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¿Apoyará la ciudadanía los acuerdos de La Habana?

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Juan Carlos PalouLectura inteligente e inquietante de lo que piensa la mayoría de los colombianos sobre el posible acuerdo con las FARC, sobre cómo lograr que el pueblo ratifique ese acuerdo, y sobre cómo podrían o tendrían que jugar Santos y Uribe en estos meses.

Juan Carlos Palou*

Delegación de las FARC en la Habana

Referendo u otra vía

El presidente Santos acaba de sancionar la ley estatutaria 1745 de 2014, que establece las condiciones para llevar a cabo un referendo constitucional “con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado”. Lo novedoso de la ley es permitir que el referendo se dé al tiempo con las elecciones nacionales, regionales o locales lo cual- es de esperar- aumentaría la participación ciudadana en el momento de adoptar los acuerdos de La Habana.

La vigencia de esta ley - presentada por el gobierno y criticada tanto por las FARC como por el uribismo – no implica  que el referendo ya haya sido escogido como mecanismo para la refrendación popular de lo acordado. De hecho existen dudas sobre si este es el mejor instrumento y se siguen discutiendo alternativas como la consulta popular, la asamblea constituyente, o el “congresito” propuesto recientemente por el ex presidente Uribe.

Pero antes que analizar cuál sería el mecanismo adecuado para la refrendación popular, en este artículo me propongo explorar una cuestión anterior a aquel evento: cuáles son los obstáculos ideológicos y políticos que deberán superarse para que la opinión pública acepte o apoye el acuerdo.

Colombianos en Marcha por la paz
La mayoría de los colombianos apoya el proceso de paz.
Foto: nmarritz

Ciudadanía intransigente  

En mi opinión, el principal obstáculo consiste en lo que llamaría la “corrección política” de buena parte de la ciudadanía. Durante la segunda vuelta presidencial del año pasado, la columnista Laura Gil habló de “ciudadanos impecables”, refiriéndose a quienes se negaron a apoyar la candidatura de Santos en nombre de la rectitud o la integridad ética.  Estas personas no suelen admitir  “espacio para los dilemas políticos, las tensiones dolorosas y las decisiones costosas”; es decir -en un lenguaje coloquial- que al ciudadano impecable no le gusta “tragar sapos”.

Y en efecto las encuestas de opinión sobre los diálogos de paz permiten concluir que la mayoría de los colombianos presenta el síndrome del ciudadano impecable. Los encuestados en general prefieren la salida negociada del conflicto armado (no a la violencia), pero también esperan que los guerrilleros paguen cárcel por sus delitos (no a la impunidad), y que se les prohíba participar en política u ocupar cargos de elección popular (no a la degradación de la actividad política). Se trata pues de tres preferencias estrictamente ceñidas a los estándares éticos y políticos más exigentes.

La mayoría aspira a una justicia de vencedores.

Pero de aquí se sigue que la mayoría de la gente apoya la solución política del conflicto armado siempre y cuando el contenido de los acuerdos venga a dar lo mismo que la derrota militar de las FARC: cárcel y exclusión política para los derrotados. La mayoría aspira a una justicia de vencedores.

Sin embargo, la experiencia internacional muestra que para llegar acuerdos de paz hay que suavizar o atemperar el rigor de la justicia penal -incluyendo amnistías o indultos para algunos delitos - y permitir que los antiguos combatientes sustituyan las armas por los votos.

Si la ciudadanía colombiana sigue aferrada a esas opiniones “correctas”, será pues imposible que el acuerdo sea ratificado por el voto popular. Por eso, si el gobierno y las FARC (o en su cado el ELN) aspiran a que el pueblo valide sus acuerdos en la mesa de negociación, tendrán que hacer que la ciudadanía cambie su modo de pensar.

Pedagogía y política

Para lograr lo anterior sería preciso adelantar procesos tanto pedagógicos como políticos.

- En lo pedagógico, no se trataría apenas de difundir los acuerdos de La Habana, sino de lograr que la ciudanía comprenda y acepte la idea de una justicia transicional, que es  la única manera de adecuar los principios o valores éticos (justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición) a la opción de una salida negociada del conflicto- una justicia  que incluya tanto la satisfacción de los derechos de las víctimas como la reintegración política y social de los victimarios.

