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Poderes especiales para Santos: ¿legítimos?, ¿factibles?

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Juan Pablo MilaneseYa empieza a hablarse de facultades especiales para que Santos suscriba los acuerdos con las FARC, desarrolle la justicia transicional o lleve a cabo las reformas que se acuerden. ¿Qué tan factibles -y que tan aceptables- pueden ser estas propuestas?  

Juan Pablo Milanese*

plenaria senado

Todo por la paz

El Artículo 150 de la Constitución colombiana autoriza al Congreso para “Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”. Y las constituciones de muchos otros países establecen un mecanismo similar.

No puede decirse entonces que  la cesión de poderes extraordinarios a los gobiernos sea un procedimiento inusual en Colombia o en el mundo - aunque tampoco puede calificarse de habitual-.  De hecho estos procesos no suelen provocar mucha controversia, salvo cuando se trate de asuntos altamente sensitivos o de adoptar mecanismos de delegación ya de por si extraordinarios (por ejemplo un referendo popular en vez de una ley del Congreso).

En estas circunstancias es natural esperar la intensificación de las polémicas a medida que se avance en el proceso de paz y que el presidente Santos trate de pisar el acelerador utilizando este tipo de atribuciones extraordinarias.

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El Presidente Santos en el Consejo Nacional de Paz.
Foto: Presidencia de la República

Necesidad y legitimidad

Se consideran “extraordinarios” aquellos ejercicios de delegación de poderes que tienen lugar en un momento crítico y bajo el supuesto de que la concentración temporal del poder es necesaria para sortear la situación excepcional.  

Se trata entonces de acelerar las soluciones y eliminar cuantos obstáculos sean posibles a quienes toman las decisiones, dando prioridad a la eficacia del gobierno sobre otros valores o criterios como el control o la rendición de cuentas.

Para bien o para mal, buena parte de las decisiones políticas más importantes para el mundo se ha tomado en este tipo de escenarios, y ellas han producido algunos de los cambios más significativos de la historia contemporánea. Para mencionar apenas un ejemplo, recordemos las medidas de F.D. Roosevelt bajo el New Deal en Estados Unidos.

Resulta extremadamente difícil establecer un umbral sobre hasta dónde y para qué podría aceptarse la concentración extraordinaria del poder. 

Sin embargo la delegación de poderes implica un dilema ineludible: como toda decisión política, la concentración del poder producirá ganadores y perdedores; es decir, se asentará sobre preferencias sociales heterogéneas y contradictorias.

Resulta extremadamente difícil establecer un umbral sobre hasta dónde y para qué podría aceptarse la concentración extraordinaria del poder. Es un límite delicado e indefinido el que divide el uso responsable de los poderes concedidos de los peligros que estos significan para la democracia. Por eso al tiempo de reconocer la utilidad (o incluso la necesidad) de estas delegaciones, hay que alertar sobre sus peligros.

¿También importa recordar que delegación no es sinónimo de unilateralidad: puede ser que el gobernante la haya solicitado o que la haya impuesto de manera autoritaria; pero también puede ser que la opinión, los partidos o el Congreso hayan sido los impulsores del proceso.    

Al ponderar la validez y conveniencia de este tipo de ejercicios políticos es importante considerar dos preguntas: (1) Cómo legitimar la delegación?, y (2) ¿Cómo controlar a quien recibe los poderes extraordinarios?

¿Acuerdo de gobernabilidad?, ¿Coalición por la paz?

En el caso concreto de Colombia, una primera manera de buscar estos dos objetivos deseables sería un acuerdo de gobernabilidad.

Pero aun tratándose de un tema tan importante como el cierre de las negociaciones en La Habana, es muy poco probable que actores cuyo capital político depende de ejercer la oposición (como el uribismo) ablanden sus posturas en un año electoral. Para ilustrar este punto basta aludir al procurador Ordoñez quien -sin hacer esfuerzo alguno para ocultar su aspiración a la Presidencia en 2018 – utiliza como eslogan y caballo de batalla su rechazo al proceso de La Habana y a cualquier cosa que pueda facilitarlo.

