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Las 1500 bandas delincuenciales

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Captura de la banda delincuencial “Los Intocables” en la ciudad de Cali.

Boris SalazarExplicación informada y novedosa de por qué nuestras ciudades están llenas de bandas dedicadas a toda suerte de delitos, de cómo interactúan, de por qué la justicia no les llega, y de por dónde buscar la solución.

Boris Salazar*

Todos lo sabíamos, menos el gobierno

Como si fuera una primicia, la Fiscalía informa que en las ciudades de Colombia han sido  detectadas 1.470  bandas delincuenciales  con “entre 5 y 30 miembros” cada una.

Y sin embargo una fracción no despreciable de ellas está formada por varias generaciones de delincuentes que han heredado de sus mayores los secretos del oficio. Estos entran y salen de las cárceles, en un flujo continuo, que no ha podido ser quebrado por los esfuerzos – esto sí recientes- de la Policía y de la Fiscalía.

Las bandas delincuenciales actuaron durante años en el silencio protector que les brindaba la obsesión nacional con la guerrilla como fuente de todas las actividades criminales y enemigo público número uno.

Por eso las encuestas iban en contravía de lo que pensaban el Estado y sus agentes: la gente decía que las ciudades eran cada vez más inseguras, mientras las autoridades alardeaban con detenciones, bombardeos, disminuciones en la tasa de homicidio, eliminación de grandes jefes, y desarticulación de frentes guerrilleros y bandas criminales.

Pero en la vida cotidiana –sobre todo en los distritos más pobres y más llenos de desplazados— la extorsión, el micro-tráfico, la protección armada, el hurto, los asaltos, el robo a plena luz del día no han dejado de ocurrir e incluso han ido en aumento.

Las bandas delincuenciales actuaron durante años en el silencio protector que les brindaba la obsesión nacional con la guerrilla

En algunas ciudades, la delincuencia común está actuando inclusive en el transporte colectivo, que hasta hace unos años era considerado como un refugio para las masas en medio del caos urbano.

Como no hay datos anteriores, es imposible saber si el número de bandas ha crecido o no durante los últimos años. Se sabe, en cambio, que son bandas profesionales, con alta capacidad de reproducción, que no dejan de reclutar y formar nuevos miembros, ni de  sofisticar sus técnicas, que han actuado en el espacio que deja la concentración de las fuerzas policivas en la lucha contra la guerrilla y las organizaciones de narcotraficantes.  

Multiplicando violencias

Captura de Banda Delincuencial que operaba en la Comuna 13 de Medellín.
Captura de Banda Delincuencial que operaba en la Comuna 13 de Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín 

La abundancia de organizaciones criminales que distingue a Colombia ha hecho que su clasificación por categorías sugiera la idea equivocada de que los distintos tipos de bandas actúan de manera separada.

Las llamadas “bandas criminales”, las BACRIM –en lo fundamental antiguos paramilitares y operadores violentos del narcotráfico— se distinguen de las otras por su capacidad para imponer protección armada, extraer tributos, traficar y usar su entrenamiento militar para doblegar a sus competidores sin experiencia en la guerra irregular. Sin embargo, estas bandas contratan, subcontratan, subyugan, eliminan y protegen a las demás que actúan en sus territorios.

La interacción entre los dos tipos de bandas conduce a la innovación, el aprendizaje de la violencia, la expansión de la protección armada, el control territorial fragmentado en las ciudades, y en últimas a la reproducción ampliada de la actividad criminal en capitales y ciudades intermedias.

La compleja interacción entre los dos tipos de organizaciones ayuda a entender la expansión de la violencia hacia actividades que parecían propias de una delincuencia común donde ella no era necesaria o frecuente. Era el caso de los negocios que salen mal, de las invasiones de territorios ajenos, de la extorsión ordinaria, del crecimiento de “ollas”  o nodos de comercialización de nuevas drogas donde cada vez se apela más a la violencia como instrumento de regulación y orden.

Antiguos actores de la guerra irregular –policías y militares destituidos, y paramilitares y guerrilleros desmovilizados— han pasado con todo su conocimiento y experiencia a formar sus propias bandas o a aliarse con delincuentes comunes conocedores de ciertas líneas de negocios ilegales, pero inexpertos en el uso sistemático de la violencia.

La mezcla ha sido tan explosiva como la ocurrida en El Salvador, Guatemala y Honduras, en donde desmovilizados y antiguos militares y policías, junto con los pandilleros llegados de Estados Unidos, han protagonizado la expansión de violencia criminal más temible de los últimos tiempos en Latinoamérica.

El Estado las descubre

Pero la amenaza ha pasado casi desapercibida en Colombia. Mientras el Estado concentraba  sus esfuerzos en la guerra contra las drogas y la guerrilla (objetivo de la misma guerra), las bandas delincuenciales –elevadas a organizaciones mafiosas, vía alianzas, doblegamiento y fertilización cruzada— se convirtieron en una amenaza más grave para la ciudadanía, mientras el Estado no tiene las herramientas adecuadas para responder a esta nueva forma de violencia.

Desde al año pasado, el gobierno y la Fiscalía, en la perspectiva del postconflicto, tomaron en serio el problema y realizaron un censo de las bandas delincuenciales existentes en el país.

Lo hicieron desde una perspectiva que ahora parece obvia, pero que ha sido poco usada en Colombia: trabajaron sobre la información que tiene la comunidad, junto con la información recolectada y procesada por la Policía Nacional (por cierto, muy poco usada por los gobiernos locales y los responsables de la política criminal en Colombia).

Sin embargo, estas bandas contratan, subcontratan, subyugan, eliminan y protegen a las demás que actúan en sus territorios. 

