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Ni referendos ni constituyentes: el pueblo ya votó sobre el acuerdo

(Tiempo estimado: 9 - 18 minutos)

Hernando Gómez Buendía​Una mirada reposada al laberinto político, jurídico e histórico donde el gobierno y las FARC acabaron por meter su propio acuerdo. Y sin embargo la salida es muy sencilla.

Hernando Gómez Buendía*

votación

El debate que no es

Comienzo por decirlo con crudeza: los dos potentes y sin embargo opuestos motores que impulsan el clamor de someter el acuerdo de La Habana al voto popular, son la esperanza de la izquierda y el temor de la derecha de que el acuerdo implique un cambio  radical en Colombia. Tan radical, digamos, como fue en su momento el Frente Nacional, que por lo mismo se sometió a un plebiscito.

Pero estamos ante un hecho mucho menos decisivo: ahora se trata de las condiciones mínimas para que un grupo guerrillero que al fin se convenció de que no puede derrocar al gobierno se decida por fin a dejar la violencia.       

Sin embargo a medida que avanzan los diálogos y la opinión se convence de que el gobierno y las FARC llegarán a un acuerdo “final” para acabar las acciones armadas, se intensifica el debate sobre cómo ese acuerdo deberá ser refrendado por el pueblo. Antes de eso creo yo que  habríamos de debatir si el acuerdo debe ser, en absoluto, “refrendado por el pueblo”.

Habríamos de debatir si el acuerdo debe ser, en absoluto, “refrendado por el pueblo”. 

Es la cuestión que me propongo abordar en este artículo. Para ello sin embargo es necesario examinar las propuestas específicas que se han formulado hasta el momento: asamblea constituyente, “congresito”, referendo, consulta popular, y “séptima papeleta” en las elecciones del 25 de Octubre. Seguramente vendrán más ocurrencias, pero la lógica dice que el pueblo sólo podría pronunciarse de dos modos: con el voto directo sobre el texto del acuerdo, o con la elección de un cuerpo colegiado para que decida sobre el texto.    

Un cuerpo colegiado no podría limitarse a un “sí” o un “no” sobre el texto del acuerdo: su tarea verdadera sería cambiarlo por otro acuerdo. Como creo haber mostrado en la edición anterior de Razón Pública, el “congresito” de Uribe está pensado para recortar el acuerdo, y la constituyente de las FARC está pensada para radicalizarlo. Las dos propuestas se saltan la Constitución y además son tramposas porque pre-fabrican una mayoría.

Queda entonces la opción de refrendar mediante el voto directo de los colombianos (referendo o sus variantes). Es la opción que propuso y que promete el presidente Santos, que ya avanzó en el Congreso, y que en principio más se ajusta a la Constitución. Y es sobre todo la opción con mayor fuerza conceptual y atractivo político para que el pueblo soberano diga “la última palabra” sobre un asunto de tanta trascendencia.

Por qué no el referendo

Y sin embargo el referendo (y más aún sus variantes: consulta popular, papeleta adicional…) tiene problemas conceptuales, históricos, políticos, jurídicos y prácticos que lo descartan como una vía genuina, conveniente o factible para la “refrendación” de los acuerdos.   

Es más: al repasar estos problemas queda claro por qué el pueblo no debe refrendar el acuerdo de La Habana- que en mi opinión, repito, es la cuestión de fondo-. Comienzo pues por los problemas de mayor envergadura conceptual.         

1. Democracia y demagogia.

Suena feo decir que el pueblo colombiano no debe votar directamente sobre el acuerdo (suena antidemocrático, y por eso me temo que al final de cuentas sí habrá referendo).

Pero, fuera de las pequeñas polis griegas, la democracia no consiste en que todos votemos sobre todo: consiste más que eso en elegir representantes para que deliberen y decidan sobre asuntos especializados o prolijos. Pedir que cada ciudadano analice un texto tan complejo como sería el acuerdo de La Habana es ilusorio y sobre todo irracional porque cada persona tendría que dedicar días o meses de estudio para emitir un solo voto entre millones.