Sin embargo, los procesos pedagógicos son por definición lentos y largos. Si añadimos que el lapso entre la firma del acuerdo y la refrendación ciudadana sería muy breve, resulta clareo que ni un esfuerzo “exprés” ni una campaña publicitaria como “SoyCapaz” garantizarían el cambio de la opinión pública.

- Por eso, y sin descartar el proceso pedagógico (que además debería  prolongarse durante la fase de ejecución de los acuerdos), considero que el cambio de mentalidad se lograría sobre todo mediante un proceso político es decir, mediante la movilización dirigida  por los partidos y movimientos políticos que han optado o que opten por apostarle a la salida negociada.  

Semejante proceso está hoy condicionado por grandes incertidumbres: no se conoce el contenido completo del acuerdo final, ni cuándo se va a firmar, no se sabe cuál será el mecanismo para la refrendación, ni se conoce la fecha en que tendría lugar.  

Sin embargo, un acuerdo final entre las partes sería un activo político de mucho peso en favor del gobierno y de las fuerzas que apoyan la paz, y tendría un gran impacto sobre la opinión: el solo hecho de que el gobierno y las FARC suscriban ese acuerdo harían que muchas más personas estuvieran dispuestas a avalarlo (y a tragarse los sapos) con tal de silenciar los fusiles.

Los más optimistas piensan que 2015 será el año de la paz y calculan que la ratificación popular podría darse en octubre – junto con la próxima elección de autoridades territoriales-. Esto exigiría que el acuerdo final estuviera suscrito a mediados de año, lo cual parece más bien poco probable; diría yo que la refrendación tendrá lugar durante el 2016.

El cambio en las posiciones éticas y políticas de la ciudadanía deberá así lograrse en parte a través de la pedagogía y en parte con la movilización de las fuerzas políticas. El cambio  sería el producto de la reflexión ilustrada (lo pedagógico) y de la acción proselitista (lo político).   

Insertando voto en urna electoral
Incertidumbre por la fecha del proceso refrendatorio de los diálogos de paz con las Farc.
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

La nueva campaña por la paz

El proceso político anterior podría tal vez hacerse de dos maneras:

- Mediante la confrontación consistente en enfrentar a los enemigos de los acuerdos de paz para restarle apoyo popular a las tesis del Centro Democrático y otras fuerzas opositoras; o

- Mediante la conciliación vale decir, mediante el acercamiento o la negociación con el uribismo y los demás opositores al proceso de La Habana, para conseguir su aceptación, cuando menos parcial, de los acuerdos.

La confrontación en torno al rechazo o aceptación popular de los acuerdos será parte esencial de lo que algunos han llamado la “tercera vuelta” entre Santos y Uribe, lo cual polarizaría más al país y -aún en el evento de que el “si” gane en las urnas- conllevaría   dificultades futuras, pues la oposición se extenderá a todos los actos necesarios para ejecutar o desarrollar los acuerdos (leyes estatutarias, financiación del postconflicto, reinserción de excombatientes…).

Por eso, la estrategia de conciliación, aunque todavía parece inviable, empieza a abrirse camino y a ser promovida por personajes que aspiran a cumplir el papel de “componedores amigables”  (cuyo ejemplo más conspicuo es Antanas Mockus).

El cambio  sería el producto de la reflexión ilustrada (lo pedagógico) y de la acción proselitista (lo político).   

El propio ex presidente Uribe, en sus cartas de respuesta a Leyva Durán y a Luis Carlos Restrepo, empieza a mostrar cambios en esa dirección (señal de que su oposición radical a La Habana está empezando a traerle costos políticos notables).   

La mayor dificultad de la conciliación radica en que el gobierno y los partidos de la Unidad Nacional deben abrir espacios de negociación con el Centro Democrático y otros  opositores al proceso de La Habana. Y si el acercamiento se produjera antes de la firma del acuerdo final, el uribismo sin duda  aspiraría a influir sobre el contenido de dicho acuerdo.