Por eso mismo, ante la propuesta del fiscal -según él, con ausencia del gobierno- para que un referendo autorice a Santos para desarrollar la justicia transicional, el senador Uribe se apresuró a declarar: “Eso es entrar en el camino de Venezuela, de las leyes habilitantes que vuelven al gobierno un gobierno sin límite y sin controles”. Aunque cabría calificar de amnésicos a Uribe y a los muchos uribistas que en su momento usaron y abusaron de los poderes especiales, nadie puede negar que están en su derecho de oponerse a la propuesta.

De mantenerse la oposición acérrima de Uribe y del procurador, el acuerdo político que legitime la cesión de poderes quedaría reducido a “los amigos” del gobierno y, eventualmente, a algunos sectores minoritarios de izquierda. Más que ante un pacto de gobernabilidad, estaríamos entonces ante una versión agrandada de la coalición oficialista,  con la desconfianza previsible entre muchos sectores de la población. Y este caso sería precaria la legitimidad de la delegación de poderes al presidente Santos.

En este escenario de poderes extraordinarios, la sociedad civil seria otro actor para ejercer el papel de “fiscalización moderadora. Sin embargo hay que decir que mayoría de las organizaciones dedicadas a seguir los asuntos de la paz tienden a asumir, al menos públicamente, una visión idealizada acerca de la separación y el equilibrio de poderes.

La vía del referendo

El Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett.
El Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett.
Foto: Fiscalía General de la Nación

Las críticas del uribismo y del procurador podrían minimizarse si es el pueblo a través de un referendo quien concede las facultades extraordinarias al presidente Santos. Pero esta vía no está exenta de obstáculos.

- Para empezar, están la escasez del tiempo: el referendo debe ser autorizado por el Congreso, revisado por la Corte Constitucional y convocado con la antelación que prevén las leyes electorales. Aunque no es técnicamente imposible, es muy difícil que su votación tenga lugar en Octubre, como parece pedirlo el ritmo de las negociaciones y el gobierno parece desearlo.

- En segundo lugar -y tal vez más difícil - está el umbral electoral que la Constitución exige para aprobar un referendo: se necesitan al menos la cuarta parte del censo electoral y el voto afirmativo de al menos la mitad de los sufragantes. 

Las críticas del uribismo podrían minimizarse si es el pueblo a través de un referendo quien concede las facultades extraordinarias al presidente Santos.  

Aquí hay que recordar el fallido referendo que adelantó el gobierno Uribe en 2003 - cuando gozaba de un nivel de aceptación tres veces mayor que el del gobierno Santos hoy por hoy.

Además, la Constitución prohíbe que los referendos se celebren simultáneamente con las elecciones – lo cual hace difícil movilizar a los votantes, y más tratándose del proceso de paz: bastaría la abstención estratégica del uribismo para que fracase el referendo, lo cual serian un golpe devastador al gobierno y al proceso de paz.

La difícil decisión

Lo anterior no significa que el presidente Santos carezca de alternativas para avanzar, e incluso para completar, el proceso de paz que adelanta con las FARC.

En Congreso Visible, Camilo Vallejo Giraldo analiza las dos estrategias que el gobierno podría  utilizar sin mayor dificultad: la Ley 418 de 1997 (ya empleada por Pastrana en el Caguán y por Uribe en Ralito) o la 1654 de 2013 (que permitió a Santos la reforma de la Fiscalía).

La mayor dificultad para el gobierno es el célebre dilema de la “sábana corta” que plantó el director técnico de fútbol Elba de Padua Lima: cuando se tiene una sábana corta hay que escoger si uno se tapa la cabeza o se tapa los pies.

De avanzar en la propuesta, el gobierno deberá decidir entre la opción segura pero de menor legitimidad (seguir las Leyes 418 o 1654) o acogerse al referendo, que podría ser suicida pero también podría darle plena legitimidada.

 

*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia (Italia),  director de la Maestría en Gobierno y profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi de Cali. 

twitter1-1 @MilangaCali

 

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Comentarios  

edgar
-1 # poderes especialesedgar 08-05-2015 01:50
Los poderes especiales que busca el Gobierno de Santos generan muchas dudas , y sospechas sobre el afán de acelerar el poseso de paz , "el equilibrio de poderes ocasionaría mas traumas al sistema político colombiano tan cuestionado"
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edgar
-1 # poderes especialesedgar 08-05-2015 01:56
Las ambiciones del gobierno de Santos generan muchas dudas con respecto al equilibrio de poderes , las facultades especiales planteadas en la reforma alterarían mas el cuestionado sistema político Colombiano.
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