Es más: sucede que en Colombia los mejores argumentos se utilizan con las peores intenciones, y la complejidad evidente del acuerdo es la razón principal para pedir un cuerpo colegiado: el congresito o la constituyente para volver a negociar las condiciones de la paz- solo que ahora entre personas o entre fuerzas políticas distintas de las que hoy negocian en La Habana-.    

Delegaciones de paz del Gobierno Nacional y de las Farc.
Delegaciones de paz del Gobierno Nacional y de las Farc.
Foto: Farc-EPaz

 2. Quiénes llegan a un acuerdo.    

Las dos partes que negocian en La Habana son las FARC y el gobierno colombiano. No las guerrillas y el Estado colombiano, tampoco la insurgencia y la sociedad colombiana.

Ojalá que el ELN hubiera sido parte o se sumara a las conversaciones. Y muchos quieren o creen en un “pacto por la paz” que se extienda al Estado o a la sociedad en su conjunto. Pero ese “pacto” en todo caso es distinto del acuerdo puntual entre dos combatientes bien precisos: el mando de las FARC y el comandante en jefe del ejército que lucha contra ellas.

Es más: la negociación entre las FARC y “la sociedad” o el Estado colombianos habría supuesto una relación de fuerzas muy distinta de la que –afortunadamente- existe en la realidad. Estaríamos hablando de una situación pre-revolucionaria, quizá de El  Salvador o de Sudáfrica, no de una guerrilla que se sentó a negociar porque no tiene ningún otro futuro.  

Y esta es la razón política de fondo para que el acuerdo entre el gobierno y las FARC no quede expuesto al juego de los maximalismos de la izquierda y los minimalismos de la derecha que implicaría la refrendación popular en cualquiera de sus formas.           

3. Desarrollo del acuerdo

Un acuerdo obliga exclusivamente a las partes que lo firman, y el de La Habana no puede desbordar los poderes del gobierno.

Por supuesto que el acuerdo tendría que plasmarse de algún modo en decretos, leyes y quizás reformas constitucionales. El gobierno quedaría obligado a expedir los decretos necesarios, así como también a presentar y defender los proyectos de ley o de reforma constitucional. La bancada oficialista en el Congreso tendría el deber político –pero no jurídico – de aprobar esas leyes, y las reformas constitucionales específicas habrían de tramitarse por la vía del Congreso, de una constituyente o de un referendo constitucional- como manda inequívocamente el artículo 374 de la Carta vigente.

Estos hechos sencillos aunque decisivos son limpiamente ignorados o confundidos por casi todos quienes participan en el debate sobre la “refrendación” del eventual acuerdo de La Habana. Y mucha parte de la confusión se debe a revolver dos cosas muy distintas: la legitimación -o la “refrendación popular” propiamente dicha- y el desarrollo jurídico de los acuerdos – que puede y debe hacerse por las vías arriba mencionadas-.

La confusión afecta y es usada sobre todo por quienes proponen un cuerpo de elección popular (“legitimación”) para adoptar las leyes (“congresito”) o las reformas constitucionales (asamblea). Pero también la usan quienes invocan el referendo, porque este solo puede versar sobre normas jurídicas precisas: una ley o una enmienda de la Constitución.        

4. Sin antecedentes

Sin contar los del siglo XIX ni los que pusieron fin a la Guerra de los Mil Días (1902) o a las guerrillas del Llano (1953), los últimos gobiernos han firmado seis acuerdos de paz definitivos con otras tantas organizaciones armadas (M19, EPL, Quintín Lame, PRT, CRS y AUC). Ninguno de estos acuerdos fue votado por el pueblo, ni por entonces se habló de “refrendarlos”.

De especial interés en este punto fue el acuerdo de Santa Fe de Ralito (2003) que desembocó en la Ley de Justicia y Paz (2005), una oferta de “justicia transicional” sin duda muy generosa para las autodefensas. Esta ley -el precedente inmediato del eventual perdón para las FARC- no fue votada por el pueblo, y sin embargo su autor exige ahora que se consulte al pueblo. O - en el otro sentido- cabría preguntar si en el evento de un acuerdo con el ELN necesitaríamos un nuevo referendo (o congresito).

