complementado, como lo hizo otrora la guerrilla en sus zonas de influencia, con dispositivos de adoctrinamiento ideológico e, incluso, como ocurre hoy con otros grupos, mediante estrategias benefactoras de carácter asistencial. Pero esos son medios complementarios al servicio de la herramienta fundamental que es el poder intimidatorio de la fuerza, la coerción y la amenaza.

El control del territorio por parte de los actores armados abre la puerta a la apropiación de tierras, facilita la inserción en la economía local y permite el manejo discrecional de los flujos de personas, de mercancías (legales e ilegales) y de información. Es, además, un elemento fundamental desde el punto de vista militar. Sin embargo, dicho control no es absoluto en todas las regiones. En algunos casos, los territorios siguen siendo objeto de acres disputas, con pérdida de vidas de por medio, o escenarios de realización de acuerdos entre los actores armados cuando ninguno de ellos es capaz de convertirse en polo dominante. Se configura así una situación de "equilibrio de poderes" entre actores armados que, mediante pactos implícitos o explícitos -muy frágiles por cierto- se distribuyen el territorio, la economía y la población.

Lo cierto es que, independientemente de que el territorio sea objeto de disputa, que haya en él un actor dominante o que existan pactos de conveniencia entre los actores armados para coexistir en un mismo lugar, la mayoría de ellos han dado un giro en el sentido de que sus motivaciones para el control del territorio son hoy fundamentalmente económicas, de acumulación de capital y riqueza, sustituyendo en buena parte las razones de orden ideológico-político que orientaron su acción en un comienzo (la toma del poder, en el caso de las guerrillas; la exterminación de la guerrilla, en el caso de los grupos paramilitares). Como señalan Salazar y Castillo, "la violencia de hoy no es política y no tiene contenidos ideológicos claros y activos. Los que matan no lo hacen por causas partidistas ni están animados por motivos políticos. La política es una justificación ideológica". Lo que estos grupos muestran cada vez más es "la depredación organizada como forma de comportamiento social"[2].

El control electoral

La presencia de los actores armados ilegales en el territorio, siendo clave para garantizar su dominio militar y económico, no necesariamente garantiza su incidencia en las decisiones públicas municipales. Influir en ellas obliga a tener un cierto margen de maniobra en la vida política local y, en particular, en la selección de autoridades públicas. Los grupos armados han intentado manejar al tenor de sus intereses los procesos políticos y electorales en los municipios, bien sea afectando su desarrollo, bien ejerciendo un control sobre los actores políticos locales.

A través de la intimidación y del uso de las armas algunos de ellos sabotearon las elecciones o impidieron el ejercicio del gobierno, sin importar en muchos casos la adscripción partidista de las autoridades locales. En otros casos convirtieron las elecciones, los candidatos, los gobernantes y la ciudadanía en foco de su influencia directa, mediante pactos con la dirigencia política local para el aprovechamiento conjunto del aparato municipal y la creación paulatina de bases sociales de legitimidad. O también desplazaron a esa dirigencia e impusieron -en no pocas ocasiones con la ayuda de las armas- una nueva dirigencia política capaz de controlar al electorado y asegurar la influencia de los actores ilegales en la gestión municipal.

En años recientes, el control político-electoral ha estado más en cabeza de los grupos paramilitares, para lo cual han empleado estrategias de muy diversa índole, como el aval político a candidatos, la financiación de las campañas, la trashumancia electoral, el constreñimiento a los electores para que depositen su voto por determinada persona o agrupación política, la amenaza a los opositores, la compra de votos y el soborno a las autoridades electorales y a la fuerza pública para asegurar el triunfo de los candidatos amigos.

Ese predominio del paramilitarismo en el control de los procesos electorales coincide con el cambio en el mapa político de los municipios estudiados, a través del cual la hegemonía electoral de los partidos liberal y conservador en las alcaldías ha sido sustituida por la creciente influencia sobre el electorado de las agrupaciones políticas que integran la coalición del gobierno del Presidente Uribe.

