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Criminales, políticos y elecciones: una nefasta tradición colombiana

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Sesión ordinaria del Congreso en el Capitolio Nacional.

Fabián AcuñaDe Lehder, Escobar y los Rodríguez Orejuela…a los parapolíticos...y en estos días a sus herederos.  Para las elecciones de octubre se sabe ya de numerosos candidatos –y de avales oficiales- que van a perpetuar el control criminal sobre el poder político.  

Fabián Alejandro Acuña*

Ilegales y política

Colombia tiene una larga tradición de vínculos entre política y criminalidad. Esta relación puede rastrearse desde por lo menos la década de 1980 y ha sido continuada hasta el día de hoy

La literatura sobre el tema es abundante y no sería posible agotar la discusión en este breve artículo. Pero puede ser útil esbozar un panorama general, de donde surge la idea de que la influencia de actores ilegales sobre el poder parece haberse convertido en un rasgo distintivo del sistema político colombiano.

Los carteles de la droga

Durante el decenio de 1980 el narcotraficante Carlos Ledher organizó en el Quindío el “Movimiento Cívico Latino Nacional” para participar en las elecciones, y así logró alguna representación en Asambleas y Concejos municipales del Eje Cafetero.

Pablo Escobar también decidió participar en política y llegó a ser el segundo en la lista de Jairo Ortega para la Cámara de Representantes por el movimiento Alternativa Popular. Por esta vía logró un asiento en el Congreso. A diferencia del movimiento de Ledher, esta no era una fuerza independiente sino afiliada al Partido Liberal en Antioquia y a la línea política de Alberto Santofimio.

Cuando el Nuevo Liberalismo, encabezado por Luis Carlos Galán y el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara, denunció los vínculos de Escobar con las mafias, este salió del Congreso y desató una guerra contra el Estado colombiano. Pero aun entonces no abandonó su apoyo económico ni perdió su influencia política a través de su alianza con Santofimio.

Los mafiosos ya no pretendían protagonismo o candidaturas a nombre propio, sino una influencia decisiva aunque camuflada sobre el sistema político.

Una nueva injerencia de los ilegales en la política colombiana se dio mediante el  financiamiento del Cartel de Cali a numerosos líderes políticos. Estos capos no concentraron su apoyo en un solo jefe o en un solo partido, sino que optaron por repartir   apoyos a todos los niveles, hasta llegar a respaldar una campaña presidencial, financiación que daría paso al conocido y traumático “proceso 8000”.

En la década de los noventa, los mafiosos ya no pretendían protagonismo o candidaturas a nombre propio, sino una influencia decisiva aunque camuflada sobre el sistema político.

La parapolítica

El Ex-gobernador de La Guajira, Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar.
El Ex-gobernador de La Guajira, Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar.
Foto: Municipio de Maicao

Después de la lucha intensa del Estado contra los carteles de la droga, hasta lograr su desmantelamiento, surgió una nueva amenaza: los mandos medios de esos carteles que se aliaron con grupos de autodefensas. Estos grupos a su vez habían surgido en los años ochenta como aliados del Estado en la lucha contrainsurgente, pero pronto empezaron a actuar por su cuenta.

Esta confluencia es la que llamamos paramilitarismo: ejércitos privados cuyo objetivo era  controlar una vasta extensión del territorio y que lograron diversificar sus rentas desde la financiación de grandes terratenientes y el narcotráfico, hasta el contrabando y la extorsión.

Pero estos grupos también tuvieron la clara decisión de incidir sobre la política local y capturar sus recursos, de manera que buscaron participar en la burocracia y en los contratos  de prestación de servicios públicos (saneamiento básico, salud, educación, etc.), así como en las regalías que percibían los gobiernos sub-nacionales.

No conformes con esto, se propusieron “refundar la patria” e incidir sobre la política nacional, para lo cual establecieron relación con líderes nacionales. Estas relaciones se dieron por diferentes vías:

  • Por invitación de los líderes políticos o por solicitud de apoyo a los grupos armados para favorecer sus candidaturas.
  • Mediante la amenaza o alianza irremediable con los paramilitares ante la “ausencia del Estado” en las regiones.
  • Con proyectos políticos propios de los paramilitares, como “Urabá grande, unido y en paz”, que no buscó a políticos tradicionales sino que promovió una nueva dirigencia política.

Después de que esta alianza fuera descubierta, más de 60 congresistas fueron condenados por vínculos con grupos paramilitares y más de un centenar todavía tiene procesos pendientes.

Las condenas e investigaciones por parapolítica en el plano local han ido a ritmo más lento, aunque se destacan algunas condenas significativas, como la de los exgobernadores José Domingo Dávila y Trino Luna en Magdalena; Hernando Molina, Salvador Arana y Jorge Anaya en Sucre; Oscar López en Guaviare; Julio Acosta Bernal en Arauca; y “Kiko” Gómez en Guajira, entre otros.

Reformas contra las alianzas macabras

El Senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Galán.
El Senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Galán.
Foto: Ministerio TIC Colombia

Ante la injerencia de los ilegales en política, el sistema colombiano ha intentado algunas reformas.

Con el propósito de impedir esa injerencia, se adoptaron el Acto Legislativo 1 de 2009 (reforma política de 2009) y su posterior reglamentación mediante Ley 1475 de 2011, que introdujeron algunas medidas de responsabilidad para los partidos políticos y sus directores que avalaran candidaturas sospechosas, como la “silla vacía”, la revocatoria de candidaturas, las sanciones económicas y hasta la pérdida de personería jurídica.