Y aquí se asoma la razón política de fondo que comencé por mencionar y por la cual  los tirios y los troyanos piden “refrendar” el acuerdo con las FARC: la esperanza de la izquierda y el temor de la derecha de que esta vez las reformas sean radicales o profundas. Es decir: que sean “revolucionarias”, o que Santos y las FARC estén ad portas de pactar “la revolución por contrato”.

Por eso  “suena” tanto lo de que el pueblo ratifique o “legitime” este acuerdo.

5. El pueblo ya votó.

Pero ningún gobierno de Colombia podría pactar una revolución, y ni siquiera asegurar la expedición de una ley o una reforma constitucional. También habría que mostrar – con hechos- que Santos es de izquierda o que después de viejo nos salió “castro-chavista”. Y en todo caso habría que decir que su gobierno, su política de paz o su negociación con las FARC no son legítimos.

Ante este –y ante cualquier gobierno de Colombia- hay descontentos y argumentos educados para dudar de su “legitimidad”, o de hasta dónde representa realmente al pueblo. Y sin embargo es precisamente en este punto donde el gobierno Santos representa más al pueblo, porque si alguna elección ha sido clara fue su pasada reelección, que versó sobre el acuerdo de La Habana.  

Diría más. En la historia de Colombia solo hemos tenido dos mandatos populares perfectamente claros: el de 2002 para que Uribe acabara con las FARC, y el de 2014 para que Santos concluyera el proceso sin más muertos.

Se dirá que la opinión sigue polarizada, y que el 45 por ciento de la gente votó –precisamente- contra el acuerdo de La Habana. Pero con esta lógica habría que repetir las elecciones pasadas, o que volver a validar indefinidamente lo que ya fue aprobado. El referendo equivaldría a la tercera vuelta en las elecciones presidenciales lo cual - por más que lo deseen los perdedores en segunda vuelta- sería un sinsentido jurídico y político.  

6. Negocio asimétrico.

El mérito principal (y único) del referendo sería permitir que el pueblo soberano ratifique el acuerdo una vez que el gobierno y las FARC precisen bien sus cláusulas. Ni siquiera es realista suponer que el pueblo conocerá o entenderá esas mil cláusulas, y aun entonces habría que sopesar aquel mérito contra los costos y riesgos de convocar a referendo:

• Un “sí” mayoritario tendría sin duda gran valor simbólico, pero los muchos que votarán “no” quedarían igual de insatisfechos con su derrota en la tercera vuelta (y más si, con razón o sin razón, dice Uribe que hubo trampa);

• En cambio un “no” rotundo o no rotundo nos dejaría en el limbo – o por mejor decir en el infierno porque la guerra seguiría cuando ya estábamos a punto de acabarla (a no ser que esperemos que las FARC se dejen engañar como los niños y se desarmen antes de que el acuerdo esté en firme).  

• Y es que, para empezar, la idea del referendo no nos une sino que nos divide  gravemente. Las FARC han vetado con firmeza este camino (tanto que enviaron una extensa carta-memorando a la Corte contra la Ley que Santos tramitó), y Uribe dice que el referendo “entregaría el país al terrorismo”.

• Una escogencia racional no solo mira a los posibles resultados sino a la probabilidad de cada resultado. Y el resultado más probable del referendo es el “no”, porque según las encuestas la mayoría de los colombianos desea “paz sin impunidad”, es decir que pretende negociar con las FARC sin concederles nada a cambio.         

7. Y para rematar, es imposible.

El referendo consiste en aprobar o invalidar una norma jurídica precisa. En vez de un referendo tendríamos por tanto tantos “referenditos” como medidas legales o constitucionales resulten del acuerdo. Y esto supone las siguientes boberías:

• Que las FARC y el gobierno se sienten en La Habana a redactar esas normas jurídicas precisas; 

• Que el Congreso las apruebe una por una para incluirlas en la ley que convoque a referendo(s);

• Que la Corte Constitucional les dé su visto bueno, y  

• Que vote al menos el 25 por ciento de los inscritos en el censo electoral. 

No extraña pues que de los 36 intentos de referendo en Colombia solo uno – el de Uribe- llegó a las urnas y fracasó – según el propio Uribe- por el “exceso de preguntas”.