Encontraron un mundo insospechado de organizaciones especializadas, distribuidas por todo el país, conformadas a menudo por varias generaciones, con alta capacidad de rotación  y reproducción y que han actuado en una impunidad casi total durante varias décadas. 

A partir de esto diseñaron, y comenzaron a aplicar una estrategia que ya no iba tras las huellas de los grandes jefes, o de objetivos de alto valor, sino de toda la organización.

Ya hay resultados concretos en términos de la desarticulación de bandas que actuaban en total impunidad y sobre las cuales existía toda información necesaria, pero que nunca había sido procesada, cruzada y convertida en material probatorio para la judicialización de los implicados.

Justicia sin detectives

Los éxitos obtenidos permiten sospechar el otro lado de la realidad: durante años no hubo ni investigación criminal, ni recolección y procesamiento de la información disponible, incluso de la que estaba en manos de Policía Nacional, en materia de bandas delincuenciales. Por supuesto, tampoco hubo judicialización de las distintas bandas.

Ambas ausencias corresponden a debilidades profundas del Estado colombiano. La reforma de la justicia penal hizo desparecer la investigación criminal, porque hoy los acusados pueden optar por la aceptación de los cargos y la consiguiente rebaja de penas.

El clima de impunidad, sin investigación y sin conocimiento de la actividad criminal, ha convertido al crimen en una actividad rentable, sólo sometida al riesgo propio de las actividades ilegales, pero sin restricciones serias del lado de la ley.

Para nadie es un secreto el reducido número de investigadores especializados que deben tratar un volumen creciente de casos en todo el espectro de la actividad criminal. Es una proporción absurda que ha conducido a una justicia y una investigación criminal sobrepasadas por el crimen.

Esta debilidad del Estado colombiano tiene su contrapartida territorial. En las comunas más populosas de las ciudades más grandes de Colombia, organizaciones criminales de distinto tipo, pero interrelacionadas entre ellas, a través de distintos circuitos criminales y violentos, dominan pedazos de territorio, en donde imponen su ley, cobran tributos, extorsionan y ejercen la violencia letal.

Por supuesto no todas las bandas delincuenciales intentan ejercer ese tipo de actividades. Quizás las más exitosas, y menos conocidas, actúan en el secreto relativo que brindan actividades especializadas, sin ninguna aspiración de ejercer poder sobre la comunidad.

Sin embargo, en el mundo cada vez más interrelacionado en que se ha convertido la actividad criminal, es poco probable que no sean extorsionadas, dominadas o protegidas por otras bandas que tienden – como diría el Nobel de economía Thomas Shelling- a depredar a delincuentes con menor capacidad para ejercer la violencia.

Entender para arreglar

Captura de banda delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes en el centro de Bogotá.
Captura de banda delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes en el centro de
Bogotá.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Esas interacciones conducen a mayor violencia y sofisticación de la actividad criminal y a una reproducción más acelerada del crimen y de la violencia. Por eso, no basta con censar, establecer, detener y condenar a los miembros de las redes que conforman las bandas delincuenciales.

Hay que detener también su reproducción. Y para hacerla habría que conocer cómo se reproducen. Por ejemplo,  entender la interacción compleja entre pandillas juveniles y organizaciones criminales. Entre jóvenes pandilleros y oficinas de cobro. Entre esos jóvenes, casi niños, y bandas especializadas en distintas actividades ilegales.

Habría que comprender cuántos de esos jóvenes pasan al crimen organizado, después de haber sobrevivido su muy riesgosa existencia, como pandilleros, entre los 13 y los 18 o 21 años de edad. Además, tratar de entender cuáles son las características de quienes acaban por formar bandas a las cuales enriquecen con su capacidad para matar.

En otras palabras, habría que entender cómo se reproducen la violencia letal y el crimen organizado en las ciudades colombianas. Algo que ni la academia, ni las autoridades,  ni los organismos judiciales y policiales han estudiado con la dedicación que merece.

Pero la amenaza ha pasado casi desapercibida en Colombia. 

La transición desde un mundo dominado  por la guerra contra las drogas y la guerrilla –el narcoterrorismo que todo lo hacía más fácil— a un mundo hecho de miles de organizaciones criminales, ligadas entre sí, por organizaciones violentas que ejercen un control armado y territorial sobre ellas, con una cantera casi inagotable de jóvenes socializados en la ilegalidad, es un desafío inmenso para el Estado, la policía, y una justicia,  todos ellos adaptados a la guerra contra las drogas y la guerrilla.

También es un desafío para la sociedad y para  la opinión  pública, acostumbrada a vivir la guerra a distancia, y a celebrar la eliminación del algún jefe narcotraficante o guerrillero desde la comodidad de la televisión o del Twitter. Una sociedad donde además, empresarios e inversionistas legales participan en negocios ilegales y contratan delincuentes para lograr sus objetivos empresariales.

Ahora hay que enfrentar el mundo más oscuro, menos mediático, pero más cercano en el espacio, de las múltiples delincuencias organizadas que se reproducen, sin dejar de recurrir a la violencia, en muchas comunas de nuestras ciudades más grandes. 

Antes de empezar otra guerra, el Estado y la sociedad deberían pensar cómo se reproduce esa delincuencia y cuál sería la forma más efectiva de detenerla. 

 

* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.

 

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Comentarios  

JUAN
0 # PRIORIDADESJUAN 28-08-2015 18:28
Como abordar asuntos más complejos cuando lo básico en la estrctura de la justicia no se ha querido atender seriamente. Tenemos un aparato judicial que ha sido mal copiado e importado a este país sin considerar nuestra cultura, idiosincracia y limitación económica. No hay control de gestión y la policía judicial no tiene ni el personal que se requiere ni la responsabilidad investigativa que debería tener, por nombrar algunos de los defectos del sistema.
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