Varios gamonales han seguido alimentando y reproduciendo sus redes políticas desde sus lugares de reclusión

Antes de aquellas reformas, ni los partidos ni sus directores tenían que responder por los candidatos avalados que tuvieran vínculos con grupos al margen de la ley. Actualmente existe esa responsabilidad, y se puede acudir a la “ventanilla única” para consultar los antecedentes de los posibles candidatos de los partidos antes de que se les otorgue el aval. Allí se recopilarán los antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales y las certificaciones de la Fiscalía, la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia de los aspirantes a elecciones ordinarias y atípicas.

También existe la veeduría por parte de diversas organizaciones ciudadanas sobre las campañas electorales, así como iniciativas de la sociedad civil que revisan de manera permanente los procesos y las candidaturas para denunciar las irregularidades en diferentes regiones del país.

Poder en cuerpo ajeno

Sin embargo, la desmovilización de algunas organizaciones paramilitares, la extradición de varios de sus líderes y la condena de un gran número de políticos por parapolítica no han  significado el final de este flagelo.

Por el contrario, varios gamonales han seguido alimentando y reproduciendo sus redes políticas desde sus lugares de reclusión, con el simple expediente de ponerlas en cabeza de sus hijos, esposas, hermanos o (en ausencia de parientes de confianza) de subalternos que  actúen como testaferros.

Los herederos de la parapolítica han obtenido legitimidad y prestigio por haber sido  elegidos a cargos públicos y porque no ejecutaron directamente las acciones por las cuales han sido condenados o están siendo juzgados sus tutores.

Los lazos entre parapolítica y poder familiar son el nuevo rostro de la estrecha relación entre política e ilegalidad en Colombia.

Las próximas elecciones

La inscripción oficial de candidaturas para las próximas elecciones comenzó el 25 de junio y ya un buen número de precandidaturas en las regiones enfrentan críticas por sus presuntos  vínculos con ilegales, como se muestra en el informe de la Fundación Paz y Reconciliación, según el cual: “De 92 candidatos fijos que participarán en las próximas elecciones, 31 están en la búsqueda de un aval tocando puertas en partidos tradicionales y movimientos políticos; 16 se encuentran en el liberalismo, 13 en el Partido Conservador, 11 en La U, 10 en Cambio Radical, 5 en el Centro Democrático, 4 % buscarán una candidatura por firmas y 4 hacen parte de Opción Ciudadana”.

Son bien conocidas las diputas en algunos partidos por la escogencia de sus candidatos. Uno de las más sonadas condujo a la renuncia del director del partido Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Galán, ante la decisión de su partido de mantener el apoyo a Oneida Pinto para la Gobernación de la Guajira (cercana al exgobernador “Kiko” Gómez) y a Luis Pérez para la Gobernación de Antioquia, pese a que este estás siendo investigado por malos manejos de recursos cuando fue alcalde de Medellín.

No es la primera vez que Galán tiene contiendas dentro de Cambio Radical por la expedición de avales. En las anteriores elecciones locales y en las de Congreso se presentaron tensiones similares y parece que el partido prefirió las relaciones peligrosas por encima de su director, con el fin de asegurar los apoyos regionales (sin que importe de dónde vengan) para las elecciones presidenciales de 2018.

Así mismo, el Partido de la U mantiene el apoyo para la Gobernación de la Guajira a Ovidio Mejía Marulanda, quien ha sido cuestionado por posibles vínculos con las BACRIM  y con el paramilitarismo. Igualmente, el máximo dirigente de La U en el Cesar, el senador José Gnecco, le dio el aval al candidato Francisco Ovalle para la Gobernación.

El director del partido de la U, Roy Barreras, aludiendo a la presunción de inocencia, dijo que mantenía el apoyo a la eventual candidatura a la gobernación del Valle de la ex congresista Dilian Francisca Toro, investigada por presunto lavado de activos y vínculos con el narcotraficante Víctor Patiño.

Aunque apenas comienzan a inscribirse las candidaturas y a producirse los avales para las elecciones de octubre, todo indica que ya la tradicional amistad peligrosa entre política y criminalidad en Colombia está haciendo de las suyas.

Por esta razón es importante respaldar las iniciativas de la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y las instituciones que pueden aportar a la veeduría, la fiscalización, la denuncia y el castigo político y penal para frenar la injerencia del crimen sobre el poder a través de mecanismo electoral.

Solo así la ciudadanía podrá otorgar su voto de manera responsable, ya que parece que los partidos políticos no quieren asumir su papel con dignidad.

 

* Docente-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.

twitter1-1@acuna_fabian

 

 

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Comentarios  

Wolfang Pérez
+1 # JubiladoWolfang Pérez 29-06-2015 21:34
Desde tiempos inmemoriales la mayoría de candidatos a corporaciones públicas,alcald ías y gobernaciones provienen de las castas más corruptas de los partidos políticos, lo que sucede es que como en Colombia hasta la justicia es un chiqueral de porquerías,pues no pasa nada, o mejor pasa y sucede lo mismo con las mismas. El pueblo se deja seducir por esa piara de ladrones y corruptos de la peor calaña.
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JUAN
+1 # EVOLUCION POLITICAJUAN 02-07-2015 15:54
La desconfianza e incredulidad que generan los políticos es un fenómeno mundial, a pesar de los procesos electorales las comunidades se sienten traicionadas y no representadas. La política se ha vuelto un asunto descarado de interéses mezquinos y criminales difícil de superar cuando el factor económico y de telecomunicacio nes juega un papel preponderante en el proceso electoral que muchas veces deja por fuera a los más idóneos y honestos. El reto de este siglo es reformular de forma visionaria y audaz el concepto de democracia e idear nuevas formas para proveer los cargos públicos de personas íntegras y capaces.
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