Más fácil y más rápida podría ser la consulta popular -donde el gobierno pregunta sobre “decisiones nacionales de trascendencia nacional” y solo necesita “concepto favorable del Senado” (artículo 104 de la Constitución)- pero requiere una tercera parte del censo electoral, no puede tocar asuntos constitucionales o cambiar las leyes, ni puede referirse a temas tan distintos como los del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Sobre todo, el presidente solo puede “consultar” al pueblo sobre asuntos administrativos de su propia incumbencia, no ya sobre políticas sectoriales complejas como el desarrollo agrario o la participación política.

Santos equilibrista        

Pero después de todo lo anterior ¿por qué se expone Santos a una tercera vuelta? Básicamente porque la refrendación y específicamente el referendo fueron y son movidas políticas para poder  navegar entre dos aguas. Aprieto aquí la historia:

• El punto 6.6 del Acuerdo inicial con las FARC reza efectivamente – y sin añadir más-: “mecanismo de refrendación de los acuerdos”. Esto refleja la inseguridad y desconfianza –fundadas- de ambas partes. Tras La Uribe, Tlaxcala y El Caguán, cada uno tenía que cuidarse de goles o autogoles, y por eso acordaron un espacio de retracto: solo que las FARC pensaba en su constituyente y el gobierno pensaba en cualquier cosa distinta de una constituyente.

Empujando primero por la izquierda y después por la derecha, Santos se trepó a un árbol de donde no es fácil bajarse. 

• Cuando en el punto de “participación política”, la guerrilla presionó por la constituyente, el gobierno ripostó con el referendo que, como escribí por entonces, “suena tan democrático como la constituyente y le suma la amenaza de que el pueblo – que detesta a la guerrilla- no apruebe los acuerdos (como le sucedió a la insurgencia de Guatemala después de desmovilizarse)”.

• Para decir que la cosa iba en serio, Santos hizo aprobar la ley 1745 de 2014, según la cual “los referendos con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado” podrán tener lugar el mismo día que otras elecciones. Y aquí de paso anoto que el consiguiente aumento de votantes facilita alcanzar el umbral vale decir, que Santos también está tratando de cargar los dados en cierta dirección.

• Después vino la campaña contra Zuluaga, cuando Santos “no fue capaz de explicar por qué estamos negociando en medio del conflicto” y casi pierde la reelección. Su modo  desesperado de tranquilizar a los asustados fue redoblar la apuesta del referendo y prometer – sin consultarles a las FARC- que habría referendo.

Así pues, empujando primero por la izquierda y después por la derecha, Santos se trepó a un árbol de donde no es fácil bajarse. Tanto así que sus amigos más cercanos ya empezaron a acercarle la escalera:

• Primero fue el Partido de la U con su “séptima papeleta”- “un simple sí o no”- en las elecciones de Octubre próximo. Lo cual sería un adefesio porque combina los defectos de la consulta popular con el detalle de que, al ser informal, no puede ser efectuada por la Registraduría y su resultado no es obligatorio.

A semejante ritmo no faltará el ingenio que proponga una encuesta para que “el pueblo diga la última palabra”. Al fin y al cabo el presidente Zelaya estaba organizando la Encuesta Nacional de Opinión para que lo reeligieran: pero Colombia no está para más Honduras.

• Así que vino el Fiscal a declarar por radio que “no es ni jurídicamente viable ni políticamente conveniente refrendar los acuerdos”. Así este sea un nuevo  abuso de su cargo, al menos creo yo que Montealegre le acercó la escalera al presidente.  

Para el referendo sería necesaria la aprobación del Congreso de normas jurídicas acordadas entre el Gobierno y las Farc.
Para el referendo sería necesaria la aprobación del Congreso de normas jurídicas
acordadas entre el Gobierno y las Farc.
Foto: Congreso de la República

La salida  

Pienso también que el presidente Santos –y los representantes de las FARC- tienen claro el enredo que se armaron con eso de la “refrendación” de su acuerdo “final”.

Entiendo sin embargo que el presidente insista en el referendo por ahora: la amenaza de que el pueblo diga “no” (a la rebaja de penas, por ejemplo), es un medio eficaz y poderoso para que las FARC sigan siendo razonables. Y por si falta hiciera, entiendo que las FARC insistan en la constituyente porque es parte de su historia y porque necesitan mantener el apoyo de sus bases.