El control de la gestión pública

Finalmente, una tercera estrategia de los actores armados ha sido el control de la gestión pública. Existen dos modalidades de incidencia:

  • La primera alude al conjunto de comportamientos que desarrollan los actores armados "desde afuera" del aparato municipal, sin involucrarse directamente en los procesos de gestión. Opera a través de distintas vertientes: la prohibición impuesta por los actores armados a las autoridades y funcionarios municipales de movilizarse hacia ciertas zonas del municipio bajo su control; el quiebre del orden público a través de acciones de hostigamiento a la fuerza pública y de toma de municipios; la presión a las autoridades municipales para que orienten la inversión hacia zonas de influencia de los actores armados o para que contraten a personas naturales y jurídicas de su confianza; la petición de cuentas a los funcionarios públicos; y la amenaza permanente de reaparición de los grupos armados, especialmente la guerrilla, en el escenario local.
  • La segunda modalidad es la incidencia "interna", la cual implica que los actores armados se involucren en las decisiones  municipales, actuando desde dentro del aparato municipal. Opera también a través de distintas formas: la captura directa o indirecta de rentas; la afectación de los contenidos y de la orientación de los planes y las políticas públicas; la presión interna para orientar las inversiones hacia territorios o poblaciones controladas por los grupos armados; y la definición de pactos de buena relación con las autoridades municipales para obtener a cambio protección y evitar la judicialización de su actividad ilegal.

¿Un nuevo orden social?

La injerencia de los grupos armados en la vida local ha tenido un efecto negativo sobre las condiciones de existencia de la población en los municipios. Tanto los derechos civiles como los políticos y sociales han sido constantemente vulnerados, comenzando por el derecho a la vida, las libertades básicas, el derecho a elegir y a ser elegido, la posibilidad de organizarse y participar en las decisiones públicas. De otra parte, la inversión pública en los municipios donde los actores armados han ejercido su dominio no se ha reflejado necesariamente en mejores condiciones de vida, como lo demuestran los indicadores de impacto en educación, salud y agua potable y saneamiento básico.

La reacción de la población ante esta circunstancia ha sido muy variada: en unos casos el miedo domina; en otros casos, el silencio y la indiferencia. Y en muy pocos, la resistencia. Pero, en otros, la presencia de los actores armados comienza a ser aceptada por la población, entre otras cosas porque son vistos como benefactores que brindan seguridad y empleo a sectores desprotegidos por las políticas públicas.

Este parece ser el indicio de una situación que puede cuajar en el futuro, en el sentido de una legitimación de los actores armados, especialmente de los grupos paramilitares y sus aliados en la medida en que ellos, en alianza con la dirigencia política, son vistos como agentes prestadores de bienes y servicios que las comunidades vienen reclamando de tiempo atrás y que hasta ahora otros actores, incluido el Estado, no han podido entregarles.

En tal sentido, lo que parece estar detrás de la conducta de los actores armados y de la forma como estrechan sus vínculos con la población es más que un uso instrumental de los aparatos municipales para obtener lucro, aunque esa parece ser una de sus motivaciones más importantes. En cabeza de esos actores existe la intención de implantar un nuevo orden económico, social y político que les garantice permanencia, reconocimiento social, dominio político y protección en el territorio. Es decir, un nuevo orden a la medida de sus intereses. La triple estrategia de copamiento territorial, control político-electoral e incidencia en la gestión pública se explicaría a partir de ese proyecto.

Detrás de la acción de los grupos armados existe una racionalidad que orienta sus conductas y que le apuesta a objetivos de mediano y largo plazo. La violencia no es una ocurrencia aleatoria de un grupo de personas con una fuerte inclinación por el uso de las armas como fórmula para obtener objetivos económicos o políticos, sino una manera calculada y racional de buscar la implantación de un nuevo orden político y social, cuyos pilares son un régimen político autoritario, una acumulación de capital a sangre y fuego en nuevas manos, y una base social legitimadora, beneficiaria de favores y prebendas.

Ese nuevo orden compite con otros: si bien hay sectores de la población afectadas por la presencia de los actores armados, que se han acogido a este nuevo proyecto político, otros le apuestan a estrategias de vida diferentes, basadas, por ejemplo, en principios de pluralismo, solidaridad, cooperación y democracia. Así, en varias regiones se desarrolla una confrontación de órdenes sociales y políticos en el territorio, que convierte a este último en un escenario dinámico, sinuoso e impredecible Allí están en juego proyectos diferentes, incluso opuestos, tanto en el seno de la sociedad como del Estado.

* Sociólogo, Director de la Unidad Ejecutora de Programa, de Foro Nacional por Colombia. Profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes.

Notas de pie de página


[1] Este artículo presenta algunas de las principales tesis consignadas en el libro Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos (Bogotá: Foro Nacional por Colombia y GTZ, 2009), que acaba de ser publicado.

[2] Salazar, Boris y Castillo M., La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia, Bogotá: CIDSE-Cerec, 2001, pp. 13 y 16.

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