Esto haría más difícil la situación, puesto que los “inamovibles” del Centro Democrático  son simplemente imposibles de cumplir - al menos en esta etapa de negociación o aún  durante los primeros meses de ejecución de los acuerdos. Aceptar cualquiera de tales  “inamovibles” sería replantear las reglas del juego, lo cual parece inconveniente cuando son estas reglas las que han permitido los avances en La Habana.

El uribismo aspira también a un congresito o asamblea constituyente, y justifica así esta pretensión: puesto que el objetivo último de las FARC ha sido y es lograr una constituyente, y puesto que este gobierno débil se la concederá, el Centro Democrático debe estar presente en esa asamblea para evitar que el “castro-chavismo” se apodere del país.

Con esta propuesta el uribismo pretende borrar la diferencia entre dos cosas distintas: (1) Refrendar esto es,  aprobar o improbar el texto del acuerdo mediante el simple voto “sí” o “no”, y (2) Deliberar para decidir, como lo haría un congresito o una asamblea constituyente: los ciudadanos no eligen a los miembros de un cuerpo colegiado para que validen o rechacen un proyecto, sino para que revisen y replanteen lo acordado. Y este  parece ser el objetivo de las FARC y del Centro Democrático.

Podría ser que los avances en La Habana obligaran al Centro Democrático a matizar sus demandas frente al proceso y se facilite así la convergencia de las fuerzas políticas; pero en este momento todavía hay mucha distancia entre el uribismo y el gobierno.


​* Consultor independiente

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Comentarios  

Betty
0 # Un nueva historiaBetty 20-01-2015 13:18
No debería dudar el autor que los acuerdos logrados en La Habana deben ser refrendados por la ciudadanía, lo que ocurre es que en Colombia hay un déficit enorme sobre el conocimiento de la historia contemporánea. Todavía hay quienes creen que el paramilitarismo fue bueno para el país y esa errónea idea hace carrera en las mentes colombianas.
Si queremos un país moderno, incluyente y civilizado tendremos la obligación de refrendar los acuerdos y empezar a escribir una nueva página de nuestra historia. y esta será la única oportunidad que no se puede desperdiciar por pura ignorancia.
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Wilson
0 # Acertado el análisis del autor y de BettyWilson 23-01-2015 15:49
Es importante en el análisis que comenta Betty la necesaria pedagogía de lo que significa refrendar los acuerdos. De hecho, creo que sería un argumento en contra de los enemigos del proceso: aunque muchas personas creemos que para ellos la misma paz no pareciera conveniente y por lo tanto los acuerdos parecen hechos a sus espaldas. Nada más les menguaría la persistencia en la guerra. Lo otro es que el paramilitarismo en Colombia no puede leerse entre bueno y malo, el crecimiento de los grupos ilegales es un déficit de seguridad de nuestro sistema político más allá de esa consideración "moral" si son buenos o malos. Creo sí que los grupos ilegales, los señores de la guerra, etc, reflejan parte de un estado como el nuestro gobernado por castas políticas que poco les ha importado mantener la guerra y de una sociedad permisiva. El reto de conseguir y mantener la paz todavía tarda y mientras tanto las personas que creemos en un mejor país nos toca expresarnos por estos medios.
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Fernando Acosta Rive
0 # La Paz es Tarea PermanenteFernando Acosta Rive 21-01-2015 15:23
Saludos de paz y bendiciones desde México. Considero que es un artículo interesante para ampliar los conceptos de la ciudadanía colombiana en relación a un posible acuerdo de paz. Sin embargo, me temo, que quedamos muchos colombianos sin encuestar, por ejemplo los que tuvimos que pedir asilo político en décadas anteriores (1980-1990-2000 -2010). La paz es una tarea de todos y necesita ser una tarea permanente. Las autoridades, el Estado colombiano torturaron, desaparecieron disidentes, mintieron y simularon. Su obligación, la de cualquier gobierno es Respetar y Hacer Respetar la Constitución. Posiblemente, desde la insurgencia, hubo excesos, pero en las guerras, siempre habrá exceso, por eso lo deseable es terminar la guerra y Construir entre Todos, o entre las Mayorías, la Paz, con Justicia Social. Sin Justicia Social, me temo que a Paz quedará solamente como un buen deseo. Atentamente, Fernando Acosta R., lector del diario mexicano La Jornada
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