Temería eso sí que el presidente-equilibrista esté pensando que el referendo sería el modo de lavarse las manos: “yo llegué hasta aquí, pero el pueblo colombiano decidió no hacer la paz”.

Solo que un referendo sobre la principal obra de Santos sería un referendo sobre Santos. Que el riesgo para las FARC de un referendo sería catastrófico. Y que por eso las dos partes de La Habana no llegarán a un acuerdo sobre cómo refrendar el acuerdo.

Así que la salida es muy sencilla: que las dos partes que se pusieron de acuerdo para adoptar el famoso “6.6. Mecanismo de refrendación de los acuerdos”, se pongan ahora de acuerdo para quitar o ignorar esta frase del acuerdo.

 

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

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Comentarios  

mario mina
0 # LA COSA ES DURAmario mina 03-02-2015 19:53
Definitivamente lo mejor es que el gobierno y la guerrilla se pongan de acuerdo como va a ser el proceso de paz. En esas conversaciones no se va a dar una revolución. Lo importante es que las partes cedan un poco y se pongan de acuerdo. El pueblo se beneficiará por la recuperación de la tranquilidad, en especial en el campo. No necesitamos refrendar ello, le damos ese voto a las dos partes
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Mauricio Gutiérrez R
0 # Democracia a la cartaMauricio Gutiérrez R 04-02-2015 00:15
El 50,95% de los electores votó por la incorpórea paz ofrecida por J. M. Santos, pero esa estrecha mayoría y la abstracción de la propuesta impiden apreciar esa elección como un mandato GENERAL e INCONDICIONAL para lograr la paz, mandato que, en todo caso, incorporaría una cláusula reiterada como compromiso electoral: “que son los colombianos quienes, en última instancia, aprobarán o no lo que se acuerde. ¡La última palabra la tiene el pueblo colombiano!” (“Una oportunidad real para la paz”, Razón Publica, 05/05/14).
Apena que personas de su intelecto invoquen la democracia cuando es útil al sofisma de la “legitimación del mandato por la paz” de la 2ª vuelta presidencial, y la desdeñen como mecanismo para que la Nación decida acerca de los acuerdos de La Habana, máxime cuando confiesa que dicho desprecio obedece al temor al rechazo de dichos pactos. Esa actitud revela una inclinación al despotismo que desde ya se adivina como rasgo de la bolivariana Colombia del postconflicto.
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Amanda Montaño Avila
+1 # LICENCIADA EN HISTORIAAmanda Montaño Avila 04-02-2015 14:26
EXCELENTE ARTÍCULO
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luis alberto gomez f
0 # LA TIERRA DEL OLVIDOluis alberto gomez f 30-05-2016 12:17
Las negociaciones de paz, tienen un afán ególatra de lograr un premio NOBEL del Presidente Santos. Pero ademas esta diseñado para captar votos a cambio de programas "sociales" que están despilfarrando billones de recursos en un desorden de victimas que se cuelan buscando favorecimientos . Y la impunidad quedo reinando a cambio de un desarme que nunca lo vamos a disfrutar por que los cambios de brazalete para Bandas Criminales están a la orden del día, por el facil negocio de la prosperidad narcoterrorista .
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Mariangeles
0 # PazMariangeles 07-10-2016 22:42
Las FARC y el gobierno debe concretar cómo se resolverán los acuerdos y se llevará a cabo este proceso de paz. Aunque si, el riesgo de que el pueblo vote NO es alto, ya que viéndolo de esta manera, la participación del pueblo colombiano en los diálogos de paz ha sido muy poca, desde que estos iniciaron. Entonces el desconocimiento por parte de los colombianos hacía lo acordado podría causar infinidad de desacuerdos con lo pactado.
Sumándole la llamativa campaña que está o estaba haciendo el expresidente Uribe, llamando al pueblo colombiano para que este vote NO a los acuerdos de paz. Llegando a pensarse que este plebiscito ya no sería por la paz de Colombia con las FARC, sino por la histórica rivalidad entre Uribe (NO) y Santos (SI).
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